Cuando le contaron no lo creía. Le hablaron de un área natural de más de cuatro mil hectáreas en las que estaba presente la nutria (Lontra longicaudis), el rey zope (Sarcoramphus papa) y el puma (Puma concolor). Dudó porque “esas son especies que están sumamente restringidas”, reconoce que eso fue lo que valoró en ese momento. 

Así cuenta Juan Pablo Domínguez cómo llegó al río Sapo por primera vez en 1998, cuando trabajaba en la unidad de turismo sostenible y medio ambiente en la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), al departamento más al norte y oriente de El Salvador, Morazán. Lugar que tuvo una fuerte presencia de la guerrilla desde la década de los ochenta, donde la capacidad de organización de la población aún se mantiene.

Buscaba proyectos turísticos que pudieran volcarse hacia un enfoque sostenible y así conoció a personas dedicadas al turismo en ese sector que lo llevaron al área natural del río Sapo.

“Hicimos una visita y antes de llegar al área, cuando todavía íbamos manejando, veo pasar en el horizonte un rey zope. ‘¡Wow!’, dije yo, ‘aquí vamos’. Bajamos, comienzo a caminar. El área era muy interesante. Voy hasta el río, empiezo a recorrer las orillas y encuentro excrementos de nutria, entonces, ‘¡wow, es cierto!’. Cuando ya vi al Rey Zope y a la Nutria, dije: ‘aquí es posible que haya cualquier cosa, esas son de las especies más difíciles de observar’”, relató Juan Pablo.

La iniciativa de conservación de este recurso hídrico que empezó a gestarse en ese momento tomó forma hasta veinte años después, en 2018, a través de la unión de Biosistemas, Territorios Vivos El Salvador y Fundación Naturaleza, tres oenegés cuya vocación está vinculada principalmente a la investigación científica.

Antes de esto, la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) y la Mesa Territorial del Foro del Agua, Promotora de Desarrollo Turístico, y otras organizaciones de la sociedad civil de la zona habían hecho lo propio desde la resistencia a través de programas de conservación y denuncias de deforestación. 

El área natural, que incluye un bosque de pino-roble seco subtropical, se calcula entre las 6.000 y 6.500 hectáreas. La extensión del río Sapo es de 20 kilómetros y conecta con otros afluentes como los ríos Torola y Calambre, usados por decenas de comunidades a su alrededor. Además, colinda con Honduras, por lo que los ambientalistas consideran que tiene un potencial de área natural binacional.

Este río y el área que busca conservarse están entre los municipios de Arambala y Joateca (aunque una parte también se ubica oficialmente en el de Meanguera), todos al norte del departamento de Morazán, escenario importante del conflicto armado salvadoreño y muy cerca del lugar donde se perpetró una de las masacres más infames de Latinoamérica, la de El Mozote en 1981, donde fueron ejecutadas 978 personas, cifra reconocida como oficial. Más de la mitad de las víctimas fueron niños y niñas. Lo ocurrido en El Mozote fue casi el inicio de doce años de conflicto armado, que culminaron en 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz. Morazán fue uno de los pocos lugares donde hubo un campamento semiestable de la guerrilla.

“Cuando empecé a involucrarme con el tema de las comunidades, vi que había una organización social bastante fuerte que es lo que hace un poco diferente a esta zona de otras partes del país”, relata Francisco Samuel Álvarez, uno de los fundadores de Fundación Naturaleza, oenegé que realiza trabajos en el área natural como monitoreo de especies e investigación científica. 

“Después del conflicto armado mucha gente que regresó y la gente que se quedó empezó a gestionar a organizaciones sociales de base, para poder reincorporarse a la nueva vida de posguerra, y muchas de estas gentes eran liderazgos históricos del tema del conflicto armado, muchos de ellos todavía están y ahora están luchando en otro campo, en el tema ambiental ya dejando las armas y ahora volcándose la lucha ambiental”, asegura Samuel.

La iniciativa “Salvemos al río Sapo” fue lanzada en junio de 2019 por la organización Fundación Naturaleza y la empresa ambientalista Territorios Vivos El Salvador también se sumó. Según recuerda Luis Girón, miembro de Territorios Vivos, la iniciativa la comenzó Juan Pablo cuando invitó a varios colegas a que visitaran el río para hacer un levantamiento de datos.

Juan Pablo y Luis viajaron juntos a la zona. Una de las áreas de experticia de Luis son los mamíferos, por ello fue invitado al viaje. “Teníamos una investigación de murciélagos, una de mono araña, y de diferentes especies. Él justamente me llamó para mamíferos, y colocamos unas cámaras trampa. La idea de Juan Pablo era dejarlas en los días que estuviéramos allá y yo le dije que por qué no las dejábamos más tiempo, que yo las iba a revisar”, detalla Luis.

Estando allá, Luis le presentó a Samuel, quien trabaja en la Fundación Naturaleza, organización con sede cercana al río Sapo en Morazán. Así surgió la idea de “ir coordinando para la conservación del sitio”, recuerda Luis. La lista actualizada de especies amenazadas y en peligro de extinción de El Salvador data de 2015. En esta se establecen 174 animales amenazados y 115 en peligro de extinción. Algunos de estos han sido redescubiertos o reportados por primera vez en el área del río Sapo. Saber esto ha sido posible, en parte, debido al trabajo científico que empezó a adelantarse para la conservación de este caudal.

Según Juan Pablo y Luis, el trabajo inicial implicaba una apuesta directa a levantar una línea base de flora y fauna para tener una idea exacta de con qué recursos cuenta la zona, a través de estudios focalizados y recolección de evidencia visual con cámaras trampa. Los resultados comenzaron a publicarse, con hitos tales como capturar en video por primera vez la presencia de un puma. Pero, pocos meses después, llegó la pandemia por la covid-19 y todo el trabajo quedó detenido, las inspecciones en campo paralizadas e incluso, según Samuel, algunos fondos ya aprobados no alcanzaron a llegar.

El estado de emergencia por la pandemia entró en vigencia en El Salvador desde el 14 de marzo de 2020. Desde entonces, este país ha sido uno de los que más ha alargado la cuarentena, inclusive con denuncias de detenciones ilegales contra ciudadanos por supuestamente violar dicha cuarentena.

A pesar del encierro, en junio de 2020, se publicó un estudio sobre mamíferos detectados en el sector del río Sapo. Con datos recolectados por biólogos –algunos de ellos de la Fundación Naturaleza–, investigadores comunitarios e indígenas residentes en los municipios de Arambala y Joateca, entre agosto de 2018 y diciembre de 2019 a través de inspecciones en campo y cámaras trampa, el análisis documentó la presencia de 22 especies de mamíferos: seis con calificación de amenazadas o en peligro de extinción, y una nueva especie registrada para el país, la ardilla planeadora (Glaucomys volans), de nombre Shuli en lengua potón (uno de los que utilizan los indígenas Lencas de la zona). 

“Mientras más largo el período de datos que tú tienes es mejor las comparaciones que puedes establecer y llegar a una conclusión sobre el estado y las tendencias de las poblaciones (de flora y fauna)”, explica Juan Pablo a propósito de los monitoreos que hicieron.

Antes de esto, los investigadores documentaron otros hallazgos en estudios publicados sobre la zona, relacionados con la tónica conservacionista del área natural. Uno se hizo público en mayo de 2020, sobre el primer registro fotográfico del puma, especie de la que solo había reportes indirectos entre 1984 y 2006. Y un segundo, también en junio de 2020, sobre aves en el que “se registra un total de 231 aves, entre ellas, el primer informe publicado del Tapacaminos tucuchillo (Antrostomus ridgwayi) como una nueva especie para el país. Así como El Trogón de Montaña (Trogon mexicanus) que en El Salvador, solo se conoce en las montañas del departamento de Morazán y los nuevos datos de distribución nacional como el Vencejo Negro (Cypseloides niger), el Tamborcito (Aramides axillaris) y el Chipe Azuloso (Setophaga caerulescens)”.

La investigación de campo, sin embargo, languideció por alrededor de cuatro o cinco meses. “El monitoreo definitivamente sí se tuvo que detener, no estamos ahorita en eso. Lo que sí creo que sigue es la parte de vigilancia un poco”, lamenta Luis de la organización Territorios Vivos El Salvador.

En cuarentena y sin salir a trabajo de campo se añadió otro problema: el económico. “Justamente con el tema de la pandemia nosotros dejamos de percibir ingresos. La gente que había comprometido sus apoyos, algunas empresas que nos habían ofrecido apoyo económico para este tipo de actividades prácticamente con la pandemia quedamos en el abandono y esto nos ha llevado a que nosotros en este tiempo, en estos cuatro meses que hemos estado en cuarentena, hemos abandonado el tema de campo”, reconoce Samuel de la Fundación Naturaleza. 

La zona del río Sapo que los ambientalistas proponen para conservación abarca aproximadamente dos mil hectáreas más que el área natural protegida más grande de El Salvador, el Parque Nacional El Imposible, ubicado en el departamento de Ahuachapán, al occidente del país. 

La determinación del espacio de conservación es una estimación del mismo Juan Pablo y un grupo de biólogos que llegaron meses después de su primera expedición para justamente tratar de valorar con qué recursos contaba el bosque subtropical. Según Juan Pablo, la zona era tan desconocida aún que no encontraron siquiera hojas cartográficas con una escala detallada para el lugar, seis años después de la firma de los Acuerdos de Paz.

Pese a que el sector ha sufrido deforestación en los últimos años y, a decir de Juan Pablo, “no es el río Sapo que conocí”, el ambientalista estima que luego de la pérdida de masa boscosa y reducción del caudal del afluente que para él ha sido evidente, los recursos pueden restaurarse. 

“En este momento hay quebradas que pierden completamente el agua, que quedan completamente secas, y eso no ocurría. El río bajó considerablemente su nivel y hay poca vegetación. Pudimos identificar un montón de indicadores de lo que se llama estrés hídrico. Es decir, todavía está sobreviviendo el hábitat pero está en el límite, porque ya casi no tiene el agua que necesita”, ilustra Juan Pablo.

El problema es que la mayor parte del territorio que compone el sector estimado de conservación son propiedades privadas. Una de las tareas de la iniciativa “Salvemos el río Sapo” es levantar un catastro, ya que no existe porque ese proceso también lo paralizó la pandemia. 

La única área natural protegida legalizada que forma parte de la zona de conservación estimada es La Ermita que es de propiedad estatal. Esta, a su vez, integra la denominada área de conservación de Nahuaterique que abarca cerros y ríos de los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión; todos en el oriente de El Salvador y agrupados por sus características similares de biodiversidad.

Parte de la iniciativa para la conservación del río Sapo implicaba la propuesta de un área natural protegida privada, manejada bajo la figura de un fideicomiso de tierras. 

Parte del problema para la conservación de flora y fauna es, precisamente, la propiedad de algunas porciones de bosque. El 27 de agosto de 2018, el Juzgado Ambiental de San Miguel, única sede judicial de este tipo para la jurisdicción oriente de El Salvador, ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) que procediera a revocar el permiso de construcción de una pequeña hidroeléctrica sobre el río Sapo, por parte de la empresa Eneco, S.A. de C.V. El caso, no obstante, se remontaba a quince años atrás cuando el MARN otorgó el permiso ambiental a la empresa para construir una hidroeléctrica en 2003. Aunque no fue posible ubicar el documento en el sistema de consulta pública del Ministerio, hay referencias del Estudio de Impacto Ambiental presentado en su momento por Eneco en una tesis de grado de 2006 llamada “Estudio jurídico ambiental de la construcción de las represas hidroeléctricas El Chaparral y Río Sapo en la zona oriental de El Salvador”; así como en el expediente judicial del Juzgado Ambiental de San Miguel. 

El 28 de agosto de 2017, miembros de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), oenegé que a su vez forma parte de un grupo de organizaciones vinculadas a la defensa del derecho al agua denominada Mesa Territorial del Foro del Agua, enviaron una carta al juzgado, en la que comenzaban enumerando que “el río Sapo es una reserva natural única en el país, inmerso en un entorno de alta preservación ecológica, constituyéndose en el principal río de agua limpia con el que cuenta el país”. La denuncia detallaba el riesgo que implicaba la construcción de la hidroeléctrica, empezando por un dique de 20 metros. 

Un año antes, ASPS ya había denunciado la construcción en el Juzgado Ambiental de San Salvador, en vista de que no existía aún el juzgado de San Miguel. En ese momento, esa sede judicial declaró que no procedía la revocatoria, ya que el MARN aseguró que aún esperaba que la empresa presentara un estudio de impacto ambiental (EIA) actualizado. Parte del problema fue que luego del permiso ambiental aprobado, la empresa Eneco no avanzó en la construcción de la hidroeléctrica, precisamente por las protestas de las comunidades organizadas. La tardanza obligaba a Eneco a que actualizara diversa documentación. 

En 2003, la compañía había valorado en $3.133,02 USD el pago de la fianza de cumplimiento, es decir, las medidas de mitigación por el impacto ambiental que causaría la construcción. El pago lo desagregaban así: la plantación de 333 árboles de pino ($874,74 USD) y $1.714,29 como el valor más alto, por la construcción de una fosa séptica y un pozo resumidero y otro de riego, entre varias actividades propuestas. Incluso, el MARN aprobó sin pedir estudios extra un agregado solicitado por Eneco que no constaba en el permiso ambiental original, que se trataba de la instalación de dos pequeñas turbinas para generar 1225 kW cada una, como consta en el expediente judicial del caso. 

Las protestas ante el proyecto comenzaron al mismo tiempo que su ejecución, como documenta la tesis de 2006 de Ada Chávez, Ana Vega y Graciela Rivas. La consulta pública, reseñada en la tesis, fue realizada en agosto de 2002 en la municipalidad de Arambala, y ahí quedó claro que las comunidades desaprobaban la construcción y que, desde ese año, habían enviado cartas al MARN oponiéndose al proyecto. En el proceso, el representante de Eneco manifestó, además, que no había “vida en el río” y por lo tanto, no existía ningún impacto ambiental. El representante negó ofrecer una tasa preferencial de energía eléctrica porque los costos no dependían de la generadora. La preocupación por el proyecto hizo que las comunidades lograran en mayo de 2006 que la municipalidad de Arambala emitiera una ordenanza municipal para la protección del río Sapo. 

Pese a que la consulta del proyecto fue en 2002, datos del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) de El Salvador dan cuenta que Eneco, S.A. de C.V. fue constituida el 8 de julio de 2005. Ese mismo año, registró entre sus activos, según su balance comercial presentado, el “terreno río cantón Poza Bruja”, por $400.000 USD. La empresa no actualiza sus datos en el CNR desde 2011. 

Agenda Propia intentó ubicar al representante de Eneco, S.A. de C.V., pero no estaba disponible para comentar estos datos. 

En el expediente judicial del caso consta, además, un acta de inspección judicial al sector específico donde se planeaba que funcionara la hidroeléctrica, esta se realizó el 9 de marzo de 2018. Ahí, uno de los guardarecursos (como se conocen en El Salvador a los guardabosques) asignados por parte del MARN explicó que el área natural estaba en trámite de ser declarada oficialmente como protegida; que las comunidades circundantes del bosque son muy activas en la defensa de los recursos naturales, y que las condiciones de la zona, en ese año, eran bastante diferentes a las del año en que se otorgó el permiso. El guardarecursos aseguró que, cada año, el caudal del río pierde un metro cúbico. 

Regino Rodríguez es facilitador de la Mesa Territorial del Foro del Agua para el departamento de Morazán y miembro de ASPS. Él relata que para el proyecto de la hidroeléctrica del río Sapo se involucró en actividades de resistencia pero, para el segundo proyecto de abril de 2019, se vinculó directamente como denunciante.

El segundo proyecto se llamaba “Pequeña hidroeléctrica San Martín”, a cargo de la empresa Centrales Hidroeléctricas San Martín, S.A. de C.V., y pretendía instalar una hidroeléctrica en el río Calambre, identificado por Regino como uno de los afluentes principales del río Sapo. 

“Estos permisos ya estaban de parte del Ministerio de Medio Ambiente y también de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), ya el anuncio de que el proyecto estaba aprobado y que iban a trabajar. Entonces, nosotros no sabíamos, porque tampoco se había consultado, porque ellos saben que en la zona hay resistencia para que puedan montar este tipo de infraestructuras en estos bienes naturales, por lo tanto no habían hecho ninguna consulta así abierta, ni nada. Estaban haciendo todos los procedimientos de manera inconsulta”, denuncia Regino.

El ambientalista explica que en esta ocasión empezaron a reunir firmas y “logramos también que los ocho alcaldes de la zona norte (de Morazán) enviaran sus firmas como respaldo, ahí están en la denuncia”. Los alcaldes de Arambala, Perquín, Joateca, Jocoaitique, Meanguera, Torola, San Fernando y Villa El Rosario se sumaron a la denuncia junto a organizaciones de la sociedad civil. 

Pese a que existe una pequeña referencia al proyecto en una memoria de labores de la Siget, el permiso de la hidroeléctrica no es ubicable públicamente ni tampoco su permiso ambiental por parte del MARN, ni actas relacionadas. 

Al igual que el caso anterior, el Juzgado Ambiental de San Miguel ordenó este año al MARN la revocatoria del permiso ambiental en un proceso judicial que estableció, de nuevo, que el proyecto dañaría irremediablemente el ecosistema de la zona.

Agenda Propia buscó la versión del MARN sobre este caso, así como datos del área natural, a través de su departamento de comunicaciones, pero no hubo respuesta a las peticiones de entrevista.

Eduardo Franco Cárcamo, uno de los representantes legales de la empresa Centrales Hidroeléctricas San Martín, aseguró que su familia es dueña de una propiedad “desde hace más de 40 años” en la zona que atraviesa un tramo del río Calambre. “En el 2013 alguien nos dio la idea de meternos en este proyecto”, dijo, debido a que el gobierno impulsaba proyectos de energía renovable. Según Franco, su padre decidió licitar y ganó el proyecto. 

Franco asegura que el proyecto no conllevaba un impacto considerable, ya que no se pretendía construir un dique, y añade que habían cumplido con toda la documentación requerida e, incluso, habían presentado un plan de responsabilidad empresarial. El empresario lamenta la resistencia al proyecto y dice que en la zona no hay una lucha conservacionista sino, más bien, una de conveniencia política. Según él, el proyecto era tan pequeño que incluso el MARN los eximió de presentar un Estudio de Impacto Ambiental.

Adicional a los proyectos de hidroeléctricas otra amenaza contra el área natural del río Sapo ha sido la plaga de gorgojo.

Regino y Samuel coinciden, por su parte, que un punto de inflexión importante en el empuje por conservar la zona fue la llegada de la plaga del gorgojo descortezador en 2016, una especie que ataca bosques de pino y que implica la tala para su control. El área norte de Morazán, donde está ubicada la zona del río Sapo, es bosque de pino. 

Cuenta Samuel que la plaga facilitó sentar en una sola mesa, con un propósito en común, a autoridades gubernamentales, donantes y “organizaciones sociales, que son diferentes a las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adesco), Juntas de Agua, grupos indígenas, oenegés, y organizaciones financieras como el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (Fiaes), que son los que empezaron a financiar el tema de control de la plaga”.

El grupo que se creó dio origen a la Comisión Interinstitucional contra el gorgojo en la zona norte de Morazán. Esta iniciativa reunió a unas 30 organizaciones que, pasada la emergencia; decidieron seguirse encontrando una vez al mes. 

“Yo ya había trabajado en áreas protegidas donde prácticamente hablar con la gente era un conflicto y uno salía asustado de estos sitios y era muy difícil trabajar. El contexto acá es diferente porque después del conflicto armado buena parte de la cobertura forestal que está en esta zona fue de recuperación, después de la guerra, en un proceso de 20, 30, 40 años que se ha recuperado. Y esa misma organización facilita un poco esto”, valora Samuel.

Regino cita entre los logros la llegada de la entonces ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl. El grupo se convirtió, después de la emergencia del gorgojo, en la Comisión Intersectorial Restauración Ambiental de Morazán. 

“Es un proceso que se ha venido trayendo simultáneamente y el tema de la educación ambiental a través de los programas y proyectos”, explica Regino. La conciencia ambiental ha permeado, confirma José Guadalupe Argueta, encargado de la Unidad Ambiental de la Alcaldía de Joateca, quien desde hace aproximadamente dos años trabaja con guardarecursos voluntarios que son residentes de la zona. “Antes, estos cuidadores solían ser cazadores”, dice. 

José Guadalupe también es reconocido como colaborador de recientes investigaciones de campo sobre la biodiversidad del área natural del río Sapo. 

“Lastimosamente con el tema de la pandemia ya no habido reuniones desde inicio de año, porque no todos tienen la misma tecnología entonces no todos se pueden conectar a Skype. Hay algunas personas que se tienen que subir a la montaña para poder tener señal de teléfono”, relató Samuel.

El Salvador, por la propagación del nuevo coronavirus paró prácticamente toda su actividad económica, fuera de los rubros considerados “esenciales”, como la producción y venta de comida, desde marzo hasta agosto, que inició su reapertura. Al 17 de octubre, el gobierno salvadoreño registraba oficialmente 31.666 casos de covid-19 y 922 fallecidos por la enfermedad. 

Samuel añadió que “ahorita esta comisión ha quedado relegada a un grupo de WhatsApp y a veces se hacen denuncias, pero no tiene la misma exigencia porque en las reuniones se agarraban compromisos, y a veces se tenía oportunidad de estar con el Ministerio (de Medio Ambiente) cara a cara, y con la pandemia esto se ha perdido”. 

Por su lado, hasta antes de la pandemia, la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud también trabajaba en la Comisión Intersectorial y con una amplia red de voluntarios en la zona norte de Morazán, ejecutando proyectos en vigilancia y educación ambiental. Para ello, han utilizado drones y son contribuyentes asiduos de aplicaciones como Forest Watcher, para alimentar las bases de datos de la plataforma Global Forest Watch, georreferenciando incendios forestales y pérdida de cobertura arbórea, entre otros.

Entre 2001 y 2019, según la plataforma, el municipio de Joateca (4,210 habitantes) perdió 262 hectáreas de cobertura arbórea; mientras que Arambala (1,821 habitantes) 117 hectáreas en el mismo período. 

Desde décadas atrás, El Salvador ha sido considerado uno de los países más deforestados y con menos cobertura boscosa de la región centroamericana. Un estudio estatal en 2018 arrojó un porcentaje de cobertura mucho mayor del que se había presentado hasta ese momento. Algunos expertos, como Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, cuestionan que la metodología podría haber favorecido la cuantificación, y no terminan de creer el súbito incremento de un 14 por ciento de masa arbórea a un 37 por ciento, según datos del Sistema de Integración Centroamericana, (SICA), para 2010.

El mismo informe del SICA reseñaba que para 2010, la cobertura boscosa de Guatemala era de 34 por ciento y 46 por ciento para Honduras. 

El 12 de mayo de 2020, durante la cuarentena en El Salvador por la covid-19, una denuncia en redes sociales fue ganando indignación. Se trataba de la fotografía de un puma asesinado, con las patas delanteras cercenadas. El cadáver del felino fue encontrado en el municipio de San Fernando, en el departamento de Chalatenango, a unos 200 kilómetros del área natural del río Sapo, hacia el occidente. 

“Se ha incrementado la cacería. Nosotros enviamos un comunicado de la muerte de un puma en Chalatenango. Es algo que se está dando en una escala bastante grande, en diferentes lugares, por la emergencia actual. Se aprovechan de que no hay controles, que las autoridades están ocupadas en otras cosas”, valoró Juan Pablo Domínguez a finales de julio pasado. 

Aunque ninguno de los ambientalistas cree que el puma asesinado sea de la zona de Morazán, la situación les parece grave y no dudan que el encierro jugó en contra. No es para menos. Un estudio publicado a finales de 2019, realizado en Estados Unidos, daba nuevas pistas sobre el rol que juegan los pumas en su hábitat, como “ingenieros de la naturaleza”. La investigación encontró que dieciocho restos de presas cazadas por pumas eran hábitat para 215 especies de escarabajos. 

“El puma es un depredador que está en el tope de la cadena alimenticia y se ha demostrado en otros sitios que cuando se pierden los depredadores, también el ecosistema empieza a fallar, ya no hay quién detenga a quienes se comen las hierbas, las plantas. Empieza a haber un desequilibrio en los bosques. Entonces, si llegamos a perder la cobertura vegetal, va a haber menos espacio para los pumas. Si hay cacería y se empiezan a acabar los pumas, vamos a perder la especie depredadora más grande del país”, explica Luis. 

Por lo tanto, la pérdida del ecosistema en Morazán implicaría no solo la desaparición de especies, si no también un desequilibrio ecológico. El río Sapo es uno de los pocos que en los últimos años ha repetido como una fuente de recurso hídrico con limpieza aceptable, en análisis sobre calidad del agua en El Salvador. Uno de los informes más recientes sobre índice de calidad de agua superficial publicados por el MARN en 2018 (con datos de 2017), establece que solo 32 de los 90 sitios monitoreados tienen la calificación de “buena”, entre ellos el río Sapo. Sin embargo, ninguna de las fuentes de agua estudiadas puede ser potabilizada por métodos convencionales y muy poca para uso de riego indiscriminado.

El río Sapo, afirma Regino, sigue siendo una fuente para uso doméstico para varias de las comunidades circundantes. Para 2019, seguía manteniendo su clasificación como fuente de agua “buena”, pero “no apta” para el riego sin restricciones.

“El río Sapo es un afluente del río Torola, que es un río que también es afluente del río Lempa. Si se deforesta, o se daña de otra forma el ecosistema, que tiene peces, tiene camarones, tiene cangrejos que sirven de alimento para las comunidades, de ahí pierden una fuente de alimento, pierden el agua, una de las aguas más puras del país”, dice Luis, planteando una posible reacción en cadena. El río Lempa es el principal abastecedor de agua del área metropolitana de El Salvador y el río Sapo se ubica hidrológicamente en la subcuenca del río Torola, cuenca del Lempa. 

Para Luis González, coordinador de proyectos de UNES, la pandemia ha sido aprovechada por los cazadores furtivos y empresas para continuar la depredación del medio ambiente. “Para los que son degradadores del medio ambiente, para ellos no ha habido cuarentena”, denuncia.

Este activista también criticó que la industria cañera fuera incluida dentro de las actividades con excepciones operativas durante el encierro y, en cambio, “los líderes y las lideresas que históricamente han ejercido la protección del medio ambiente estaban encerrados en las casas, no podían hacer ese cuido que históricamente han hecho. Entonces, tenemos por un lado los que dañan el medio ambiente sin ningún tipo de control y libres; y por otro lado la gente que hace defensoría en su casa sin poder salir”, dice Luis González.

La UNES desarrolla proyectos ambientalistas desde años atrás en el occidente de El Salvador. Al igual que la Mesa Territorial del Foro del Agua en Morazán, durante la pandemia, han recibido denuncias de depredación sin poder verificar en territorio. A finales de agosto, la Unidad aún trataba de confirmar las denuncias pero, según Luis González, aún no habían logrado abarcar ni el diez por ciento del territorio. 

“De cuatro, o cinco meses que se tuvo de encierro y cuarentena, el tema de deforestación se incrementó de alguna manera. Es como el tema de apertura de calles también, en algunas zonas boscosas. O la extracción de material pétreo en algunas zonas boscosas. Esas situaciones se dieron y si se hubiera estado en un tiempo normal de actividades, eso quizás hubiera sido reducido”, explica Regino.

El 23 y el 28 de julio, Regino recibió denuncias de parte de su red de voluntarios, en las que le adjuntaron fotografías que evidenciaban la apertura de calles y depredación del bosque en el municipio de Arambala (Morazán). En una de ellas, un promontorio de tierra seca y piedra removida se antepone al bosque. Según el defensor, aunque se investiga quiénes están detrás de la deforestación, saben que la mayoría de las veces no hay un permiso ambiental de por medio. 

Para Luis González, el problema al que se enfrentan también radica en que la Ley Forestal es demasiado permisiva porque este instrumento es aplicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y no por el MARN. Según el ambientalista, al dar el permiso de tala de árboles el MAG únicamente verifica que no se trate de especies protegidas, pero no vuelven al lugar para certificar que el volumen talado corresponde al permiso otorgado.

Antes de la pandemia, Juan Pablo cuenta que justo habían logrado concretar un convenio con el MARN que posibilitó aumentar la planta de guardarecursos de cuatro a ocho personas, con el plan de que se encargarían de vigilar toda el área natural y no únicamente La Ermita, como habían permanecido haciéndolo cuatro guardarecursos. El acuerdo se logró ejecutar a través de una tercera institución como intermediaria, el Fiaes, entidad que ejecuta los fondos que el MARN obtiene por compensaciones ambientales, es decir, algunas de las multas y reclamos financieros que el ministerio recauda por faltas a la Ley Ambiental. 

El MARN, de hecho, vio achicado su presupuesto anual desde el año pasado, cuando el gobierno priorizó otro tipo de gastos, como aumentar los fondos del Ministerio de la Defensa. Con la pandemia, redujeron el dinero disponible para áreas naturales protegidas a una cantidad casi simbólica. 

La cuarentena no permitió la adecuada coordinación entre el trabajo que las oenegés ambientalistas de la zona y los guardarecursos, según Juan Pablo. Esto pasa mientras la depredación sigue como lo confirman los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador que arrojan que de los 103 casos ingresados por investigar el delito de depredación de fauna protegida entre enero de 2016 y julio de 2020, casi el 45 por ciento ocurrieron entre enero y julio de 2020 (46 casos). 

Mariano Pacas, gerente técnico de Fiaes, confirmó que el convenio se está ejecutando y que implica el desembolso de $95.000 USD para el pago de 20 guardarecursos en el país, pero únicamente por once meses. Para el área de río Sapo han sido designados cuatro. Pacas, sin embargo, dijo no poder dar detalles si la coordinación local ha fluido ya que la dirección técnica sigue bajo administración del MARN. 

Samuel Álvarez de Fundación Naturaleza explica que como organización quedaron excluidos. “A pesar de las gestiones que hicimos, incluso yo personalmente, me tocó ir a visitar a las comunidades a ayudarles a fabricar sus currículum para poder motivarlos, para que participaran. Hicimos todo este esfuerzo, después con esta contratación, con las otras organizaciones, quedamos excluidos, no tenemos una presencia formal a través de los guardarecursos”, dijo.

Después de cinco meses de cuarentena, el Salvador comenzó su reapertura a finales de agosto. 

Así, cuenta Regino, el trabajo en el territorio empezó a retomarse. Para mediados de septiembre estaban con sus actividades a un “cincuenta por ciento”, dijo. Samuel aseguró por su parte que durante la última semana de septiembre estaban recién retomando el trabajo de monitoreo de la zona con cámaras trampa. 

No todo son cuentas alegres con la reapertura: apenas el 24 de septiembre Nayib Bukele, presidente salvadoreño, confirmó públicamente que el país no formaría parte del Acuerdo de Escazú. De lo poco dicho públicamente como justificación para no firmarlo es que “no se pueden dejar de construir viviendas”. El Acuerdo sienta amplias bases para garantizar el acceso público información ambiental, justicia ambiental y, precisamente, derechos de defensores.

Lejos de las decisiones presidenciales, pero afectado directamente por ellas, Regino no se toma mucho tiempo para pensar cuando se le pregunta qué obtienen las comunidades de Morazán del área natural del río Sapo. Si bien, dice, es necesario “tener unas condiciones de vida básicas”, añade que “se relaciona mucho la calidad de vida con el tener muchos recursos económicos, que está vinculado con eso. Y sin embargo, creo que la calidad de vida tiene que ver con que la gente tenga los elementos básicos como el agua, el aire y el tema de los ecosistemas, que tenga tierra, que tenga una productividad de sus suelos”.

Es eso, calidad de vida.

Nota. Este artículo hace parte de la serie periodística #DefenderSinMiedo: historias de hombres y mujeres defensores ambientales en tiempos de pandemia. Este es un proyecto del medio independiente Agenda Propia coordinado con veinte periodistas, editores y medios aliados de América Latina. Esta producción se realizó con el apoyo de la ONG global Environmental Investigation Agency (EIA).