La cuarentena por la pandemia de la covid-19 no solo hizo que las comunidades quedaran sin defensa en sus territorios sino que los procesos jurídicos fueran suspendidos al cerrarse los juzgados y extenderse los plazos para trámites legales en las oficinas de gobierno. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) son dos organizaciones civiles que conocen cómo la justicia ambiental se ha deteriorado por la contingencia sanitaria. A través de Ximena Ramos, del Cemda, y Liliana Ávila, de AIDA, es posible conocer las secuelas que ha dejado la emergencia sanitaria.

Ambas abogadas, reconocidas en América Latina por su trayectoria en la protección de los recursos naturales, comparten cómo la pandemia ha impactado su labor, en especial, la de acompañar a hombres y mujeres que cuidan los territorios desde sus comunidades y zonas protegidas.

Ximena Ramos, directora regional de la Oficina Golfo de México del Cemda, habla del pasado, de la última vez que estuvo físicamente acompañando a las comunidades y de la forma en que ahora las asesora. Es un viaje, es un recuerdo de cuando todavía se caminaba sin cubrebocas y sin distanciamiento social; cuando el virus de la covid-19 no se había instalado.

Ella trae a la memoria el último lugar al que fue antes de la pandemia. “El 16 de marzo fui a Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, para hablar sobre el megaproyecto Tren Maya”, cuenta y dice que ese viaje, en el sur de México, lo realizó para escuchar y documentar las denuncias de los pobladores que se oponen a dicho megaproyecto que comprende un circuito de casi 1.500 kilómetros de líneas de ferrocarril para pasajeros y carga. El Tren Maya pretende promover el crecimiento de nuevos centros de población y polos de desarrollo en cinco estados del sureste de la República Mexicana.

Para Ximena, las obras tendrían impactos irreversibles para la selva Maya, una de las zonas más biodiversas del mundo y el segundo bosque tropical más grande de América Latina después de la Amazonía.

Según los planes del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya pasará por una de las Áreas Naturales Protegidas más importantes del país: la Reserva de la Biosfera de Calakmul en la que habitan especies como el jaguar, el pecarí y el puma. Esta zona es resguardada por las comunidades campesinas e indígenas ch’ol y mayas.

El 21 de marzo, el gobierno emitió la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por covid-19 que generó la suspensión de actividades oficiales. Recuerda Ximena que desde ese entonces no ha podido reencontrarse con las comunidades. Para evitar la propagación del virus, una de las medidas implementadas fue el cierre de las oficinas públicas y el cese de trámites no esenciales.

Una de esas pausas fue la de los juzgados, los cuales empezaron a reabrir, paulatinamente, desde principios de agosto. El problema es que como las oficinas estuvieron cerradas por más de cuatro meses, explica Ximena, ahora están atendiendo el rezago que tuvieron mientras reciben nuevos amparos y acciones. “El poder judicial está rebasadísimo, entonces las decisiones no están llegando de la manera más oportuna”, dice.

Si bien los juzgados quedaron paralizados, no ocurrió lo mismo con todas las actividades. El gobierno de México, a través de ruedas de prensa diarias para informar sobre el avance de la pandemia, los contagios y los fallecimientos por covid-19, también anunció una serie de actividades que se mantendrían en medio de la contingencia, entre estas la minería, la construcción y el trabajo de las fábricas ensambladoras con grandes líneas de producción. Estos tres ramos han sido particularmente cuestionados por los defensores y las defensoras del ambiente y los derechos humanos.

La construcción incluía continuar los trabajos del megaproyecto Tren Maya. En plena cuarentena, el Presidente ignoró las recomendaciones de su gabinete de salud (como no acudir a eventos masivos, no saludar de mano) y dio el banderazo para el arranque de las obras.

Lo anterior, aún cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para que no se siguieran las obras. Esta última petición también fue presentada por comunidades y colectivos que solicitaron al gobierno detener la construcción no solo por las afectaciones ambientales que provocará el tren sino por el riesgo de incremento de contagios de coronavirus.

El acompañamiento a las comunidades del sur, donde se lleva a cabo la construcción, es uno de los temas a los que da seguimiento la abogada Ximena. Desde el Cemda hay una postura crítica a la obra del Tren Maya porque “más de la mitad (53%) del trazo del Tren se encuentra sobre terrenos ejidales, afectando a un total de 177 ejidos”. Los ejidos son una forma de propiedad comunal de la tierra en México.

Más allá de la contradicción de comenzar un megaproyecto cuando se pide aislamiento, el inicio de los trabajos de construcción ocasionó que con el ingreso de los obreros también llegara el virus a zonas en donde no había contagios de la enfermedad, como lo denunció la comunidad.

Otro de los casos que también acompaña Ximena es el del pueblo Masewal en la Sierra Norte de Puebla, al oriente de México, en donde se dieron tres concesiones mineras. Allí, la extracción de metales a cielo abierto se produce en “concesiones que están donde se recarga el agua y los manantiales, los cuales tienen un valor simbólico y además ayudan a satisfacer ese derecho humano al agua de las comunidades”, detalla. 

El juicio de este caso inició en 2015 y ya se otorgó el amparo. Mientras tanto, abogados de las comunidades, como Ximena, presentaron un recurso de revisión que está por decidirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque a su vez la Secretaría de Economía (dependencia oficial) y las empresas también presentaron su recurso de revisión cuando la SCJN les otorgó el amparo a las comunidades.

Aún cuando por la pandemia no había actividades, la SCJN retomó tareas vía remota; mientras lo hizo, la sociedad civil y los pobladores de la zona reunieron más de 3.000 firmas para solicitarle que declarara inconstitucional la Ley Minera. 

A este pronunciamiento se sumaron organizaciones como Environmental Defender Law Center (EDLC) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) que junto al Cemda han cuestionado que esta ley no fue consensuada con los indígenas, no respeta los derechos de los pueblos y beneficia a las concesiones mineras que están en sus territorios.

Por ahora, las obras están suspendidas y la SCJN analiza el caso. Mientras esto ocurre, la comunidad agradeció diciendo, en lengua Masewal: “Timotasohkamatih”, que en castellano quiere decir: “Nos sentimos en amor con su acompañamiento”. Con estas palabras resaltaron el respaldo nacional e internacional que llevó a la SCJN declarar inconstitucional esa legislación. 

Al acompañamiento que da a las comunidades afectadas por la construcción del Tren Maya y al pueblo Masewal que denuncia cómo las mineras quieren aprovecharse de su territorio, se suman las acciones jurídicas y la asesoría que Ximena da al pueblo indígena que se resiste a la construcción del Tren Transístmico, otro de los megaproyectos del gobierno mexicano.

Este proyecto consiste en la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en el Golfo de México y el de Salina Cruz, en la costa del Pacífico, además de la remodelación de las vías férreas entre ambos embarcaderos. También contempla la construcción de otras obras como gasoductos y fábricas. 

La abogada recuerda cuando en abril de este año, por WhatsApp, los pobladores indígenas Mixes Ayuuk de San Juan Guichicovi, en Oaxaca, al sur de México –uno de los lugares más pluriétnicos del país donde se realiza la obra del Tren Transístmico como parte del Corredor Interoceánico–, le preguntaron si sabía qué estaban haciendo ingenieros en su comunidad y si tenían permiso para estar ahí. 

Ximena dice que si no hubiera pandemia, esas dudas las habría podido resolver haciendo una solicitud de información al gobierno, respaldada por la ley de entrega de datos públicos que rige desde el 2002, una herramienta útil para la defensa del territorio. “Cuando los pobladores nos preguntan no podemos contestarles porque (las autoridades) no nos responden. Desde abril se hizo una petición, pero como han recorrido las fechas para dar respuesta, quizás entreguen los datos después. Por eso, no podemos iniciar otras acciones”, lamenta la abogada y explica que “por un lado están suspendiendo ese proceso de consulta indígena para que no haya riesgo de contagio entre las comunidades, pero, por otro lado, como es uno de los proyectos estrella de esta administración, entonces se ha tratado de seguir con las obras”. 

Ximena también advierte que la comunidad podría estar en riesgo de ser desplazada, por lo que los habitantes de San Juan Guichicovi han optado por expulsar a los trabajadores e ingenieros para defender su territorio.

Hasta el momento, las autoridades estatales solamente han presentado una manifestación de impacto ambiental para un tramo de la obra del Tren Transístmico. Cuando los líderes indígenas y las organizaciones civiles han solicitado información precisa a la empresa Ferrocarriles del Istmo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), les han respondido que no les pueden brindar la información porque no la solicitan “por las vías adecuadas”. La comunidad, con apoyo de la abogada del Cemda, hizo la petición a través de recursos legales, pero aún no reciben respuesta.

El no poder solicitar información es uno de los procesos detenidos por la contingencia sanitaria, pero no el único. Otro es que las dependencias a cargo del tema ambiental en México, como Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), con el cierre de sus oficinas han reducido sus labores al mínimo.

Sin poder estar en territorio, “las llamadas telefónicas nos han salvado, el WhatsApp y algunas reuniones con Zoom (plataforma de reuniones). Hemos buscado las herramientas necesarias para seguir en comunicación y así poder documentar estas situaciones que han ido pasando, y cuando llegue el momento y todo esté en normalidad podamos hacer estas denuncias”, explica Ximena, aunque reconoce que hacen falta los encuentros presenciales y los talleres, así como las asambleas que normalmente se realizan en diferentes comunidades para la toma de decisiones. 

Pese a que los derechos humanos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia no se han visto garantizados en la pandemia, la abogada destaca que han tratado de adaptarse a la virtualidad, “pero no es lo mismo y sobre todo que hay muchas comunidades que ni siquiera tienen internet o apenas llegan las lluvias pierden comunicación por dos días. Esa es la parte más difícil de mantener estos procesos de defensa con estas restricciones para reunirnos”.

Ahora, todos estos casos, Ximena los lleva desde su casa y de manera virtual. Reconoce que añora volver al territorio y conocer a viva voz lo que allí sucede, sin embargo, se ha adaptado a largas jornadas de tele-trabajo para seguir asesorando y mantener el diálogo con las comunidades. 

Lo que ocurre en México y debe sortear Ximena Ramos, se repite en otros países. Es el caso de la también abogada Liliana Ávila García, del programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), ella sigue la protección de comunidades indígenas contra represas y mineras en la Amazonía.

Liliana, quien vive en Bogotá, la capital colombiana, también recuerda, la última vez que estuvo en los territorios.

 “Mi último viaje fue a Brasil para acompañar a las comunidades afectadas por la construcción de la represa de Belo Monte y en riesgo por el desarrollo de un proyecto de minería de oro, Belo Sun”. De llegarse a concluir ese proyecto, se convertiría en la tercera represa más grande del mundo, después de Tres Gargantas en China. Desde entonces, Liliana no ha podido viajar. Primero, porque por seis meses (finales de marzo a mediados de septiembre) cerraron los vuelos internacionales de Bogotá a otros países (decisión del gobierno colombiano) y, segundo, por medidas de prevención de contagios de la covid-19.

La litigante da asistencia legal a temas relacionados con calidad del aire, contaminación por metales tóxicos y afectados por represas. De norte a sur, en América Latina hay una constante, como explica Liliana: “En términos de democracia ambiental, la pandemia sí ha derivado en impactos serios en las posibilidades que tenemos los ciudadanos de ser informados, de acceder a mecanismos de justicia”.

Al iniciar las cuarentenas en los diferentes países, los Estados se concentraron en la emergencia sanitaria, lo que ha provocado, según detalla la experta de AIDA, “un debilitamiento del Estado de derecho en todo el continente derivado de las declaraciones de emergencia, la ausencia de control político y, en general, una atención pública a temas exclusivamente derivados de la pandemia”.

Esta organización también acompaña jurídicamente la oposición a la hidrofracturación (fracking) en Colombia y Argentina, e integra la alianza latinoamericana contra este modo de extracción de gas o petróleo. AIDA también atiende casos de personas afectadas por represas en Brasil, México, Colombia y Guatemala.

Mientras se prolongaban las cuarentenas o aislamientos obligatorios, al WhatsApp de Liliana y sus compañeros de trabajo llegaban mensajes de las comunidades denunciando amenazas, asesinatos de líderes indígenas y muchas más preocupaciones, como pasar por alto derechos colectivos, entre ellos, las consultas previas. 

Esos casos que empeoraron durante la pandemia motivaron a esta asociación a generar la llamada #AlertaAIDA para monitorear las amenazas a defensores y medio ambiente. Esta organización ha señalado que “las autoridades han cambiado formatos de consulta, relajado medidas de protección y vigilancia y desatendido a las personas más vulnerables, como los pueblos indígenas, comunidades rurales, defensores y defensoras”.

Una de esas alertas fue la que dio a conocer el estudio “Voces desde el territorio”, en el que confirman que varios países han nombrado la minería como actividad esencial (igual que lo hizo México) y siguieron trabajando en medio de la cuarentena afectando a las comunidades y al medio ambiente, mientras beneficiaban a la industria minera. 

Una advertencia más es lo ocurrido en Colombia, donde el gobierno pretendía instalar una consulta previa virtual, en respuesta a una propuesta hecha por los empresarios. Sin embargo, los pueblos indígenas rechazaron esta acción por violar sus derechos y la medida fue desechada.

Otra de las alertas es la rápida propagación de contagios de covid-19 en la región amazónica. Algunos de esos litigios han logrado recurrir a instancias internacionales como el caso de los pueblos indígenas Yanomamis, en Brasil, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para la protección de este pueblo afectado por esta enfermedad, proyectos extractivistas y la deforestación. 

Los defensores ambientales también han sido agredidos en tiempo de pandemia, algo que AIDA monitorea en toda la región. “Ha sido un horror”, relata Liliana, “porque en países como Colombia, México y Honduras, el contexto de agresiones contra defensores ha aumentado. En época de pandemias claramente vemos una falta de respuesta del Estado que se suma a sus faltas sistemáticas, pero es especialmente grave en esta situación de confinamiento. Vemos un deterioro en los deberes del Estado con relación a la protección de defensores en riesgo”.

Liliana reconoce que si bien la justicia se detuvo, no ocurrió lo mismo con la defensa en los territorios. Los riesgos, los aislamientos e incluso la falta de conectividad en muchas zonas rurales llevó a que las bases comunitarias se organizaran de otra manera. 

Un caso exitoso es el de la red de mensajeras con las comunidades que crearon en Guatemala. “Identificamos a las mujeres que tenían acceso a internet o a datos y con ellas hemos venido compartiendo información para que, a su vez, la compartan en sus comunidades. Ese ha sido un aspecto valioso que hemos rescatado, la importancia de buscar otras formas de entrar en contacto y comunicarse con las personas en las comunidades”, dice la abogada.

La defensora cuenta que todas estas situaciones en tiempos de pandemia son un reto. Ella misma también ha tenido que adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Liliana comparte que por fortuna en AIDA han flexibilizado los horarios y las dinámicas para que los colaboradores de la organización, basados desde Estados Unidos hasta Argentina, puedan continuar con sus asignaciones y, a su vez, con las dinámicas de trabajar en casa a cargo del cuidado de sus hijos y familia. 

Que el acceso a la justicia esté detenido por la pandemia no significa que la resistencia y la lucha de las comunidades también lo esté. Pese a las fallas de conectividad con los sectores rurales o zonas apartadas a las urbes, las redes sociales se convierten en aliadas para la difusión de las problemáticas y una forma de resistencia. 

Tanto el Cemda como AIDA coinciden en que no se detendrán sus denuncias por las violaciones a los derechos ambientales en tiempos de pandemia. Ambas litigantes concuerdan que de no atenderse el tema de justicia ambiental habrá mayor impunidad y daños contra los territorios y áreas naturales.

“Esto se va a ver a largo plazo. No se está consiguiendo detener esos procesos que van a tener severos efectos. Ahorita no vamos a ver tanto estos impactos sino que va a ser a largo plazo. Sí creo que hay una afectación total al tema de impartición de justicia”, concluye Ximena.

Los conflictos ambientales no se han acabado por la pandemia y mucho menos se han suspendido, por el contrario, dice Liliana, estos “van a generar mayor descontento social, van a seguir deslegitimando a los Estados y, por supuesto, van a seguir debilitando los Estados de Derecho. Van a provocar agresiones contra defensoras y van a seguir comprometiendo las responsabilidades de los Estados”. 

Ximena continuará en la defensa ambiental. Ella ha llevado casos que han marcado la agenda legal en México (como la lucha contra los permisos de la soya transgénica que fue la segunda sentencia en la que la Suprema Corte decidió sobre pueblos indígenas y megaproyectos al referirse a la importancia de la Consulta Previa e Informada). Ahora, sabe que con la pandemia los retos son distintos, pero está dispuesta a seguir.

Lo mismo pasa con Liliana. Uno de los casos emblemáticos que llevó y que le han marcado es el acompañamiento jurídico a personas afrodescendientes afectadas por la siembra de palma africana en el Bajo Atrato en la región del Chocó en Colombia, donde una ocupación paramilitar a sus territorios provocó el desplazamiento de esta población. 

Mientras tanto, el virus continúa expandiéndose en la región, sin una vacuna efectiva y con los proyectos extractivistas en marcha. Las comunidades, aunque parecieran estar aisladas, no están solas porque hay abogadas como Ximena y Liliana que están dispuestas a acompañarlas y a defenderlas sin miedo. 

Nota. Este artículo hace parte de la serie periodística #DefenderSinMiedo: historias de hombres y mujeres defensores ambientales en tiempos de pandemia. Este es un proyecto del medio independiente Agenda Propia coordinado con veinte periodistas, editores y medios aliados de América Latina. Esta producción se realizó con el apoyo de la ONG global Environmental Investigation Agency (EIA).