Detrás de la invisibilidad que cubre a los Omágua, el pueblo que nació del agua de lluvia en Alto Solimões, en el estado de Amazonas en Brasil, existe toda una historia de horror e indignidad. Más de dos mil familias viven en las tierras habitadas por sus ancestros, una comunidad que el colonizador europeo llamó Kambeba (el pueblo de cabeza plana) y que según el blanco (no indígena) vive en la ciudad de São Paulo de Olivença, a mil kilómetros de la capital Manaos. El corazón de la comunidad está en la aldea Wakariazal (el jefe de muchas cabezas), a la que la alcaldía llama barrio Santa Terezinha –nombre de bautismo proveniente de la herencia católica impuesta a los pueblos originarios de Brasil–. Si para los Omágua Kambeba Eronilde Fermin Omágua es la cacica, para la alcaldía y para los invasores –madereros, garimpeiros (mineros) y pescadores ilegales–, ella es una molestia. 

En una Amazonía sin ley, quien molesta tiene un destino: morir. Un destino que Eronilde viene evitando desde hace más de una década al frente de las quince comunidades Omágua Kambeba. Por ello, no hay fotos de ella sin tapabocas en este reportaje, porque teme represalias. En la última batalla de fuerzas desiguales, en la segunda semana de septiembre de este año, Eronilde, lingüista y estudiante de maestría de la Universidad Federal de Río de Janeiro, enfrentó a un tractor.

Sin orden judicial alguna, según cuenta Eronilde, un equipo de la Secretaría de Obras de la alcaldía avanzó con su maquinaria sobre plantaciones de yuca y terrenos de la selva cuya área está en estudio de demarcación por la Fundación Nacional del Indio (Funai) –que los Omágua llaman la tierra indígena de Castanhal de Ajaratuba–. El plan, afirma Eronilde, era abrir una carretera y dividir lotes de tierra para la construcción de viviendas no indígenas dentro del territorio reivindicado por los Omágua Kambeba. “Es la segunda vez que destruyen lo que nosotros cuidamos. La primera fue en enero”, sostiene. 

Cuando un territorio está en estudio para fines de demarcación, todos los actores involucrados reciben una notificación informando que dicha tierra está bajo litigio. “En la medida en que la alcaldía hace esto, también incentiva a particulares a hacer lo mismo. Esto claramente es un incentivo para terceros, que va a generar conflictos y presión sobre la comunidad indígena”, afirma Eloy Terena, asesor jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Tanto Funai como el Ministerio Público Federal pueden garantizar, por vía judicial, que tanto esta como otras obras de infraestructura sean suspendidas, añade Terena. 

En junio, en la misma región, varios líderes Omágua Kambeba denunciaron otra invasión y nuevas amenazas a quienes hicieron frente a los madereros y garimpeiros. “Ya no aguantamos más tanta persecución y agresión”, reza un fragmento del documento de la Organización de los Kambeba de Alto Solimões (OKAS). Hay relatos de invasores que rompen piezas de cerámica y ataúdes funerarios. “Mi padre solo escuchaba: ‘tu hija va a morir’. Él llegaba a casa y se echaba a llorar”, dice Eronilde. En 2019, el número de líderes indígenas muertos en Brasil fue el mayor de los últimos once años, según el estudio de la Comisión Pastoral de la Tierra: en total fueron siete líderes frente a los dos que se registraron en 2018.     

Para que Eronilde pueda hacer llegar los pedidos de ayuda a las autoridades, se organizó una comitiva de al menos veinte personas para acompañar al liderazgo por la ciudad. Según explica Rosilene Lucas Bernaldo, de 35 años, y quien se desempeña como consejera distrital de salud de la comunidad y responsable regional de la fiscalización, evaluación y planeación de atención médica: “Aquí nadie puede salir así de la nada, tiene que ser algo muy bien preparado para reducir los riesgos, e, incluso así, apenas salimos ya vemos gente sacándonos fotos, como cercándonos desde lejos”. ¿Quiénes son? Ni Eronilde ni Rosilene saben quiénes son sus verdugos.

"Estoy sufriendo muchas persecuciones y amenazas, pero parece que no tengo nadie más a quien pedir ayuda”, dice Eronilde, puesto que sus pedidos de auxilio ya llegaron a las instituciones que deberían protegerla, como el Ministerio Público Federal (MPF) y Funai, órgano adscrito al Ministerio de Justicia.

En una nota, el MPF de Amazonas informó que le solicitó a la Policía Federal la instauración de una investigación policial para analizar la posible comisión de crímenes ambientales (inicialmente, pesca, caza y extracción de madera ilegales), en Bacaba, una de las quince comunidades Omágua Kambeba. El MPF también recibió informaciones sobre la posible apertura de la carretera y solicitó aclaraciones a la alcaldía de São Paulo de Olivença. “El departamento jurídico acusó recibo e indicó que se manifestaría en breve”. La nota también dice que el coordinador local de la Funai está al tanto de la situación y se comprometió a visitar el área para reportar informaciones al MPF. 

El geógrafo Reginaldo Conceição, investigador del proyecto Nueva Cartografía Social de la Amazonía –especializado en la autocartografía de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales en la Amazonía–, acompaña desde hace nueve años la lucha de Eronilde por la demarcación del territorio, la cual sigue paralizada. “Este es un caso emblemático porque aquí tenemos una comunidad a la que se le impide crecer, una ciudad que avanzó sobre el territorio indígena y un sitio arqueológico que necesitan derrumbar”, afirma Reginaldo. 

Como otras ciudades del interior del Amazonas brasileño, la falta de planeación urbana y de mapeo de las minorías indígenas en las políticas públicas terminó creando ciudades que crecen hacia dentro de las aldeas “y el poder público se hace la vista gorda sobre el tema”, agrega.

La legislación brasileña prevé otros tipos de demarcación más allá de la tradicionalidad, como la creación de reservas o de aldeas urbanas en los espacios que los indígenas reconocen como ancestrales. En este caso, las tierras son adquiridas por la Unión (Poder Ejecutivo Federal) y destinadas a los indígenas, sin embargo, este movimiento tampoco se llevó a cabo en São Paulo de Olivença. 

Según estima el investigador, el gobierno de Amazonas es corresponsable de la situación, dado que carece de una política pública de reconocimiento de la condición indígena. “Tenemos una población mayoritariamente indígena dentro del estado que le da representatividad a los pueblos de Brasil y del mundo. Pero el estado de Amazonas o niega esa configuración o finge negarla. Mientras eso no sucede, son los liderazgos los que se exponen para garantizar el cumplimiento de todos los derechos”.

São Paulo de Olivença, en Manaos, es una de las nueve ciudades que conforman la microrregión del Alto Solimões, y donde más de la mitad de la población vive con medio salario mínimo. Para Maria Zenaide Silva da Silva, 62 años, presidente de OKAS, “São Paulo de Olivença es una ciudad que no respeta a los indígenas porque para ellos ni siquiera somos indígenas”. 

A pesar de que la auto identificación es un derecho, en São Paulo de Olivença se cuestiona la identidad indígena de los Omágua Kambeba. “Nadie deja de ser indígena porque está en la ciudad. Esta visión colonialista y racista de que solo es indígena quien vive allá en la aldea ya fue superada en el plano internacional y por nuestra Constitución, pero allá sigue presente”, afirma el abogado Terena. 

Durante la pandemia, el Distrito Sanitario Especial Indígena Alto Rio Solimões (DSEI-ARS), adscrito al Ministerio de Salud (MS), le negó la atención a la comunidad alegando que ellos “son de la ciudad”; y la atención municipal no quiso ocuparse de atender a las familias indígenas porque son indígenas, según lo que expresó el liderazgo.

En la lucha por el acceso a la salud, Eronilde y su marido se contagiaron de covid-19: “Nuestra situación que ya de por sí era débil, empeoró aún más en la pandemia. Salir de aquí se hizo aún más peligroso”, cuenta ella.

El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), en respuesta a una consulta hecha por la autora de este artículo informó que “en el Sistema de Información de Cuidados de la Salud Indígena se registraron más de 36 mil atenciones de profesionales de la salud para la etnia Kambeba en varias aldeas del municipio de São Paulo de Olivença”, sin aclarar cuántos fueron los registros de atención durante la pandemia. El documento añade que los 52 agentes indígenas de salud se desempeñan en São Paulo de Olivença, pero no informó cuántos y si existen agentes de la etnia Omágua Kambeba.

Con poco acceso a internet y sin recursos, Eronilde hace honor a la descripción de los Omágua que el padre jesuita español Cristóbal de Acuña plasmó en su libro “Nuevo descubrimiento del gran río Amazonas”, escrito después de las expediciones en la región y que fue publicado en 1641: el pueblo “con más razón y mejor gobierno que hay en todo el río”. El grito de auxilio de Eronilde llegó a la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, a la Asociación Nacional de Posgrado e Investigación en Educación y a las redes sociales. Una campaña por alimentos y productos de higiene se propagó por todo Brasil. Para visitar todas las comunidades Omágua Kambeba en barco se necesitan dos semanas de viaje. “La única forma de mejorar nuestra comunidad es a través de nuestra propia fuerza y defendiendo a nuestra cacica”, agrega Rosilene. 

En esta batalla de fuerzas desiguales, Eronilde formuló una estrategia que usa desde hace más de una década: mantener el alma viva, con enseñanzas ancestrales, a expensas de un cuerpo deambulando. “¿Merezco morir por hablar en nombre de un pueblo? Hay invasores entrando en nuestras tierras, amenazándonos de muerte. Si yo fuese una persona más débil, ya me habrían matado o habría muerto de depresión”.

En 2017, Eronilde inició otra batalla en el municipio por la recuperación de la Escuela Indígena Kambeba Profesor Ivan Balieiro Saraiva. La escuela, antes administrada por la comunidad, fue municipalizada. A raíz de este cambio, los liderazgos Omágua Kambeba afirman que varios profesores indígenas fueron despedidos y la enseñanza de la lengua Omágua fue retirada del plan de estudios. Rosilene sostiene que su hijo fue transferido de escuela sin explicación alguna. 

“La enseñanza de la lengua es la garantía de que nuestros niños van a poder transmitir estas enseñanzas a sus sucesores y que nuestra identidad seguirá viva”, afirma Eronilde. 

El derecho a la educación escolar indígena está garantizado en la Constitución Federal y es competencia del Ministerio de Educación. Corresponde a los estados y municipios garantizar que esto sea una realidad. “Bajo ningún caso la alcaldía podría hacer eso, porque la educación escolar indígena no depende de la voluntad del gerente. Es una violación grave y el MPF debe tomar acciones”, afirma el abogado Eloy Terena de la APIB. El caso ya está en el Ministerio Público Federal. La alcaldía fue contactada por el único teléfono disponible –fuera de servicio– y por las redes sociales, pero no hubo respuesta. El Ministerio de Educación no respondió a la solicitud de entrevista. Por correo electrónico, la Funai informó no tener “una fuente disponible para la entrevista en este momento”.

Nota. Este artículo hace parte de la serie periodística internacional #DefenderSinMiedo: historias de hombres y mujeres defensores ambientales en tiempos de pandemia. Este es un proyecto del medio independiente Agenda Propia coordinado con veinte periodistas, editores y medios aliados de América Latina. Esta producción se realizó con el apoyo de la ONG global Environmental Investigation Agency (EIA).