En medio de la crisis global de salud por la covid-19, y mientras el mundo se adapta a prolongadas restricciones de movilidad y cuarentenas, en todo el territorio latinoamericano hay quienes siguen en la defensa de su tierra. Y lo hacen porque los proyectos extractivistas y la violencia contra las comunidades no se detienen. 

En el informe Defender el Mañana, la organización no gubernamental Global Witness durante 2019 documentó en el mundo 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y, según señala el reporte, “más de dos tercios de los crímenes ocurrieron en América Latina”. El documento, presentado en julio de 2020, resalta que “solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes” y que países como Colombia, con 64 activistas asesinados, corresponde al “número más alto jamás registrado por Global Witness”, y Honduras, con un total de catorce muertes contabilizadas, se ha convertido en el país más peligroso de 2019 según el número de asesinatos per cápita (por cada millón de habitantes). 

Las agresiones se agudizaron durante la pandemia. En países como Perú y Brasil, entre otros, se han registrado casos de asesinatos de ambientalistas y defensores de la tierra, aunque Colombia es una de las naciones en donde la violencia no da tregua y las cifras de asesinatos son escalofriantes. A septiembre de 2020, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 211 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados; de este grupo, 140 eran indígenas y campesinos con una fuerte relación en la salvaguarda de sus territorios. 

En mayo pasado, en el centro de Perú, fue asesinado el indígena Gonzalo Pío Flores. Él abanderaba la lucha en la conservación de los bosques en el departamento de Junín contra madereros ilegales. No fue un hecho aislado: doce líderes ambientales han sido asesinados en ese país durante los últimos siete años, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

Quienes defienden la tierra y los recursos naturales tienen mayor riesgo de contagio y además son constantemente agredidos por personas, empresas o grupos armados con intereses en sus territorios. En las comunidades más apartadas de los centros urbanos, la covid-19 no solo redundó en un mayor aislamiento para evitar la transmisión del virus, sino también ocasionó la muerte a sabedores y líderes comunitarios, como ocurrió en la cuenca amazónica (integrada por nueve países suramericanos). En esa área, que representa más de la mitad del bosque húmedo tropical del planeta y tiene una superficie de más de siete millones de kilómetros cuadrados, al 10 de septiembre de 2020 se contaban 1.103.180 personas contagiadas y 28.987 fallecidas, según datos de la Red Eclesial Panamazónica. 

Una de las lideresas ambientales que enfermó de covid-19 es Rosa Aranda. Ella, desde Piwiri, dentro de la selva amazónica en el oriente ecuatoriano, lucha contra la enfermedad y la contaminación histórica de su territorio por las petroleras. Al otro lado de la frontera, en Colombia, desde la reserva campesina La Perla Amazónica, Jani Rita Silva Rengifo también trata de sanar las ‘heridas abiertas’ en humedales y la selva tras la explotación petrolera, la contaminación y la apertura de una vía en Puerto Asís en el departamento de Putumayo. 

Mientras el nuevo coronavirus alcanza los 14.700.141 de personas infectadas y 508.714 muertes en las Américas, según datos de la Organización Mundial de la Salud actualizados a 13 de septiembre de 2020, el deterioro ambiental continúa. 

La deforestación en las selvas del Darién en Panamá sigue de manera acelerada, advierten los nokos, líderes indígenas del pueblo Emberá Wounaan. Lo mismo ocurre en el sur del continente, en Paraguay, donde los Ayoreo Totobiegosode, el único pueblo indígena en aislamiento voluntario fuera de la Amazonía, cuidan el bosque del Gran Chaco sudamericano de la tala ilegal. Esa fuerza protectora también la profesan los Guardianes de la Selva, del pueblo Guajajara de Maranhão en Brasil, quienes defienden su tierra de los invasores.

 Otra de las voces que se hacen oír para exigir justicia ambiental es la de Diana Ríos Rengifo, quien asumió la defensa de la Amazonía peruana luego del asesinato de su padre Jorge Ríos Pérez en 2014. Jorge era un reconocido líder indígena ashéninka en la lucha contra madereros ilegales, y ahora Diana se ha convertido en la protectora de los árboles de Saweto, comunidad ubicada cerca de la frontera con Brasil. 

En los últimos seis meses de 2020, distintas amenazas y riesgos se han hecho más evidentes en los territorios y líderes y lideresas se han llenado de valor para alzar la voz. Es el caso de Hortimio Ochoa, del pueblo Huöttöja, quien defiende la cuenca hidrográfica del río Cataniapo en el estado Amazonas contra la minería y la incursión de grupos armados, entre ellos, disidentes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. 

En México, indígenas tepehuanos protegen sus tierras ancestrales de la comunidad autónoma de San Lorenzo Azqueltán de los terratenientes que los han torturado, amenazado y desplazado. Y en el norte de Honduras, el líder comunitario Juan López se opone con vehemencia a un proyecto minero por el cual se ha reducido la zona protegida del Parque Nacional “Montaña de Botaderos Carlos Escaleras”. Por esta labor, Juan enfrenta un proceso judicial junto con otras 31 personas, de las cuales ocho ya llevan un año en prisión. 

El cuidado de los territorios no se hace en solitario. Organismos regionales y locales promueven marcos normativos y comunitarios para la preservación de los recursos naturales y de las personas que dependen del bosque para su supervivencia física y cultural. En México, abogadas que integran las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) alertan sobre cómo, a partir del inicio de la pandemia, los procesos de defensa fueron afectados por la parálisis en los sistemas de justicia ambiental. 

Sin embargo, no todo es desolador. Hombres y mujeres latinoamericanos sortean los problemas y retos con dignidad. En Colombia, para las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (Cavida), ubicadas en el norte del departamento del Chocó, la pandemia ha representado un reto por el aislamiento pero también una oportunidad para concentrarse en la reforestación de sus territorios colectivos. Allí, los pueblos afrocolombianos, indígenas y mestizos trabajan en colectivo para salvaguardar este “pedacito de tierra”, herencia en vida para sus niños y niñas. 

Más al norte del continente, en El Salvador, el sector circundante al Río Sapo es protegido con el apoyo de nueva tecnología y prácticas comunitarias. Esta zona tiene potencial para convertirse en el área natural protegida más grande del país y es la única zona con probabilidades de alojar a uno de los grandes felinos de las Américas: el puma. 

El tejido de voces de personas indígenas, campesinas, afrodescendientes y mestizas, reunido en la serie #DefenderSinMiedo, retrata la lucha diaria por la protección del medio ambiente y de la tierra, y el resguardo de medicinas ancestrales y de memorias vivas; ellos y ellas saben que la Madre Tierra es la que provee el aire limpio, la seguridad alimentaria y la preservación de la vida misma.

En el siguiente mapa explore la ubicación de las historias.

La serie#DefenderSinMiedo es un proyecto de periodismo de investigación liderado por el medio independiente Agenda Propia en coordinación con veinte editores, periodistas, diseñadores, traductores y medios aliados de México, Perú, Colombia, Honduras, Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Argentina y Estados Unidos. La serie se realizó con el apoyo de la ONG global Environmental Investigation Agency (EIA). 

A las y los 15 defensores que apoyaron con sus testimonios, relatos y fotografías para desarrollar esta serie periodística. A la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia.