Esta es la historia de Gabriela. Tiene doce años. Ella, junto a otros 33 niños y 220 personas adultas, hace parte de la policía comunitaria de su pueblo Ayahualtempa. En este relato, Gabriela cuenta quién es, lo que le gusta y habla de la defensa de su territorio indígena Náhuatl en la Montaña de Guerrero al sur de México.

Nota editorial. Por solicitud de la familia, en este texto no se comparten los apellidos de la niña protagonista y de su madre. Viven en un contexto en el que la violencia entre grupos armados rodea a los niños y a las niñas y a sus comunidades.

Gabriela vive en Ayahualtempa, pueblo indígena Náhuatl en la región de la Montaña de Guerrero, al sur de México. A sus doce años, ya hace parte del sistema de autodefensa de su comunidad. El día que la conocí, llegué en su búsqueda, muy admirada por las historias que había oído respecto a la primera niña policía, no sabía realmente quién era. Era casi como una leyenda. Estaba parada en la mitad de la cancha del pueblo, refundida entre niñas y niños jugando. Les pregunté por ella. Entonces, me la señalaron: “está allá arriba”. Al mirar, vi a una niña curiosa y alegre trepada en una de las columnas de color verde que sostienen la cancha del pueblo. 

La primera noche, de las dos que pasé en Ayahualtempa, tenía miedo. Miedo a la oscuridad, al silencio. De repente, Gabriela salió a la luz de la escuela, una pequeña aula frente a una galera en la que se corta madera, que también está detrás de la Casa de Justicia y de Seguridad en donde la comunidad resguarda a las personas que son detenidas. De pronto, en la puerta, como una aparición, se manifestó ella. Le pregunté: “¿no tienes miedo?”. Ella, con una sonrisa, dijo: “No, no tengo miedo”. Luego, mientras estaba sentada en la cancha pensé: “claro, Ayahualtempa es su casa, conoce cada pedazo de su tierra”. 

En náhuatl, lengua de los mexicas, también conocidos como aztecas o nahuas, Ayahualtempa significa “lugar donde hay agua”. Este pueblo es un lugar pequeño abrazado por la tierra roja de la región de la Montaña Baja, en el municipio de José Joaquín de Herrera que tiene una extensión territorial de 133,4 kilómetros al sur de México. Guerrero es un Estado de poblaciones originarias en el sur del país, allí se encuentra el municipio de Iguala de la Independencia en donde fueron víctimas de desaparición forzada los 43 estudiantes indígenas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, escuela para la formación de maestros. 

Cuando habla sobre su papel en la policía comunitaria, Gabriela cuenta, en su voz grave y ronca, que le gusta el entrenamiento “porque hago ejercicio para saber cómo nos vamos a defender. Para defender mi pueblo y las escuelas, para defender este territorio. Para cuidar y defender a mi familia”. Sin embargo, ella no es solo una niña policía. Victoria, su mamá, nos comparte que Gabriela también va a la escuela, cursa sexto grado de primaria (educación básica). Cuenta que no siempre tiene clases. Por un tiempo no llegaban los maestros debido a la violencia que ha afectado a la comunidad, y luego, a esa violencia, se le sumó la pandemia de los años recientes. Sin embargo, hoy, cuando las visito, en marzo de 2022, son más frecuentes las clases. 

Al preguntarle por su territorio, Gabriela dice que lo que más le gusta, y lo que defiende, son “las casas de muchos colores, las flores y los árboles”. Dentro del núcleo agrario de Ayahualtempa hay cuatro manantiales de donde brota agua, de ahí su nombre. Allí el pueblo ha creado su propio sistema de abasto para 350 familias, con un tanque hecho de tabique para almacenar el agua, y con una manguera la bajan a la comunidad (es agua del cerro que no necesita purificarse). También está una laguna a la que llaman Ayehuajli, importante para el riego de tierras.

En nuestro encuentro creativo, en el que a veces fluyen más los trazos que las palabras, Gabriela aprovechó para dibujarse con su paliacate, pañuelo para cubrir el rostro y que es la simbología de la protección y de la autodefensa de los pueblos indígenas en México. Curiosamente, en nuestro tiempo juntas, nunca quiso posar para una foto con el pañuelo puesto, que es parte de su uniforme. En su jornada de dibujo, Gabriela también pintó el salón del Comisariado Ejidal y la laguna donde hay mojarras pequeñas. Hizo varios autorretratos que ahora son parte de su autobiografía, como protagonista de su propia historia.

Mientras veíamos los retratos que hicimos con la cámara, puse música en mi celular. “Creo en lo imposible,creo que es posible, hacer de este mundo, un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza”, sonó la cantante chilena Ana Tijoux con su canción “Creo en ti”. Gabriela volteó a verme y preguntó “¿Quién es esa?”, le compartí de quién se trataba y me dijo “me gustan todas las músicas, de eso me gusta”. Unos meses atrás el gobierno había llevado al pueblo un programa con cantantes y artistas en donde escuchó algo parecido.

La policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Ayahualtempa se conformó el 16 de mayo de 2015 por la población indígena que ejerció su derecho constitucional de autonomía y sistema de justicia propio por el constante abandono institucional y la violencia no reconocida por los gobiernos locales. En el primer semestre de 2022, la policía estaba integrada por 220 personas adultas, entre hombres, adolescentes y 34 niños y niñas entre los seis y los doce años. 

Tras el asesinato de 10 músicos indígenas en el pueblo vecino de Alcozacán, cuando regresaban de un festejo, en enero de 2020, Gabriela y otros niños, como su hermano Guillermo, de 10 años, decidieron sumarse, de manera voluntaria, a la policía. En ese entonces, Maximiliano, el papá de ambos, ya hacía parte del sistema. Luego la vinculación de los niños fue oficializada en una asamblea del Consejo Transregional del Gobierno Náhuatl. Entrar a la policía comunitaria fue cosa de Gabriela, cuenta su mamá: “Si ella quiere entrar pues que entre, ahí está su papá. Yo me siento mejor, porque estamos sirviendo al pueblo”. 

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero indica en sus artículos 115, 239, 249 y 241 la creación de organismos de defensa de población indígena bajo cuidado de comités de desarrollo indigenista. Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Transregional del Gobierno Náhuatl, y parte de la CRAC-PF en Ayahualtempa, dice que estar en el sistema comunitario es como una preparación para los niños y las niñas, para que cuando sean grandes puedan defender sus derechos. El reglamento del sistema comunitario habla acerca de la participación de la población en general, incluidas las personas menores de edad y las adultas mayores. 

En Ayahualtempa es la primera vez que una policía comunitaria en Guerrero, y en México presenta a niños uniformados y armados en respuesta a las condiciones en las que el gobierno no garantiza su seguridad. “Se les enseña cómo usar las armas, y para qué son las armas, porque hasta el momento el gobierno no ha brindado seguridad, y entonces los pueblos lo tienen que hacer”, dice y profundiza en que el entrenamiento consiste en una práctica de cómo defenderse, en pláticas sobre el respeto y sobre el reglamento interno que se rige en los usos y costumbres de la Policía Comunitaria, todos dentro de la Constitución Mexicana. “Lo que estamos haciendo es para seguridad, para el pueblo, para la familia, y para todos los recursos que hay dentro del territorio”, insiste Luis Morales. 

Para la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias, lo que se intenta hacer en Ayahualtempa es acabar con la inseguridad, la violencia marcada contra las niñas y las adolescentes porque son las personas más vulnerables. Según Neil, desde afuera hay temor de que las niñas y los niños se estén organizando como parte de la Policía Comunitaria, pero esto realmente cuestiona si son suficientes los mecanismos que se implementan en los municipios en términos de seguridad. 

Llama mucho la atención, dice Neil, que desde el gobierno federal llegaron a la comunidad para decirles que no sean las armas, que no sea la violencia las herramientas para combatir la violencia, sino los valores y los principios. El mensaje es que los niños no se tienen que organizar y se piensa que los padres son los que obligan a sus hijos a que tomen las armas para defenderse. “Lo que vemos más allá de todo eso, es que sí hay una desesperación, un grito, un clamor dentro de las comunidades. Porque sabemos que allá se padecen situaciones peligrosas y que sí tienen un impacto, porque de pronto escuchamos que ya fueron al municipio, que ya desaparecieron, que encontraron muerta a la gente”, explica. 

En el Balance Anual 2021 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el apartado “Violencias: Vivir y Morir en la Guerra” sostiene que la grave crisis de violencia armada en el país no es un hecho aislado o temporal. El país norteamericano vive una guerra desde hace 15 años que se despliega por los territorios, colonias y los hogares, tocando a niñas, niños y adolescentes mexicanos. Los impactos negativos de esta representan una de las peores formas de violaciones a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, pues atenta contra la posibilidad de ver realizados sus derechos. 

En entrevista, Tania Ramírez Hernández, directora de Redim, reivindicó que la presentación en armas de las niñas y niños de la Montaña de Guerrero se observa como un acto político y performativo en donde su participación no puede compararse con el reclutamiento en otros lados, con otros actores y otras dinámicas. Desde la Red consideramos que poner armas en los niños, incluso si estas son de madera y antiguas, les acerca a la violencia simbólica. Sin embargo, precisó que en el caso de Ayahualtempa es una expresión límite de un hartazgo y de una desesperación. Esto, en el caso de la profundización de la violencia en los pueblos. Las policías comunitarias tienen otro origen y génesis que están enraizados en sus sistemas normativos propios. “Quiero pensar que no se trata simplemente de un adiestramiento como podría ser en cualquier otro cuerpo policial o militar”, resaltó. 

“La participación de las niñas y niños es un derecho, y lo es en todos los asuntos que están relacionados con sus vidas. No habría minera, hidroeléctrica, mega proyecto que no debiera de contar con un componente de participación, en el que escuchen sus voces sobre el país que construimos”, agregó Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Victoria, su mamá, cuenta que Gabriela nació en su casa, estaban solas, lo hizo gritando, como diciendo “ya nací”. Dice su mamá que Gabriela tiene amigas con las que pasa mucho tiempo jugando, siempre fue así. “Cuando está contenta hasta me abraza, porque cuando se enoja, luego vas a ver que se enojó, mero se ve”. 

En la mañana de mi último día en Ayahualtempa, con el sonido del agua que corre de los manantiales, el cantar de los gallos, grillos, y el zumbido de las abejas al salir el sol, Gabriela aprovechó para explicarme que la cancha es su lugar favorito porque ahí juega con el balón de básquet y con sus amigos. Antes de despedirnos, me dijo: “Sé que están contando sobre mí, me hace feliz”.