Uno de los caminos que corre junto al río Bío Bío conduce a comunidades del pueblo indígena Mapuche Pewenche como El Avellano, Quepuca Ralco, Ralco Lepoy y El Barco, en el sur de Chile. En la ruta se ve un paisaje verde, imponente. Es bosque nativo invadido en algunos puntos por monocultivo forestal de pinos y eucaliptos. Inmensas lagunas azules. Muchos de los turistas que se toman fotografías ignoran que esa belleza es artificial y está asentada en el despojo. Son inundaciones que incluso cubrieron un cementerio indígena. Primero el embalse de la Central Hidroeléctrica Pangue en 1996, luego Ralco en 2004 y Angostura en 2014. Hoy un nuevo proyecto aprobado, Rucalhue, tiene a jóvenes movilizándose para impedir su construcción, para que el despojo no vuelva a ocurrir en su territorio.

Llegar no es una tarea sencilla, menos ahora debido a la disminución de la frecuencia con la que pasan los buses producto de la Covid-19 desde la ciudad de Los Ángeles, capital de la provincia de Bío Bío, en la octava región de Chile. “Es bonito allá, excepto por las represas”, dice un taxista mientras conduce a una estación de autobuses. Según datos de la comuna (municipio) Alto Bío Bío posee alrededor de 6.000 habitantes, de los cuales más del 80% son indígenas Mapuche Pewenche, es decir, “gente del pewen” o araucaria en español, árbol sagrado.

El río Bío Bío nuevamente podría ser intervenido por dos poderosas empresas y la memoria colectiva de lo sucedido con la instalación de las represas desde la década de los noventa tiene en alerta a jóvenes, Mapuche y no indígenas. Realizan eventos virtuales, reuniones e incluso en dos ocasiones —en febrero y en diciembre de 2021— hicieron una toma para detener la construcción donde una de ellas, la transnacional China Three Gorges Corporation, pretende instalar la nueva central Rucalhue, que cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental favorable. El 6 de diciembre de 2021 Carabineros de Chile  desalojaron a los manifestantes, los detuvieron y los golpearon.

Mientras tanto, la Corporación Reguemos Chile, presidida por el empresario agroindustrial Juan Sutil —el presidente de la Confederación de la Producción y de Comercio (CPC) de Chile—, impulsa el proyecto Carretera Hídrica, la cual pretende construir un gran canal de regadío de cinco tramos para extraer agua desde el Río Queuco, Región del Bío Bío hacia la Región de Atacama, en el norte de Chile. Comunidades indígenas y expertos ambientalistas cuestionan este megaproyecto. ​​El agua sería extraída del río Queuco. La Corporación no ha realizado ningún tipo de consulta a las comunidades, según personas del territorio y el alcalde de la comuna de Bío Bío, Nivaldo Piñaleo, en declaraciones en la radio Biobío Chile, hecho que contradice el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile.

El agua o “ko”, en idioma mapudungun, es uno de los componentes fundamentales en la espiritualidad Mapuche. Por eso, Fernanda Castro Purran es una de las jóvenes que ha asumido la responsabilidad de la defensa del río, quien señala que la actual lucha se debe al ejemplo de las mujeres en el territorio. 

Es una de las creadoras del colectivo Malen Leubü, un equipo de rafting de mujeres Mapuche Pewenche de la comuna de Alto Bío Bío. “Nos inspiramos en las ñañas (forma cariñosa de llamarse entre mujeres) Quintreman, la lamngen (hermana en mapudungun) Aurelia, la naña Ana Treca. Nosotras nos acercamos a ellas y seguimos recibiendo sus consejos, porque a pesar de los años que han pasado y todo lo que entregaron, siempre está la disposición de conversar y manifestarse cuando se tiene que hacer. Las admiramos y agradecemos su trabajo, las mujeres han sido generadoras de procesos importantes en este territorio. Son una inspiración para continuar”. 

¿A qué proceso histórico se refiere Fernanda? A Ralco, símbolo de una lucha recordada por toda la comunidad. La represa más grande en Chile, ubicada a 105 kilómetros al oriente de Los Ángeles, que cambió la vida de familias Mapuche Pewenche y marcó un hito en la defensa indígena por la “Ñuke Mapu”, o Madre Tierra. El proyecto no solo significó la relocalización de familias que residían en el área de inundación y la alteración ecológica que sufriría la cuenca del río Bío Bío, sino también un menoscabo en la forma de vida de este pueblo originario. También se inundó el cementerio Quepuca, lo que dejó bajo el agua, a 60 metros de profundidad, los restos de los ancestros de cerca de 700 indígenas. Luego de diez años, la empresa Endesa ofreció disculpas públicas, como lo informó diarioUchile.

“Todo el andamiaje estatal fue puesto al servicio de la trasnacional española, principalmente el represivo, como pudimos observar y sufrir todos quienes entre 1997 y 2004 colaboramos con aquella emblemática resistencia. Y después dicen que son los Mapuche los salvajes, los conflictivos, los violentos”, reflexionó el periodista Pedro Cayuqueo, tras la emisión en televisión abierta chilena del programa “Lugares que Hablan Alto Bío Bío, Tradición Ancestral” del conductor Francisco Saavedra, en 2017.

Actualmente en Chile no se reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, sin embargo, el carácter plurinacional del país se está discutiendo en el actual proceso constitucional que, de aprobarse el plebiscito el próximo mes de septiembre quedaría consignado en la nueva carta Magna. Hasta ahora, solo existe la ley 19.253 o ley indígena que reconoce a los pueblos: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameños o Lickan Antai, Quechua, Colla, Chango, Diaguita, Kawésqar y Yagan. En el caso del Pueblo Mapuche, existen identidades territoriales según la zona geográfica, como los Pikunche, Pewenche, Wenteche, Nagche, Lafkenche, Mapunche y Williche.

La comuna de Alto Bío Bío fue creada el 25 de agosto de 2003 y aprobada en el congreso en 2004. Esta se separó de la comuna de Santa Bárbara. Su creación responde al compromiso acordado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la intervención en el conflicto suscitado con motivo de la construcción de la represa Ralco. 

En el documento, el Estado chileno se compromete a “acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Bío Bío”. Promesa que no ha sido cumplida.

“La represa se construyó con bastante engaño”, asegura el lonko (líder indígena) Segundo Suárez Marihuan, de la comunidad Malla Malla. 

Y añade: “En 2004 se instala también la municipalidad con la que yo nunca estuve de acuerdo. Ahora hay más conciencia desde los “lof” —organización ancestral del pueblo Mapuche— de que que estamos en recuperaciones de tierras. Estamos trabajando en la reconstrucción del conocimiento ancestral para lograr la liberación de la nación Mapuche. Las forestales, Endesa, el mundo empresarial, han hecho un daño tremendo a nuestra tierra. Tienen que hacer abandono; si no se retiran, la gente que estamos en recuperación consciente estamos obligados a hacer el otro trabajo, que es el sabotaje, porque con palabras, con diálogo, no han entendido”. 

Según consigna el sitio web Memoria Chilena, de la Biblioteca Nacional del país, fue el 22 de mayo de 1990 —recién terminado el régimen de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet— cuando el Ministerio de Economía autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, cuyo objetivo final era la construcción de una serie de seis centrales en el río Bío Bío. La decisión provocó de inmediato una fuerte oposición al proyecto. 

En 1997 —con una inversión de 570 millones de dólares— se iniciaron las obras de excavación de 9,2 metros de diámetro y 7 kilómetros de longitud, área que fue en su totalidad revestida de hormigón, según señala la descripción del proyecto hidroeléctrico desarrollado por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa), empresa chilena privatizada, filial de Endesa España. Actualmente la multinacional Grupo Enel posee el 70,10% de Endesa. Se inundaron cerca de 3.500 hectáreas de terreno ancestral indígena, en las que estaba, incluso el  cementerio Quepuca. Esto afectó a las comunidades de Ralco Lepoy y Quepuca.

Fue el 27 de septiembre del 2004 cuando finalmente se inauguró Ralco. El diario El Mercurio, uno de los más influyentes del país titulaba “La Central: Desde hoy, Chile es más potente”: Tendrá una potencia de 570 MW y aportará un promedio de generación eléctrica de 3.100 GWh, utilizando un caudal de 232 metros por segundo y una altura de caída de 175 metros. Todo esto la transforma en la central hidroeléctrica más grande del sistema energético chileno. En términos simples, el aporte de Ralco constituirá un poco más del 9% de la energía requerida por el Sistema Interconectado Central (SIC) en 2004”, esbozaba parte del texto, que no menciona la resistencia indígena que existió desde 1997, ni lo que significó la construcción para las familias Mapuche Pewenche. 

“Ni muerta me sacarán de mis tierras", fue una de las frases de Nicolasa Quintremán Calpán, Mapuche Pewenche y habitante de la comuna del Alto Bío Bío, quien junto a su hermana Berta se convirtió en el rostro visible de la lucha, de años, en contra de Ralco.

Berta y Nicolasa, junto a comunidades y organizaciones, lograron paralizar la construcción del megaproyecto en un par de ocasiones: entre agosto de 1997 y enero de 1998 y desde septiembre de 1998 hasta enero de 1999, en el gobierno de Eduardo Frei.

El 24 de diciembre de 2013 Nicolasa, de 74 años, apareció ahogada en el lago artificial de Ralco. Las pericias indicaron que murió por una asfixia por inmersión y que las heridas en su cuerpo responderían a una caída producto de su poca visión, informó CNN Chile.

En marzo de 2022, el Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric -en su primera semana como gobernante-, firmó el Acuerdo de Escazú y rememoró la figura de Nicolasa, recordando a quienes defienden el medio ambiente y han sido víctimas de amedrentamientos, hostigamientos y amenazas, según se dio a conocer en Interferencia. “Pienso en aquellos casos en donde la duda aún nos carcome. Estoy pensando en Macarena Valdés. Estoy pensando en Nicolasa Quintremán”, indicó el mandatario.

De acuerdo con el sitio web de Enel, la construcción de Ralco obligó a relocalizar a 81 familias —400 personas aproximadamente—, lo que dio origen a las comunidades Ayin Mapu, en la comuna de Santa Bárbara, y El Barco, en el sector alto de la comuna de Alto Bío Bío. Asimismo, indica que la empresa ha impulsado “un respeto irrestricto a los Derechos Humanos, individuales y colectivos, de las familias y comunidades”, algo que no sucedió según los habitantes, pues al contrario, señalan que hubo engaños y abuso de poder.

Domingo Namuncura, que en aquella época fue director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y se oponía a la realización de Ralco, recuerda que se encontró con el proyecto “de la noche a la mañana” cuando lo llamaron de La Moneda —la casa de gobierno— a fines de marzo de 1997.

“Ralco era estratégico para el gobierno, oponerse era un problema muy crítico. Estaba afectando las relaciones de confianza que los pueblos indígenas estaban construyendo con el gobierno desde el Pacto de Nueva Imperial. Diseñamos una estrategia en Conadi para conocer más a fondo lo que estaba pasando en el Alto Bío Bío y ponerlo en conocimiento de la opinión pública”, señala Domingo Namuncura.

El Pacto de Nueva Imperial fue un hecho que ocurrió en 1989, cuando el entonces candidato a la presidencia y luego mandatario, Patricio Aylwin, de los Partidos por la Concertación, se comprometió con organizaciones de los grupos originarios Mapuche, Huilliche, Aymara y Rapa Nui “al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales”, reconocimiento que no existe hasta el día de hoy. Uno de sus compromisos se tradujo en la Ley Indígena, que creó Conadi, organismo que está encargado de la promoción, coordinación y ejecución de los planes de desarrollo estatal para los pueblos indígenas, pero que ha sido cuestionado por su gestión, principalmente por el poco gasto de presupuesto en compras de tierras indígenas, según consignó Interferencia.     

Domingo viajó en varias oportunidades a Ralco. “Las condiciones eran difíciles para llegar a Santa Bárbara y ahí subir hasta Ralco Lepoy, en ese tiempo había menos carreteras y caminos. Armé una comitiva, incluso instalamos una oficina filial de Conadi en Ralco, en la iglesia parroquial de Santa Bárbara, para ayudar a la gente y entender lo que estaba pasando”.

“Me reuní con la junta de caciques en varias ocasiones y me di cuenta en el terreno de que las familias Mapuche Pewenche estaban siendo engañadas por Endesa y que las autoridades de gobierno no tenían suficiente conocimiento de lo que estaba pasando”, añade Domingo, quien también fue embajador de Chile en Guatemala entre 2014 y 2018. Recuerda que, en sus viajes a terreno, conversando alrededor de fogones con familias, se dieron cuenta de que Endesa había desplegado una gran operación para convencer a los pewenche de que la construcción de Ralco era lo mejor que les podía pasar.

“La Ley Indígena, desgraciadamente para el caso Alto Bío Bío, facilitaba las cosas en el siguiente sentido: la ley establece que las tierras comunitarias están totalmente protegidas, no pueden embargarse, no se pueden hipotecar, vender, arrendar, el título de propiedad es absoluto para la comunidad. Pero en caso de tierras inscritas en nombre de familias indígenas, la ley facilita el mecanismo de la permuta, siempre y cuando sea de mejor calidad. Endesa se acogió a esa norma porque las tierras pewenche, sobre las cuales se construyó finalmente la central Ralco, paradójicamente no eran de propiedad comunitaria, sino de familias pewenche, ese dato fue nefasto”, explica Domingo Namuncura.

Según los testimonios que él recogió, Endesa visitó a las 94 familias que tenían que salir de Ralco y las fue convenciendo, una por una, con una serie de engaños. “Endesa fue logrando que los jefes de hogar, muchos que no sabían leer ni escribir en castellano, pusieran una huella de su dedo en una promesa de permuta. Les decían ‘su vecino ya firmó la permuta, entonces usted va a tener un problema, solo nos falta usted, le ponemos una vaca más, pero firme’, y los llevaban en una camioneta a Santa Bárbara y como el viaje era largo, los llevaban a almorzar y luego a la notaría a firmar la permuta”.

La gente confiaba en que en el escrito estaba lo que les habían prometido. 

En su libro, Ralco: ¿Represa o Pobreza? (LOM, 1999), Domingo Namuncura ofrece una serie de datos. El texto da cuenta del proceso de audiencias con familias pewenche firmantes de las primeras solicitudes de permutas de tierras. 

Una de las preguntas es: ¿usted entiende claramente lo que dice el contrato que firmó y que se le exhibe en este acto? Aquí algunos extractos:

JOSÉ BENÍTEZ VITA.: "Yo no sé leer ni escribir, pero sé firmar. Mi señora no sabe nada. Otra persona firmó por ella. Me leyeron el contrato, pero no me quedó todo en la cabeza, Ahora me entero que en el contrato hay algo malo, porque la hijuela que a mí me iban a dar era de 35 hectáreas y además un millón ochocientos veinte mil pesos; y me ofrecieron dos vaquillas, un caballo ensillado..."

DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Yo sé leer y escribir y mi señora solo firma. El contrato me lo leyó el señor notario. La verdad es que yo entendí que de las 20,65 hectáreas sólo me permutan 0,66 hectáreas y Endesa me devolvería 20 has, pero ahora me doy cuenta que en el contrato aparece que estoy permutando el total y así no era el contrato, porque si ahora Endesa no cumple con devolverme la suma de $ 1.780.630... lo que a mí no me conviene para nada”.

SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Entiendo lo que dice el contrato porque me lo leyó el señor notario, aunque no sé leer ni escribir. Estampé mi huella en el documento. Firmó a ruego mi hijo Eleuterio".

JOSÉ CALPAN C.: "Yo sé leer, pero no entiendo mucho y la firma es la que aparece aquí. El señor notario leyó el contrato y nosotros entendimos lo que se leyó".

JOSÉ CORDOVA CALPAN: "Yo no sé leer ni escribir. No entendí lo que me leyeron. Solamente puse mis iniciales".

JOSÉ CALPAN CALPAN: "Del contrato poco entiendo. Yo no sé leer ni escribir, pero estampé mi dígito pulgar derecho en el contrato. Soy soltero y vivo con mi sobrino".

JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "Yo no sé leer ni escribir. Sólo sé escribir mis iniciales, las que aparecen en el contrato. Sólo me leyeron la mitad del contrato...".

Domingo Namuncura, junto a su equipo de aquel entonces, realizó un seguimiento de peticiones, hicieron 64 entrevistas a personas que firmaron contratos de promesa de permuta con Endesa. El informe concluyó que las solicitudes de permuta no se enmarcaban en la libre y espontánea voluntad de los Maouche Pewenche, que la relocalización alteraría sustancialmente las condiciones de vida, cultura y medio ambiente de las personas y comunidades del sector; que las tasaciones de las tierras pewenche presentadas por Endesa no contemplaban sus aptitudes y potencialidades, y que las permutas en general adolecían de insuficiencia material, por cuanto, generando el desarraigo de la comunidad, no garantizaban la equivalencia necesaria para compensar el valor agregado cultural.

Todo ello se incluyó en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002 contra del Estado de Chile, las denunciantes fueron Mercedes Julia Huenteao Beroiza, Rosario Huenteao Beroíza, Nicolasa Quintreman Calpán, Berta Quintreman Calpan y Aurelia Marihuan Mora, integrantes de la Comunidad Indígena Ralco Lepoy, del Alto Bío Bío, Chile.

Finalmente se firmó un acuerdo con el Estado de Chile en octubre de 2003. 

Para Martín Correa, Nicolasa Quintremán “era una mujer de campo, una mujer Mapuche, y se convirtió en líder sin haber sido jamás dirigente, y lo hizo por defender su tierra y la de sus hermanos. Ella se hizo líder a fuerza de circunstancias, resistiendo los embates de Endesa y las presiones de los gobiernos de Frei y Lagos. Ella y seis mujeres defendieron la dignidad de un pueblo entero, el pueblo Pehuenche, y si en un momento ella, su hermana Berta, y las cinco mujeres que resistían se quebraron, fue fruto de la tremenda presión que sobre ellas se hizo, de Endesa, día a día, del gobierno y sus agencias, del propio presidente Ricardo Lagos, que se trasladó en helicóptero a su ruca a decirle que se tendría que ir sí o sí. A Nicolasa los funcionarios de Endesa y aquellos pehuenches que la empresa cooptó le tiraban sus camionetas, la amenazaban, en las noches le tiraban piedras a su casa… Nicolasa resistió cuanto más pudo”, indicó en el medio chileno El Mostrador. 

Fernanda Castro Purran es una joven Mapuche Pewenche, de 30 años, quien nació y se crió en la comunidad de Callaqui, en el Alto Bío Bío. Cuando era niña su abuela tejía witro— conocidos como tira piedras— y cada vez que los confeccionaba tenía mucha rabia. Le decía a su nieta que “para los chiquillos”. En ese tiempo los primos de Fernanda se iban a manifestar contra los proyectos. “Yo era una niña cuando empezaron a protestar contra Pangue, que fue el primer proyecto que llegó”, recuerda.

Fernanda es profesora y se dedica a hacer programas e intercambios culturales con jóvenes de distintos territorios del mundo en la ONG internacional “Ríos to Rivers”, una organización fundada para capacitar y educar a la comunidad en el cuidado de los ríos en el mundo. Además, junto a Yoana Benítez Necul fundó el equipo de rafting femenino Pewenche Malen Leubü (niñas del río). De su abuela, Rosa Milla, aprendió la espiritualidad Mapuche y la manera de cuidar la naturaleza. Desde que tiene conciencia su familia ha estado enfrentando proyectos extractivistas que se han emplazado en el territorio.

“Ella me llevaba al río y conversaba con él, pero decía que había que hacerlo en mapudungun, porque si no era muy difícil conectarse con el agua”, recuerda.

El abuelo de Fernanda Castro Purran, José Guillermo Purrán Treca, de la comunidad Callaqui, fue detenido desaparecido víctima de la dictadura militar en 1973. Era dirigente y reconocido a nivel territorial. Fernanda no lo conoció y la única fotografía que tenía de él se quemó cuando la casa de su tía mayor se incendió. 

Según el relato que les contó un lamngen (hermano en idioma mapudungun) de la comunidad que estaba con su abuelo, ellos iban camino a Ralco desde Santa Bárbara cuando los retuvieron, los llevaron a la comisaría y los soltaron. Luego, cuando iban caminando pasó un grupo de militares y les preguntó quiénes eran. Los tomaron, los amarraron de pies y brazos y los subieron a un camión, lo que recuerda la persona que sobrevivió es que estaban parados en el Puente Quilaco donde pasa el río Bío Bío, cerca de Santa Bárbara y les dispararon.

“El lamngen cuenta que se hizo el muerto, lo patearon y logró soportar y a mi abuelo le dispararon en la pierna y lo tiraron del puente hacia el río Bío Bío con los brazos atados. Cada vez que se ha encontrado un cuerpo, estamos alerta, siempre tenemos esperanza, mi tía mayor ya tiene más de 60 años y todavía se manifiesta, ella lidera la búsqueda de justicia. Yo me olvidé un poco de su cara, pero la memoria oral de la familia persiste, lo que mi familia recuerda de él, lo transmite”, dice.

Su abuelo no militaba en ningún partido político. “En esos años se luchaba por un colegio Mapuche y mi abuelo dirigía el proceso, en la casa de él se hacían las reuniones, siempre llegaba gente de muchos lugares. Dirigía el proceso y lo persiguieron por ser Mapuche y líder de causas sociales”, indica Fernanda Castro.

El 21 de noviembre de 2021 quemaron, antes de su apertura, la escuela autónoma Mapuche de Malla Malla liderada por el lonko Segundo Suárez. “Aquí íbamos a enseñar la autonomía, la libre determinación, el no someterse ni trabajar para quienes nos roban. Pero aunque hayan quemado el colegio nuestro conocimiento sigue intacto, no se vulnera. Todo lo que se ha trabajado no va a quedar en vano, tiene que lograrse”, reflexiona el lonko.

Fernanda trabajaba en el Liceo de Ralco dando clases de turismo cuando organizó el primer intercambio de jóvenes del Alto Bío Bío con jóvenes del río Baker —ubicado en la Región de Aysén en Chile— con Weston Boyles, fundador de la ONG “Ríos to Rivers”, la cual tiene como eslogan “concientizando a futuros guardianes de ríos”. Para la joven Mapuche Pewenche, lo importante no es decirle a los jóvenes que estén en contra de las represas, sino más bien, mostrar una realidad y que ellos mismos se formen su opinión, pero mostrando todas las aristas desde el discurso empresarial y también de los territorios y las personas afectadas.

En 2019 crearon Ríos to Rivers como una ONG chilena con un equipo multidisciplinario, participan personas de distintas ciudades como Concepción, Santiago y el Bío Bío. “El río Alto Bío Bío está constantemente amenazado”, reflexiona Fernanda Castro Purrán. “Lamentablemente nuestro territorio es visto como una zona de sacrificio” (en Chile se llama así a las áreas con destrucción ambiental o vertido de residuos).   

La joven Mapuche, quien conoce bien las montañas del territorio, confiesa que ella podría estar trabajando en una empresa de turismo o de guía de rafting comercial, pero que el extractivismo no se lo permite, por lo que hace tres años dedica su vida a la lucha y a la organización.

Tras la muerte de su abuelo, las tías y la madre de Fernanda asumieron la responsabilidad adulta a muy temprana edad. Su madre a los 12 años dejó de estudiar para ser empleada doméstica y a veces teme que a su hija le pueda pasar algo, está siempre preocupada. 

“Pero yo sigo con energía para luchar por justicia y para proteger nuestro territorio. Se decía hace años que iban a construir seis represas, ahora se está construyendo la cuarta, estamos peleando contra ella, y probablemente tendremos que pelear otra vez”, dice Fernanda.

En marzo de este año fue parte de la organización del “Programa de Liderazgo Ambiental para Protectores del río Queuco”, una iniciativa que fue impulsada por el Colectivo Femenino Malen Leubü, en colaboración con Bestias del Sur Salvaje y la ONG Ríos to Rivers. La instancia tenía como objetivo poner en valor el patrimonio natural y cultural del río Queuco, afluente del río Bío Bío, a través de una formación integral con conocimientos de la ciencia y de la sabiduría del pueblo Mapuche Pewenche. 

En el cajón del río Queuco, que hasta ahora no ha sido intervenido, vive el lonko Segundo Suárez Marihuan (56). Habla pausado y dice que es importante conversar alrededor de un fogón o al aire libre. Carmen Martínez, esposa del lonko, va poniendo agua al mate que comparte, se comunican en el idioma del pueblo Mapuche, mientras se va cociendo mote (grano de trigo hervido y pelado) en ceniza en el centro de su casa de piso de tierra. Uno de sus nietos juega con un pequeño ñarki (gato). Viven en un territorio recuperado en la comunidad mapuche de Malla Malla.

Para llegar a Malla Malla hay que cruzar un puente colgante que atraviesa el río Queuco. Ahí se cultivan algunos cereales, como el trigo y la avena. Se crían animales, como ovejas, cabras y chanchos. También trabajan en la apicultura, es decir, en la crianza y cuidado de las abejas. El lonko relata que el territorio histórico de Malla Malla corresponde a cerca de 37 mil hectáreas, pero que desde 1919 el Estado comenzó a reducir el territorio, el que empezaron a recuperar en el 2000, lugar conocido como el Fundo Queuco. 

Para el Estado chileno están instalados ilegalmente, para ellos, es una lucha legítima. 

Hace 21 años que Segundo Suárez es lonko, un cargo ancestral para el pueblo Mapuche. Al prepararse para asumir el liderazgo, lo primero que tuvo que hacer fue “sacar el miedo”. “Sabíamos que habría persecución, hostigamiento, encarcelamiento e incluso la muerte. Te dan donde más te duele, yo perdí un hermano”, dice.

Su hermano, Jorge Suárez Marihuan, paramédico, tenía 26 años cuando desapareció. El 11 de diciembre del 2002, tras cinco días de búsqueda, encontraron su cuerpo en la ribera del río Queuco. Según consta en el informe forense, la causa de muerte no fue inmersión, sino lesiones provocadas por terceros”, señala una publicación de Radio Kurruf. 

Un muro blanco en la ladera del cerro indica hasta dónde llegaría la inundación de una nueva represa en el Alto Bío Bío. A unos metros, varios jóvenes se tomaron el lugar desde el 21 de octubre de 2021 impidiendo el avance de la construcción de la multinacional China International Water and Electric Corporation, controlador de Rucalhue Energía en Chile desde mayo del 2018 y filial de China Three Gorges Corporation, la cual lideró la construcción de mayor hidroeléctrica mundial, “Las Tres Gargantas”.

El 15 de febrero de 2021 se tomaron el predio de la empresa, donde estuvieron cinco meses y medio. Habitantes del sector les llevaban frutas y agua. Se sentían apoyados por la ciudadanía local, lo cual pudieron comprobar el 7 de agosto en Santa Bárbara, cuando vivieron una marcha que catalogan como histórica. 

Para llegar a la toma hay que cruzar el río donde están los manifestantes. Uno de los jóvenes que está ahí —para este reportaje lo identificaremos como A.R, debido a que indican que han sido hostigados y perseguidos judicialmente— nació y se crió en Santa Bárbara, una de las comunas que se verá afectada con la construcción de la central Rucalhue.

“La lucha que se dio arriba en el Alto Bío Bío es una inspiración y enseñanza. Es una pena que en ese momento no se haya sumado más gente. Muchas personas pensaban que significaba progreso y trabajo, pero ahora ven el daño de las hidroeléctricas en el actual cauce del río. Por eso ahora estamos luchando para que no se repita, seguiremos movilizados”, dice A.R.

Cuando se presentó por primera vez este proyecto, en 2012, muchas de las personas hoy movilizadas eran menores de edad. En aquel momento, la empresa brasileña llamada Atiaia empezó a acercarse a comunidades en Santa Bárbara y Quilaco, en la Región del Bío Bío. Una de las personas que llegó a conversar fue Pablo Vidal, hoy diputado —ex Revolución Democrática, actualmente independiente— quien entre mayo de 2013 y agosto de 2017 se desempeñó como encargado de Relaciones Comunitarias del Proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue, “lo que permitió un diálogo anticipado de voluntarios con las comunidades indígenas y no indígenas”, según señala su perfil en la Biblioteca del Congreso.

En 2016, y luego de una consulta indígena, se aprobó el proyecto que ofrecía “inyectar 90 MW al sistema, construir un muro horizontal de 21 metros sobre el río, una línea de transmisión de 1,5 kilómetros y una inversión de US$240 millones”. Pero la firma brasileña quebró y en mayo de 2018 entró la multinacional China International Water and Electric Corporation, según consigna el Diario Financiero.  

“La promocionan como una consulta perfecta, como que no hubo oposición y buena participación, pero llegaron haciendo lobby. Pablo Vidal fue casa por casa diciendo falacias, que era un proyecto ecológico, verde y amigable, que es una central de pasada que no genera un daño. Manipularon, porque le decían a las personas que no estaban seguras o se querían oponer que no lograrían negociar nada y que el proyecto se haría igual. Hicieron que menores de edad se inscribieran en la junta de vecinos, son manipulaciones con base en las necesidades de la gente. Ofrecían becas de educación superior, seleccionaron a 22 estudiantes de Rucalhue para repartir 10 millones anuales, no alcanza a ser 37 mil pesos (45 dólares) mensuales”, dice A.R.

Para los jóvenes chilenos que están en la toma, las técnicas empresariales que hubo desde Pangue no han variado. “Hacen procesos sucios que indignan, no han cambiado sus formas”, añade dice A.R.

“En el sector también hemos sido relocalizados en los ríos. Yo aprendí a nadar en el río Huequecura, que fue el que inundó la central Angostura”, comenta A.R.

La Central Hidroeléctrica Angostura comenzó su operación en 2014 y pertenece a Colbún S.A., una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica, ubicada en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, en la Región del Bío Bío, con una inversión de U$675 millones, según indica el sitio web del proyecto.

“Desde pequeño tenía en mi recuerdo las historias de las construcciones de Pangue y Ralco. Después viene Angostura. Nos unimos jóvenes de Santa Bárbara y Quilaco para combatir este proyecto que ya estaba aprobado porque vienen a quitarnos uno de los pocos ríos que nos van quedando”, recuerda el joven.

Antes de participar en la toma ninguno de ellos estaba vinculado a una lucha ambiental, hasta que conocieron la Red de Ríos Libres sin tener un conocimiento más profundo, de lo único que tenían certeza era de la urgencia de proteger el río. Se comenzaron a organizar, dicen que haber visto a las “ñañas luchando” contra Ralco es una inspiración pese a que ellos no son indígenas del pueblo Mapuche.

María José Águila, geógrafa, explicó en el medio chileno Resumen, sobre este nuevo proyecto: 

“Si consideramos que perturbar una vez el flujo natural del caudal y el funcionamiento del ecosistema ribereño es impactar de manera negativa no solamente a las comunidades que se han visto enfrentadas a desplazamientos y cuestionadas relocalizaciones, sino también a las especies que habitan las zonas afectadas, generar este daño dos veces más, en diferentes tramos del río y de manera periódica produce una irrupción sistemática y nociva para cualquier intento de adaptabilidad de las especies, así como también sus probabilidades de sobrevivir en un entorno que está siendo constantemente deteriorado, donde las características biofísicas en las cuales acostumbraban a vivir se ven totalmente transformadas en más de una ocasión y en más de un lugar”.

El joven A.R cree que antiguamente era solo una lucha dada por indígenas, ya que fue poca la gente que se involucró en las protestas de las centrales anteriores, no como ocurre en la actualidad donde también se movilizan chilenas y chilenos que viven en Santa Bárbara y Quilaco. Considera que el histórico estallido social de octubre de 2019 fue clave en el despertar de la manifestación.

“La playita de Quilaco que construyó Colbún en el embalse solo “engaña” a los turistas, porque para la gente del territorio no es algo bonito, nosotros recordamos lo que había debajo del embalse. No queremos que vuelva a pasar”, concluye.

Nota. Esta historia hace parte de la serie periodística Caminos por la Pachamama ¡Comunidades andinas en reexistencia!, y se produjo en un ejercicio de cocreación con periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de la Red Tejiendo Historias (Rede Tecendo Histórias), bajo la coordinación editorial del medio independiente Agenda Propia.