Desde una comunidad del pueblo Jivi, ubicada en zona selvática del municipio Atures, estado Amazonas, un hombre indígena relata que teme que la explotación minera que se realiza cerca de su territorio y la presencia de grupos irregulares obligue a su comunidad a desplazarse. Hacerlo, dice, cambiaría las dinámicas de su pueblo, tradicionalmente dedicado a la pesca, la cacería y la artesanía, como ya le ha pasado a otros pueblos Jivi que han tenido que migrar, incluso a otros países. Según Provea, máxima organización de derechos humanos en Venezuela, en 2022 más de 200 indígenas Jivi del estado Amazonas atravesaron la frontera hacia Colombia buscando protección. Entonces, hombres y mujeres huían de combates entre disidentes de la antigua guerrilla colombiana FARC y el ELN. Esta cifra se suma al desplazamiento de seis mil indígenas Jivi, Huottöja, Yekuana, Sánema, Yeral y Yanomami que la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos (Fundaredes) ha documentado en los últimos cinco años. El número, aseguran ambas organizaciones, seguirá aumentando.

La minería ilegal en territorios indígenas de la Amazonía venezolana ha generado desplazamientos, como es el caso del pueblo Jivi. Uno de sus líderes, desde la zona selvática del municipio Atures, teme que la explotación de coltán y la presencia de grupos irregulares los obligue a salir de sus lugares de origen. Denuncia.

Una comunidad del pueblo Jivi teme que la explotación de coltán que se está dando cerca de sus territorios, cambie sus costumbres y genere desplazamientos masivos. Un hombre indígena, líder de su comunidad, de quien se preserva su nombre por seguridad, asegura que la extracción la está haciendo el grupo irregular colombiano Ejército de Liberación Nacional, ELN. 

“Hay comunidades como Sabaneta y Guayabal Sabana Tigre, Alcabala y Guahibo que ya la están trabajando, la están sacando, entonces, a mí me suma de una preocupación, si bien recuerdo, hace tres, cuatro años atrás, el coltán lo estaban sacando por el lado de Pavoni y quienes estaban administrando todos estos sitios han sido Elenos, el grupo irregular que ha estado manejando, administrando todo esto”, denuncia. 

Además, agrega que en 2022 un cazador de su comunidad, conformada por unos 500 habitantes, vio un campamento de guerrilleros del ELN en la zona selvática en donde los Jivi van a cazar lapas, venados y otros animales para su alimentación diaria. 

“Un cazador se dio cuenta de que sí había un campamento, tres días después cuando la comunidad se enteró, algunos fueron a ver, ya el campamento no estaba. A lo mejor se cambió, más arribita de la piedra, no sé, pero ese campamento desapareció”, relata.

Desde 2018, la presencia de grupos irregulares ha aumentado en Venezuela. Bajo ese nombre se conocen todas las agrupaciones armadas que no forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado, como la guerrilla colombiana del ELN, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los garimpeiros o mineros brasileños.

En el estado Amazonas, el auge de estos grupos, atraídos por la minería ilegal, ha sido denunciado por organizaciones no gubernamentales como Provea, Transparencia Venezuela, SOS Orinoco, Wataniba, Fundaredes, entre otras. También se han hecho múltiples investigaciones periodísticas dentro y fuera del país.

Para este indígena el gran temor es el desplazamiento. “Al apoderarse de todo esto, corremos el riesgo de que nosotros seamos también desplazados”, asegura.

Provea, la máxima organización de Derechos Humanos en Venezuela, recibió en 2022 la denuncia de la migración de más de 200 indígenas Jivi que desde el estado Amazonas salieron hacia Colombia buscando protección, irónicamente huyendo de combates entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN, ambas organizaciones armadas nacidas en el país vecino.

Esta cifra se suma al desplazamiento de seis mil indígenas Jivi, Huottöja, Yekuana, Sánema, Yeral y Yanomami que Fundaredes ha documentado en los últimos cinco años. 

“El foco no ha sido un solo municipio sino prácticamente en este momento todos los del estado son víctimas de esa situación de explotación minera y de desplazamiento por la presencia de grupos de esta naturaleza. Entonces, las personas optan por irse al Vichada colombiano, a Puerto Inírida en el departamento del Guainía y, por supuesto, por la zona más al sur, que es la República Federativa de Brasil, hacia San Gabriel de Cachoeira y toda esa zona alrededor de Manaos, la capital de Amazonas”, dice José Mejías, coordinador en Amazonas de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos (Fundaredes).

Organizaciones no gubernamentales como Transparencia Venezuela han denunciado que los grupos irregulares se “presentan en las comunidades indígenas con actitud mediadora y aseguran tener el respaldo del Gobierno nacional”, y que su propósito es brindar seguridad incluyendo “apoyos económicos”. Tras las necesidades que padecen las comunidades, algunos de sus líderes y miembros aceptan y terminan explotando minerales, “no obstante, quienes se oponen y defienden sus territorios son obligados a huir a otras zonas”, dice la organización.

Esta realidad ha sido denunciada públicamente y en reiteradas oportunidades en los medios de comunicación por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), que también exige protección a las personas que defienden y lideran en sus territorios. 

Para la Misión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el estado Amazonas “preocupan las violaciones de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, que representan casi el 45% de la población de este estado” por la expansión minera, la incursión de grupos armados y la invasión de sus territorios. 

Esta situación ha agravado el ya histórico éxodo venezolano que hasta enero de 2023 rondaba los siete millones de migrantes, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.

Para el indígena Jivi, este panorama puede cambiar si sus gentes se aferran a las costumbres tradicionales como lo han hecho de manera milenaria, entre ellas las artesanías y la cacería. Uno de sus sueños es ver a su comunidad con servicios de salud para sus familias y educación para sus niños y niñas. También confía en que con la protección espiritual y la unión de la comunidad se pueda hacer frente a estos problemas de desplazamientos y explotación de territorios que afectan la vida y la tranquilidad de sus familias y de la madre selva. 

La situación también depende de la organización de la misma comunidad, porque “si se mantiene unida y organizada y hace las denuncias ante las instituciones, es probable que el mismo Estado pueda garantizarles la protección”, agrega esperanzado.

Nota. La serie documental “Conuco de historias indígenas en resistencia. Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana” nació de un proceso de cocreación de periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de Venezuela y Colombia, parte de la Red Tejiendo Historias. La coordinación editorial estuvo a cargo del medio independiente Agenda Propia