Las obras de mitigación del riesgo de los ríos Sangoyaco y Mulato, y las quebradas Taruca y Taruquita –que bañan la ciudad de Mocoa en Putumayo– se diseñaron sin escuchar a sus pobladores y sin considerar que los afluentes son seres vivientes con su propio cauce.

A los vecinos de los ríos que bañan Mocoa, capital del departamento colombiano del Putumayo, les preocupa la vida de estos afluentes. Luego de la tragedia de 2017, la degradación de sus ecosistemas se ha hecho más evidente: pasaron de ser espacios boscosos, de pesca y diversión, a zonas de inseguridad y miedo. Es como si a estos caudales se les estuviera escapando el alma.

Las obras de mitigación del riesgo de los ríos Sangoyaco y Mulato, y las quebradas Taruca y Taruquita –que bañan la ciudad de Mocoa en Putumayo– se diseñaron sin escuchar a sus pobladores y sin considerar que los afluentes son seres vivientes con su propio cauce. Las intervenciones consisten en “18 contratos para la intervención de 57 puntos en los ríos” para obras hidráulicas como gaviones, muros de malla rellenos de piedra, diques abiertos, jarillones y azudes (presas de cemento con escaleras que distribuyen el agua) que hacen parte del Plan de Acción Específico (PAE) para el Programa de Reconstrucción del Municipio a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El plan fue diseñado por el Gobierno de Colombia luego de la tragedia de 2017 que dejó 335 víctimas fatales, 53 personas desaparecidas y más de 7.800 familias afectadas. En la noche del viernes, 31 de marzo de ese año, los afluentes Sangoyaco, Mulato, Taruca y Taruquita se convirtieron en una avenida fluviotorrencial, una creciente que transportaba sedimentos y lodo a alta velocidad, dejando a su paso muerte y destrucción.

Este reportaje resalta los relatos excluidos de mujeres y hombres vecinos de estos ríos, cuyas voces son necesarias para una intervención sustentable y sostenible.

“Conozco el río desde que nací, hace 41 años. Mi papá me dice que desde que yo era gateadora llegaba hasta la balastrera, un lugar donde sacábamos arena. Era un río grande, el agua era cristalina, había bastantes peces y jugábamos a quererlos capturar. También corríamos detrás de las mariposas amarillas y azules, y nos subíamos en los guayabos y tejados donde los azulejos (aves) hacían sus nidos”.

Así recuerda el Sangoyaco María Eugenia Torres. Hoy, ella es parte de las más de 400 familias que viven de la minería de subsistencia en Mocoa y que se tienen que relacionar con una cara muy diferente a la que conocieron del río: sus aguas rebotadas por la constante intervención de retroexcavadoras, con olores fuertes por los residuos de toda la ciudad, y con basuras y escombros de lo que quedó de la tragedia.

Epaminondas Quintero Enríquez también vive cerca del afluente. Como María Eugenia, este campesino de 76 años conoce el río desde hace ya cuatro décadas. “Cuando nosotros éramos muchachos, el río era de agua limpia, había charcos y nos lanzábamos de una peña al agua. Había bocachicos, cuchas, sábalos y árboles grandes. Era bien chévere este río y todos los que hay en la zona, pero ahora, con el tiempo, se dañó y es peligroso. Cuando crece, crece duro”. 

Mientras Epaminondas habla, señala una presa de cemento sin terminar que unos ingenieros de la Ungrd dejaron abandonada en medio del río, justo frente a su casa. Según dice, “se les acabó la plata”.

A pesar de estar en zona de riesgo, Epaminondas se niega a irse porque el gobierno no le garantiza nada. “A mí una ingeniera me dijo que debo salirme de ahí. Le dije: ‘¿ya está terminada la casa?’ y me dijo que no. Entonces, saldré muerto porque no voy a recibir una casa que ni existe por dejar mis tres hectáreas”. Él vive de la siembra de plátanos, el cultivo de peces y de sus gallinas ponedoras y de campo. Cada cierto tiempo, sale a vender sus productos a la ciudad de Mocoa, que está apenas a dos minutos caminando. Cuando lo hace, tiene que atravesar el río.

Pobladores, como Epaminondas, cuentan que en el río Sangoyaco y sus quebradas Taruca y Taruquita se han realizado desviaciones para construir diques abiertos, azudes, jarillones, espolones, entre otras obras, lo que ha implicado sustituir los árboles de las orillas de los afluentes por muros de cemento. Las intervenciones las han hecho distintas firmas contratistas designadas por la Ungrd con base en estudios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) con el objetivo de reducir y mitigar el riesgo después de la calamidad pública que vivió la ciudad.

Para la ejecución de estas obras se plantearon dos fases. La primera inició en diciembre de 2020, según informaron los medios. De acuerdo con la Ungrd, en la parte baja y media de los ríos Sangoyaco y Mulato y las quebradas Taruca y Taruquita se están ejecutando 29 contratos de obra e interventorías por más de 171.297 millones de pesos. El informe de la Unidad, a abril de 2023 indica que tan solo llevan un 66 por ciento de “avance físico”. 

En febrero del mismo año, la Contraloría General de la República generó una alerta por el retraso en la ejecución de las obras de la primera fase que debía terminar en 2022. El comunicado, publicado el 2 de febrero de 2023, precisa que “tienen un atraso acumulado de 4 años y 9 meses. El valor inicial en el PAE estaba estimado en $120.000 millones y, según la información disponible, podrían tener un valor final superior a $200.000 millones”. En agosto de 2023 se cumplen más de cinco años de retraso.

La segunda fase consiste en obras de mitigación en la zona donde la cordillera central empieza su descenso. En esta área de constantes derrumbes, por las condiciones geológicas y de deforestación, los 22 proyectos (once interventorías y once contratos por un valor de 185.441 millones de pesos) iniciaron en marzo de 2023, según el mismo informe de la Ungrd. 

En octubre de 2022, Agenda Propia realizó un recorrido por los ríos y evidenció maquinaria trabajando. En agosto de 2023, casi un año después, este medio volvió a visitar las obras y se observaron jarillones en mal estado sobre la altura del barrio 17 de julio y construcciones inconclusas en los ríos Mulato, Taruca y Sangoyaco.

Alexander Melo, director de Planeación de la Alcaldía del municipio, expresó que por la lentitud de la reconstrucción de Mocoa, la administración ha hecho reclamaciones y generado alertas ante entidades del orden nacional. Respecto a las construcciones sobre los ríos, Alexander aclara que en la institución no tienen injerencia porque la “Ungrd ejecuta, contrata y hace las veces de interventoría tanto de las obras de mitigación como de los planes de compensación”. 

Al otro lado de la ciudad está el río Mulato. Rocío Ortiz es una de sus vecinas y cuidadoras. Desde el año 2010, Rocío habita en la vereda El Líbano, en donde construyó su casa en medio de un bosque. Allí conviven su familia y sus mascotas junto a fauna propia de la región como monos, armadillos, zarigüeyas y culebras. “También vive una tigra voladora (serpiente) de tres metros”, cuenta. Con toda esta biodiversidad, Rocío siente que obras, como los diques abiertos, son un peligro.

“El río era el primer lugar al que íbamos en bicicleta. Estaba totalmente cubierto de árboles. El programa era visitarlo con el sol en pleno porque sino le daba frío a uno. De hecho, fue luego de vivir mucho tiempo en Mocoa que supe, cuando me vine a vivir aquí, que el Mulato es el que nos da el agua (acueducto). Los viejos pobladores tuvieron la precaución de hacer pozos sépticos, de resto todos empezaron a echarle la mierda. Luego vino la avenida fluviotorrencial y el río amplió su lecho y el gobierno lo quiso controlar metiendo máquinas y acumulando arena a los lados, sin respetar su sinuosidad”, alerta Rocío.

Video hecho por habitantes de la vereda El Líbano en mayo de 2023 para denunciar que una de las obras de mitigación tenía material represado y no permitía que el río fluyera libre. 

Sobre el Mulato se han hecho diques abiertos, azudes, muros y espolones. Los habitantes de El Líbano han registrado que las obras represan el material y aceleran la socavación de las orillas del río, por lo que se oponen a que se ejecuten más trabajos hasta que se evalúe el impacto de las intervenciones sobre la vida del afluente. 

“Esas muelas que están haciendo en los ríos van a retener material, subir de nivel y erosionar las partes del lado que está protegido”, dice Rocío y resalta que “el río necesita espacio, no objetos que lo retengan”. 

Además, el desarrollo de las obras ha generado conflictos en las comunidades y quejas por la inseguridad, la mala calidad de lo construido y los riesgos para la salud: las estructuras abandonadas sobre el río Sangoyaco están llenas de zancudos, exponiéndoles a enfermedades e infecciones, según aseguran habitantes de los barrios Huasipanga y La Vega en medios locales como la Puya Radio.

Ramón Apraez, secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) de Mocoa, alerta que las obras se están haciendo sin tener actualizado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), instrumento fundamental para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Así mismo, el secretario, también cuidador de este río, advierte de otros riesgos: “Los diques son varios muros construidos con el objetivo que detengan las rocas, pero, una roca del tamaño de una casa, ¿quién la detiene si baja por una pendiente de 75 por ciento de inclinación?”. A esta pregunta, Ramón suma el hecho que a esas obras “nadie va a poder ‘descolmatarlas’, es decir, sacar la arena, las rocas, los palos y los escombros que las crecientes acumulen en los muros de cemento que están en medio de los ríos, porque presupuesto no hay”. 

Para el líder es grave que se permita que los ríos del piedemonte amazónico se pavimenten y se obstaculice la vida acuática, “pues un pececito no puede saltar 5 o 10 gradas”. Ante esto, agrega con sátira, “habrá que traer salmones del Canadá”.

Mocoa se ubica justo en donde termina la cordillera central e inicia la Amazonía colombiana. Allí, la ciudad está atravesada por nacimientos de agua que nutren la selva, lo que es simultáneamente un privilegio y un reto. De acuerdo con el informe de zonificación y minería para el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Mocoa, hay más de 8.800 hectáreas en condición de amenaza alta por avenidas fluviotorrenciales, y más de 4.000 con amenaza alta a inundaciones en la cuenca. Toda la zona de montaña está expuesta a movimientos en masa.

Los ríos cristalinos, con alta biodiversidad, se están quedando en la memoria de sus antiguos habitantes para convertirse en símbolos de miedo e inseguridad. Más si se considera que sus riberas fueron invadidas por la ciudad. María Eugenia cuenta que “la plaza de mercado la construyó el Estado en un punto al lado del río y la población asume que ahí sí se puede construir porque si el Estado construyó, de alguna manera, le dio legalidad al incremento de lo que es la construcción de viviendas sobre el río. Se dieron escrituras y licencias de construcción y eso generó toda la tragedia y la pérdida de vidas”.

“Lo que nosotros intentamos hacer es que la gente se vuelva a reconciliar con los ríos ya que después de la tragedia en Mocoa se instaló un discurso que decía que el río era el culpable de todo y desde ese lugar se pensaron las obras de mitigación”, explica Rocío, quien además de ser vecina del Mulato también ha hecho parte del colectivo Ríos y Reconciliación. 

En junio de 2021 un grupo de personas rechazó el diseño de las obras al considerar que no eran apropiadas para un ecosistema amazónico. En el comunicado “Un llamado a reorientar las obras de mitigación de los ríos en piedemonte” se alertó que no era claro cómo el corte de árboles; el uso de explosivos para dinamitar las rocas de los ríos; el ingreso de volquetas y máquinas, y la construcción de diques abiertos y cerrados (represas), espolones (barreras), jarillones y gaviones de piedra y cemento recubiertos en concreto iban a proteger la ciudad.

Con esta iniciativa, la comunidad esperaba evitar que se siguieran agrediendo los afluentes y que lo ocurrido sirviera como oportunidad para reconstruir el tejido social, reconociendo las condiciones naturales de vivir en zona ecuatorial, es decir, en un bioma de bosques con alta pluviosidad (cantidad de lluvia que cae en un lugar y un tiempo determinados) y gran diversidad de flora y fauna.

Con las obras en desarrollo, las Juntas de Acción Comunal y la Veeduría para la reconstrucción de Mocoa han denunciado que no fueron escuchadas. Según Ramón, las comunidades y el sector económico local fueron invisibilizados: “Nosotros lo que hicimos fue organizarnos en veedurías y creamos el Plan para la Reconstrucción Integral Sostenible de Mocoa, también conocido como Prismo, pero no fue tenido en cuenta. Han pasado seis años y Mocoa está estancada, muchas obras perdidas, otras que prometieron y no se hicieron. No hay agua potable para todo el sector urbano, no se han construido las casas y se han hecho más de 20 denuncias ante la Contraloría General y la Procuraduría por corrupción”, dice.

Rocío agregó que cuando iniciaron las obras, “la primera reacción de la gente de la vereda El Líbano fue de rechazo al saber que iban a obstruir la corriente natural del río”. 

Este sentir fue compartido por varias comunidades y organizaciones sociales y juveniles, por lo que de manera conjunta publicaron un nuevo comunicado con fecha 24 de julio de 2021 en el que invitaban a la ciudadanía a movilizarse. Rocío dice que a las comunidades nunca se les presentó otra alternativa y los estudios de los afluentes que se hicieron en su momento no corresponden con las obras actuales, porque el río cambia constantemente y lo han modificado con maquinaria, “perturbándolo”. “El Mulato abastece de agua al 70 por ciento de la zona rural de Mocoa, además es el que proveyó de materiales para construir la ciudad, dar de comer, lavar la ropa y ser lugar de esparcimiento. Ahora hay una indolencia con él y me parece triste”, resalta.

En una petición de Acción Popular, Asojuntas Mocoa y la Veeduría Ciudadana por la Reconstrucción de Mocoa exigieron el derecho colectivo por un ambiente sano y solicitaron demoler las obras que obstruyen los ríos Mulato y Sangoyaco, suspender otras construcciones de mitigación y rediseñar los planes reconociendo a estos afluentes como sujetos de derechos. Según Ramón, el documento se presentó al Defensor del Pueblo el 22 de diciembre de 2022 y seis meses después todavía no había habido respuesta.

“En un espacio comunitario le preguntaron a un abuelo indígena sobre lo que él pensaba del río. Él decía: ‘dejen que el río purgue, el río tiene que purgar’, o sea que la dinámica del río no se podía tocar, era dejarlo que trabajara normalmente”. Esto cuenta Leonel Ceballos, ex funcionario de Planeación de la Alcaldía de Mocoa. Leonel dice que en la toma de decisiones no se tuvo en cuenta el conocimiento empírico de personas como el de este poblador, quien había vivido 50 años en la ribera del Mulato e insistía que el caudal “estaba llorando y que no quería que lo intervinieran con esas máquinas”. Frente a esos comentarios había burlas. Lamentablemente, dice, “aquí solo vale la opinión del ‘super experto’ y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha convertido los desastres en un negocio. Mientras no cambie esa percepción, es muy difícil”.

Para Santiago Duque, profesor de la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonía, era necesario esperar un tiempo prudencial para ver hacia dónde se corría el río: “hablar con él como si fuera un ser humano. Es que el río es un elemento vivo de la naturaleza, del paisaje”. El académico participó en 2016 de un convenio entre Corpoamazonía y su universidad para acotar las rondas hídricas de tres cabeceras municipales y departamentales del Amazonas: el río Hacha en Florencia, Caquetá; el río Mulato en Mocoa, Putumayo, y la quebrada Yahuarcaca en Leticia, Amazonas.

“En el caso del Mulato se hizo todo el proceso de seguimiento histórico y de crecimiento del municipio y se vio cómo, paulatinamente, las rondas o los sitios cercanos a los ríos comenzaron a ser poblados. Es una problemática que hay en Colombia y es que la gente está viviendo dentro de los ríos, están edificando las rondas”, dice Santiago y agrega que es muy importante entender que lo que pasa en estos afluentes es un síntoma, pero que el problema realmente está en la montaña. El profesor explica que el agua no tiene la fuerza para ocasionar daño, “el río es chiquito; el poder está en la roca, el material, por eso se llama avenida fluviotorrencial. No es una avalancha, porque ahí es cuando el agua sola arrasa con todo”. En una avenida fluviotorrencial, lo que pasó en Mocoa, “lo que arranca es la montaña que se viene”. 

Desde 1998 se han registrado más de 80 eventos desastrosos en Mocoa y a pesar de esto y de las advertencias, no hubo acciones por parte de la institucionalidad. “El río tuvo cuatro años en los que nadie lo molestó y él empezó a estabilizar el cauce”, recuerda Rocío, “habían salido muchos árboles como los chiparos que colonizaron playas de arena y piedra. Estaban creciendo los guarangos, cachingos y churimbos todas esas plantas que se ubican a la orilla y que traen los micos. Estaba volviendo a estar estable y estaba soportando bien las crecientes. Pero luego le volvieron a meter maquinaria y cortaron todo”.

¿Qué dicen las entidades?

Las denuncias de la comunidad indican que las obras de mitigación generan erosión, obstrucción del cauce y mayor velocidad del agua poniendo en riesgo a la ciudad. Además, deterioran la flora y la fauna por la intervención de los ríos y el ingreso de maquinaria sin control. Sobre estas acusaciones se consultó a la Ungrd y en respuesta a un derecho de petición, la Unidad tan solo dio a conocer que “los estudios y diseños de las obras de mitigación que están sobre los cauces reposan en la oficina de infraestructura de la Subdirección de Reducción del Riesgo”.

Además, compartieron el enlace a la página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/mocoa en donde aseguran que “quincenalmente se actualizan los informes de seguimiento de las obras”. Al verificar, el informe más reciente corresponde al mes de abril de 2023, y ese documento público no precisa daños e impactos.

Con relación a las denuncias sobre el impacto ambiental que están generando las obras de mitigación, Corpoamazonía respondió que en la etapa de construcción se han presentado diversos impactos que son “parciales”. Al finalizar la construcción se daría el “restablecimiento de los cauces y la reconformación de los taludes, la compensación ambiental forestal y la limpieza de la obra”, explicó en respuesta a un derecho de petición enviado por Agenda Propia.

Sin embargo, la Corporación dio a conocer que legalmente estas obras no requieren licencia ambiental y que basta con un permiso o “autorizaciones de ocupación del cauce”. Además, asegura que “cada eje ambiental de los ríos Mulato y Sangoyaco cuenta con su plan de manejo ambiental realizado por Corpoamazonía, como una medida complementaria”. En las visitas de evaluación y seguimiento, la entidad “ha venido verificando en campo desde el año 2020 en adelante que se cumpla con las 21 obligaciones de las resoluciones que garantizan la prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales”.

En las autorizaciones de ocupación del cauce de las obras, Corpoamazonía indica que la Ungrd deberá ejecutar medidas de compensación por más de 9.516 millones de pesos. Este recurso está destinado a la sostenibilidad y al fortalecimiento de las actividades y espacios de investigación del Centro Experimental Amazónico (el Parque Suruma, un jardín botánico de plantas medicinales, un vivero forestal y el Centro de Atención y Valoración de Fauna –ninguno de estos lugares tiene relación con los ríos de los que se ocupa este artículo–), así como actividades directas en los ríos intervenidos (a excepción del río Mocoa) para recuperar la vegetación.

Frente a denuncias de la comunidad sobre la presentación de mortandad de peces debido al constante movimiento de material en los ríos, Corpoamazonía respondió que entre el año 2018 al 30 de septiembre de 2022, “no se reportan denuncias, quejas relacionadas al tema en los ríos Mocoa, Taruca, Taruquita, Sangoyaco y Mulato relacionados con los ejes ambientales”, y aclaró que “los contratistas realizan un manejo de aguas y cauce del río temporales y seccionales, para no generar impacto negativo directo sobre las especies ictiológicas que se encuentran en los ríos intervenidos, ya que siempre se realiza su trabajo en seco realizando los desvíos para evitar impactos negativos”.

Como el territorio también está habitado por comunidades indígenas, como es el caso del pueblo Inga, se le preguntó a Corpoamazonía si se valoró el conocimiento ancestral, espiritual, cultural y empírico de estos grupos frente a lo que está ocurriendo con los ríos. La autoridad ambiental señaló que sí se les preguntó a los habitantes de la zona sobre las obras pero que “la comunidad no hace recomendaciones de tipo espiritual ni ancestral. La preocupación de la comunidad siempre fue que se les generara la protección y la reducción del riesgo”.

Ramón Apraez insiste en que también se tiene que prestar atención a la reconstrucción de la ciudad, ya que se necesitan 900 viviendas, y parte del material para construirlas saldrá de ríos como el Mocoa. A sus orillas hay dragas, trituradoras y retroexcavadoras que están afectando el afluente, explica el líder comunal: “Ahora el río tiene menos agua y es más rápido el cauce. Sacarle demasiado material implica que las montañas donde nace empiecen a desestabilizarse”. Además, añade, se están planteando nuevas vías (Mocoa-San Francisco y la 4G Neiva-Santana-Mocoa), y vienen las actividades en piedemonte que proyecta realizar la multinacional minera canadiense Libero Copper & Gold. 

Las organizaciones ciudadanas ven esta intervención, junto con el contexto social de Mocoa y la amenaza minera, como una matanza a los ríos y sus montañas. “Es urgente que se haga un pare y una evaluación técnica de los impactos a estos ecosistemas y se definan acciones y recursos para su recuperación y protección”, explica Leonel Ceballos e insiste en que hay que hacerlo teniendo como base el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca) del río Mocoa (el cual se está terminando de formular) y el PBOT. Al momento de publicación de este artículo, ambos documentos se encuentran en fase de comentarios y recomendaciones por la autoridad ambiental antes de pasar al Concejo Municipal de Mocoa para aprobación. 

María Eugenia Torres resalta que los proyectos de intervención sobre los ríos y el territorio no están contemplando el componente social. “Nosotros, quienes nos dedicamos a la minería de subsistencia, la estamos pasando mal. A raíz de las obras se alteró el cauce y el tránsito normal del material del río por lo cual no hay nada en nuestros puestos de trabajo y peor porque se va a realizar una nueva obra del Plan Maestro de Alcantarillado que quedará sobre nuestros puestos y nadie nos da respuesta”. La líder explica que le han propuesto a la Alcaldía municipal que las familias que se dedican a este tipo de minería puedan descolmatar las obras para tener así algún sustento, porque “no hay ninguna compensación social por afectación a pesar de que estamos formalizados”.

“Desafortunadamente, para los mocoanos el río que pasa por lo urbano es la parte de atrás de la casa donde echan la mierda y la basura. Hay un desprecio por el río”, dice Rocío e insiste en que todos los habitantes están llamados a reconciliarse con las aguas del piedemonte amazónico para saber habitar con ellas, entendiendo y gestionando el riesgo.

Por su parte, habitantes como Epaminondas creen que estos afluentes ya no se recuperan. “Eso está difícil, eso es imposible ver el río como era antes porque en primer lugar los daños que está haciendo esa gente, no hay espacio para sembrar árboles, hicieron gaviones, tumbaron los árboles, desviaron una parte de la corriente, nunca hablaron de los animales, aquí ya no suben pececitos. Yo creo que ahí no cambia. Antes nadie lo molestaba”.

Para María Eugenia lo peor es que la desaparición de los ríos se está acelerando. “Para mí este río significa mis abuelos, mis padres, porque vivimos de él. Hoy, viendo el nivel de contaminación, y pensar que las futuras generaciones no van a ver ni un pez y eso ya está pasando con los otros ríos del municipio, como el Rumiyaco. Yo le digo a mi hija de trece años que me da mucha tristeza que más adelante esto se vuelva como el río Tunjuelito en Bogotá, que ya nadie lo quiere de lo sucio que está”.