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Paola Nirta.
Panamá

Salvar(se en) la selva de la mitad del mundo

Cocreadores

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Sep 16, 2020 Compartir

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La propagación de la covid-19 en América Latina ha tenido uno de sus peores escenarios en Panamá, afectando a comunidades indígenas que ya cuentan por decenas a los infectados y al menos cinco personas fallecidas. Mientras la enfermedad avanza, la deforestación en las selvas del Darién no se detiene, advierten los nokos, líderes indígenas del pueblo Emberá Wounaan, defensores de sus territorios. Esta historia hace parte de la serie periodística #DefenderSinMiedo coordinada por Agenda Propia.

Los árboles no mueren de pie en la cada vez menos impenetrable selva de la provincia de Darién, a 230.5 kilómetros al extremo oriental de la ciudad de Panamá. El sonar de las maquinarias rompe el silencio y los dientes de las motosierras doblegan sus troncos, devorando poco a poco este pulmón natural fronterizo con el departamento del Chocó, en Colombia.

En tiempos en los que la covid-19 avanza rápidamente en Panamá con 102 mil 832 casos de contagios hasta el 15 de septiembre, esos sonidos se escuchan con más fuerza en el Darién, la provincia más grande de Panamá con 16.803 kilómetros cuadrados, posee la mayor parte del llamado Tapón del Darién, una extensa y tupida cortina selvática de 575 mil hectáreas que, por apenas 34 kilómetros, no permite la integración por carretera de América del Norte y Centroamérica con sus vecinos del sur; y que ha sido calificada como una de las zonas más intransitables de Latinoamérica.

Las selvas del Tapón del Darién, territorios ancestrales de los pueblos indígenas Emberá Wounaan y Gunas, se ven afectadas, cada día más, por la deforestación. Y mientras la zona es escenario continuo de enfrentamientos entre quienes ilegalmente y con permisos gubernamentales talan sin reparo, allí también habitan quienes protegen y buscan que se establezca un balance ecológico en el territorio.

Uno de los defensores del Tapón del Darién es el indígena Tito Ortega, jefe de los nokos o líderes Emberá Wounaan, también conocidos antes como “Chocoes”. Esta etnia, según el Censo Nacional de Población de 2010 ocupa dentro de Darién una comarca distribuida en los distritos (cantones o departamentos) de Cémaco y Sambú, en las riberas de los ríos Chucunaque, Tuira y Sambú. El primero abarca a 29 comunidades y el segundo, doce.

De hablar pausado, parco quizás, Tito sostiene que el actual Congreso General Emberá Wounaan –que no pudo elegir a sus nuevas autoridades en marzo de este año debido a la pandemia– mantiene un silencio “cómplice” ante la devastación de las áreas verdes donde residen las comunidades. Aún así, asegura, no planean detener su lucha por mantener sus tierras ancestrales.

Según explica el noko Genaro Pacheco Tocamo, otro líder Emberá que también es defensor ambiental, en Darién hay concesiones de extracción de madera hasta por 25 años y, en cada cosecha, se sacan entre 1.400 y 1.800 árboles de especies valiosas, como cocobolo (Dalbergia retusa), bálsamo (Myroxylon balsamum) y almendro (Prunus dulcis o Amygdalus communis), entre otros.

De mediana estatura y rostro adusto, Genaro explica el panorama existente en algunas de las comunidades indígenas: aparte de la deforestación, hay explotación sobre su pueblo. El líder también hace referencia a que la falta de empleos en el área orilla a algunos Emberá a vender madera también. Según él, a los indígenas se les paga el pie de madera extraída de 10 a 12 centavos de dólar, mientras que el maderero puede venderla en el mercado local hasta en 5.000 dólares el metro cúbico, precio que puede llegar hasta a triplicarse en el mercado internacional. Parte de la ventaja es, precisamente, que a los indígenas se les paga por pie y a los empresarios por metro cúbico.

Genaro asegura que las responsabilidades por la explotación a la que son sometidos sus coterráneos y el daño que se le hace al medioambiente son compartidas entre madereros y autoridades nacionales y tradicionales, quienes desde 2013 mantienen estructuras inoperantes “sostenidas” por la figura resquebrajada de las máximas autoridades (caciques), pues, en su opinión, no hacen respetar las leyes ambientales.

Este “desorden”, dice, propicia que la extracción de madera se agudice cada vez más, pues la complicidad entre ambas autoridades en muchos casos es evidente.

El noko no duda en afirmar que el Ministerio de Ambiente panameño pareciera no contar con un plan que les permita a las comunidades realizar actividades para preservar los recursos en lugar de prestarse para destruirlos, como ocurre en algunos casos de la comarca.

Otra de las voces indígenas que denuncia prácticas irregulares en la tala de árboles concesionados es la de Alfonso Chanapi, dirigente Emberá. Él sostiene que una de las estrategias utilizadas por las empresas con concesiones para extraer más madera de los bosques circundantes, o para deforestar más, es que se exceden en la cosecha en un año, pero dejan el remanente para tener, año tras año, un poco más de lo permitido. Esta versión no pudo ser corroborada debido a la poca continuidad y transparencia con las que los permisos y estadísticas de tala son publicados por el gobierno panameño.

La adversidad a esta lucha ha sido una constante que se pasea por entre el bosque. Desde las ventanas de sus casas de madera y zinc, los Emberá Wounaan miran cómo el descontrol abre surcos por doquier en el verdor que los rodea.

Desde 2012 hasta agosto de 2019, unas 20.784,5 hectáreas de bosques se han perdido en la provincia de Darién, lo que equivale a un 8,2 por ciento diario, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, regente de la biodiversidad en el país.

En opinión de Stanley Heckadon-Moreno, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, de continuar a este ritmo, la selva darienita, como también se le conoce a este territorio natural, podría quedar convertida en un “potrero”.

Así mismo, al hablar sobre los cambios de cobertura boscosa de Panamá, el Ministerio de Medio Ambiente informó que durante el periodo 2012-2019 se han perdido 56.369,49 hectáreas (has) de bosque, para un total de 8.052,78 has anuales en todo el territorio nacional. Entre enero y julio de 2020, el mismo Ministerio había impuesto poco más de $4,8 millones de dólares en multas y sanciones por afectaciones al ambiente en todo el país, de los cuales 193.000 dólares son por afectaciones en la provincia de Darién.

Cambios que preocupan a los nokos, debido a que las selvas del Darién, además de ser el territorio de los diez mil indígenas de la etnia Emberá Wounaan, poseen variedad de hábitats naturales como playas, manglares, litorales rocosos y bosques tropicales que albergan distintas especies de fauna y flora. Razón por la cual en 2014 el Parque Nacional del Darién fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Mundial de la Humanidad y Reserva de la Biósfera del Mundo.

En estos bosques también se encuentran especies en riesgo. La Unesco documentó que animales como el mono araña de cabeza marrón, el tapir, el oso hormiguero, el jaguar, el perro de Bush, el pecarí de labios blancos, y aves como el gran guacamayo verde, el gran pavo real y el águila arpía se encuentran amenazados.

Selvas sobre explotadas

La preservación de la selva darienita también es una lucha que abraza Donaldo Sousa Guevara, abogado de 75 años de edad que desde hace cuatro décadas ha librado batallas ambientales en un país que ha perdido el 50 por ciento de su cobertura boscosa, según datos del Ministerio de Ambiente.

Para Donaldo, la deforestación ha continuado en Darién y en la comarca Emberá Wounaan durante la pandemia, en donde, asegura, hay más de catorce concesiones vigentes y otorgadas por veinte años. Según explica, las concesiones contemplan que las empresas demuestren anualmente que cosecharon la madera de forma científica, respetando las normas ambientales y, de esta manera, están habilitadas a solicitar un nuevo aval para hacer cumplir el tiempo estipulado de la concesión.

Cada año, estas concesiones requieren un inventario y una resolución gubernamental para lo que se denomina “el corte o la corta anual”, lo que les permite continuar devastando o sobre explotando los bosques a diario. Prácticas como estas son usadas por madereros en otros países latinoamericanos como Colombia, en la región amazónica.

Según informó el Ministerio de Ambiente, en medio de las medidas de cuarentena establecidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus se están haciendo verificaciones de detección de salvoconductos para las empresas que tienen permitido extraer madera de la provincia de Darién.

El gobierno del actual del presidente Laurentino Cortizo –con apenas un año en el poder–, se comprometió durante su campaña electoral a frenar la deforestación de estos bosques, posibilitada en su mayoría mediante concesiones ilegales, de acuerdo con Sousa Guevara, aunque los cortes anuales no han cesado. En el apartado de medio ambiente de su plan de gobierno, en la página 69, se lee textualmente: “Impedir la tala ilegal que se da en provincias como en Darién y cuencas productoras de agua, trabajando estrechamente con las comunidades y las autoridades locales”.

Un año atrás, el 13 de septiembre de 2019, el Ministerio de Ambiente emitió una resolución que suspendía por un año el otorgamiento de autorizaciones especiales de aprovechamiento forestal para subsistencia, permisos comunitarios y concesiones de aprovechamiento forestal. Luego de aprobarse esta medida, según el mismo Ministerio, “no se ha otorgado ni se dará ningún permiso de aprovechamiento forestal”.

Las estadísticas oficiales revelan que en 2019 por tipo de permiso (plantaciones y raleo, plantado, subsistencia, doméstico, regeneración natural, tala necesaria y no definido) el volumen de madera movilizada en Panamá fue de 119.943,11 metros cúbicos, siendo la provincia de Darién la mayor originadora con 37.920,34. O, en porcentaje: el Darién proveyó el 31 por ciento de toda la madera movilizada en Panamá durante ese año.

“Es totalmente falso que no se hayan otorgado concesiones anuales”, dice Donaldo. Afirma que incluso antes de la pandemia interpuso una querella en contra del viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacios, quien supuestamente otorgó una serie de permisos fraudulentos. La querella también alcanza a funcionarios directivos del Ministerio de Ambiente. En Asuntos Indígenas declinaron hacer cualquier comentario al respecto, asegurando que el único autorizado para hacerlo es el viceministro Palacios, quien no pudo ser ubicado.

El abogado explica que estudió los expedientes y se percató de que los permisos son ilícitos porque en ningún momento se cumplió con el mandato de la Asamblea del Congreso Emberá Wounaan que establece que ciertas maderas no se pueden talar. “No es posible comprobar tal extremo, ya que ni las empresas ni las autoridades dan un informe al respecto. El Ministerio de Ambiente ni siquiera tiene publicadas las concesiones o los permisos de tala autorizados”, dijo Donaldo.

Las autoridades del Ministerio de Ambiente insisten en que en Darién todo está en regla, pero Donaldo aduce que en esa provincia “han hecho lo que les ha dado la gana. No han cumplido con ninguna de las normas de la República porque simplemente los bosques son como si fueran bancos llenos de billete. Cada hoja tiene tantos dólares y simplemente tienen que cosecharlos”.

La población indígena apoya todos los esfuerzos de quienes luchan a la par de ellos por detener que el modernismo arrase con su hábitat, sostiene Alfonso Chanapi.

Como han denunciado los nokos, la deforestación y sobre explotación de los bosques se suman a las advertencias hechas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que en su informe “Estado de los bosques del mundo 2020” señala que la degradación y pérdida de los bosques es uno de los factores que contribuye a perturbar el equilibrio de la naturaleza y a aumentar el riesgo y la exposición de las personas a enfermedades zoonóticas, como se les conoce a aquellas provocadas por virus, parásitos, bacterias y hongos transmitidos por animales o seres humanos.

En su informe, la FAO confirma que la deforestación y la degradación de los bosques continúa a “ritmos alarmantes”, contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad.

La selva y sus medicinas

Los Emberá han sobrevivido a la deforestación constante en sus territorios, sobre todo en los últimos años. Algunos de ellos, sin embargo, se han adaptado a resistir a través de proyectos de turismo, como ha sido el caso de los Emberá Querá, quienes han conformado una comunidad en las riberas del Canal de Panamá dedicada a proyectos turísticos y de sostenibilidad ambiental.

De esa misma resistencia se aferran para hacerle frente a la enfermedad del nuevo coronavirus. Según sus creencias, la población Emberá Wounaan intenta cuidarse y prevenir la covid-19 con “puras bebidas calientes”, afirma el jefe de los nokos, Tito Ortega.

“Usamos plantas como la guanábana, mucho limón. Y el agua y las bebidas las tomamos calientes, pues al bicho (sic) no le gusta lo caliente”, lo que según Tito los ayuda a mantenerse mejor de salud, aunque saben que es un virus del que todavía falta mayor información para saber cómo evitar los contagios.

Por lo pronto, acuden a la protección de la selva y temen que la deforestación arrase con sus medicinas, las cuales incluyen algunos frutales como limón y guanábana y otras especies que prefieren mantener en discreción; los Emberá Wounaan son cautelosos en sus prácticas tradicionales.

El noko Pacheco Tocamo reveló que fue uno de los afectados por el virus, luego de que una prueba de hisopado resultara positiva. Él está convencido de que gracias a la medicina tradicional, hoy día se siente fuerte.

Es tal la incidencia de la medicina tradicional entre los pueblos originarios que en julio pasado se aprobó una resolución para incrementar la destinación de fondos para la pandemia e impulsar el desarrollo, promoción, utilización y protección de este tipo de medicina, de cara a la lucha contra la covid-19 en las zonas indígenas, informó el Gobierno.

Cifras del Ministerio de Salud actualizadas al 15 de septiembre de 2020 indican que unos dos mil indígenas se han contagiado del virus, quienes pertenecen a las siete etnias (Emberá Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri bri) que habitan en el país, por lo que el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá aprobó un fondo de dos millones de dólares proporcionados por el Banco Mundial para la compra de insumos y equipos. De esa cantidad, 174.752 dólares se destinaron a la comarca Emberá Wounaan, detalló en una nota de prensa el viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacios, quien agregó que se estima la compra de insumos para medicina botánica.

De acuerdo con Tito Ortega, el jefe de los nokos, la ayuda también debe ser dirigida a proveer alimentos a su pueblo, pues actualmente solo les dan unos 20 dólares semanales, dinero insuficiente para la compra de alimentos. La suerte, en todo caso, es que en la comarca se siembra yuca y plátano; se cazan animales que no están en peligro de extinción, y se pesca, lo que les da para alimentarse y no depender de la ayuda gubernamental, como ocurre en otras partes de Panamá.

Carlos Sánchez, coordinador del Programa Panamá Solidario, creado para beneficiar a las familias más vulnerables con covid-19, reveló que hasta mediados de agosto más de 25 mil familias de la provincia de Darién y de la comarca Emberá Wounaan han recibido bolsas con alimentos y bonos. Sánchez aseguró que tienen tres barcos, 50 lanchas e igual cantidad de vehículos para llegar a las comunidades indígenas más apartadas, fronterizas con Colombia. Darién para los Emberá Wounaan es más que la tierra de sus ancestros. Es el lugar en donde la naturaleza es sinónimo de libertad, seguridad; donde el trinar de las aves es la melodía que anuncia que la vida continúa, a pesar de las adversidades, concluye el noko Tito Ortega.

Nota. Este artículo hace parte de la serie periodística #DefenderSinMiedo: historias de lucha de mujeres y hombres defensores ambientales en tiempos de pandemia. Este es un proyecto del medio independiente Agenda Propia coordinado con veinte periodistas, editores y medios aliados de América Latina. Esta producción se realizó con el apoyo de la ONG global Environmental Investigation Agency (EIA).

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