*Esta historia es producida por Mongabay Latam y se republica en Agenda Propia en el marco de una alianza de medios.

Las numerosas alertas de deforestación detectadas a través del análisis de imágenes satelitales en un área cercana al Parque Nacional Yaguas llevaron a una comitiva de funcionarios del Gobierno Regional de Loreto y de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Iquitos a sobrevolar este rincón de la Amazonía peruana a inicios de julio de este año. Los puntos identificados por los satélites señalaron Cotuhe, un territorio cercano al área protegida, que además está situada muy cerca de la línea de frontera entre Perú y Colombia. No tuvieron que hacer mucho esfuerzo para detectar el problema en medio del paisaje de la región de Loreto: los parches de deforestación en medio del bosque primario y lo que sospechan son cultivos ilegales de hoja de coca.

Los especialistas que trabajan en la zona sostienen que el narcotráfico va dejando huellas en la frontera y apuntan a una alianza entre colombianos y peruanos para el desarrollo de actividades ilegales. El Fiscal Alberto Yusen Caraza de la FEMA Loreto inició las indagaciones de lo que parece ser, indica, uno de los mayores hallazgos de actividades ilegales dentro de una concesión para conservación.

“No hay muchas concesiones de conservación en el país, pero dentro de esta categoría corresponde velar por la preservación, y no he visto un caso como este, por eso mismo, le estamos haciendo seguimiento y la investigación va seguir su curso”, precisó Julio Guzmán Mendoza, Procurador Público del Ministerio del Ambiente.

Un informe reciente sobre deforestación, elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de la ONG Conservación Amazónica – ACCA, confirma que desde la creación de la Concesión para Conservación Río Cotuhe en el 2008 se han perdido 374 hectáreas de bosque, siendo los últimos tres años los más críticos. Durante el sobrevuelo se detectó también que no solo constituye un problema lo que sospechan son cultivos ilegales de hoja de coca, sino también los mineros ilegales que se dedican a dragar partes del río para obtener oro. El difícil acceso a esta parte de la Amazonía, y la poca presencia estatal, así como la distancia de hasta ocho horas de centros poblados o comunidades indígenas convierten a estos bosques en paraísos para las actividades ilegales.

“Es una zona de ecosistemas delicados, hay presencia de especies de plantas endémicas, de animales como el otorongo y especies de monos, la deforestación presente en Cotuhé pone en peligro el Parque Nacional Yaguas”, señala un científico  que por seguridad prefiere no ser identificado.

Tanto el Parque Nacional como las tierras cercanas al río Cotuhe poseen una biodiversidad importante que ha maravillado a equipos científicos. Una expedición realizada en 2017 por especialistas del Field Museum de Chicago, entidad especializada en la elaboración de inventarios rápidos de especies de flora y fauna, encontró en esta zona unos 11 tipos de bosques con especies maderables como caoba, cedro e ishpingo, así como una alta diversidad de mamíferos que no se encuentran en otras partes del Perú como es el caso del Pichico de manto negro (Saguinus nigricollis), una especie que solo vive en el interfluvio Napo-Amazonas-Putumayo. La zona de Cotuhe es el hogar de otra especie protegida como es el  mono choro (Lagothrix lagotricha), además de grandes felinos como el jaguar (Panthera onca). En la cuenca baja del río Yaguas hallaron también hasta dos especies de delfines de río (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis).

Con la destrucción del bosque a causa de actividades ilícitas, los hábitats pueden cambiar drásticamente. La concesión se encuentra en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yaguas, por lo que el avance de la deforestación pone en peligro al área protegida. Las Áreas de Conservación Regional Maijuna Kichwa y Ampiyacu Apayacu, que están presentes en la zona, también pueden ser afectadas, según los especialistas consultados.

Según los registros satelitales de MAAP, en el 2008 ya existían pequeños parches de deforestación en esta concesión, los mismos que fueron identificados en el 2011 por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), como lo confirmó un funcionario a Mongabay Latam. El análisis de MAAP muestra que, entre el 2008 y 2018, se perdieron 231 hectáreas y, entre el 2019 y el 2020, se deforestaron otras 131 hectáreas. Ha sido durante la pandemia que el desbosque ha avanzado de forma alarmante.

Sidney Novoa, director SIG y Tecnologías para la conservación de Conservación Amazónica- ACCA, afirma que “en lo que va de este año 2021, se han perdido cerca de 12 hectáreas y la deforestación representa un peligro porque el río Cotuhe llega al interior del Parque Nacional Yaguas, lo que puede ser un ingreso potencial de actividades ilícitas”.

Ha sido el  fiscal Alberto Yusen Caraza quien señaló que se han identificado unos 12 puntos de deforestación dentro de la concesión de Cotuhé. Además, el sobrevuelo permitió identificar dentro del terreno talado construcciones rústicas y tres embarcaciones que estarían relacionadas a la minería ilegal. Aunque las imágenes dejan entrever que los cultivos serían de coca, la FEMA aún no lo ha confirmado y existe una investigación en curso para determinar el tipo de cultivos y las responsabilidades.

El Fiscal Caraza señaló en una entrevista con Mongabay Latam que “se pudo observar lo que aparentemente sería un cúmulo de hojas, por eso se presume la presencia de actividades ilícitas”.

La alarma de que en las zonas cercanas al río Cotuhe, en la provincia de Putumayo, en Loreto, se gestaba una economía ilegal, se encendió años atrás. El informe Evaluación de áreas deforestadas y humedales en los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios al año 2011, elaborado por el OSINFOR, señala que en la concesión para conservación otorgada a Javier Salazar Carbajal se reportaban unas 253 hectáreas de bosque deforestado.

El especialista de la Gerencia de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre de Loreto, Teddy Trigoso, indicó a Mongabay Latam que al 2021 se encuentra vigente el contrato firmado entre el concesionario y el Estado, pero inactivo porque no se han seguido los pasos regulares. “Envíamos información a Fiscalía de que en una concesión para conservación no puede haber desbosque. La concesión, aunque está vigente, de acuerdo a un análisis que hemos hecho, se encuentra inactiva porque como indica el contrato tiene que presentar un Plan de Manejo por cinco años. El último documento aprobado el 2015 ya se encuentra vencido”.

Los parches de deforestación más considerables y los que las autoridades sospechan son cultivos ilegales de coca se detectaron dentro de la concesión para conservación de Javier Salazar Carbajal, quien vive en Lima y solicitó la concesión en el año 2008. En ese momento el Estado peruano le otorgó un total de 223 969 hectáreas por 40 años. El contrato que firmó con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) indica que solo se permiten las actividades de conservación, investigación y ecoturismo.

La normativa en lo que confiere a concesiones para conservación es bastante clara para quienes hacen solicitudes. Ningún concesionario puede construir infraestructura alguna o talar el bosque, hacer cambio de uso de suelo sin antes enviar una solicitud a la autoridad competente. Cada año, además, el responsable del terreno debe enviar una lista de actividades realizadas como un reporte. A ello se añade, que se tiene como obligación contractual presentar un Plan de Manejo, que debe ser aprobado por el Gobierno Regional de Loreto.

Desde que se instaló la concesión, no se reportaron actividades de conservación o ecoturismo. Según OSINFOR, la entidad que regula concesiones forestales y de conservación, Salazar Carbajal aún no ha hecho denuncia alguna ante la Fiscalía ambiental de Loreto por la deforestación en su concesión. La entidad detectó la “afectación a superficie boscosa pero no podían determinar la presencia de actividades ilegales”. El 30 de abril de este año, OSINFOR solicitó información al Gobierno Regional de Loreto sobre la concesión, el informe fue entregado en mayo de este año y fue la base para la investigación iniciada por la FEMA de Iquitos como informó la oficina de comunicaciones de OSINFOR a Mongabay Latam. OSINFOR señala que es al Gobierno Regional de Loreto al que le compete tomar acciones sobre la concesión y de ser necesario revertir el contrato.

Salazar tuvo varios problemas en la aprobación del Plan de Manejo presentado. El 2015, incluso estuvo a punto de perder la concesión, como señala el abogado ambientalista César Ipenza, quien ha seguido el caso. Sin embargo, gracias a un proceso legal, Salazar Carbajal logró mantenerla. Al respecto Trigoso del Gobierno Regional de Loreto señaló que como al concesionario no se le había dado las observaciones pertinentes, luego del proceso judicial, el Gobierno Regional de Loreto se vio obligado a aprobar el Plan de Manejo.

El especialista del GORE de Loreto añade que, aunque la concesión está vigente, el Gobierno Regional estaría por iniciar un proceso de reversión ante los incumplimientos. También sostiene que no recibieron comunicación alguna de parte del concesionario hasta la emisión de este reportaje. Trigoso asegura que OSINFOR  ya ha iniciado también un proceso administrativo sancionador a Salazar Carbajal, por lo que el Gobierno Regional está esperando los resultados para realizar acciones complementarias.

Mongabay Latam contactó a Javier Salazar Carbajal para consultar por las evidencias de deforestación en la Concesión para Conservación Cotuhe. “En este momento estamos en un proceso legal y ha ocurrido una confusión con el Gobierno Regional, por lo que prefiero no declarar hasta que se resuelva”, contestó. Su abogado, Carlos Arana Urteaga, afirmó que “ha sido el Gobierno Regional quien ha intentado revertir los derechos otorgados y ha puesto trabas continuas en la aprobación del Plan de manejo”. Afirmó que tanto él como su patrocinado desconocían de las actividades ilegales y la deforestación creciente en el terreno de la concesión. Salazar se encuentra solicitando una cita con la Fiscalía para viajar a Iquitos y presentarse ante las autoridades.

La vía de acceso a la concesión y al Parque Nacional Yaguas desde Perú es por el río Cotuhe. Fuentes consultadas, que trabajan en la zona, explicaron que llegar desde Iquitos puede tomar hasta dos días y se tiene que llegar primero al distrito de Tarapacá en Colombia para seguir la ruta del río. Esta zona de frontera es uno de los puntos centrales del tráfico de madera y narcotráfico, tal como lo han informado medios como El Espectador de Colombia.

Un especialista, que prefirió guardar reserva por lo delicado del tema, aseguró a Mongabay Latam que se trata de una ruta de narcotráfico que se ha establecido en la frontera. No hay otra forma de entrar a Cotuhé sino es desde Colombia, aseguró el especialista, por lo que aprovechando ese aislamiento, madereros y narcotraficantes pueden cruzar la frontera. La ruta final, señala, sería por el Brasil, que se encuentra en la triple frontera.

“Primero, hubo un tiempo en que se organizaron en patrones que sembraban coca y trabajaban con gente local. Pero en agosto del 2020, ingresó un grupo armado a Cotuhé que se identificó como Comando de Frontera [asociado a las FARC] que renegoció con los patrones, y son quienes regulan la actividad”, informó el especialista que por seguridad pide la protección de su nombre.

Lo cierto es que las fuentes consultadas coinciden con las evidencias encontradas por la Fiscalía. En las imágenes del sobrevuelo se identificaron amplios terrenos desboscados que podrían ser utilizados para introducir sembríos, así como cúmulos de hojas en varias partes de la concesión, lo que se sospecha son cultivos ilícitos de hoja de coca. “Se está investigando de qué nacionalidades serían las personas que están cometiendo actos ilícitos, estamos trabajando en eso”, reiteró el fiscal Caraza.

Lo grave de la situación es que estas actividades han ido prosperando por más de diez años. Solo este año, la deforestación encontrada en Cotuhé está dando pistas sobre la economía ilegal que existiría en esta parte de la Amazonía. Al ser una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yaguas se teme que la actividad ilegal se expanda hasta el área protegida.

“Era evidente la existencia de actividades ilegales. Me sorprende que no haya intervención alguna después de tantos años, lo peor es que es muy peligroso, porque en la zona todos se conocen, denunciar puede tener consecuencias”, afirma otro entrevistado que labora en la zona y teme dar su nombre por posibles represalias.

Mongabay Latam se comunicó con el General de la PNP Medio ambiente, José Ludeña Condori, y con el Mayor PNP Eduardo Herrera Enciso, jefe de la Unidad de Protección de Medio Ambiente de Iquitos, para consultar sobre los problemas de deforestación y las alertas de actividades ilegales en Cotuhé. Ambas autoridades policiales respondieron que hasta el momento no estaban al tanto del caso.