Cero minería. Esa es la tajante determinación de los habitantes del Territorio Comunitario de Origen Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, ubicado en dos municipios del departamento de Oruro: Antequera y Pazña, en la región andina de Bolivia.

El viento es gélido en la comunidad de Peñas y puede levantar con facilidad el techo de una carpa solar de cinco metros. La temperatura puede llegar a menos siete grados en invierno. Pero es una tierra productiva. 

Los indígenas quechuas (pueblo originario de la región andina) que allí habitan son productores de leche y queso, se dedican a la crianza de ganado vacuno y ovino. 

Las 2.500 familias, que viven en las 54 comunidades, producen papa y haba, además de hortalizas, cebada y alfalfa, principalmente para su autoconsumo, según las autoridades originarias del territorio.

Ellas no están dispuestas a perder su principal insumo: el agua. Saben que es su medio de vida y su riqueza está en más de 50 fuentes hídricas que corren y bañan las 33.871 hectáreas de tierra que les pertenecen, de acuerdo con datos publicados por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). 

Las autoridades originarias, como el Corregidor, Julio Coca, aseguran que la minería solo les dejará contaminación y temen perder sus nacimientos de agua, ríos y quebradas, que son vitales para su producción agropecuaria, por eso han impedido la actividad de empresas mineras dentro su territorio.

En 2019, la comunidad se enfrentó a operarios de la empresa “Nilser S.R.L.” porque realizaron excavaciones dentro del territorio indígena y no fuera de éste, donde Nilser tiene una concesión para trabajar en la zona denominada “Belén de Victoria de San Luis I”, otorgada (con base en un derecho preconstituido en 2006) por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para explotar minerales metalíferos. 

Un juez del Tribunal Agroambiental comprobó el hecho en una audiencia realizada el 27 de octubre de 2020 en Ticaña, lugar donde aún está el orificio que abrió la minera, y de lo cual quedó constancia en un video grabado por un indígena. El hoyo permanece un año después, como se comprobó en una visita realizada en octubre de 2021 para este artículo.

El representante Legal de Nilser S.R.L., Ariel Villarroel, hijo del propietario de la mina, sostiene que optaron por aceptar el “retiro voluntario” de la zona de excavación en la audiencia de conciliación del Tribunal Agroambiental, a pesar de que asegura tener la documentación que demuestra que el lugar está dentro de su concesión minera, que ya fue adecuada a la Ley 535, que rige desde 2014.

Ahora la resistencia de los indígenas va más allá de su Territorio Comunitario de Origen (TCO). Están determinados a lograr la reversión de todas las concesiones mineras que se encuentran en los alrededores de sus parcelas y predios para evitar la contaminación. No quieren correr la suerte de otras comunidades orureñas que han perdido sus fuentes de agua.

En julio de 2019, los pobladores del sector Ticaña dieron la alarma en el pueblo al ver maquinaria pesada, volquetas y retroexcavadoras, y gente extraña excavando en su tierra.

Los originarios llegaron al lugar, que está a 15 minutos en coche desde la plaza principal de Peñas, comunidad del municipio de Pazña (Oruro). “Todos hemos corrido para hacer respetar nuestro territorio”, recuerda Vitalia Martínez, habitante y dirigente comunitaria.

No salían del asombro al ver la tierra amontonada tras la excavación que dejó un hueco de gran dimensión. Pero, sobre todo, “nos ha molestado que irrespetaron nuestra decisión de ‘cero minería’”, dice Julio Coca, Jatun Tata, máxima autoridad de la TCO.

En dos cabildos, instancia de máxima decisión comunal, los indígenas declararon a su territorio netamente productor agrícola y ganadero. Los cabildos son las reuniones donde tratan los temas de las comunidades y cuyas determinaciones son de cumplimiento obligatorio en el territorio.

El 2 agosto de 2020 realizaron un cabildo virtual en el cual ratificaron su decisión de no aceptar la actividad minera, el mismo fue transmitido por su radio comunal, con lo cual pretendieron llegar al mayor número de habitantes. 

El Consejo de Autoridades recibió el mandato de continuar con el proceso en el Tribunal Agroambiental contra la empresa minera por entrar a sus tierras a excavar para extraer minerales de manera ilegal y exigir indemnización por los daños y perjuicios.

El Consejo está compuesto por el Jatun Tata, la máxima autoridad originaria o Corregidor; la Jatun Mama, la autoridad mujer del mismo rango y es la esposa del Jatun Tata. Uno de los principios organizadores en las naciones indígenas como la quechua, es que las autoridades originarias siempre son hombre y mujer. En el Consejo también están dos Tata Mallku, que son los máximos representantes de los ayllus Tapacarí y Cóndor Apacheta y las respectivas Malla Talla, es decir, las autoridades mujeres del mismo rango. Además hacen parte dos autoridades con otros cargos de cada uno de los dos ayllus que forman el territorio indígena; los ayllus son cada uno de los grupos en que se divide una comunidad y generalmente provienen de un linaje.

Su mandato para encargarse de la administración y gestión dentro del territorio indígena dura un año. La vigencia de las autoridades actuales termina en diciembre. Sus reemplazos, que continuarán con la tarea de proteger sus tierras y comunidades, ya fueron elegidos y serán posesionados en los primeros días de enero de 2022.

Los comunarios también decidieron seguir a la minera Nilser un juicio en la justicia ordinaria, a pesar de la sentencia del Tribunal Agroambiental con la cual queda cerrado el caso denunciado por los indígenas. “Estamos de acuerdo con que se haga un juicio porque pusieron en peligro la integridad física de los comunarios que intentaban detener que se siga excavando”, dice Julio

No solo el irrespeto a su decisión de no autorizar operaciones mineras en su territorio les puso en contra de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad estatal que autoriza las concesiones mineras, sino también el que no se haya propiciado una consulta previa e informada en la TCO.

La Constitución Política del Estado, en su Art. 30, Parágrafo II, Inc 15, señala: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la CONSULTA previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

El 10 de julio de 2019, un día después de que detuvieran el avasallamiento, es decir la ocupación y excavación por parte de la minera, en una reunión realizada en Ticaña, los pobladores decidieron declararse en emergencia y en vigilia permanente para evitar que la empresa retomara actividades en sus tierras.

Las actuales autoridades originarias de la TCO Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta dicen que incluso a sus antecesores la AJAM les argumentó que no correspondía la consulta previa e informada porque la concesión minera se dio en 2006 y la TCO fue titulada en 2009, por tanto, la empresa minera ya tenía un derecho preconstituido.

Ariel Villarroel sostiene lo mismo: “Yo veo la pregunta ¿por qué no se hizo consulta? (previa e informada). Yo digo ¿por qué tendríamos que hacer la consulta?, si la ley me dice: señor usted es preconstituido, la Ley 535 le ampara”.

En Bolivia, la Ley 535 de Minería y Metalurgia otorga plenos derechos a los operadores mineros, incluso sobre las fuentes de agua, dejando en indefensión a las comunidades y pobladores que están en el ámbito de alcance de las concesiones, según investigadores de ONG como el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

Miguel Vargas Delgado, director del Cejis, explica que prácticamente se ha tachado del ordenamiento jurídico el carácter previo y obligatorio de la consulta. De acuerdo con la Ley Minera, no es obligatoria la consulta para actividades de prospección y exploración, sólo lo es cuando se va a explotar el yacimiento. 

“Están criminalizando y penalizando las acciones de defensa del territorio, transformándolas en avasallamiento (invasiones u ocupaciones) cuando las comunidades que se oponen a la actividad minera asumen una medida de hecho como el bloqueo o la expulsión de los operadores mineros”, remarca Miguel Vargas.

En el caso de Tapacarí Cóndor Apacheta, la empresa minera Nilser inició un proceso contra los pobladores que no prosperó porque la TCO demostró que la concesión que se adjudicó está fuera de su territorio. En octubre de 2020, un juez del Tribunal Agroambiental realizó la audiencia por la denuncia de avasallamiento en el sitio y constató, tras una demarcación realizada con asistencia técnica, que la excavación realizada en la TCO está fuera del área legalmente adjudicada por la minera. 

Tras esa verificación del juez del Tribunal Agroambiental, el representante legal de la mina, Ariel Villarroel optó por el desalojo voluntario de la zona y aceptó resarcir los daños y perjuicios, lo cual debe establecer la autoridad competente como determina la sentencia. 

Ariel Villarroel asegura que seguirá con sus actividades en la zona donde tiene autorización de la AJAM para operar, cerca del límite del territorio indígena y pidió respeto a su trabajo.

“La empresa reconoció que cometió un error, culpó de aquello al municipio de Antequera, por brindarle mala información. Pero no puede solo decir que cometió un error, tiene que resarcir todo el daño que causó en la zona”, explica Julio Coca.

En la última década en Bolivia ninguna acción legal (como la acción popular o la acción de amparo constitucional) en contra de la minería en territorios indígenas o en áreas protegidas ha sido favorable para los afectados, según el Cejis. Y mientras el modelo económico del gobierno boliviano siga centrado en la extracción de recursos naturales, el sector minero continuará con sus ventajas y tendrá las leyes a su favor para ingresar a cualquier territorio indígena como ya lo está haciendo, señala el Cedib.

Incluso, el caso, junto al de otros territorios indígenas, fue presentado por la sociedad civil en un informe al Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas al Estado Plurinacional de Bolivia, en 2019, donde se detalla el problema.

Tomando en cuenta esta situación, Miguel Vargas considera que es importante voltear la mirada hacia la jurisdicción agroambiental en defensa de los territorios indígenas frente al extractivismo. Para ello se tiene que modificar el procedimiento del Tribunal Agroambiental, cuya competencia actual está solo sobre los recursos renovables.

Para los líderes del territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, el conflicto no ha terminado con la salida de sus tierras de la minera Nilser, que tiene un contrato minero de 9 cuadrículas (225 hectáreas) en la región “Belén de Victoria de San Luis I”, cerca de la población originaria. 

Están impulsando un proceso judicial sobre la base del dictamen del Tribunal Agroambiental que ordena un resarcimiento, aunque aún no se han establecido los daños ambientales, sobre todo por el uso del agua, así como por la supuesta extracción de plata, plomo, zinc y estaño.

“Eso es lo que queremos establecer ¿qué ha sacado y cuánto?”, remarca el Jatun Tata Julio Coca, quien piensa que tanto el plomo como el estaño están acompañados de oro. Al margen de ello, siguen esperando que la empresa tape el hueco y retire los escombros que dejó en su incursión en la zona.

“Queremos establecer cuánto han contaminado con el movimiento de tierra y por la copajira (agua ácida de color amarillenta o plomiza que se produce en el interior de una mina) que han dejado a la intemperie”, reclama el Jatun Tata de la TCO.

La directiva ha tomado la decisión de ejercer su derecho autonómico para juzgar a la empresa y ya no acudir al Tribunal Agroambiental para sancionarla.

A las autoridades tradicionales les preocupa estar “contra el tiempo”, ya que su gestión termina en diciembre y una nueva directiva entrará en enero de 2022. Para no dilatar más el proceso crearon la Comisión de Defensa del Territorio de la Minería. 

“Recién estamos encaminando en la justicia. Tienen que hacer la admisión de cambios de nombres, porque cambian las autoridades. Con eso, vamos seguir con la demanda del resarcimiento ante el Tribunal Agroambiental y también en la justicia ordinaria por el avasallamiento, que incluso tiene varios años de cárcel”, adelanta la exautoridad originaria Valentín Arroyo Apaza, actual presidente de la Comisión.

La subcuenca Peñas tiene 57 galerías filtrantes o pequeñas vertientes de agua, según pesquisas de los mismos pobladores en varias gestiones de autoridades originarias y según el investigador Víctor Zenteno.Se trata de “obras hidráulicas construidas de forma horizontal que representan un método ancestral de aprovechamiento de aguas subterráneas para el riego y el consumo humano…”, según Zenteno.

Esta forma de distribución del agua, que abastece a las comunidades, se ha convertido en un legado, por ello una de las labores de los indígenas quechuas es conservarla limpia y abundante. “No podemos permitir que vengan a contaminar nuestra agua, porque la minería será por un tiempo, lo que va a quedar es nuestra producción de leche. Tenemos que cuidar el cañadón Peñas, porque se trata de nuestra subsistencia”, remarca Luis Fernando Quispe Pillco, tata mallku del ayllu Tapacarí.

“Tenemos vacas, tenemos alfares. Todos vivimos con la ganadería, ese es nuestro sustento y si entra a trabajar la minera todo va a contaminar. ¿Nuestros hijos, nuestros nietos dónde van a vivir, porque la minería se acaba y después?”, cuestiona Gabriela Alegría de Quispe, mama talla del ayllu Tapacarí.

Las comunidades, además de la amenaza minera tienen otras necesidades. Vitalia Martínez, dirigente de la Asociación de Productores Integral de Peñas (APIP) del territorio indígena Tapacarí Cóndor Apacheta, narró que en 2020 han tenido problemas para obtener forraje para alimentar a su ganado debido a la sequía y a las fuertes heladas.

Este año no ha sido diferente, también la helada les ha afectado en los primeros meses del año. “Se ha secado la alfalfa (hierba que se utiliza sobre todo como forraje) y entonces tenemos que hacer comer de nuevo al ganado. Tenemos menos producción cada año. A Challapata (municipio) ya no llevamos la misma cantidad de productos, tenemos menos ingresos (económicos). El gobierno dice que la economía se está fortaleciendo, eso es mentira, apenas alcanza”, reclama Julio Coca. 

Lo que denuncian los indígenas quechuas es que, cuando piden ayuda para sobrellevar las pérdidas, las autoridades estatales les dicen que no aportan económicamente al Estado y que deben dejar trabajar a la empresa minera. 

Walter Colque, jilata (autoridad en Aymara) del ayllu Cóndor Apacheta cita como ejemplo al exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, quien -asegura- les dijo que si quieren camino deben dejar que haya actividad minera en su territorio porque eso genera regalías que sirven para la construcción de caminos.

En esta TCO quieren preservar sus reservorios de agua para las generaciones que vienen, sobre todo, para potenciar su actividad agropecuaria y revertir la migración de sus jóvenes. Cada año, la veintena de bachilleres se van del territorio quechua para estudiar en otras ciudades.

Lamentan que los pocos jóvenes que retornan no encuentren trabajo en sus comunidades. Esto los obliga a migrar. Por eso, anhelan tener una escuela de estudios superiores para la formación de maestros o una sede universitaria para que los jóvenes estudien veterinaria o agronomía.

Al margen de todo lo anterior, el acecho de los operadores mineros a su territorio está latente. De hecho, en octubre de 2020, se promulgó una ley departamental para impulsar la prospección y exploración minera en Oruro, cuyo objetivo es promover el desarrollo de ese departamento andino de Bolivia.

Nota. Esta historia hace parte de la serie periodística Caminos por la Pachamama ¡Comunidades andinas en reexistencia!, y se produjo en un ejercicio de cocreación con periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de la Red Tejiendo Historias (Rede Tecendo Histórias), bajo la coordinación editorial del medio independiente Agenda Propia.