El territorio ancestral de los ingas es un corredor natural que se extiende desde el piedemonte amazónico en Putumayo, Colombia, hasta los andes peruanos. Las raíces del pueblo Inga vienen del imperio incaico de Tawantisuyu, que se formó en los siglos XV y XVI y se convirtió en el más extenso en la América precolombina y abarcó cerca de tres millones de kilómetros cuadrados cubriendo regiones de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Estos datos, citados en varios libros de historia y expuestos en los principales museos de Latinoamérica, también se escuchan entre los sabedores indígenas ingas que traen a la memoria sus orígenes y su caminar por el territorio (atun ñambi).  En Colombia 19.561 personas se reconocen como ingas, de acuerdo con el Censo de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018. La mayoría vive en zona de cordillera del Putumayo y están asentados en varios municipios del departamento, entre los que se resalta Valle de Sibundoy, Mocoa y Villagarzón. Conservan la lengua inga (runasimi), vestimenta, tejidos y costumbres. Practican la medicina tradicional a través de la guía de sus médicos (Iachas), poseedores de un gran conocimiento espiritual, de las plantas, entre ellas, el yagé (ambiwaska). 

Líderes de la Asociación de Cabildos Indígenas de Villagarzón, Acimvip, sienten que el Ministerio del Interior está desconociendo la ancestralidad del pueblo Inga en territorios andino-amazónicos al permitir el acceso de industrias petroleras al territorio ancestral en Villagarzón debido a que otorga certificaciones sin reconocer su existencia como pueblo en varias áreas del municipio. Acimvip ha denunciado estos hechos desde 2012.

Es por ello que los líderes y comunidades luchan para que las instituciones gubernamentales respeten sus derechos, su presencia en territorios ancestrales y lugares que consideran de importancia espiritual y medicinal como cananguchales y humedales, que se han visto afectados por las exploraciones de petróleo. Además, reclaman vivir en paz y armonía, derechos que han perdido en las últimas décadas, debido a la presencia de grupos armados legales e ilegales que los han venido acosando y desplazando.

En Villagarzón viven 699 familias distribuidas en nueve resguardos del pueblo Inga que componen la asociación Acimvip, la organización que los representa. Desde ese lugar de geografía montañosa, de selva espesa y de abundantes ríos como el San Juan y el Putumayo -de 148.000 kilómetros que se extienden como frontera natural con Ecuador y Perú hasta desembocar en Brasil-, los indígenas buscan una permanencia y pervivencia de su cultura, derechos y tradición vulnerados desde hace 60 años, cuando las multinacionales llegaron para extraer petróleo.

El taita Vicente Jacanamijoy, médico tradicional y gobernador del Resguardo Blasyako, recordó las palabras de los mayores que narraron cómo las petroleras cambiaron el territorio talando selva y abriendo carreteras.

“Eran solamente caminos de herradura donde no había ni carretera, nada, entonces la empresa ha aparecido de un momento para otro, tumbaron más de 10 hectáreas de montañas (selva) vírgenes e hicieron una pista para una avioneta que aterrizaba en un tendido de pura chonta (pedazos de palmeras sobre el suelo)”, relató el taita  Vicente.

Estas multinacionales llegaron e intervinieron ecosistemas como los salados, lugares donde los animales se alimentan. “Teníamos buena cacería, estaba el cerrillo, los micos, la danta, todos esos animales se fueron lejos porque mucha gente fue la que llegó a trabajar”, agregó.

Además, el taita Vicente aseguró que contaminaron ríos y caños. “En el agua corría puro aceite, no se podía consumir agua de ahí, ese fue el impacto más grande”. Desde la época que mencionó el taita a la actualidad, la operación de las multinacionales en sus territorios no ha parado. Acimvip ha documentado que desde 1999 se han realizado más de 20 proyectos de sísmica, exploración y producción por parte de Gran Tierra Energy en asocio con Ecopetrol, Canadian Petroleum y Emerald Energy.

Los proyectos se han desarrollado en las comunidades y resguardos indígenas de Chaluayaco, San Miguel de La Castellana, Wasipungo, Puerto Limón, Blasyako, Albania, Playa Larga, Florida Alto Sardinas, Sacha Wagra, Alparumiyaco, entre otros.   

“Una de esas situaciones se dio en 1999 con la incursión de la empresa Canadian Petroleum en alianza con Ecopetrol, que llegó al territorio ancestral del pueblo Inga de Villagarzón, denominado en lengua Inga Nukanchipa Alpa Mukunapa Wasi kausai Maskarigrideru, donde se encuentra la casa de los amos y de los espíritus del pueblo Inga de Villagarzón, donde están todos los recursos naturales, las fuentes de agua, las plantas medicinales”, dijo Carlos López Descanse, líder  del pueblo Inga y presidente Acimvip. 

Hacia el 2006, muy cerca de las comunidades que hacen parte de los resguardos San Miguel de La Castellana y Wasipungo, se inició la construcción de la plataforma Costayaco con más de 14 pozos, sin el proceso de consulta previa, de acuerdo con los relatos de los líderes indígenas, el derecho que tienen de ser consultados antes del desarrollo de proyectos u obras dentro de sus territorios no se cumplió. 

“Y en 2007 empiezan las perforaciones de Costayaco, pero nunca consultaron con los resguardos, con el pueblo, qué era lo que iban a hacer”, aseguró Luis Jansasoy Quinchoa, coordinador de la guardia indígena Cuidadores de la Amazonía, y líder del área de justicia y gobierno propio de Acimvip. 

Lo mismo ocurrió con la plataforma Moquetá. Entre 2011 y 2014 se exploró e inició la producción de petróleo en por lo menos siete pozos ubicados en zonas de influencia de los resguardos San Miguel de La Castellana, Wasipungo y Puerto Limón. Según Acimvip, también se violó el derecho a la consulta previa. 

“Ellos siempre han tenido conocimiento de la presencia de estas comunidades en el territorio y aún así nunca se nos consultó. Esas plataformas están construidas dentro de los territorios indígenas hablando desde la cosmovisión propia que tenemos como pueblo. Si bien desde la parte occidental se dice que hay límites territoriales (resguardos) para los pueblos indígenas y dentro de nuestra cosmovisión esos límites no existen, porque somos pueblos que hemos vivido de la recolección, de buscar nuestros alimentos en el territorio, ese conocimiento que nos han transmitido de generación en generación”, resaltó Luz Dary Cuara, coordinadora en el área de derechos humanos de Acimvip. 

El derecho al territorio del que han hablado los líderes indígenas está amparado en el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Gobierno de Colombia, la norma textualmente dice: “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. 

Entre 2013 y 2020 se han producido en el departamento del Putumayo  3.457,379 barriles de petróleo (barriles promedio por día calendario, BPDC), de acuerdo con estadísticas reportadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).   

De enero a junio de 2021 la producción del crudo en el Putumayo alcanzó los 103.872 barriles, reportó la ANH.

En el Putumayo la extracción de hidrocarburos generó liquidaciones en regalías por 17 mil millones entre 2012 y 2020, según datos entregados por la ANH en respuesta a derecho de información interpuesto por Agenda Propia.

En 2012 destruyeron un cananguchal para crear el bloque denominado PUT1, APE La Cabaña, de la empresa Gran Tierra Energy de Colombia LTDA. Este lugar natural es considerado un sitio sagrado donde los médicos tradicionales del pueblo Inga recogían plantas y semillas para sus remedios y sus rituales.

Para los pueblos indígenas, los cananguchales o morichales, cuya palma representativa es la Mauritia flexuosa (nombre científico) son sagrados, debido a que cuentan con un ecosistema donde nacen ríos, quebradas y humedales, allí crecen plantas medicinales y es el hogar de distintas aves y mamíferos. La palma se utiliza para la construcción de las malokas de las comunidades amazónicas. De su fruto se hace chicha y se saca harina, que a su vez es también el alimento para los peces, los pájaros, la danta, la boruga y el armadillo. De sus hojas y cogollos sacan las fibras para hacer artesanías que se usan en las festividades del Kalusturinda, o del perdón de los pueblos Inga y Kamëntsä.

“Aquí metieron máquinas para tumbar las palmas, construyeron un pozo muy hondo y para rellenar este sector también hicieron excavaciones”, dijo Luis Jansasoy Quinchoa, mientras mostró el pozo y narró cómo resistieron para evitar que se instalara la petrolera. 

“Las comunidades nos reunimos y evitamos que se construyera una gran plataforma para hacer el proceso de explotación”, recordó Luis Jansasoy.

En la actualidad, en ese cananguchal solo se ven palmas secas y poco rastro de lo que un día fue un humedal. Aunque ya han pasado 10 años de la intervención, la madre naturaleza aún lucha por recuperarse. 

La vegetación va creciendo de manera lenta, así lo aseguraron los guardias indígenas y autoridades del pueblo Inga, quienes realizan recorridos habituales para hacer control y vigilancia en la zona, tienen la esperanza de volver a ver un gran espejo de agua y así seguir practicando la medicina tradicional.

“Es un lugar sagrado donde están todos los espíritus, donde recogemos las semillas, las plantas curativas. La espiritualidad como es intangible, no se puede ver ni tocar, pero nosotros que somos médicos conversamos con ellos (los espíritus), practicamos con ellos, danzamos”, explicó el taita Vicente.  

En ese sitio, que desde el aire se ve como una llaga abierta, las obras de la petrolera habían avanzado luego de que el Ministerio del Interior desconociera la presencia de los ingas. Mediante la Resolución 0753 de 2012, el Ministerio certificó que “no hay presencia indígena en la zona de influencia directa del proyecto APE La Cabaña”, lo que generó la exploración por parte de la empresa Gran Tierra. Además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante la Resolución 0717 de 2014, había otorgado la licencia ambiental a la multinacional para ejecutar dicho proyecto, en un área de 629 hectáreas. 

En junio de 2015 Acimvip interpuso una acción de tutela por la violación de los derechos a la consulta previa, al debido proceso y a la autonomía de la comunidad indígena Inga de los municipios de Villagarzón y Puerto Caicedo, los cuales fueron amparados en julio del mismo año por el Tribunal Administrativo de Nariño. En la sentencia, el Tribunal ordenó suspender los efectos jurídicos de las resoluciones 0753 de 2012 y de la 0717 de 2014 hasta que se verificara la presencia o no de las comunidades indígenas en el territorio donde se adelanta el proyecto petrolero. La sentencia del Tribunal fue confirmada por el Consejo de Estado en 2015.  

“A pesar de que el Ministerio nos desconoció, nosotros seguimos estando aquí como cuidadores de la Amazonía, con el mandato de nuestros ancianos, mayores, no lo hacemos porque queremos ir en contra del desarrollo, simplemente que aquí se ha violado el derecho de los pueblos indígenas a hacer la consulta, libre e informada”, dijo Luis Jansasoy.  

Después de los fallos, Acimvip ha realizado varias visitas de verificación al territorio, en compañía de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior para identificar las diferentes afectaciones, tanto sociales, culturales y espirituales de este proyecto a los pueblos indígenas y comunidades campesinas de este sector y afrodescendientes. En 2021 su lucha sigue vigente. 

Incluso han realizado mapas (ver más abajo) donde se muestra la ubicación de los resguardos, las comunidades y los ríos, y también de los bloques petroleros, esta última con información de la ANH. La labor cartográfica hace parte de las pruebas de Acimvip para demostrar en los tribunales que APE La Cabaña y los otros bloques petroleros sí están en zona de influencia de las comunidades Inga.

A Vanessa García Gómez, abogada de Acimvip, le preocupa que el Ministerio del Interior esté estableciendo estrategias para determinar los impactos del proyecto APE La Cabaña. “De una manera arbitraria señalan en dónde podría ser el impacto cultural y territorial del proyecto y lo limitan”.  Ella exige que se deben definir en el terreno y con la presencia de las comunidades. “Estamos ya en el 2021, seis años en ese proceso de exigencia de derechos, insistiendo que se hagan las cosas bien, insistiendo en que se respeten los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”.

Además, la organización indígena también concluyó que otra afectación directa para el pueblo Inga es el impedimento legal para la ampliación del Resguardo San Miguel de La Castellana dado que este proyecto petrolero se superpone o traslapa con el área de pretensión para la ampliación. 

La militarización y las prohibiciones a la libre movilidad son otras de las preocupaciones de las comunidades.  “Nuestra costumbre es poder andar en nuestro territorio libremente, cuando entra una multinacional va atrás la fuerza pública, y ellos a veces nos impiden desplazarnos a hacer nuestras actividades de pesca, de cacería”, dijo Jesús Arturo Jojoa, gobernador del Resguardo San Miguel de La Castellana.

La organización comunitaria también ha sido permeada por las petroleras, en varios casos los líderes han sido influenciados con falsas expectativas de apoyo de proyectos. “Ya sea por plata o por trabajo, y algunas personas que han estado alfrente de algunos procesos han sido permeados, de esta forma luego pretenden confundir a las comunidades, por no tener el conocimiento de liderazgo, entonces ellos son engañados muy fácilmente y generan división al interior de las comunidades”, así lo recordó mama Aida Jacanamejoy Miticanoy, (mama es una expresión de reconocimiento a las mujeres mayores de edad, autoridades y sabedoras de la comunidad), exgobernadora del resguardo San Miguel de La Castellana.

Mama Aida, quien viste con su traje tradicional, un tupuye (blusa), pacha (falda) negra y un reboso de color rojo que resalta con su piel morena, asegura que las huellas y daños son más profundas en los territorios.  

Militares y funcionarios al servicio de las multinacionales han abusado de la dignidad e integridad de las personas, en particular de las mujeres.  

Para mama Aida, uno de los episodios más fuertes y duros de recordar y que cuenta entre lágrimas y con voz temblorosa fue en su juventud, cuando ella junto a una amiga fueron atacadas por trabajadores de una empresa petrolera.   

“Cuando tenía 16 años a nosotras nos intentaron abusar, eso era la petrolera ahí en la carretera, aquí en El Recuerdo. Ellos tenían un campamento y a nosotros nos persiguieron, yo estudiaba con otra compañera, ella era más niña, yo era más viejita. Yo hice fuerza, miramos y mentimos que nosotros teníamos parejas, entonces esos señores se asustaron y se regresaron”. Ella comentó apenada y aseguró que cuando sucedió aquel hecho no sabía que esos abusos son delitos, y ahora prefiere comentar su caso para que las mujeres sean respetadas. 

Estos son relatos  que aún generan miedo y desconfianza en las comunidades, pues son heridas que todavía no sanan, como si fueran canastos de la memoria que no se han tapado. Revivir estos recuerdos es un dolor latente para los mayores, es por eso que desde el liderazgo, la palabra y la medicina, invitan a las petroleras y al Estado a respetar los derechos de las comunidades Inga y a salvaguardar este territorio que es fuente de vida para Colombia y la humanidad, a proteger la madreselva y a las comunidades para que continúe la pervivencia de los pueblos indígenas.   

Para mama Aida, con estos proyectos extractivos, también se está abusando del cuerpo de la Madre Tierra, debido a que estas explotaciones generan contaminaciones y daños al territorio.   

“El petróleo es la sangre de la Madre Tierra, queremos que dejen vivir a la Madre Tierra, que tiene sangre como nosotros, que no nos perjudiquen (…) Tenemos que cuidar, tenemos que tener muy claro que nuestro territorio es un sitio sagrado”, reflexiona mama Aida.

Entre sus memorias también está la imagen de cómo las petroleras empezaron a despejar caminos para dar paso a las maquinarias, destrozando la madreselva y a su vez dejando desechos en las comunidades.  

“En la basura botaban cosas y nosotros íbamos a recoger allá, por ejemplo, de loza, de cucharas, eso botaban, imagínese y uno no sabe que está contaminado, eso conocí desde mi niñez”, relató mama Aida. 

Mientras ella narraba su historia, en la comunidad de San Miguel de La Castellana pasaron dos helicópteros, cada uno llevaba un tanque agarrado de una maya. Mama Aida comentó que es común ver los helicópteros transportando materiales y escuchar el sonido ruidoso del aparato. 

“Un día, nosotros vimos que cayó un tarro al lado de mi padrino, como a 50 metros había una zanja, cayeron dos tarros, seguro se arrancó de la mochila que dicen, pero no sé cómo sería, pero soltó, uno se reventó y cayó el agua, y pues todo eso se fue el agua ese líquido y el otro quedó entero. A mí me da miedo cuando pasa un helicóptero con esas cosas”, dijo mama Aida. 

Para la coordinadora de derechos humanos, Luz Dary Cuaran, los helicópteros además generan contaminación auditiva y han hecho que varios animales se vayan, afectando la cacería. “Eso nos afecta en nuestra seguridad alimentaria, en la cacería y en el equilibrio del territorio, porque nosotros miramos que todo lo que habita, hasta lo más pequeño, cumple su función, explicó. 

A ello se suman las teas que han construido en las plataformas Costayaco y Moquetá. Las teas son torres altas que funcionan como antorchas y que producen fuego las 24 horas del día para quemar los gases que genera la operación de la extracción petrolera. Mientras empresas como Ecopetrol aseguran que la tea es un sistema de seguridad de las personas y amigable con el medio ambiente, para los indígenas la iluminación permanente de las llamas ha causado la muerte de aves que vuelan cerca, afecta la normal reproducción de animales como las hormigas arrieras -uso alimenticio para las comunidades- y debilita el crecimiento de las plantas medicinales.

 “Los trabajadores de ahí de ese sitio (Costayaco) lo que hacen es ir por las mañanas a recoger las aves y enterrarlas, todos los que de pronto hemos ido allá nos hemos dado cuenta de eso”, dijo Jesús Arturo Jojoa.

Todas estas denuncias se suman a la contaminación de los afluentes hídricos. De acuerdo con el relato de Luis Jansasoy, uno de los grandes impactos se dio en el año 2020, cuando el oleoducto que atraviesa el río Mocoa llegó hasta el resguardo de Costayaco, se rompió generando un grave desastre ambiental y pérdida de ecosistemas nativos. 

Otro problema ha sido el conflicto armado, que ha impedido el reconocimiento y la seguridad jurídica de sus territorios. El conflicto en Villagarzón ha dejado 16.739 víctimas al 31 de agosto de 2021, según datos del Registro Único de Víctimas.  

“Mucha de la población indígena fue desplazada, algunos líderes también que hacían la defensa territorial para que la empresa y la industria petrolera no ingresaran. Posteriormente, llega la empresa Gran Tierra Energy Colombia, la cual en la actualidad cuenta con la mayoría de proyecciones de exploración que le ha otorgado la ANLA en 2011 y 2012”, dijo Carlos Descanse, presidente de Acimvip.

La afectación ambiental y social de sus territorios ha hecho que los indígenas fortalezcan sus conocimientos en temas jurídicos para proteger a las comunidades y lograr rutas de atención en los casos de violaciones de los derechos como pueblos originarios y víctimas del conflicto armado. También que se aferren con más fuerza a sus saberes y tradiciones como un camino de lucha y resistencia. Es por eso que bajo la palabra de consejo de sus mayores crearon la guardia indígena: Cuidadores de la Amazonía. 

“De nuestras autoridades surge la idea de los Cuidadores de la Amazonía, como chaskis, wasikamas del alto, medio y bajo Putumayo, esto con el fin de salvaguardar nuestro territorio. Es a través de nuestros bastones que está depositada la fuerza y la espiritualidad de nuestros mayores, nunca cargamos armas que puedan afectar a los humanos, cuidamos nuestro territorio, prevenimos de todo riesgo que afecte a nuestro pueblo, tanto de la parte espiritual como cultural”, explicó Luis Jansasoy, coordinador de gobierno y justicia propia de Acimvip.

La guardia está conformada por jóvenes, mujeres y sabedores, quienes de manera voluntaria y sin ningún reconocimiento económico, recorren los linderos y caminos que hay en su “Nukanchipa Amukunapa Alpa” (que traduce los cuidadores de este territorio en runasimi, el idioma Inga). Buscan prevenir la caza indiscriminada de animales, la tala ilegal de bosques y la afectación ambiental por empresas extractivas. 

“Nuestro equipo se ha venido preparando en el sistema general de prevención de desastres, de riesgo, como la avalancha de Mocoa (2017), donde actuamos como socorristas indígenas y hoy nos dedicamos a fortalecer la justicia y gobierno propio en los diferentes territorios”, agregó Luis Jansasoy. 

Sus actividades como guardias suelen ser largas caminatas que hacen atravesando ríos, montañas y selvas. Ellos tan solo llevan pequeños morrales con una hamaca y una linterna, no cuentan con los elementos físicos de protección como cascos, machetes y otras dotaciones.

Sin embargo, su forma de cuidado es espiritual. En los recorridos hacen rituales de armonización en la selva para pedir permiso y protección a los espíritus del territorio con cantos, plantas, incienso y hojas de wayra -que es el aliento de vida-, así pueden transitar de una manera más segura por distintos lugares y comunidades.

“Lo importante de la Madre Tierra para nosotros es la vida, cuidarla para no contaminarla y poder gozar el buen vivir”, explica Luz Mery López Jamioy, miembro de Cuidadores de la Amazonía. Para los jóvenes que hacen parte de la guardia, su labor y voz es un ejercicio de aprendizaje. Desde una visión colectiva y comunitaria se cuida a la Madre Tierra para mantener viva su cultura, raíces y tradición.

“Para los niños y los jóvenes Inga es decirles que se integren a cuidar nuestra naturaleza, el agua, que no arrojen basura porque ahí hay animales, causan un impacto ambiental”, dijo Steven Castillo, uno de los miembros más jóvenes de la guardia Cuidadores de la Amazonía. 

Arley Jasasoy y Willy Macías, miembros de la guardia indígena, comparten que es fundamental el cuidado de las fuentes hídricas. “Protegemos los arroyos, nuestros ríos y suelos donde nacen las cordilleras para poder que nuestra generación, nuestros hijos y nietos tengan como subsistir”. 

A pesar de las dificultades en sus comunidades, la presencia de petroleras y las amenazas a sus líderes, las nuevas generaciones ingas seguirán caminando sus territorios, haciendo mingas de resistencia y practicando saberes propios como la medicina ancestral, la danza, la música y su lengua nativa.

Su lucha también es un ejemplo para otros pueblos que conviven en el Putumayo como son los Cofanes, Sionas, Uitotos o Murui, Kamëntsa, Nasas, Pastos, Awá, Emberá y Killasingas, entre otros, que también han sido perjudicados por las petroleras, la extracción ilegal de minerales y el conflicto armado, según la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.