La templanza de las mujeres Wayuu ha guiado la lucha y la defensa del territorio en contra de la explotación de carbón a cielo abierto que desde hace 36 años la multinacional Carbones del Cerrejón Limited realiza en La Guajira, Colombia. Voces de lideresas indígenas se han alzado para denunciar que la extracción del mineral ha dejado contaminación y enfermedades a los habitantes que viven en inmediaciones de la mina de Carbón y también daño a la Woumainkat (Madre Tierra en lengua Wayunaiki).

Una de esas mujeres es María Cristina Figueroa Gouriyu, del Eiruku (clan) Gouriyu, quien desde la comunidad de Tinajita, perteneciente al resguardo indígena Provincial, exige mejores condiciones de vida, salud y aire limpio para las comunidades que habitan cerca de la mina como son Provincial, Cardenalito I y II, Cerrito I y II, Tinajita y de Atachuma.

María Cristina, de 43 años, creció viendo cómo el polvo que sale de la mina de 69 mil hectáreas, una de las más grandes del mundo, según Cerrejón, cubre las hojas de los árboles de trupillo y arbustos. Sus oídos ya se acostumbraron a las explosiones de la mina de carbón que hacen temblar las viviendas y que dejan en el ambiente un olor a azufre. Desde la enramada, un rancho ubicado en las afueras de su casa en la comunidad Provincial, sector en el que viven 835 personas, ella asegura que la extracción del carbón ha traído enfermedades a niñas, niños, abuelos y demás habitantes, y ha causado contaminación ambiental, desvío de fuentes hídricas y afectaciones a la forma de vivir la espiritualidad de los wayuu.

“Cuando se habla de los daños o consecuencias no solo hablamos del aire, también debemos mencionar todas las afectaciones que esto implica para el territorio. Hay escabiosis (enfermedad de la piel) y enfermedades en los ojos. También auditivas porque el ruido de las voladuras es muy fuerte y afecta los oídos de las personas que están más cerca. El subsuelo vibra, lo que ha provocado las ranuras en las viviendas de la comunidad”, explica María Cristina.

Entre el verde de los cerros del sur de La Guajira se observan las grietas de la tierra de colores marrones y grisáceos, maquinaria pesada que remueve piedra, socavones y grandes canales de cemento. 

A tan solo 400 metros de la mina del Cerrejón quedan los resguardos indígenas Provincial y San Francisco (se ubica a orillas del río Ranchería, municipio de Barrancas), y a 800 metros está el resguardo El Cerro, municipio de Hatonuevo.

El pueblo Wayuu también ha sufrido impactos en su espiritualidad. Según María Cristina, los oscuros vagones del tren que atraviesan de sur a norte La Guajira no solo se llevan el carbón sino “la posibilidad de soñar y seguir en comunicación con nuestros muertos”. María Cristina explica que “el ruido de la multinacional, que está presente las 24 horas del día, se intensifica cuando cae la noche y no permite que las comunidades sueñen, no poder soñar implica una ruptura de una tradición que ha sido milenaria; para nosotros soñar es el único medio para unirnos con nuestros ancestros”, dice.

Ella asegura que el lugar en el que está la mina es un sitio sagrado para el pueblo Wayuu. “Allí teníamos las plantas medicinales, donde se iban a recoger cada vez que había un sueño, hoy día son los socavones del Cerrejón, desde allí se empieza a decir que ya el contacto de nosotros con la madre naturaleza ha sido violado”. 

María Cristina agrega que se han violado derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas antes del desarrollo de proyectos u obras dentro de sus territorios como la consulta previa. “La minería fue inicialmente impuesta sin una consulta previa a la comunidad, desde entonces ha permeado al territorio”, señala.

Entre 2002 y 2020 Cerrejón ha explotado 536,4 millones de toneladas de carbón y ha exportado 542,6 millones de toneladas, según informó en su sitio web. 

María Cristina asegura que una de las luchas que dio su resguardo Provincial en 2013 fue contra la desviación del río Ranchería, el único afluente que riega el territorio semidesértico de la media y baja Guajira.

“Esto se hizo con el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el resguardo Provincial, las comunidades de Roche, Chancletas y Tabaco estuvimos unidas en una sola voz”, precisa. 

La expansión del Cerrejón para explotar carbón en inmediaciones del río Ranchería no se dio, sin embargo, María Cristina dice que el río “se está contaminado por las mismas consecuencias que ha traído esta multinacional al territorio”.

Uno de los afluentes que sí desvió Cerrejón es el arroyo Bruno. En 2016 las obras de modificación parcial del cauce “consistieron en mover hasta 700 metros al norte un tramo de 3,6 km”, según lo señala la empresa en su página web. 

María Cristina no ha luchado sola, otras organizaciones como Fuerzas Mujeres Wayuu, además de lideresas y madres de familia han defendido los derechos colectivos e individuales ante las afectaciones generadas tras la explotación de carbón. 

Luz Ángela Uriana interpuso una acción de tutela en 2016 para proteger la vida de su hijo Moisés Daniel Guette, de 2 años. Ellos viven  en la comunidad Tajo Patilla. La explotación diaria hizo que el polvillo de carbón que se expande en el aire complicara la salud de Moisés y de varios de los habitantes. 

En fallo de tutela del 26 de febrero de 2016 en favor del niño, el Juez del Circuito Judicial de San Juan del Cesar, La Guajira, ordenó a Carbones del Cerrejón y CorpoGuajira implementar un plan de reducción de material particulado y emisión de gases de combustión en un término de dos meses.  

“Esta misma postura ha sido planteada por la Corte Constitucional en sentencia T-153 de 2014, en donde se insta al Ministerio de Ambiente a realizar las adecuaciones de la reglamentación a los estándares de la Organización Mundial de la Salud sobre emisión de material particulado”, informó el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” que ha acompañado la lucha jurídica de la comunidad de Provincial.

Al igual que Luz Ángela, otras mujeres que han exigido los derechos a la salud y a un ambiente sano son Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana, integrantes del Resguardo Indígena Provincial. Ellas interpusieron una acción de tutela para exigir cumplimiento de esos derechos, los cuales fueron amparados mediante la Sentencia T-614/ de 2019 de la Corte Constitucional.

La Corte encontró que la comunidad de Provincial se encuentra en una grave situación de riesgo por “la dispersión continua de material particulado y polvillo de carbón que se desplazaba desde la mina hasta el interior de sus hogares, que superan los límites exigidos a nivel nacional e internacional, la afectación de suelos y cuerpos de agua aledaños debido a vertimientos y filtraciones en la zona, la exposición constante de la flora y fauna cercana a sustancias contaminantes, la generación de mezclas complejas de químicos y gases que podrían ser las causantes de diversas enfermedades a los integrantes de la comunidad”.

Además, la sentencia tiene en cuenta las historias clínicas entregadas por las entidades promotoras de salud indígena, EPSI, en las que registra que desde 2012 hasta mayo de 2019 atendieron a 160 personas de la comunidad con neumonías bacterianas, asma, laringitis, infecciones respiratorias, lesiones dermatológicas, tumor en la piel, entre otras. La Corte le ordenó al Cerrejón y a otras entidades: limpiar el polvillo de carbón en las viviendas del resguardo, en los pozos de agua y en la vegetación; disminuir el nivel de ruidos que genera la actividad carbonífera e impedir la contaminación de fuentes hídricas. 

Adicionalmente ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social crear una brigada de salud con la finalidad de hacer una valoración médica de las personas del resguardo y construir un perfil epidemiológico de la comunidad, entre otras.

María Cristina asegura que la sentencia 614 se está cumpliendo de manera lenta. Comenta que se han hecho limpiezas a las casas y que el proyecto como “la construcción de un puesto de salud dotado con la presencia de un equipo interdisciplinario para poder atender a la población todavía no se ha concretado bien para que vengan los especialistas a la comunidad”. 

Inversiones a medias

Mientras el territorio es explotado, cada año quedan millonarios recursos de regalías. La extracción de minerales, entre ellos el carbón, en el periodo 2012 a 2020, en el departamento de La Guajira ha dejado cuatro billones de pesos de regalías, según datos de la Agencia Nacional de Minería, ANM, entregados en un derecho de petición de información interpuesto por Agenda Propia.  

A nivel nacional, La Guajira se ubica en el segundo departamento con más generación de regalías mineras. Una cuarta parte, es decir, el 25 por ciento de los casi $17 billones de pesos liquidados por la industria minera entre 2012 y 2020 se produjeron en esa región, según los datos de la ANM.

Albania es el municipio de La Guajira donde más carbón se extrae con $2,5 billones, seguido de Barrancas $1,2 billones, y finalmente, Hato Nuevo con $334 mil millones.

María Cristina asegura que de esas millonarias cifras poco se ve en las comunidades altamente impactadas por la explotación. Por ejemplo, comenta que el problema de suministro de agua potable sigue sin solucionarse. En particular María Cristina denuncia que en Provincial “se hizo el primer acueducto que no funcionó, a través del municipio (Barrancas) (...) pero solo quedaron los tubos inmersos en la tierra, de agua no hubo nada”.

En el territorio la dinámica de ir y venir en busca de agua hace parte de la cotidianidad ya que no se tiene la posibilidad de tener acceso directo a las fuentes hídricas, y es por ello que cuando se camina las comunidades se observan los tanques y pipotes o tanques donde las familias Wayuu conservan el líquido que muchas veces deben ir a buscar en burro por las largas distancias que deben recorrer.

La lideresa Wayuu asegura que el Resguardo Provincial ha sido beneficiado con algunos proyectos para limpiezas y construcciones de Jawei o reservorios de agua, pero sostiene que son ayudas pequeñas en comparación con los daños que ha generado la extracción del carbón y las necesidades que allí se presentan.

También comenta que las inversiones de regalías se quedan en proyectos de “cemento” como un colegio y una cancha deportiva. “Estas obras, si bien generan un impacto, yo también podría discrepar y decir que son proyectos que no van acorde a una solución de la realidad que de verdad se deben tocar y palpar para fortalecer a las comunidades indígenas”, agrega.

Aferrarse a su ser Wayuu lleva a María Cristina a seguir ligada a esa comunicación con sus ancestros, pese a que las actividades de Cerrejón les han robado la tranquilidad, ella desde su espiritualidad anhela que sus sueños no se vayan para que su vida no se desoriente y para que su sentir siga siendo colectivo, por eso, acompaña y apoya a las mujeres de la comunidad.

“Por medio de un sueño nació la idea de trabajar el orégano y crear una asociación, donde mi papá me habló y me indicó cómo tenía que proceder para hacerlo realidad, actualmente nuestra asociación nació con la idea de generar una empresa y hablar de la economía propia de las mujeres indígenas y afros. Mi papá fue asesinado por los paramilitares en el 2001”, relata.

Ella también acompaña a mujeres tejedoras e impulsa la venta de mochilas de todos los colores, con figuras representativas del pueblo Wayuu y distintos tamaños que desde Provincial hacen para tejer un mejor futuro.

Debajo de su enramada, y acompañada de su madre y su sobrino, María Cristina sigue su cotidianidad como madre, hija y líder de su comunidad, por medio de sus palabras muestra esperanza y asegura con voz serena que continuará transmitiendo fuerza, esa que caracteriza a la mujer Wayuu.

Pese al dolor que va dejando a su paso la explotación del territorio, que para el pueblo Wayuu ha representado un riesgo para la pervivencia, no solo de Woumainkat (Madre Tierra) sino de la cultura misma, el llamado es “a seguir luchando, a no desvanecerse, resistir, ya que somos las encargadas de construir y fortalecer nuestros linajes”, reflexiona María Cristina.