Desde hace una década, comunidades afro enfrentan la contaminación de sus aguas y suelos por la explotación de petróleo, en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo). En 2019, diez familias, de las veredas La Patria y San Pedro, decidieron dejar la minería de oro para reforestar un bosque y vivir de frutales amazónicos, pero ese sueño se ve amenazado por la presencia de hidrocarburos en una de las quebradas vitales para el proyecto productivo. Hoy exigen que el Estado y la empresa petrolera descontaminen sus tierras.

A orillas del río San Pedro se encuentra la Reserva Minga Kuri, un predio comunal de 74 hectáreas. Allí, diez familias afrodescendientes del Consejo Comunitario de la inspección de Policía de Puerto Limón —una figura jurídica que reconoce la propiedad colectiva y la autoridad territorial de estas comunidades—, residentes de las veredas La Patria y San Pedro recuperan el bosque y siembran frutos amazónicos como el copoazú, el chontaduro, la piña, el borojó y el açaí para vivir de la comercialización de la pulpa. De esta manera, también sostienen una economía legal en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), un territorio atravesado por la industria petrolera, la minería y el conflicto armado.

Minga Kuri fue creada en el 2019 por la Asociación de Exmineros de Tradición con Conciencia Ambiental (Asomintraconal), que en los últimos siete años ha restaurado 22 hectáreas con la siembra de 24 especies de árboles nativos de piedemonte amazónico. Antes de ser reserva, era la finca Bella Vista, un lugar donde se explotó minería de oro legal en el departamento de Putumayo, según informó la asociación.

La siembra y comercialización de frutales es un proyecto piloto que “busca cambiar la mentalidad de las personas que de pronto dañan los ecosistemas a través de economías ilícitas, demostrando con esta iniciativa que sí podemos vivir de proyectos sostenibles y sustentables dentro de nuestro territorio”, expresa Jhon Angulo, técnico ambiental e integrante de Asomintraconal.

Sin embargo, este avance se ve frustrado por un problema que desborda la capacidad de la comunidad: la descontaminación de la quebrada NN. De acuerdo con actas de la empresa petrolera Gran Tierra y registros comunitarios, desde 2014 esta fuente hídrica ha sido afectada por derrames recurrentes de petróleo, provocados por la instalación de válvulas ilegales para el hurto de crudo en la línea del oleoducto Linda-Toroyaco.

La NN atraviesa la reserva y se alimenta de un cananguchal. En épocas de inundación, irriga los cultivos y deposita arenas fértiles en las plantaciones de las que dependen económicamente las familias de la asociación. Además, su curso continúa por otros predios, a través de los ríos San Pedro y La Patria, hasta desembocar en el río Caquetá.

En una entrevista grupal realizada en febrero de 2026 para este artículo, la comunidad relató que la NN —sin nombre— fue como Gran Tierra llamó a la quebrada, e insistió en que la contaminación de su cauce ha impedido el desarrollo de los proyectos productivos al afectar el riego de los cultivos. Esto repercute directamente en la seguridad alimentaria, la calidad de vida y la posibilidad de generar ingresos para las familias que buscan consolidar economías legales y sostenibles.

Gran Tierra Energy Colombia (antes llamada Argosy Energy International) es una multinacional de petróleo y gas de origen canadiense que opera 25 bloques en Colombia y Ecuador, según información de la compañía en su sitio web. Estos corresponden a áreas geográficas delimitadas —en tierra o en mar— destinadas a la exploración y producción de hidrocarburos.

La reserva Minga Kuri se encuentra en el área de influencia del bloque Guayuyaco-Santana, compuesto por cuatro campos (yacimientos de petróleo) y 28 pozos (perforaciones donde se extrae el crudo), según el visor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Este se extiende entre los municipios putumayenses de Villagarzón, Puerto Guzmán y Mocoa, y Piamonte, en el Cauca. 

La actividad de exploración de ese bloque inició desde 1987, como se evidencia en contratos públicos, transformando desde entonces la cotidianidad de las comunidades. En la ruta hacia la reserva —la vía principal de Putumayo, a la altura del municipio de Villagarzón, y la carretera que conduce a Puerto Guzmán— se observan tubos metálicos oxidados que serpentean a lo largo del camino. Se esconden bajo tierra, reaparecen frente a los patios de las casas y, en algunos lugares, quedan suspendidos en el aire antes de internarse en la selva o llegar a las torres donde se ubican los pozos. En el trayecto también hay una planta de tratamiento de residuos que despide un persistente olor a crudo, como se evidenció durante un recorrido realizado para este reportaje a inicios de 2026.

La mancha que persiste en la tierra y la memoria

“Si la tierra no se limpia y otros vuelven a contaminar, nuestro proyecto puede fracasar”, dice Gustavo Castillo, presidente de Asomintraconal. Esa apuesta depende, sobre todo, de la salud del territorio.

“La tierra y el agua es la propia vida del ser humano y de toda clase de animales. Porque sin agua no existe nadie”, afirma Evangelista Castillo, uno de los mayores de la comunidad y cuidador del bosque frutal. Sus palabras resumen la preocupación central de las familias: el agua que debería sostener la vida no es confiable.

En la asociación, dicen, no hay forma de tomar agua purificada. La que consumen en San Pedro la llevan en botellones que compran en tiendas y supermercados del pueblo. La que utilizan para las labores de la reserva la traen por mangueras desde una fuente ubicada a cinco kilómetros de distancia; sin embargo, esto no garantiza que el suministro sea permanente. 

En la vereda coinciden en que no hay dónde coger una gota de agua: la de la NN va llena de crudo; otra está contaminada por cocheras; otras, por fumigaciones; y otra más, por la minería. También advierten que los nacimientos de agua se han secado y atribuyen este cambio a las perforaciones petroleras.

“Un pozo petrolero llega hasta 8.000 pies de profundidad. Cuando hay ese tipo de perforaciones, el agua desaparece”, dice Gustavo al explicar una de las preocupaciones más persistentes de la asociación.

Pero incluso el agua que aún permanece en la superficie no es segura. Entre los casos más recordados está la contaminación del acueducto comunitario por una batería ubicada en la quebrada Sardinata, parte del nacimiento del río San Pedro. Una batería es la infraestructura instalada en un pozo en producción: oficinas, tanques de almacenamiento, tuberías y maquinaria; una especie de asentamiento industrial, en este caso, en medio de ecosistemas amazónicos.

“Hace 45 años construimos una bocatoma, el lugar donde se capta el agua que abastece a la vereda, pero hace unos siete años, en el pozo Toroyaco 3, dejaron rebotar la chimenea y contaminaron el acueducto con petróleo”, recuerda Gustavo. 

La chimenea, conocida como mechero o tea, es una torre donde se queman los gases que se liberan durante la extracción del crudo. La comunidad explica que, cuando ocurre una falla, estos gases pueden expulsar petróleo y generar derrames que provocan contaminación.

Los líderes de la asociación insisten en que no se descontaminó, sino que se construyó otro acueducto que deben compartir con la vereda La Patria, lo que ha generado conflictos porque el abastecimiento no es suficiente para ambas veredas. Además, afirman que no se conoció cuántos barriles de crudo se derramaron. 

Gustavo recuerda que cuando era niño, hace 55 años, corría con otros estudiantes de su escuela a ver los helicópteros en los que llegaba un grupo de sísmica llamado GCI para hacer exploraciones: abrían trochas en el bosque y detonaban explosivos para identificar, con sensores, dónde había crudo. 

En esa época, en la vereda, nadie sabía que sus derechos estaban siendo vulnerados.

Marina Castillo, otra integrante de la asociación, también narra que las explosiones eran tan fuertes que espantaron a los animales: “ahora ya no se ven”, dice.

“En esa época, la empresa sabía que teníamos derechos, pero nosotros no”, afirma Janeth Nupan, también socia de Asomintraconal.

En respuesta a estos impactos, en 2009 crearon el Consejo Comunitario de la inspección de Policía de Puerto Limón, entre Mocoa y Puerto Guzmán, como una forma de gobierno propio para exigir el reconocimiento de sus derechos colectivos. Diecisiete años después denuncian que aún no se ha garantizado plenamente la legalización de sus tierras, ni el respeto a la consulta previa, libre e informada.

Para entonces, la petrolera ya se había instalado y la vida en el territorio cambió. Según Janeth, la contaminación transformó prácticas cotidianas que hoy son imposibles: “Pescar ya no lo hacemos porque las quebradas viven contaminadas de crudo. ¿Qué pescado vamos a sacar? Por eso, ahora pensamos en recuperar el bosque para que los que vienen después puedan aprovecharlo”.

Por su parte, Evangelista cuenta que la tierra también sufre: “Antes se sembraban muchos productos: chontaduro, plátano, maíz, arroz y yuca. Ahora ya no se dan igual; el plátano comienza a dar de para arriba, como la piña, ya no descuelga porque la ceniza del gas (de los mecheros petroleros) no lo deja avanzar”.

La explotación del territorio y de las comunidades afro ha estado acompañada de formas de subordinación que han marcado a varias generaciones. “Mi padre llegó a la finca Bella Vista como esclavo a son de agua y pan (aunque la mina era legal, no recibían salario). Los Puerreños, arrieros que transportaban comida y correo en mulas por Sachamates (camino ancestral entre el municipio de San Francisco y Mocoa), se lo robaron cuando era niño. Por eso, queremos que nuestros hijos y nietos puedan vivir algo bonito. Porque ¿qué me trae una multinacional a mi territorio? Pérdida de cultura”, reflexiona Gustavo.

El Consejo Comunitario al que pertenece es reconocido en el Putumayo por las prácticas culturales: la partería, las curanderas y las cantoras. Saberes tradicionales que les han sostenido, pero que hoy enfrentan el riesgo de desaparecer.

Son muchos los relatos sobre las afectaciones de la industria petrolera en el territorio a lo largo de las últimas décadas. La comunidad habla de voladuras de oleoductos debido al conflicto armado, tubos sin mantenimiento, válvulas ilegales, tuberías que pasan frente a las casas, tramos del oleoducto que invaden la vía principal —y que hoy temen que no pueda pavimentarse—, malos olores persistentes, piscinas de crudo en humedales que se rebozan con las lluvias y desechos abandonados en medio de la selva, humedales y fincas. Todo esto alimenta una percepción común: la presencia institucional no es efectiva.

En la comunidad recuerdan el caso de uno de los abuelos a quien le explotó el tubo de petróleo que pasaba frente a su casa: la vivienda quedó negra, los pollos negros y él también. Fue una explosión por una falla técnica y le tocó vender por lo que le dieran e irse. La reparación fue que lo bañaron.

Además, las personas de la vereda también se enferman. “Ni nosotros mismos sabemos qué tenemos porque las aguas que hemos consumido han sido contaminadas por la petrolera”, expresa Evangelista. Sin embargo, hay un indicador común: sufren de enfermedades estomacales, entre ellas, gastritis crónica.

Lo que estas voces revelan es una certeza compartida: dejar constancia de lo ocurrido como una forma de exigir justicia, agua y tierra limpia, elementos vitales para la pervivencia de su cultura y su futuro.

La lucha para limpiar la quebrada NN

“Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corpoamazonia, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación del Putumayo y la Procuraduría Agraria Ambiental de Pasto (Nariño), no existe un problema de contaminación en la zona. Por eso, estamos hablando para que, incluso a nivel internacional, vean que sí estamos sufriendo. ¿Qué pasa en la Amazonía? ¿De qué sirve sembrar árboles para enfrentar el cambio climático si todas las venas están contaminadas? Muchos extranjeros llegan creyendo que la Amazonía es un paraíso, que aquí todo el mundo vive feliz sembrando árboles, y no saben los problemas tan graves que existen con estos ríos que desembocan en la Amazonía y en el mar”, dice William Silva, asociado de Asomintraconal y representante de la reserva.

Cuando ocurre una contingencia o derrame de petróleo provocado por terceros, como el robo de crudo, la empresa operadora debe recoger el producto derramado, limpiar las áreas afectadas y disponer adecuadamente los materiales contaminados. Así se lo explicó la ANLA a Asomintraconal en respuesta a un derecho de petición el 15 de octubre de 2024.

Pero esto no se ha hecho. Los integrantes de la asociación se preguntan cómo es posible dejar petróleo durante tantos años en el lugar y exigen que se verifique el grado de contaminación con estudios de suelo y agua.

Desde 2019, Asomintraconal y Gran Tierra han sostenido reuniones e incluso firmado acuerdos y contratos para la limpieza del afluente contaminado. Sin embargo, la comunidad denuncia que la empresa no ha cumplido. 

Aunque la asociación ha realizado jornadas de recolección de residuos, el material extraído —que debía ser retirado por Gran Tierra— permanece en la zona. Barriles, tuberías, costales y sedimentos impregnados de crudo, entre otros desechos, han sido arrastrados nuevamente por la quebrada y han recontaminado el cauce, según la asociación. 

La comunidad califica la contaminación de la NN como un pasivo ambiental. Según la Ley 2327 de 2023, se trata de un daño causado por actividades humanas que persiste en el tiempo, puede medirse y localizarse, representa un riesgo para la vida o el ambiente y no cuenta con un mecanismo efectivo para ser controlado o reparado. Por su parte, la ANLA sostiene que no puede categorizarse así porque la “contingencia” se está atendiendo. 

“El resultado es que, tras más de diez años de contaminación, no existen estudios oficiales que permitan saber qué tan afectadas están las fuentes de agua y los suelos del territorio”, dice William. 

En el mismo derecho de petición, la ANLA aclaró que no está facultada para realizar monitoreos, que estos deben ser realizados por laboratorios acreditados y que no se exigen monitoreos permanentes a la empresa cuando los derrames son atribuidos a terceros.

Debido a este problema, las familias, a través de la asociación, han buscado aliados y posibilidades para acceder a la justicia y al derecho a un ambiente sano. “Hemos gestionado recursos con organizaciones, investigado métodos para impulsar un proyecto piloto de descontaminación, se ha buscado apoyo jurídico y se ha dado visibilidad a nuestra realidad, además de elevar solicitudes y derechos de petición al Estado”, explica William.

Falta de información clara

Otro inconveniente que señala la comunidad es que el control y la vigilancia que realiza la ANLA se basan en la información que entrega la empresa Gran Tierra, la cual no corresponde en su totalidad con lo que ocurre en el terreno. Esto genera desconfianza y no contribuye a solucionar el problema de descontaminación.

Esta distancia entre los reportes oficiales y la experiencia comunitaria se ve reflejada en las respuestas de la ANLA. En una comunicación del 3 de septiembre de 2024, la entidad indicó que el seguimiento de una contingencia se hace “con base en los reportes remitidos a través de la plataforma Vital y en los resultados de las visitas técnicas realizadas a las áreas afectadas”.

“En el caso de la empresa, los informes están al día, pero en lo sustancial no concuerdan con la realidad del territorio. Esa información es la que suelen usar las instituciones para tomar decisiones. Es indispensable contar con información confiable de lo que pasa en las comunidades”, señala Natalia Villarreal, abogada y docente de la Clínica Jurídica de la Universidad Mariana de Pasto, quien desde 2025 acompaña el caso.

También Asomintraconal asegura que los recorridos al territorio que hacen funcionarios de la ANLA deben ser independientes, pues ven inapropiado que la autoridad ambiental opere con recursos logísticos de la empresa que debe vigilar. Ante el reclamo, la ANLA aseguró que la logística facilitada por la empresa no compromete su independencia.

A la comunidad, además le preocupa que nadie llegue con soluciones concretas. “Estamos hablando de la Amazonía colombiana, de un territorio con una riqueza inmensa, que vive una contaminación por la que nadie quiere responder ni reparar, salvo la propia comunidad, que además no cuenta con los medios”, asegura Natalia. 

La jurista explica que la contaminación de la fuente hídrica afecta múltiples derechos fundamentales, como el acceso al agua, la salud, la alimentación y la seguridad alimentaria, así como derechos colectivos, entre ellos, el derecho a un ambiente sano. En conjunto, se impacta directamente la dignidad de las comunidades y la gobernanza ambiental del territorio. 

Además, Natalia asegura que el Estado es el principal garante de los derechos fundamentales y colectivos y tiene la obligación de prevenir, investigar, monitorear y reparar los daños ambientales. Las empresas extractivas, añade, también tienen responsabilidades claras frente a los derrames y la reparación integral. “Aquí la carga no puede recaer sobre el más débil. La comunidad ya está restaurando lo que puede; lo que falta es que quienes tienen la capacidad real asuman su responsabilidad y pasen a la acción”, enfatiza.

“El debate jurídico ya no es si debe haber reparación, porque eso es evidente, sino cómo debe hacerse y cuál debe ser su alcance. Desde la academia y la Clínica Jurídica de la Universidad, nuestro papel es aportar los elementos técnicos y jurídicos necesarios para que las instituciones tomen decisiones informadas y contextualizadas, que garanticen los derechos y la protección del territorio”, afirma la abogada, quien reitera que la defensa del agua ya no es solo un asunto ambiental: es una cuestión de dignidad humana, de futuro comunitario y de gobernanza ambiental, que solo puede construirse mediante el diálogo y la acción conjunta entre comunidades, Estado, empresas y sociedad.

Sobre las denuncias presentadas por la comunidad, se solicitó información a la ANLA y a Gran Tierra el 24 de febrero de 2026, sin obtener respuesta a la fecha de la publicación de este artículo. 

Por su parte, la autoridad ambiental del Putumayo, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) respondió que la competencia sobre el caso corresponde a la ANLA. Sin embargo, dice que no existe un protocolo entre las dos entidades para atender estas emergencias, pero sí un intercambio de información y coordinación de “acciones, de seguimiento y control y espacios interinstitucionales orientados a la atención, seguimiento y control de ese tipo de emergencias ambientales”. 

Frente al caso, Corpoamazonía indicó que al no contar con la ubicación precisa donde presuntamente ocurrió la contingencia en la quebrada NN, no podría manifestarse ya que en las veredas La Patria y San Pedro existen múltiples fuentes hídricas que no cuentan con denominación oficial en el registro de la cartografía disponible. Así mismo manifestó no tener conocimiento de las actividades desarrolladas por Asomintraconal.

La paradoja: proteger la Amazonía sin descontaminar el territorio

En el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en noviembre de 2025 en Belén do Pará (Brasil), Colombia impulsó la declaración para eliminar de manera progresiva los combustibles fósiles como una apuesta para proteger la Amazonía; no obstante, en la vida cotidiana de las comunidades resolver los problemas ambientales sigue siendo una deuda. Para Natalia no existe una iniciativa estatal concreta —ni nacional, ni local— que permita mitigar los impactos que enfrentan las familias afro que trabajan en la Reserva Minga Kuri. “Las acciones que existen nacen, sobre todo, de pequeñas comunidades que se organizan para reclamar derechos”, señala.

La abogada expresa que este enfoque evidencia una desconexión profunda: “Los compromisos climáticos de Colombia se han reducido casi exclusivamente a metas de disminución de emisiones. La verdadera clave está en la protección de ecosistemas estratégicos como la Amazonía y en fortalecer la capacidad de adaptación de comunidades históricamente vulnerables. Hoy se presentan cifras que son relevantes a nivel global, pero que no dialogan con lo que ocurre en los territorios”.

En septiembre de 2025, Colombia actualizó sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), instrumento mediante el cual los países definen sus metas frente al Acuerdo de París. Allí, el país reiteró su compromiso de reducir en un 51 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, fortalecer la adaptación al cambio climático y avanzar en una transición justa. El documento también resalta la importancia estratégica de la Amazonía y posiciona el agua como eje de la vida y la justicia ambiental desde un enfoque étnico.

Aunque las NDC enuncian principios de protección y adaptación, no desarrollan de manera concreta estrategias de restauración ecológica, descontaminación de territorios afectados, ni reparación ambiental en zonas impactadas por economías extractivas o conflictos socioambientales. 

Sin embargo, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica se presentó el Plan Nacional de Biodiversidad, con horizonte a 2030. Este busca reducir la pérdida de biodiversidad, restaurar el 30 por ciento de los ecosistemas degradados y conservar el 30 por ciento de las tierras, aguas continentales y marinas. Además, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los conocimientos científicos y tradicionales para orientar la gestión de la biodiversidad. Aunque suena ambicioso, evidencia una brecha entre el relato internacional, la capacidad institucional y las necesidades locales que preocupa a las comunidades. 

William coincide en que, para la comunidad afro, enfrentar el cambio climático pasa por algo más básico y urgente: contar con tecnología y recursos que permitan descontaminar el territorio, garantizar agua segura y sostener los procesos comunitarios de restauración. “Queremos un lugar seguro y digno para vivir”, dice.

Esa brecha entre el discurso climático y la realidad local también se refleja en los documentos oficiales. En una respuesta emitida en abril de 2024, a la pregunta de la comunidad sobre la articulación de los instrumentos y acciones de planificación para gestionar el cambio climático territorial en la Amazonía, la ANLA detalló un conjunto de instrumentos orientados a indicadores de adaptación, plataformas, tableros de control, obligaciones frente al cambio climático y portafolios de buenas prácticas, “pero en la práctica no aplican para nosotros”, expresa William.

Minga Kuri, a través de Asomintraconal, no se ha detenido. Continúa la reforestación de la reserva con especies forestales nativas que ya superan los 50.000 árboles sembrados. 

Esta iniciativa demuestra que, mientras el Estado y la empresa petrolera se tardan en responder, la comunidad avanza. A través de la Reserva Minga Kuri, la Asociación invita a voluntarios, empresas y organizaciones a sembrar, donar y sumarse al proyecto, con el propósito de transitar hacia un modelo de vida donde el bosque, la cultura afroamazónica y la vida florezcan. Tal como lo demuestra el territorio que han recuperado, hoy con la exigencia de que esté libre de contaminación petrolera.