“Todos los días llegan a nuestra oficina reportes de asesinatos, crímenes y amenazas. Ahora las víctimas son los jóvenes, no hay garantías, las denuncias llegan y se archivan. Vivimos una continúa vulneración de nuestros derechos”, dice Esneda Saavedra, consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Entidades internacionales como Global Witness y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan continuamente que América Latina es una de las regiones donde los líderes indígenas defensores de la tierra están en peligro. El último informe de Global Witness da cuenta que tres de cada cuatro ataques a defensores fueron registrados en América Latina. Los puntos con mayor riesgo son las zonas amazónicas de Perú y Brasil.

“La Amazonía se ha convertido en un territorio de disputa con grupos armados, ilegales y el propio Estado, [que] atacan a los líderes y ambientalistas», dice Leonardo Gonzáles, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia. Su experiencia en temas de derechos humanos le permite afirmar que se están perdiendo las vidas de quienes protegen el agua, la vida y el bosque.

Pero, ¿cuántos de los crímenes perpetrados han sido atendidos por la justicia?¿Cuántos casos permanecen hasta hoy en la impunidad? Mongabay Latam investigó el estado legal de los asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía de cuatro países de la región -Brasil, Colombia, Ecuador y Perú-, a partir de los casos registrados y la información recabada por 11 organizaciones ambientales y de derechos humanos. Las fuentes clave para este trabajo son Global Witness y Front Line Defenders a nivel regional; Indepaz y Somos Defensores en Colombia; Amazon Frontlines, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Amazon Watch y la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador; así como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Defensoría del Pueblo en Perú, y Amnistía Internacional en Brasil.

Los casos considerados para esta investigación abarcan los últimos seis años, desde el 2016 al 2021, y los resultados son preocupantes: de los 58 crímenes registrados contra líderes y pobladores indígenas en los cuatro países, por lo menos 50 no han sido aún resueltos por la justicia. La mayoría de los procesos abiertos, según los diez abogados consultados, continúan hasta hoy en estado de investigación o se han visto envueltos en una serie de irregularidades.

“Todavía tenemos el corazón roto. No sabemos exactamente por qué sucedió esto”, le dijo Tangãi Uru-Eu-Wau-Wau a Mongabay sobre la muerte de su hermano. Ari Uru-Eu-Wau-Wau salió la noche del 17 de abril de 2020 a dar un paseo en moto y no regresó más. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado al costado de una trocha en el barrio Tarilândia, del municipio de Jaru, en el estado de Rondonia. Según informes del gobierno, los golpes en la cabeza fueron la causa de su muerte. “Estamos tristes y enojados”, dice su hermano frente a la ausencia de justicia.

Ari Uru-Eu-Wau-Wau había recibido amenazas de madereros ilegales que operaban en su territorio, según un comunicado publicado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) en Rondonia. Hay dos puntos en este caso que se repiten en los cuatro países amazónicos: la existencia de amenazas previas y el hecho de que las muertes están relacionadas al crimen organizado asociado al tráfico de tierras, madera y minería, así como al narcotráfico y los grupos armados ilegales.

En Brasil, el incremento de asesinatos de defensores se ha dado desde antes de la pandemia. Organizaciones como Amnistía Internacional Brasil señalan que ha sido el gobierno de Jair Bolsonaro el que ha impulsado la ocupación de tierras ancestrales, generando así un ambiente generalizado de desprotección de la vida de los líderes indígenas y defensores del territorio y el medio ambiente. En el registro de Global Witness, entre el 2016 y 2021 figuran unos 39 casos de líderes y pobladores indígenas asesinados en el país, y las muertes apuntan a grupos del crimen organizado.

La situación en Colombia no es muy distinta. Global Witness registra que solo en la Amazonía (Putumayo, Caquetá y Meta), en los últimos seis años, se identificaron al menos siete defensores indígenas asesinados en estas regiones. Todos tenían relación con la defensa de la tierra. Los posibles perpetradores, según sus abogados, serían paramilitares, disidencias de las FARC y El Ejército de Liberación Nacional. Aunque el número es menor con respecto a los casos de líderes no indígenas, la organización Somos Defensores comenta que existe un subregistro de estos casos.

En este mismo lapso de tiempo, se identificaron en Perú 10 casos de asesinatos a defensores indígenas en la Amazonía desde el 2016 hasta el 2021. Los responsables también están ligados al narcotráfico y la introducción de cultivos ilícitos de coca, así como a mafias criminales que trafican tierras y madera. Un dato importante es que muchas de estas muertes, además, coincidieron con una larga espera por conseguir la titulación de los territorios indígenas.

En Ecuador, si bien se registraron dos asesinatos y no se ha logrado identificar hasta el momento a los responsables, organizaciones como Amazon Frontlines, Inredh y Amazon Watch señalan que las amenazas llegaban del lado de quienes se dedican a actividades extractivas legales e ilegales como la minería y la tala de madera balsa.

En cada uno de los países, los expertos entrevistados confirman que es muy difícil tener el registro completo de todos los crímenes ocurridos, de las causas y más aún de los avances en términos de justicia. Francisca Stuardo de Global Witness explica, por ejemplo, que “evidentemente hay un subregistro, porque solo se pueden recopilar los casos más conocidos y cuando ocurre una denuncia, pero en muchos otros las familias no acuden a las instancias públicas”. Y esto está relacionado a la falta de recursos, como explica Mariel Cabero, experta en justicia ambiental en América Latina de IUCN-NL, pues “el hecho de que sean indígenas y de bajos recursos económicos los convierte en personas con mayor vulnerabilidad” y, por lo tanto, tienen más dificultades para acceder a la justicia.

Pero incluso, sin tener el registro completo de los crímenes perpetrados contra líderes indígenas, las organizaciones y abogados entrevistados coinciden en que las investigaciones avanzan muy lento o, en algunos casos, ni siquiera han empezado.

Sonia Paredes, directora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú, suma un punto más al problema: ¿qué es lo trae la falta de justicia? El aumento de casos. “Nos preocupa muchísimo el clima de impunidad que se está generando alrededor de los asesinatos, que va a conducir a su proliferación, porque cuando no existe justicia frente a estos homicidios, se constituye un mal precedente”, afirma.

En 2019, el crimen de Paulino Guajajara remeció a las comunidades indígenas del Brasil. El joven líder fue asesinado de un disparo en el rostro presuntamente por madereros ilegales. Guajajara pertenecía al grupo “Los Guardianes del Bosque”, dedicados a la conservación en la reserva de Araribóia y donde además se ha documentado la existencia de pueblos no contactados. Cuando el crimen ocurrió, una de las primeras cosas que se supo es que a pesar de que Guajajara y otros dirigentes de la región habían reportado amenazas constantes por oponerse a las invasiones de su territorio y resistir el acecho de los madereros, nadie les hizo caso.

Según la lista de Global Witness a la que se tuvo acceso, el total de líderes indígenas asesinados en Brasil entre el 2016 y 2021 -entre los que figura Paulino Guajajara- suman un total de 39, siendo las regiones amazónicas de Maranhão y Amazonas las que concentran el mayor número de muertes. El análisis realizado para este informe nos permitió establecer que por lo menos 26 de esos casos siguen en investigación policial, tanto civil como federal. Además, seis se encuentran en investigación fiscal, cuatro aún ni siquiera se han iniciado y de dos no existe información clara sobre su estado actual. Solo un caso, el de Paulino Guajajara, ha llegado a juicio y empieza este año.

Para Diogo Cabral, abogado de la Federación de Trabajadores Rurales del Estado de Maranhão (FETAEMA), hay un ambiente de impunidad que se vive en las regiones de Brasil. “Quien investiga es la policía judicial, las investigaciones tienen plazos que son de 30 días iniciales, pero hay una estructura muy deficiente. No hay muchos profesionales que trabajan sobre el tema. La impunidad se debe a problemas de fondo como que la policía no tiene la capacidad y no hay voluntad política para resolver los casos”, asevera.

Las consecuencias de esta ausencia de justicia para defensores ambientales incluso puede permear al ámbito económico. El Observatorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD Watch) ha publicado recientemente una hoja de ruta para la adhesión de Brasil y Perú a la OECD, en la que se advierte que es necesario que se fortalezcan requisitos para proteger el ambiente y a los defensores de este.

Uno de los puntos por resolver para Brasil es el “luchar contra la impunidad en los crímenes ambientales y asegurar que la violencia y las amenazas contra los defensores ambientales sean rigurosamente investigadas y sancionadas”. La OECD comenta que preocupa que la ley reciente de antiterrorismo y seguridad nacional haya sido usada continuamente por el gobierno federal para perseguir políticamente a defensores.

Jurema Werneck asegura que la impunidad es la regla. “No hay investigación para la mayoría de las denuncias, por eso no llegan a las siguientes fases de juicio o sentencia. Pero cuando ocurre, no se invierte recursos necesarios para que se investigue de forma correcta”, señala.

Un punto que resaltan los expertos entrevistados para este informe, es que toda la violencia no puede ser atribuida a los actores ilegales, pues señalan que el Estado mismo se ha convertido en una amenaza.

“La principal forma en que el gobierno ha permitido el aumento de la violencia ha sido por omisión, lo que implica dejar de cumplir las leyes que garantizan a los indígenas, afrodescendientes y trabajadores rurales sin tierra el derecho a vivir en su territorio y recibir los documentos que certifican sus derechos”, precisa la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil, Jurema Werneck.

Werneck explica que el gobierno de Bolsonaro ha ido desmontando leyes a favor de los pueblos indígenas y ha colocado en la Fundación Nacional del Indio, órgano estatal que desarrolla políticas para dicho grupo minoritario, autoridades cuestionadas. También señala que en muchas denuncias sobre muertes de defensores, las propias fuerzas del orden se han visto involucradas o han sido señaladas por los líderes indígenas como los responsables.

Esto coincide con un informe publicado en 2020 por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), el cual precisa que “el gobierno autoriza las violencia a través de discursos contra la titulación de tierras, por la integración forzada de los pueblos y la descalificación de los indígenas como sujetos de derechos. La política de Bolsonaro convirtió a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales como enemigos a ser combatidos”. Esta situación, donde el propio gobierno desautoriza a los líderes y promueve que ingresen distintas actividades económicas a los territorios amazónicos, preocupa a las organizaciones ambientales.

Según la información recabada para esta publicación, los asesinatos a defensores indígenas en Brasil alcanzaron un pico en 2016, con catorce fallecidos. Aunque estos números parecían disminuir en 2017, con cuatro asesinatos, y en 2018, con uno, en 2019 y 2020 volvieron a escalar a diez defensores muertos por año.

La lideresa indígena del pueblo Kamentsá María Bernarda Juanjibioy y su nieta de un año fueron asesinadas el 17 de marzo del 2021 en la región de Putumayo en Colombia. Era una dirigenta social que había logrado ser alcaldesa del resguardo del cabildo kamentzá y defendía su territorio del despojo por parte de grupos armados ilegales. “Toda la comunidad está consternada por lo sucedido, porque además se mató a una niña. Ella había mencionado sobre algunas amenazas, pero no pudimos hablar a detalle de eso”, afirma Carmen Juanjibioy, presidenta de la Asociación de Cabildos Indígenas de Orito de Putumayo, quien trabajó de cerca con la lideresa.

Solo durante ese año, según el informe Cifras de la violencia en las regiones 2021 de Indepaz, 55 líderes indígenas fueron asesinados. Cauca y Antioquía fueron identificados como los dos departamentos más peligrosos. Y si colocamos el foco en la Amazonía, entre 2016 y 2021, un total ocho líderes indígenas fueron víctimas de homicidio y los posibles perpetradores serían madereros, paramilitares u otras mafias criminales. Todos estos líderes estaban vinculados a la defensa de la tierra y el medio ambiente.

Las regiones amazónicas donde hay mayor incidencia de asesinatos de líderes indígenas y ambientalistas son el Putumayo y Caquetá, comenta el coordinador de proyectos de Indepaz, Leonardo González, quien asegura que las comunidades están siendo desplazadas por esta violencia. “Los que están cometiendo asesinatos son grupos armados que los obligan a irse y abandonar su territorio”, asegura.

El análisis realizado para esta publicación nos permitió establecer que de los siete asesinatos registrados a personas indígenas, solo uno ha tenido una sentencia, el del líder indígena Miguel Muchavisoy. Sobre el resto, cuatro de ellos permanecen en investigación fiscal, uno en investigación policial y en otro de los casos no existe una actualización de la información.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha hecho un llamado público para que se investigue y se sancionen a los responsables del caso de María Bernarda Juanjibioy, que ha conmocionado por el nivel de violencia y porque las mujeres indígenas defensoras del territorio están sufriendo amenazas y persecución. “Se pierde conocimiento ancestral, se vive con miedo, hostilidad, y el despojo está dejándonos sin tierra ni comida. Con la muerte de mujeres y hombres indígenas vivimos inseguros en nuestra propia casa”, asegura Esneda Saavedra de la ONIC.

Aunque la Fiscalía ha señalado que se ha avanzado con el 10% de los casos, las organizaciones de derechos humanos cuestionan este avance. Leonardo González de Indepaz señala, por ejemplo, que no hay datos concretos sobre los crímenes contra defensores ambientales en la Amazonía. “No tenemos mucha información porque todo es de carácter reservado”, afirma Lourdes Castro, coordinadora de la organización Somos Defensores. Ella considera que la Fiscalía de la Nación de Colombia, que es la encargada de dar seguimiento a estos casos, no es transparente en la información que proporciona sobre los juicios y sanciones contra los responsables de los crímenes.

El caso de María Bernarda Juanjibioy sigue en investigación y no se ha reparado hasta hoy a la familia, comenta Carmen Juanjibioy, quien insiste en los peligros que enfrentan hoy los líderes indígenas que viven en el Putumayo. “Tenemos que hacernos lo que no sabemos, no oímos nada, porque sobre todo en la Amazonía hay muchas mafias, muchos grupos ilegales. Se han manejado muchas hipótesis sobre la muerte de María Bernarda, incluso el Comando de Frontera -grupo paramilitar que opera entre Colombia y Perú- sacó un comunicado aclarando que no fueron ellos”, afirma.

Para Lourdes Castro de Somos Defensores, lo que está sucediendo en Colombia tiene que ver con múltiples actores legales e ilegales enfrentados en el territorio, y en medio de ello están las comunidades indígenas a las que se les está despojando de sus recursos naturales. “Por una inadecuada implementación de la Paz en el 2016 [Acuerdo de Paz], vimos una reconfiguración de las dinámicas de conflicto, lo cual ha hecho que los grupos armados al margen de la ley han seguido creciendo, se han extendido, se han consolidado y controlan ciertas zonas de Colombia”, señala la especialista.

Amnistía Internacional publicó el informe ¿Por qué nos quieren matar?: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia, donde plantea que, tras el acuerdo de paz, los asesinatos a defensores de derechos humanos han ido en aumento. Otro punto que resalta el documento es la situación de vulnerabilidad que ha generado la pandemia, principalmente para los pueblos indígenas.

Lourdes Castro de Somos Defensores considera que la ratificación del Acuerdo de Escazú mostraría una real voluntad política para avanzar en la protección de los liderazgos. “Se pondría mayor atención de la comunidad internacional, implicaría que el resto de los estados latinoamericanos pongan una mirada a nuestro país al exigir su respeto y protección”, señala.

El 12 de abril de 2020, un mes después de iniciada la cuarentena por la pandemia del COVID-19 en el Perú, el líder cacataibo Arbildo Melendez, de 43 años, fue asesinado. Su hermana Sarita Meléndez, dos años mayor que él, recuerda muy bien ese día. “Habíamos estado pidiéndole a Arbildo que salga de Unipacuyacu y venga a Pucallpa, para que esté más seguro. Todo el tiempo recibía amenazas de los traficantes de tierras”, cuenta. Sin embargo, la titulación y defensa de Unipacuyacu, comunidad indígena en Huánuco, era lo que más le importaba a Arbildo Meléndez.

“En mi sangre derramada se titulará Unipacuyacu”, decía. A Sarita le daba miedo escucharlo porque sabía que, a comparación de cuando eran niños, las cosas eran distintas en la comunidad. “Desde que él tenía 10 y yo 12 íbamos por los linderos de Unipacuyacu porque ya escuchábamos que había traficantes que querían apoderarse de nuestras tierras para la coca. Arbildo me decía que cuando se hiciera hombre iba a luchar por la comunidad. Pero ahora te matan si quieres defender”.

Y no solo te matan, sino que el caso puede quedar en la impunidad. O tener una sentencia que es una burla, como dice Sarita Meléndez. Luego de dos años de investigaciones, el Juzgado Unipersonal del distrito fiscal de Puerto Inca sentenció a cuatro años de prisión al autor material del crimen, Redy Rabel Ibarra Córdoba. Para su abogada, Sandra Olivera, el tipo penal por el que ha sido juzgado el perpetrador es homicidio culposo, con penas no mayores a 8 años. “Estamos apelando para que sea por sicariato, donde las penas privativas llegan a 35 años”, añade.

Además, Olivera comenta que tampoco se ha indagado en los autores intelectuales de este asesinato, pese a que existen pruebas para investigar. Como en otros países, Olivera también se ha convertido en blanco de amenazas por esta labor de defensa. “Han averiguado dónde viven mis padres y me dicen que deje el caso. Por eso ahora cuento con un personal de seguridad, ya que la policía no protege”, explica.

El caso de Arbildo Meléndez es uno de los que más ha avanzado en los últimos seis años. Según la información recopilada con las organizaciones ambientales, de derechos humanos y los abogados que siguen los casos, entre 2016 y 2021 fueron asesinados diez defensores indígenas en la Amazonía peruana y solo el de Meléndez llegó a juicio. Otros siete casos se encuentran en investigación fiscal y otros dos, el de Lorenzo Caminti y de Lucio Pascual, no están siendo llevados por organizaciones indígenas por lo que no se conoce su estado actual.

El presidente de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI), Jorge Chauca, considera que no hay voluntad para esclarecer las circunstancias y dar con responsables de los asesinatos de los líderes indígenas. Y cita como ejemplo los casos de Gonzalo Pio y Jesenia Casanto, pues asegura que las investigaciones no avanzan en la Fiscalía y a ello se suma la preocupación por Santiago Meléndez Dávila y Luis Tapia Meza, desaparecidos el 20 de agosto y 22 de septiembre de 2021, respectivamente . “No sabemos si están vivos o muertos. Los pueblos indígenas seguimos siendo amenazados y perseguidos por delincuentes todo el tiempo”, indica.

El entorno más cercano de la víctima es el que más se ve amenazado cuando se realiza una denuncia, asegura el abogado de la ONG Dar, Carlos Quispe. “Las familias de los defensores asesinados quedan en una situación muy precaria. También, normalmente sienten una gran desconfianza. Ha pasado también que las amenazas se trasladan a ellos, las represalias por denunciar y pasan a ser blanco de la delincuencia”, comenta.

El crecimiento de actividades ilegales en la Amazonía, potenciadas con la pandemia, han significado mayores riesgos para los defensores. Las amenazas crecieron y como consecuencia también los asesinatos. De acuerdo con la base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre el 2012 y 2019 se reportaron siete casos de defensores indígenas asesinados en la Amazonía, mientras que solo en dos años, entre el 2020 y el 2021, los casos reportados sumaron nueve.

Mar Pérez, especialista de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, ha visto con preocupación que la falta de justicia está generando lo que ella denomina un ambiente de impunidad. La especialista señala que existen actividades ilícitas como el tráfico de tierras o el narcotráfico en los que se emplean sicarios, y opina que por ello es clave no solo enfocarse en investigar al que cometió el crimen por encargo, sino a los que están detrás de todo eso, a los que lideran la red criminal.

El presidente de la ARPI, Jorge Chauca, denuncia que son las actividades ilícitas las que están generando un ambiente peligroso para los defensores ambientales. “Sobre todo, el narcotráfico, uno no puede decir nada, denunciar ni hablar con los medios porque ya nos tildan de soplones y te marcan”, asevera. Para que ocurra un asesinato, explica Chauca, el líder usualmente ha recibido constantes amenazas, a veces ha registrado una denuncia, pero se topa con un gran obstáculo: el brindar seguridad a los defensores sigue siendo un pendiente de parte del Estado. Un ejemplo de ello es el caso de Edwin Chota, líder asháninka en Saweto, Ucayali, que se enfrentaba constantemente a las mafias de la madera.

Para Sonia Paredes, directora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú, los intereses de estos sectores ilícitos son transnacionales, por lo tanto existe un patrón en los países vecinos de América Latina. “Este aumento en atentados contra la vida de los defensores no es un fenómeno aislado. Aunque en Perú hubo un proceso de reforma agraria, el territorio sigue en conflicto y tiene que ver muchas veces con la titulación, con la presencia de mafias que forman parte de una red internacional de criminalidad”.

El último asesinato de un líder indígena en la Amazonía de Ecuador fue el de Nange Yeti, pikenani (sabio) de la nación waorani. El 19 de diciembre del 2021, se reportó su desaparición en el río Curaray, en la provincia de Pastaza. Luego de dos días lo encontraron muerto, con golpes en el cráneo y cortes en el cuello. Pese a que se presentó la denuncia penal por su asesinato a los pocos días, fue recién el 21 de marzo que la autoridades ingresaron al territorio waorani a exhumar su cuerpo. Más de seis meses tras el asesinato de Yeti, el caso continúa en etapa de investigación, un proceso que puede durar hasta más de dos años. Las principales sospechas apuntan a mineros ilegales y taladores de madera balsa que hay en la zona y que ya habían amenazado al sabio waorani y a su familia.

María Espinosa, abogada del caso de Nange Yeti y coordinadora legal de Amazon Frontlines, señala que al crimen se sumó un proceso de exhumación que no respeto las prácticas culturales. “Dejaron el cuerpo descubierto porque empezó a llover. La guardia waorani tuvo que ir a resguardarlo”, comenta. Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos, explica que este caso es un ejemplo de cómo no se respetan los mecanismos interculturales, lo que hace que el acceso a la justicia de las personas indígenas sea casi imposible.

Con respecto a María Taant, quien murió atropellada en 2021, la investigación aún no se ha abierto, pese a que se trata de una lideresa indígena que recibía amenazas por su trabajo de defensa, indica el colectivo Mujeres Amazónicas.

Según la información reunida por Mongabay Latam, de los cinco asesinatos a defensores ambientales reportados en Ecuador desde el 2013, cuatro de las víctimas eran líderes indígenas. Un dato que hay que resaltar es que ninguno de los casos fue más allá de una investigación fiscal, incluso el más antiguo que es el de Freddy Taish, joven shuar de 28 años que murió en noviembre del 2013 tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante una operación militar contra la minería ilegal.

Luisa Villacís, abogada del caso y asesora jurídica de Inredh, comenta que ante la lentitud en el proceso, la familia de Taish presentó en 2020 una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que emita recomendaciones al Estado ecuatoriano para resolver el caso. “En Ecuador no existe ningún tipo de política pública que ampare la labor que realizan los defensores de derechos humanos ni ambientales”, comenta. Aunque en 2019 se iniciaron unas mesas de trabajo para abordar el tema en la Defensoría del Pueblo, esto quedó en el olvido desde la pandemia.

Según André Rangel, de Amnistía Internacional Américas, este trabajo comenzó por una recomendación de su institución a Ecuador para implementar una política integral de protección a estos defensores. “Creemos que los mecanismos no son suficientemente efectivos porque falta presupuesto o un plan que responda a las necesidades de este tipo de personas. Es necesario reconocer públicamente la legitimidad e importancia de la labor de ellos para que se pueda dar prioridad a su defensa”, comenta. Y añade que “junto con la falta de una política pública clara para defenderlos, tenemos que tampoco hay una debida diligencia de las autoridades ecuatorianas. Es por eso que llevamos el caso a un nivel internacional”.

Para André Rangel, de Amnistía Internacional Américas, la impunidad no solo debe ser medida en términos de rango de tiempo y de espera por alcanzar justicia. Recomienda una mirada más amplia al problema. “Alertamos sobre impunidad cuando identificamos ciertos elementos preocupantes como excluir líneas de investigación vinculadas a su labor como defensores, no asignar personal o recursos suficientes o no identificar a los autores intelectuales”, dice.

Brasil, Perú y Colombia no han ratificado hasta hoy el Acuerdo de Escazú, instrumento legal clave en la protección de la vida de los defensores ambientales que podría garantizar el acceso a la información y la participación. Ecuador es el único que sí lo hizo en mayo del 2020, aunque se sigue esperando por su implementación.