En Aldama hay días buenos y otros donde no se puede salir de casa, ni ir a la milpa, ni hacer algo más que procurar no quedar en el campo de tiro de grupos de civiles armados. El 5 de abril de este 2022 fue un día bueno. Un helicóptero del gobierno de Chiapas sobrevoló la zona donde suele haber disparos y, al menos por unas horas, inhibió las agresiones y las mujeres pudieron caminar con cierta tranquilidad por las veredas. Coincidió con el día en el que en la comunidad Ch´ivit, una de las más grandes del municipio, un grupo de mujeres se reunió para plasmar su sentir respecto a la situación que enfrentan interviniendo algunas fotografías que integran este reportaje con bordados.

Con hijas e hijos en brazos, bajaron una cuesta hasta llegar al patio de uno de los centros de reunión comunal. Las imágenes impresas que dan cuenta de la historia reciente de Aldama fueron extendidas ante sus ojos: ancianas desplazadas, militares que patrullan la zona, paisajes, telares, cuerpos asustados, cuerpos heridos, casas con impactos de bala. Las mujeres miraron los lienzos, ubicaron algunas caras conocidas pero no reconocieron su identidad y no quisieron ser representadas de esta forma. Tomaron los hilos de colores e intervinieron las imágenes. Al poco, mientras iban ensartando agujas y haciendo puntadas, empezaron a bromear, a reír y soltar carcajadas. La intervención relajó sus cuerpos, iluminó su mente y tornó al ambiente festivo. Pidieron una bebida gaseosa como en los días de celebración.

Las acompañaba Tomás, el anciano de la localidad que meses antes fue herido de bala. También Salvador, líder comunero, quien por un momento dejó el radio de comunicación donde reciben mensajes de otros lugares con los reportes de los ataques sufridos, tomó la aguja, los hilos y también se puso a bordar. Salvador quiso explicar su bordado: “elegí la imagen de la Santa María Magdalena, patrona de Aldama, porque ella nos cuida. La puse rosadita por las blusas de las mujeres y para que no haya tanta tristeza en nuestros corazones, que haya alegría”.

María eligió la imagen de dos ancianas. A una le cubrió el rostro con un recuadro “porque ellas ya no están en sus casas, son desplazadas, dejaron sus casas para escapar de los disparos. Siento tristeza por ellas. La tapo porque hay profunda tristeza”. En otro lienzo, sobre la imagen de una mujer de rostro sereno, bordó un corazón: “el corazón es alegría, felicidad, así me siente hoy”, dijo.

Martha bordó un círculo alrededor de la imagen de una señora desplazada. “La señora no está en su casa, el círculo la protege de las balas”, explicó.

“Es necesario organizarnos, juntarnos porque levantamos el ánimo. Yo creo que unidas salen más ideas […] en la reunión sale la plática del conflicto, entonces pues es una forma para discutir, analizar y ver. Bordando nos sentimos contentas”, reflexiona Verónica. Ella eligió el lienzo donde está plasmada la imagen de varias mujeres, en los extremos bordó unas manos que parecen abrazar a todas. “Las manos es unión, alegría entre mujeres”.

Los hilos con los que las mujeres bordan, van dando cuenta de sus sentires y sus historias. Cada color elegido, cada flor, cada estrella, cada trueno, cada ojo de Dios, cada elemento que se convierte en prenda que sale de sus manos, son testigos de la reflexión que se convierten en procesos de afrontamientos y sanación con los que buscan recuperar sus proyectos de vida, su salud física, mental, comunitaria. En Aldama, las mujeres bordan vida en medio del conflicto armado.

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A Aldama se llega por la carretera que conduce desde la ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas hacia el norte del estado. Es un municipio tsotsil conocido porque sus pobladoras realizan elaborados bordados llenos de símbolos que representan el universo, las fuerzas de la naturaleza, el agua, el trueno, los animales y a Dios. 

En años recientes, Aldama también es conocido porque se convirtió en una zona en conflicto que ha ido dejando numerosas heridas y muertes en la población, donde el 52 por ciento de los más de 8 mil habitantes son mujeres.

A lo largo de los 30 kilómetros que dividen al municipio de Aldama con la comunidad Santa Martha, Chenalhó, las mujeres de la región se despiertan cada mañana o con el sonido de disparos o con la incertidumbre de si en algún momento las balas las alcanzarán a ellas y sus familias. Desde el 1 de enero hasta los últimos días de abril de este 2022, se han reportado 1,095 ataques a caminos, milpas, casas, con armas de fuego con el resultado de 3 personas muertas y 5 heridas, entre ellas una niña. 

Un día cualquiera en Aldama puede iniciar con el siguiente reporte: 4:59 am en estos momentos retornan de nueva cuenta los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados en el punto de ataque de K'ante' Santa Martha Chenalhó en dirección hacia la comunidad de Stzelejpotobtik, Aldama. En este día 02/11/2021. Alertamos a todos los medios y a los centros de derechos humanos que estén pendiente de lo que vaya a pasar, tememos a que vaya a ocurrir una masacre de nueva cuenta como pasó en 1997. Los disparos son muy intensos y estos grupos armados están viendo la posibilidad de cruzar el río (sic). Son 12 comunidades las que están en lo que le llaman “zona de tiro”: Koko’, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Tselejpotobtic, Xuxch’en, Chayomte, Yoctontik, Sepelton, Yetón, Chivit, Juxton y Magdalena,la cabecera municipal.

En diciembre de 1997, un grupo de tsotsiles equipados con armas de grueso calibre atacó a habitantes de Acteal, una localidad de Chenalhó. Disparó contra 18 mujeres adultas, 5 de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad.

Es en esos momentos cuando las familias que están en los lugares más cercanos a los ataques abandonan sus viviendas y se meten entre cafetales, montañas o donde consideren están más seguras. Sus agresores casi siempre son sombras y cuerpos que se ven a lo lejos, algunos en campos de tiro ya establecidos desde donde el poderío de las armas largas que usan alcanzan a impactar en sus hogares y campos de siembra.

La región colindante con el río que divide los límites territoriales de lo que antes eran pueblos hermanos, se convirtió en una zona de guerra no reconocida por el Estado mexicano, donde las mujeres han tenido que cavar trincheras y colocar ahí sus cocinas. Han levantado bardas para detener las balas. Han diseñado estrategias para salir entre matorrales en busca de refugio. Han orientado a sus hijas e hijos para que ante el sonido de los proyectiles busquen resguardos seguros. 

Su herencia y cosmovisión indígena, que considera el buen vivir como la armonía entre su espiritualidad, su cuerpo físico, su comunidad, el reconocimiento de la Madre Tierra y el universo, las coloca como parte de un tejido comunitario que afronta de manera conjunta sus problemáticas a través del análisis, el diálogo y la búsqueda de soluciones. 

Si antes se reunían para organizar las fiestas religiosas, ahora lo hacen para resguardar a hijos e hijas cuando hay que sacarlos de manera urgente de las pocas escuelas que aún funcionan. En los momentos de desplazamientos, buscan y preparan los escasos alimentos (ya que no pueden salir a los campos de cultivo con seguridad) trasladan y curan a los heridos y lideran como voceras y representantes ante las autoridades. La vida de todas ellas cambió, pero pese a todo siguen las enseñanzas de sus ancestras bordando prendas de colores vistosos y símbolos milenarios, buscando algún lugar fuera del alcance de las balas, pues la subsistencia en momentos de mayor crisis depende de la economía que viene de su venta. Las mujeres en este lugar ponen el cuerpo para sostener la vida física y espiritual, para mantener la cohesión comunitaria y familiar, la resistencia y la esperanza. 

Para las autoridades mexicanas, el origen de esta violencia es la disputa por 60 hectáreas de tierra en posesión de Aldama, que demandan para sí los vecinos de la comunidad Santa Martha, del municipio de Chenalhó, un conflicto que data de hace más de 40 años, pero que de 2017 a la fecha, según recuerdan los pobladores, ha detonado con el uso masivo de armas de fuego, lo que lo aleja de un conflicto tradicional por tierras. El uso de armamento de diverso calibre que se dispara desde distancias que llegan a sobrepasar los 3 kilómetros, ha dejado hasta mayo de este año 53 personas heridas y 26 asesinadas, de acuerdo al reporte de autoridades de Santa Martha y de la Comisión de Comuneros y Desplazados de Aldama. La violencia también mantiene en situación de desplazamiento intermitente a más de 3 mil habitantes de Aldama, lo que representa una tercera parte de la población de este municipio, según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

El amedrentamiento por la vía armada es una estrategia que especialistas del Frayba y de Cáritas Mexicana califican como “de terror” y cuyo objetivo es mantener en constante tensión a la población del lugar. Ahí todos los días se utiliza armamento y parque (balas) que sobrepasan el precio que pudiera tener la tierra en disputa, dedicada en su mayoría a la siembra de café y maíz para la venta y el autoconsumo.

Entender la historia del conflicto entre Aldama y Santa Martha requiere comprender “las raíces estructurales: la marginación económica, política y social de la mayor parte de la población en Chiapas, estado que ocupa los últimos lugares en las estadísticas de desarrollo del país”, refiere Marina Pagés, del Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), organismo que trabaja con comunidades indígenas de Chiapas. La especialista pone sobre la mesa las relaciones de poder político que imperan en el estado, donde un grupo de familias se disputa, reparte e impone en cada proceso electoral los cargos de gobierno, entre ellos los municipales, lo que hace que “desde la Colonia (Siglos XVI y XVII) para adelante casi no existan cambios” en esas dinámicas de poder. 

También, explica, hay que entender a Aldama como parte de Chiapas, y a Chiapas como la puerta de entrada a México que utilizan grupos criminales para transportar mercancía que puede tener como destino final este país o Estados Unidos. En esta región de México se establecen diferentes rutas para el transporte de migrantes, armas y drogas. Además de, en una lógica empresarial, formar cuadros que les sirvan a dichos grupos. Ello sin contar con que integrantes de estos grupos armados resguardaron a sus familias en el estado, escapando de la persecución en otras partes del país.

La especialista destaca que si bien estos grupos criminales han hecho pactos para el trasiego “ordenado” en esta parte de la frontera sur de México, actualmente se vive un momento de inflexión y conflicto entre dos de los cárteles por la posesión de las diferentes rutas que existen en el estado y por el uso que realizan del llamado “corredor central”. Este corredor abarca la zona indígena de San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, Simojovel, Pantelhó, Chenalhó, municipios donde se ha documentado la presencia de estos grupos; y Aldama, que pertenece a la misma zona geográfica y donde la situación es incierta, aunque hay otros indicios. Por ejemplo, señala Marina Pages, entre estos elementos a considerar como la cantidad y el tipo de armas que se utilizan para agredir a la población en Aldama. De acuerdo a la evidencia que ha ido recogiendo la población de ese municipio, desde las montañas de sus vecinos de Santa Martha les disparan de manera continua con armamento como metralletas: “eso habla de un nivel donde lo que se utiliza ya no son armas baratas (económicas) para cazar la rata en la milpa”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha puesto el foco en lo que la evidencia indica que podría tratarse de grupos del crimen organizado en esa región. Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva del organismo, señala en los párrafos 80 y 85 de las Medidas Cautelares No. 882-17 y 284-18, emitidas el 15 de diciembre de 2021, que “la Comisión nota que la presencia de terceros grupos armados en la zona continúa siendo un factor de riesgo grave y persistente en las comunidades identificadas (…) resultaría relevante conocer si tales personas o grupos se encontrarían ligados a la delincuencia organizada”. 

Por su parte, en su informe sobre la visita que hizo a México en junio de 2018, la Relatora de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llamó a las autoridades del Estado mexicano a “resolver los factores subyacentes detrás de estos desplazamientos (de Aldama y Chalchihuitán, otro poblado impactado por sus vecinos de Chenalhó), tales como conflictos territoriales y políticos, la presencia del crimen organizado y grupos armados”, señala en el párrafo 131 de dicho documento.

Algunas familias ya dejaron sus hogares de manera permanente porque aún cuando el Estado mexicano ha organizado eventos para la firma de acuerdos de pacificación entre pobladores de ambos municipios, ha acordado la compra de nuevas tierras y ha implementado recorridos de cuerpos de seguridad militarizados, la situación de acoso y agresiones armadas no ha cambiado.

De acuerdo al análisis de Clemencia Correa, directora de ALUNA, centro de acompañamiento psicosocial, en esta crisis que vive la población de Aldama hay  “una guerra distinta, como muy a la distancia, donde no ves de cerca al enemigo”. Distingue en la región rasgos de violencia sociopolítica, donde quienes la ejercen son actores no estatales como los grupos paramilitares y los del crimen organizado, que sirven para controlar a la población e imponer intereses de diverso tipo. Con esta estrategia, “se quiere generar terror y control. El terror se impone desde muchas maneras como un mecanismo de control social donde también crea confusión. La confusión de no saber ni quién disparó, ni la hora, ni el momento, ni el lugar a donde va a suceder”, señala la experta en acompañamiento psicosocial.

Además, la posible explicación de que el origen es una disputa por tierras “ya no satisface” porque no da respuestas a, por ejemplo, la cantidad que se invierte en armamento y balas en comparación con el costo de la tierra, a los acuerdos de paz que no se respetan o a los recorridos de vigilancia militarizados que no funcionan. Es ahí cuando llega la incertidumbre, asegura. “¿Qué genera eso a nivel psico-emocional y psicosocial? A nivel psicológico crea un nivel de confusión, miedo y ansiedad, donde no sabes cómo actuar, contra quién actuar, contra quién defenderse. Cuando no hay una claridad de quién lo hace y por qué lo hace, el nivel de confusión es mayor y la posibilidad de defenderse es menor”, señala.

Correa recoge la tesis del filósofo y psicólogo Ignacio Martín Baró, quien creó el concepto de trauma psicosocial como resultado de vivir en esas situaciones de violencia que “producen daño colectivo y que no solamente es individual, sino social, inmerso en la lógica de romper y desestructurar el tejido social”. La incertidumbre que viene de no saber en qué momento te van a disparar, desde dónde, el que no funcionen los pactos y acuerdos, lleva a la comunidad a perder algo de control. “Si te acuestas con el temor de cuándo va a pasar los tiros, te levantas pensando en que pasó en los hijos, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir, hace que tu percepción del mundo se vaya cerrando, dejando básicamente a un espacio para sobrevivir”.

Explica que son daños semejantes a los que deja una guerra formal: diseminación social del miedo y del terror, temor por la vida y la integridad personal y familiar, aumento de la viudez y orfandad, estado de alerta constante, desconfianza, ruptura del tejido social, pérdida de las condiciones básicas de vida, en síntesis, afectaciones corporales, emocionales, familiares, organizativas y comunitarias. 

Sin embargo, es también cuando detonan los espacios creativos que llevan a la resignificación de la experiencia, a la recuperación de la memoria colectiva y a recordar cómo solucionan problemáticas semejantes en algún momento de su historia. Es entonces cuando pasan del susto a la defensa, refiere Clemencia Correa, quien ha trabajado con decenas de comunidades, colectivos y personas en situación de violencia sociopolítica.

María dejó su casa y dejó de bordar. Los hilos que sostenían su vida se fueron perdiendo a medida que aumentaban los ataques hacia la comunidad Ch´ivit donde tenía su hogar. Dice que enfermó de tristeza y ni la comida le daba algo de sabor a su boca. Ahora es desplazada permanente. Su vivienda estaba en el campo de tiro de sus agresores y para sobrevivir, ella, sus 3 hijas, 4 hijos, su esposo, 2 perros y 3 cachorros, abandonaron la vivienda.

Por algunas semanas estuvieron refugiados en casa de otra familia hasta que se organizaron para exigir al Estado mexicano, además de justicia para detener a sus atacantes, la construcción de una nueva vivienda. Algunas viviendas se empezaron a construir, pero la suya aún está sin terminar y todavía no tiene puertas, ni ventanas, ni piso firme. Sin embargo, al menos ahora tiene la seguridad de estar fuera de la zona de mayor riesgo, aunque los disparos se siguen escuchando hasta en el pequeño patio donde juegan sus hijas e hijos.

Mientras su hija mayor borda a un costado de su nueva casa un lienzo con colores rosa y rojo que se convertirá en una blusa, María confiesa que la tristeza sigue en ella y por el momento ella no quiere volver a bordar porque eso le trae recuerdos. “No tejo porque no me siento bien en mi cuerpo, antes tejía pero ahora no me siento con ánimos. Como que empieza a doler mi cabeza, como que tengo sueño, como que no hay fuerza”, dice mientras su hija de seis años le acaricia el brazo, atenta a sus palabras. Eso la trae de vuelta al momento actual. Su hija porta unos aretes que antes le pertenecían a ella. Los aretes brillan como brillan sus ojos, que también le heredó su madre, quien ese día llevaba el cabello reluciente y peinado. Planean buscar la forma de regresar a su antigua casa para recoger algunas pertenencias y asentarse definitivamente en su nuevo hogar.

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Verónica vive a unos metros de distancia de María. Tiene apenas 30 años y una hija de tres. Tuvo la oportunidad de salir de la comunidad para estudiar en San Cristóbal de Las Casas donde conoció al padre de su hija, pero la relación se perdió antes que la niña naciera. Regresó a su casa con su hija aún estaba en el vientre. En ese entonces su tristeza personal se sumó a la crisis que se vivía en la región.

Uno de esos días, cuando tenía cinco meses de embarazo, les llegó el aviso por radio de que tenían que salir de sus casas porque las agresiones armadas se intensificaron. “Yo no quería salir, pero mis papás dijeron: si no te vas hija, pues nos quedamos también. Y pensé que por mí y por mis papás tenía que salir, con dolor del corazón. Vi que mis sobrinitos salieron sin ropa, sin chamarra, escuchábamos muy cerca los disparos y entonces nos tuvimos que ir entre los cafetales. Ahí nos quedamos toda la noche”.  

Entre disparos y desplazamientos intermitentes nació la niña quien por temporadas se queda al cuidado de los abuelos porque Verónica ha logrado obtener trabajos temporales fuera de la comunidad, aunque su principal sustento es el bordado. “Bordo para sobrevivir (…) la única sobrevivencia es el tejido”, labor que se hace en la casa familiar donde los hilos van dando paso a las palabras.

“Cada vez que nos reunimos con la familia, pues nos ponemos a ver la situación. Qué es lo que está pasando y qué va a seguir, qué es lo que va a suceder después; como que intentamos ver hacia el futuro, qué es lo que va a pasar”, explica.

Cuando Ana vio la imagen de su cuerpo con el rostro oculto, bordó sobre el lienzo con la fotografía un “árbol de colores alegres”. Se sentía contenta y se rebelaba con esa representación de vida al tener que ocultar su identidad para protegerse de las balas y las amenazas. Ese fue un buen día en Ch´ivit. La mañana en que Ana bordaba, no se escucharon disparos.

Ana también tuvo que abandonar su vivienda y sus terrenos de cultivo. Se trasladó con sus tres niños y una niña, su esposo, sus suegros, su cuñada, su cuñado y la prima de su esposo, a un nuevo terreno. Esa familia ampliada es su fortaleza porque juntas, las mujeres, hablan de sus tristezas pero también ríen, hacen bromas y se sientan en el patio común a bordar y a cuidar a las hijas e hijos.

Ana es como el tronco de un árbol grande. Lleva a su hijo más pequeño a la espalda y por momentos se lo pasa a su cuñada. Mientras platica, las risas y los juegos de sus hijos envuelven el ambiente y ella, sin perder el hilo de la conversación, está alerta y atenta proveyendo instrucciones para que no se alejen. Dice que cuando hay mucho miedo lo platican: “Nos decimos cómo vamos a escondernos, cómo cuidarnos. Mi cuñada me dice no tejas todavía, mejor cuidémonos  todavía, le digo está bien. Juntemos a los niños, mejor los cuidemos, no queremos que nos toque una bala, no queremos morir todavía, así me dice mi cuñada”.

El lugar donde ahora están viviendo es más pequeño que su antiguo lugar y la casa está a medio construir. Pero al menos acá tiene cierta seguridad, “aquí sí ya podemos tejer (…) Ya no tengo más palabras. Sólo quiero que le digan al gobierno, si alcanzan a hablarle, que solucione  el conflicto y que le vengan a poner el piso a nuestra casa”.

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En el otro extremo de esa misma comunidad viven Martha, sus seis hijas e hijos y su esposo. Su familia fue de las primeras en salir del lugar donde ocurrieron los mayores ataques. A ellos el grupo armado les quemó la vivienda y les advirtieron que no debían regresar. Lograron hacerse de un terreno pequeñísimo donde instalaron su nueva vivienda. Sin embargo, los disparos siguen siendo en su vida un fondo sonoro del cual no pueden escapar.

Sus hijas ya son unas adolescentes y juntas crearon un entorno de autoprotección y cuidado. Por las habitaciones de ventanas y puertas abiertas, instalaron telares que ahora son su medio de sustento. Las puntadas cuidadosamente elaboradas hablan de concentración y paciencia. Martha y su esposo salen de sus vivienda para buscar trabajo como jornaleros agrícolas y con esos recursos compran hilos con los que elaborarán las prendas para vender. Ya no tienen los terrenos, pero tienen su arte que les permite subsistir. “Está la tristeza quizás un poco menos porque ya estoy un poco lejos, como que ya no hay mucho miedo a comparación de cuando fue ese día que me sentí pequeña”, dice refiriéndose al día en que quemaron su casa.

Rosita tiene 35 años y es común verla a ella, a su esposo y sus hijos de brazos en las reuniones organizativas de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Magdalena, Aldama, que se realizan en el municipio para analizar la violencia armada en la que está envuelta. Ella es una de las pocas mujeres que participa. Ahora vive en la comunidad San Pedro Cotsilnam. El último recuerdo de Rosita de entrar a sus tierras sin miedo se remonta al año de 2016, cuando fueron despojadas las primeras familias. Después la vida se transformó y ahora ocupa la mayor parte de su tiempo en tres actividades: cuidar a su familia, bordar y acudir a las reuniones comunitarias y con autoridades de gobierno. “Hago el esfuerzo de ir a las reuniones porque quiero la reposición de mis tierras. Por eso no tengo miedo de hablar. Lo que yo quiero es que se solucione el problema, que se encuentre una vía de solución como estaba antes”, dice sin perder la sonrisa.

En su cintura cuelga un radio de comunicación y mientras conversa, sus dos hijos pequeños se mueven a su alrededor. En una esquina descansa su telar. Su esposo era escribano y llevaba la relatoría de las reuniones de las que después ambos daban cuenta a la comunidad. Él recibió un disparo cuando transitaba por los caminos de la zona y tuvo que recluirse por un tiempo. Las circunstancias por las que atraviesan hicieron que Rosita hablara con mayor soltura el español. Vio la necesidad porque había que entender lo que estaba pasando, entender lo que el gobierno les estaba diciendo y expresar lo que ellas y ellos también estaban viviendo.

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A varios kilómetros de distancia, en la cabecera municipal de Aldama, vive Claudia. Es una mujer madura que también se ha armado de valor para dar su palabra en las reuniones con autoridades de gobierno y para apoyar a algunas mujeres que llegan a vender artesanías, a analizar lo que está sucediendo en sus poblados y buscar alternativas a sus problemas. 

Claudia vivía con tranquilidad atendiendo una pequeña tienda hasta que la situación de violencia la atravesó. Su vivienda está en la zona de tiro de quienes disparan y su cuñado, Cristóbal Sántiz Jiménez, fue encarcelado. Eso la impulsó a convertirse en un vínculo para operar procesos comunitarios con mujeres. Confiesa que la situación de amenaza en la que viven le dio soltura en su palabra y de a poco fue perdiendo el miedo a hablar en público y manifestar el sentir de las mujeres.

Silvia va, viene, va, viene. A la 1 de la mañana, lo mismo que a las 12, a las 6 o a cualquier hora se le puede ver enviando mensajes que dan cuenta de cada ataque armado que afecta a su municipio. Ella es una de las columnas sobre las que se sostiene la demanda de justicia del pueblo de Aldama. No figura en el escenario pero lleva el termómetro de la situación. Su papel estratégico permite sistematizar los hechos, es una labor que ha permitido la intervención de organismos internacionales que exigen al Estado mexicano su intervención para detener la violencia. La crisis la llevó a convertirse y asumirse como defensora de los derechos humanos.

Joven, soltera, bilingüe, analítica, pausada y deshinibida. Son características que ha potenciado en los momentos más álgidos en esta historia de guerra porque ha facilitado el vínculo con el exterior de este municipio, que hasta hace pocos años sólo figuraba por el arte de las mujeres bordadoras. Ninguna pregunta la responde sin antes analizar, consultar y pensar. Cuando da la respuesta, las palabras son certeras y le dan sentido a los sucesos. “En lo personal, me ha tocado que me persigan en carro, los disparos, todo por organizar mis compañeros, mi pueblo, las mujeres, todo (…) No puedo decir que siempre estoy fuerte luchando, también una defensora tiene sentimientos y pues también se vale llorar y se vale rendirse. Se vale enfermarse, se vale de todo porque somos humanas”.

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A Rosa la movió la indignación. Primero, por ver a las mujeres de su pueblo sumidas en la violencia y después, cuando detuvieron a su esposo Cristóbal Sántiz Jiménez y lo acusaron de disparar contra los agresores de Santa Martha, Chenalhó. Desde jóvenes, ambos salieron de Aldama para buscar mejores condiciones de vida. Rosa se convirtió en líder de una organización de bordadoras en la ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas y él en promotor de los derechos de su pueblo. Cuando iniciaron las agresiones armadas supieron que debían apoyarles y así lo hicieron.

La represión política se les vino encima. A él lo encarcelaron y entonces ella ajustó su proyecto de vida para emprender la lucha por su liberación y la demanda de justicia para su pueblo. “¿Cómo podría yo no hacer nada cuando lo que estoy viendo es la injusticia?”, reflexiona, mientras sentada en la cocina de su casa, con su telar a un lado, piensa los pasos a seguir en este camino.

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¿Cómo detener de fondo la violencia? ¿Cómo mantenerse a salvo? ¿Cómo resistir durante el proceso? ¿Cómo continuar transformando la indignación y el miedo, en resistencia y acción? Las mujeres de Aldama van buscando respuestas, explicaciones, reflexiones; van reconociendo saberes, valorando alternativas, retos; van tomando decisiones para orientar las estrategias de afrontamiento que van urdiendo como los hilos de un telar. Pero también esperan que el Estado Mexicano reconozca la magnitud del problema, y detenga las acciones de los grupos armados que impactan la región. 

Esta historia se realizó en el programa Laboratorio de Historias Poderosas, una iniciativa de Chicas Poderosas, una comunidad y organización internacional sin fines de lucro que busca fomentar el desarrollo de las mujeres y las personas LGBTTQI+ en los medios de comunicación y crear oportunidades para que más voces sean escuchadas. El Laboratorio recibió el apoyo de la Open Society Foundations.

Los cinco equipos seleccionados recibieron apoyo financiero, participaron en talleres sobre periodismo feminista colaborativo y tuvieron un seguimiento editorial, de datos y de seguridad durante todo el proceso.

Autoras del reportaje: Ángeles Mariscal,  Isabel Mateos y Elena Zepeda.

Edición: Lizbeth Hernández

Verificación de datos: Daniela Mendoza, Liliana Elósegui y Melina Barbosa de Verificado.mx 

Control de seguridad: Jes Ciacci

Coordinación del proyecto: Chicas Poderosas