Un plan de reconstrucción y reactivación de la educación con enfoque diferencial en los resguardos damnificados por el terremoto exigió la Organización Nacional Indígena de Colombia. También, pidió coordinación en el levantamiento de los censos entre las autoridades indígenas y las entidades estatales.

Las más de mil comunidades indígenas afectadas por el terremoto están retomando lentamente la vida cotidiana. A través de mingas de trabajo recuperan lo poco que les quedó de las casas, escuelas y centros de salud colapsados, tras el sismo de magnitud 7.4, registrado el 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, Colombia.  

Doce días después del fuerte sismo, mujeres, hombres y jóvenes, con sus propias manos, tratan de reparar las casas en las zonas afectadas por el fuerte sismo en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia, entre otras regiones. En las comunidades hay hacinamiento, y falta comida y agua potable para afrontar la emergencia.

“En la mayoría de las comunidades indígenas aún no han llegado las ayudas humanitarias, ni por el gobierno nacional, ni por las entidades territoriales como son departamentos y municipios. De pronto algunos resguardos que están cerca de los cascos urbanos, pero lo que está tan distante ha sido un poco complejo”, informó Roselino Guarupe Joropa, del pueblo Sáliba, consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

El sismo sacudió fuertemente a más de 233 mil personas indígenas, dejó tres personas fallecidas y 1.488 heridas, de acuerdo con el reporte del tercer boletín del Sistema de Monitoreo Territorial de la ONIC con fecha del 19 de agosto. 

En los resguardos y zonas indígenas, 2.278 viviendas quedaron colapsadas y averiadas, lo que ocasionó que centenares de personas estén viviendo en albergues temporales, y las niñas y los niños no han retomado clases porque sus escuelas también se desplomaron.

“En muchas comunidades no hay un espacio de albergue porque las viviendas están destruidas. Los centros de las instituciones educativas indígenas también son un riesgo para que los niños o las familias se alberguen en esas instituciones que están totalmente afectadas”, dijo Roselino.

Uno de esos casos, es el resguardo Chachajo del pueblo Wounaan, ubicado entre Chocó y Valle del Cauca, la comunidad quedó destruida en un 80 por ciento. Diez días después del terremoto sus habitantes no habían recibido ayudas humanitarias por parte de entidades estatales, salvo apoyos entregados por estudiantes universitarios e influencers indígenas que realizaron campañas, a través de sus redes sociales.

“De verdad aquí ninguna de las instituciones han llegado, tanto de la alcaldía, ni la gobernación, ninguna de las entidades competentes. Pero, por parte de los estudiantes que están aquí sí. Agradecemos que ellos están presentes atendiendo las necesidades de la comunidad. Con este sismo se afectaron las viviendas, el colegio, la casita del Bienestar Familiar y el puesto de salud”, dijo Jaime Valencia Mesa, gobernador del resguardo.

La Defensoría reportó que hay damnificados en 119 comunidades indígenas de los pueblos Emberá, Emberá Chamí, Emberá Dóbida, Emberá Katío, Wounaan, Pijao, Nasa, Awá, Inga y Eperara Siapidara, y 51 comunidades afrodescendientes, de acuerdo con la Matriz de Monitoreo de Afectaciones y necesidades a pueblos étnicos por el sismo de 2026 (datos al 19 de agosto de 2026) de la entidad.

El fuerte sismo agravó la situación humanitaria y de desigualdad histórica que ya vivían los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de la región del Pacífico de Colombia. Los territorios día tras día resistían a la falta de agua potable, desnutrición infantil, conflicto armado, desplazamiento forzado, despojo de tierras y distintas violaciones de los derechos humanos, según múltiples reportes de la Defensoría del Pueblo.

La atención inmediata y la reconstrucción es importante para la ONIC para evitar desplazamiento de comunidades a ciudades o centros poblados, y se puede resolver garantizándole una reconstrucción integral de sus viviendas.

La emergencia del terremoto, deja más vulnerable a los pueblos indígenas que se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural, advertencia que hizo desde 2009 la Corte Constitucional, entre ellos, pueblos ubicados en el Litoral Pacífico como los Wounaan y Emberá. La ONIC, también ha informado que más de 70 de los 115 pueblos de Colombia están en riesgo de desaparición.

Censos incompletos 

Entre las autoridades indígenas hay una preocupación debido a que los datos de los damnificados con pertenencia étnica no son claros hasta la fecha en el país.

Al mismo tiempo en que la ONIC y autoridades indígenas de los territorios gestionan donaciones y llevan alimentos, ropa y enseres básicos para la subsistencia de las comunidades, tratan de consolidar las cifras totales de personas fallecidas, heridas y daños. “Ha sido una labor demorada”, según explica Roselino porque los territorios carecen de señal de celular, conectividad y el acceso es complicado. En zonas del Pacífico como Chocó y Valle del Cauca varias comunidades viven en medio de áreas selváticas y ríos de difícil acceso.

La base de datos publicada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no presenta un registro diferencial poblacional, lo que imposibilita conocer la información de afectaciones en territorios indígenas y afrodescendientes. Hasta ahora, la ciudadanía puede consultar información por departamento, municipio, fecha, familias, personas y viviendas no habitables, destruidas y averiadas.

Un día después del terremoto, el gobierno nacional, mediante el Decreto 1171, declaró la situación de “Desastre de Carácter Nacional” y estableció la creación del Registro Único de Damnificados (RUD), elaborado por los entes territoriales y consolidado por la UNGRD. También, informó públicamente que el lunes 24 de agosto empiezan a girar apoyos económicos a los damnificados. 

“El desconocimiento de las autoridades territoriales indígenas, la falta de articulación entre las entidades territoriales y las autoridades tradicionales está conllevando a que los damnificados y afectados indígenas del terremoto se queden por fuera de ese censo. Esa es una situación muy grave porque si se quedan fuera del Registro Único de Damnificados, simplemente no van a tener la posibilidad de acceder a las ayudas que brindará el Estado en su responsabilidad en la atención de esta emergencia”, señaló Sandra Chindoy.

La UNGRD, informó que a nivel nacional el terremoto causó afectaciones en 16 departamentos y 494 municipios; 156.994 familias y 317.137 sufrieron daños. Fallecieron 329 personas, 4.600 heridas y 234 desaparecidas, según datos con corte al 23 de agosto de 2026. Además, se tienen reportadas 175.397 viviendas averiadas y 31.450 destruidas; 5.884 edificios averiados y 574 colapsados. 

Reconstrucción con enfoque diferencial y protección

Los pueblos indígenas, ante esta emergencia requieren de una atención diferenciada en salud, alimentación, vivienda y educación para la protección de sus formas de vida, y su derecho a vivir en armonía con la Madre Tierra. Llamaron a que la fase de reconstrucción de las casas y escuelas se realice con un enfoque étnico y se respeten los derechos a la consulta previa, libre e informada. 

“Para la reconstrucción es fundamental la articulación con las autoridades precisamente para primero tener como prioridad, el principio de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, de la identidad cultural y de su entorno”, dijo Roselino.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia llamó a que las “medidas de atención de la emergencia tengan los enfoques diferenciales de género, etáreo y étnicos. Cuando hay Pueblos Indígenas y comunidades afros afectadas es importante que el Estado concerte con estas la respuesta al desastre”, informó públicamente.

La ONU realizó un recorrido por los ríos del Bajo Calima para evaluar e identificar las consecuencias del terremoto en las comunidades afrodescendientes y del pueblo indígena Wounaan.

El mismo llamado lo hizo la Defensoría del Pueblo. Indicó que es fundamental se “promueva la participación de las comunidades étnicas en espacios donde se adopten decisiones sobre la respuesta de la emergencia. Eliminar barreras lingüísticas, documentales o administrativas para acceder a las ayudas. Llevar asistencia humanitaria e identificar las necesidades colectivas, incluidas las territoriales, culturales y espirituales, a los sistemas propios y la infraestructura de uso comunitarios”.

A la ONIC, además le preocupa que la situación de seguridad que enfrentan las comunidades indígenas por el conflicto armado, a futuro afecte la llegada de personal técnico para hacer las verificaciones de los daños y las proyecciones de las construcciones de las casas y escuelas. 

“Nos preocupa el orden público en los territorios indígenas. Nuestras comunidades siempre han estado en medio del conflicto armado de esta zona donde fueron afectadas por el sismo y nos preocupa que por culpa de esa realidad que tiene esos territorios no se lleguen cuando se está haciendo la caracterización o el levantamiento de la información previa a la construcción, que por culpa de esa realidad no se llega a los territorios de nuestras comunidades y que se queden por fuera de los beneficios de la reconstrucción de las viviendas en las zonas afectadas”, aseguró Roselino.

Por ello, espera que se haga una articulación con la guardia indígena para que creen mecanismos de protección “de los equipos de ingenieros para que vayan a los territorios porque también hay que evaluar la reubicación de las comunidades”, agregó.

Educación en territorios indígenas

Adicional, la ONIC tiene inquietudes sobre cómo será la fase de la reconstrucción de las escuelas y no es claro el plan de reinicio de escolarización de las niñas, niños y  adolescentes indígenas. 

“Chocó es un departamento donde muchas zonas están incomunicadas, no hay señal, no hay internet. Y el plan de clases virtuales aplica para las ciudades y los cascos urbanos, las cabeceras municipales, pero ya para el fondo del territorio, por donde están las comunidades indígenas, los campesinos, un plan de educación virtual no es funcional porque la realidad y las condiciones son otras”, aseguró el Consejero Mayor de la ONIC.

La UNGRD reportó que la infraestructura social en varios departamentos quedó muy averiada. Hay daños en 3.726 centros educativos, 4.248 centros comunitarios, 378 centros de salud, 430 vías y 115 acueductos.

Además, en varios territorios, las comunidades quedaron en riesgo de deslizamiento. “La mayoría de las comunidades habitan en zona de difícil acceso, y eso será uno de los resultados de los estudios técnicos que se hagan para poder evaluar si realmente amerita una reubicación o corrección de algunos espacios en donde se han construido”, agregó Roselino.

Donaciones 

La ONIC mantiene activa una campaña de donaciones con el objetivo de atender a 2.000 familias indígenas priorizadas. Continúan recibiendo donaciones de elementos básicos de primera necesidad y de construcción como hojas de zinc y tejas para apoyar a las familias en la reconstrucción de sus casas.

Para donar, la ONIC habilitó con la cuenta corriente del Banco de Bogotá 051296580, titular Organización Nacional Indígena de Colombia, NIT 860.521.808-1. Llave Bre-B: 0092882425. Teléfono y WhatsApp de la campaña: 3014107795 – 3118285060.

Para transferencias internacionales: Cuenta Banco de Bogotá 051296580, código Swift: BB0GCOBB – Chips: 001959.

Y los centros de acopio están ubicados en Bogotá, en la sede de la ONIC, Calle 12B N.º 4-38 y en Chía, en la Casa Indígena del Resguardo Muisca. 

Nota. Esta historia de la cobertura colaborativa "Voces y latidos humanitarios", se realiza gracias a los aportes voluntarios que Agenda Propia está recibiendo en el marco de la campaña de donaciones para sostener nuestro medio de comunicación independiente. Promovemos el Periodismo Colaborativo Intercultural en América Latina.