La policía le ha pedido a Ofelia que retire su puesto de artesanías ubicado en una de las esquinas de la plaza principal de León, en el estado mexicano de Guanajuato. No es la primera vez que le pasa: el acoso de los oficiales es permanente. Le dicen que deben de irse porque hay que mantener la “buena imagen” del lugar, “sin vendedores ambulantes en los alrededores del Palacio Municipal”. Esta vez, sin embargo, las restricciones son más severas. La expansión del coronavirus amenaza su única fuente de ingresos.

Ofelia vende las muñecas tradicionales de su cultura otomí, el quinto pueblo indígena de México en población. Desde antes de la llegada de los españoles este grupo originario ocupaba territorios que hoy corresponden a los estados de Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato. Ella sigue ofreciendo a los viandantes las muñecas de cabellos negros y trajes tradicionales hechos a mano, pero la gente que aún transita por las calles del Centro Histórico piensa más estos días en la compra de víveres, mascarillas o alcohol en gel para desinfectarse las manos. 

Ha intentado vender semillas de calabaza y dulces tradicionales en el transporte público, pero tampoco ha tenido suerte. Hace unos días, los vigilantes le quitaron su canasta con sus productos, le dieron como excusa las medidas sanitarias, aunque en realidad esta es una práctica frecuente hacia los vendedores ambulantes, en su mayoría migrantes indígenas como Ofelia, que han salido desde sus comunidades hacia León, escapando de la pobreza y la falta de servicios básicos.

Ofelia no sabe a ciencia cierta cuántos años tiene, “creo que tengo 51”, dice nerviosa. Como el 35% de mujeres indígenas, ella no sabe leer ni escribir y han tramitado tardíamente su documento de identidad. Antes, junto con su marido vendían en el estado de Querétaro, pero hace tres años él murió y para no quedarse sola en el poblado de Higuerillas, se fue a vivir con el menor de sus siete hijos a la ciudad industrial de León. Llegó a buscar alguno de los miles de empleos que escuchó promocionan las fábricas de General Motors, Mazda y Toyota. No consiguió ninguno.

En México hay 68 pueblos indígenas, 25 millones de personas se reconocen como parte de alguno de estos pueblos originarios, pero solo 7 millones de ellos hablan su lengua materna. La explicación expone el trato del Estado: en las escuelas solo se enseña el castellano, muchos no usan el idioma maternos porque consideran que es una desventaja porque son discriminados.

Las muñecas otomís son consideradas Patrimonio Cultural de Querétaro. En las plataformas digitales de compraventa se encuentran entre 20 y 160 dólares, pero Ofelia dice que ella no puede venderlas en más de dos dólares. “Aquí no pagan más que eso”, dice lamentando que los viajeros no aprecien su trabajo. Para ella un buen día de venta es cuando gana 8 dólares durante una jornada de 10 horas, sin contar las más de tres horas que tarda en trasladarse.

La emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio ha puesto en riesgo su economía familiar. Mientras dure la contingencia no podrá vender más en las calles. Su familia tampoco contará con los 200 dólares mensuales que su hijo ganaba en una fábrica de zapatos. La empresa cerró temporalmente y les informó que no pagará los honorarios completos. Además, le dijeron que no tendrá acceso al servicio médico, porque la compañía había ingresado a un proceso de “ahorro de costos”. 

Aunque todos los mexicanos tienen derecho a recibir atención médica en los centros de salud, Ofelia dice que si ella y su hijo enferman tendrán que buscar un médico particular, porque en los establecimientos públicos “nunca nos quieren atender”. 

La población indígena de León es minoritaria y un porcentaje importante son migrantes de varios estados de la República Mexicana, que vienen a trabajar de manera temporal, en su mayoría. El gobierno local no cuenta con programas estratégicos para los pueblos originarios. Hace tan solo 9 años que existe el Consejo Consultivo Indígena de León, en el que además de funcionarios públicos hay representantes de las comunidades náhuatl, otomí, purépecha, mazahua y mixteca. Lamentablemente, el Consejo aún ve a los pueblos indígenas como sujetos de asistencia social y no como comunidades con derechos, así que la mayoría de las acciones que emprenden, son sólo paliativas. 

Ninguna de las medidas de mitigación impulsadas en México en el marco de la pandemia del Covid-19 hace mención a los pueblos indígenas. En León, las autoridades dijeron que darán apoyo a los comerciantes de los mercados, pero esto deja fuera a Ofelia, pues ella trabaja en las calles. Para ver qué otras posibilidades de ayuda tiene, tendría que tener acceso a internet, buscar en las páginas gubernamentales las opciones, sólo para descubrir que necesita estar dentro de un padrón de comerciantes, contar con cuenta en el banco, pertenecer a un organización y tener copia del acta constitutiva, entre otros requisitos. Incluso el Consejo Coordinador Empresarial de León se ha quejado de que las ayudas han sido poco difundidas, no son accesibles para todos y la burocracia es lenta para su entrega.

Alertados ante tanta incertidumbre, quince familias otomíes que viven en la colonia Morelos, en León, han creado un grupo de WhatsApp para estar en contacto durante esta contingencia y apoyarse unos a otros. 

El Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL), una organización de la sociedad civil que brinda acompañamiento y asesoría gratuita, les entregó apoyo alimentario a cada una de las familias. Ofelia dice que le alcanzará para unas tres semanas, un alivio mientras encuentra alternativas para su alimentación familiar. A pesar del miedo, Ofelia dice con voz firme, “yo siempre he salido adelante, siempre salgo a hacer mi lucha y vamos salir bien de esta enfermedad, eso también le digo a mi hijo”.

La pandemia, que está cambiando al mundo y ha encerrado en sus casas a poblaciones urbanas que no cesan de lamentarse en las redes sociales, es para esta mujer un accidente más, otra barrera por la que deberá pasar para seguir, como lo ha hecho toda su vida frente al racismo, el abandono del estado y la pobreza crónica. Y aquí sigue.