Las petroleras y el conflicto armado amenazan la espiritualidad del pueblo indígena binacional Siona, ubicado en el Putumayo, frontera entre Colombia y Ecuador. El ruido incesante de las petroleras, el confinamiento por las minas antipersona y las restricciones impuestas por la presencia de nuevos grupos armados, les impide comunicarse con el jaguar, su cuidador ancestral, a través de la medicina sagrada del yagé. El pueblo resiste con sus cuiracuas o guardias, pero necesitan que ambos países implementen medidas para su protección.

El espíritu del jaguar, cuidador ancestral de los Siona, está débil. Su fuerza ya casi no se siente en las selvas del departamento colombiano de Putumayo, en la frontera con Ecuador. Este pueblo indígena binacional asegura haber perdido el silencio necesario para conectarse con su animal de protección durante las ceremonias de la planta sagrada del yagé. Por el ruido, el conflicto armado y el confinamiento que perturban sus creencias y su espiritualidad, culpan a las petroleras, a los grupos armados, legales e ilegales, y a los colonos. 

En una casa de tabla al margen izquierdo aguas abajo del río Putumayo se encuentra Pablo Maniaguaje Yaiguaje, uno de los sabios y médico tradicional del Resguardo Indígena Siona (Zio Baín) Buenavista. Él lleva collares de semillas y de plumas, y viste una cusma de color blanco, el traje representativo que usan los hombres de su pueblo. A Pablo, su comunidad le llama Taita o Yai Bain, en su lengua materna Mai Coca.

El Taita cuenta, preocupado, que el ruido de los pozos petroleros, las 24 horas del día, no le permite a su comunidad realizar con tranquilidad las “tomas” o ceremonias del remedio del yagé, conocido como ayahuasca en otros pueblos amazónicos. La sustancia la preparan con plantas y bejucos que crecen en la manigua y la consumen en rituales, en medio de cantos y rezos ancestrales. 

Cuando toman yagé, entran en relajación y logran ver la pinta, imágenes que representan la vida, el cosmos, la naturaleza y los animales sagrados. Además, escuchan las voces de seres espirituales y de su dios: el yagé, que les entrega mensajes para orientar a su pueblo. Algunos taitas ven el jaguar y éste les habla. Esta conexión única —inexplicable e incomprensible para la persona blanca o no indígena— la logran de una manera más clara en la profundidad de la selva, en la noche y en silencio. 

“Está siempre el tun tun tun tun y, ¿usted sabe? De noche el eco es más claro. Esos son los atropellos”. El Taita se refiere al ruido de las petroleras. “Han puesto como seis pozos en los linderos del resguardo”, dice mientras señala hacia la parte de atrás de su casa donde se observan palmas de cananguchas y distintas especies de árboles, y desde ahí alcanzan a oír los pozos.

Estas plataformas petroleras están ubicadas a unos 1.300 metros del lindero del Resguardo Buenavista –dice el Taita Pablo–, y a cuatro kilómetros de su vivienda, una de las casas de pensamiento de los Siona.

En los rituales “nosotros no podemos llegar a donde está el amo o el cuidador de nuestro territorio (el jaguar), ¿por qué? Porque acá no nos deja concentrarnos bien. Podemos tomar una copa (de yagé), podemos tomar dos, tres, pero no llegamos porque el ruido nos está atormentando. Esas son las consecuencias”, se lamenta el Taita. 

El estrépito de la extracción del crudo también provoca que los animales se espanten y se alejen. Entre ellos, el jaguar.

“Aquí sentados, tomamos, estamos invocando a nuestros espíritus para que detengan a los que quieren hacer algún mal a nuestra comunidad. Nosotros también rezamos y protegemos a nuestras gentes para que se defiendan y no les pase nada”. Este pueblo indígena, uno de los 64 que hay en el Amazonas colombiano, también consume esta planta para sanar distintas enfermedades.

Cuando se siembra el bejuco de yagé no se puede entrar al terreno porque la planta sagrada se está conservando: “porque él está creándose y está recibiendo todas las energías de la naturaleza. Por ahí pasa la boa, la culebra, pasa la cacería (animales de caza), pasan las aves y, entonces, ese bejuco está recibiendo todas esas energías. Por eso nosotros le tenemos mucho amor y mucho respeto”, explica el Taita. Cualquier persona que interrumpa ese proceso y cause un daño a sus plantas medicinales les irrespeta y los debilita espiritualmente.

El Resguardo, constituido en 1974, se extiende 4.500 hectáreas al oriente del municipio de Puerto Asís, en el corregimiento de Piñuña Blanco. El caserío principal está conformado por viviendas —hechas de tabla y con techos de zinc—, un colegio, un salón comunal y una cancha de fútbol. Alrededor hay árboles donde los pájaros mochileros tienen sus nidos alargados, y plantaciones de frutos como el cacao, el copoazú y el totumo. Al frente, corre el sinuoso río Putumayo, al que los Siona consideran el Gran Río o Jai Ziaya, en su lengua.

De acuerdo con el más reciente censo de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en Colombia, para 2018 los Siona eran apenas 2.599 personas, lo que ya los hacía un pueblo en riesgo de exterminio.  De ese número, según los registros actuales del resguardo, 730 personas viven entre Buenavista y la comunidad San José de Wisuyá en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, a donde se llega cruzando el río Putumayo (el Gran Río o Jai Ziaya). Los otros Siona están en distintas comunidades en distintos resguardos y cabildos en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Orito.

Los Siona se consideran “gente de chagra y de yagé”, y esos son los principales elementos que constituyen su sistema de creencias y de identidad. Viven de la chagra, es decir, de la siembra del plátano, la yuca, la piña y otros productos de pancoger. También subsisten de la caza, la pesca y la venta de artesanías, como collares. En su territorio tienen seis casas de remedio, lugares donde las familias se reúnen para tomar la medicina ancestral, y tan solo les quedan cuatro sabedores.

En San José de Wisuyá, en medio de la selva, hay una de estas casas, cuyo techo lo levantan tablones gruesos de madera y el piso es de tierra. Allí se encuentra Yesid Piaguaje, quien lleva un collar de chaquiras que tejen la figura de un gran tigre (como esta comunidad llama al jaguar): “Nuestras casas de remedio son como los cercos que se ponen para que no entren, no entren esas empresas petroleras a los territorios y no entre ningún mal”, cuenta Yesid.

Este hombre, de piel cobriza y cabello y ojos negros, asegura que el daño más grande ocasionado por la petrolera, ubicada apenas a tres kilómetros de la comunidad, es la muerte de su padre, el Taita Luis Felinto Piaguaje Yaiguaje, en octubre de 2018. De la pérdida de su autoridad tradicional e historiador oral, el pueblo todavía no se recupera. 

“Mi padre se fue enfermando porque por aquí pasaron construyendo un oleoducto y llegaron hasta esta parte, se vino el tractor tumbando los árboles, tumbó matas de remedio, lo que es el yoko y el yagé (…) Y cuando pasan en los sitios sagrados de los taitas, entonces, afecta la parte espiritual”, explica Yesid, mientras muestra una fotografía de Luis Felinto que se encuentra encima de una mesa, al lado de un manojo de hojas de la planta waira, utilizada para hacer limpieza y curación. Yesid abraza el legado de la medicina que le dejó su padre, y la practica junto a su madre, Susana Otavalo, quien es sabedora de plantas. Su familia y su comunidad trabajan para mantener viva su memoria.

Sobre la muerte del Taita, la Defensoría del Pueblo de Ecuador señaló que su salud se deterioró “a raíz de las afectaciones provocadas por las operaciones de las empresas Petroamazonas EP y Amerisur PLC realizadas, sin consulta previa ni licencia ambiental, sobre el territorio de la comunidad. La afectación a su salud se dio, especialmente, por la destrucción de la Casa del Pensamiento, lugar sagrado del Taita, y el taponamiento de un ojo de agua que la abastecía y que se utilizaba para la práctica de la medicina ancestral, derecho colectivo de la Nacionalidad Siona”.

Yesid comenta que no han recibido ninguna reparación por parte del gobierno ecuatoriano, ni de las industrias extractivas. “Se hicieron denuncias, pero nunca fueron escuchadas, ni fueron reparadas en cuanto a la afectación que hicieron estas dos empresas”. 

Las petroleras también han contaminado las aguas que consume el pueblo. El Resguardo Siona Buenavista ha documentado las descargas directas de este líquido con crudo en las quebradas Mansoya, Singuiyá y Peneya, y en los ríos Putumayo y Piñuña Blanco. 

“En el 2012 botaban aguas contaminadas al río en la madrugada, para que la gente no se diera cuenta. Era un poco difícil transitar por el río porque el olor era insoportable. Entonces, desde ahí comenzamos a denunciar”, asegura Mario Erazo Yaiguaje, gobernador del Resguardo, quien desde esa época, y junto con la comunidad, ha recolectado las pruebas de todos los daños que afectan al territorio. 

María Nibia Iles vive en Buenavista hace más de cuatro décadas y por un tiempo fue promotora de salud. Ella comenta que 30 años atrás consumían el agua del río porque era más limpia, pero ahora, como está muy contaminada, han tenido que comprar tanques plásticos para recoger la de la lluvia. Aun así, cuando llueve, cae negra: “en el tanque se acumula algo negro, ese humo que echan esos mechones”. La comunidad necesita usar filtros para tomar agua potable. 

Los impactos ambientales (como son la “contaminación de fuentes hídricas y afectaciones de la flora y la fauna”) y sociales (daños a los “lugares sagrados, a las prácticas culturales e identidad, y militarización”) están incluidos en el expediente de consulta previa entregado al Ministerio del Interior de Colombia, según corroboró la organización no gubernamental Ambiente y Sociedad en el informe de 2019 “Análisis sobre la industria de hidrocarburos en el piedemonte amazónico”. Estos daños también fueron denunciados a una comisión estatal y de derechos humanos que realizó una visita en 2017 para verificar la ya grave situación del Resguardo Buenavista.

Actualmente, en Colombia los pozos petroleros son de Geopark, una empresa chilena que le compró a Amerisur los bloques en la cuenca Putumayo. El bloque Platanillo, contiguo a Buenavista, deja una “producción bruta promedio de 2.277 de barriles de petróleo por día”, de acuerdo con el reporte del primer trimestre de 2023, publicado en la página web de la compañía.

Justo pasando la frontera, opera Petroecuador, antes Petroamazonas EP. Para el período enero a abril de 2023, la empresa reportó en su página web que la producción de crudo y gas en barriles equivalentes de petróleo en todo el país fue de 383.641 barriles en promedio día. Esta cifra incluye los bloques ubicados cerca del territorio de la comunidad San José de Wisuyá.

Para los Siona, en todo caso, no hay fronteras: “Lo que pasa en el lado colombiano pasa aquí en el ecuatoriano. Es la misma afectación, la misma contaminación, el mismo conflicto armado”, explica Yesid.

En una reunión, el gobernador indígena Mario, quien como Yesid también lleva un collar de chaquiras con la imagen tejida del tigre, le recordó a su comunidad que la resistencia de su pueblo también es lograr la autonomía y el respeto de los derechos, como el de la consulta previa, que han sido violados por las petroleras.

Desde el 2014 el pueblo Siona en Buenavista, del lado colombiano, le dijo no a las exploraciones y estudios sísmicos que la empresa Amerisur pretendía realizar en su territorio. Lo mismo ocurrió del lado ecuatoriano, en donde la comunidad Siona-Kichwa de San José de Wisuyá también decidió no permitir actividades extractivas tras considerar que entre 2015 y 2016 se vulneraron sus derechos durante la construcción del Oleoducto Binacional Amerisur. En 2022, reiteraron que no tienen ningún interés de participar en las asambleas de socialización de la Ronda Petrolera Intracampos II. Aun así, la presencia de las multinacionales en esa región fronteriza se mantiene y su expansión es inminente.

Sobre el territorio en Ecuador, en agosto de 2018, la Defensoría del Pueblo de ese país emitió una resolución en la que se determinó la “vulneración de los derechos colectivos a la consulta previa, derecho al territorio y derecho a la identidad cultural, así como de los derechos de la naturaleza y medio ambiente por parte del Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente y las empresas Petroamazonas EP y Amerisur PLC”. Ese mismo año, en Colombia fue otorgada una medida cautelar a favor del pueblo Siona por el Juzgado Primero Civil del Circuito, Especializado en Restitución de Tierras, de Mocoa, Putumayo, para proteger sus derechos.

“Los señalamientos y amenazas contra esta comunidad y ejercidos por los diferentes actores del conflicto armado que operaban en la zona inician desde 1990 recrudeciéndose los enfrentamientos una vez empieza la extracción de petróleo desplegada por varias empresas nacionales y extranjeras, entre ellas, Ecopetrol y Amerisur Exploración Colombia Ltda.; y es precisamente por la presencia de esta última, que la fuerza pública y el grupo guerrillero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) comienzan una ofensiva armada entre sí, (...) afectando de manera directa a varios integrantes de la comunidad, así como a sus viviendas, la escuela y diferentes espacios sagrados”, reseña la resolución en la parte de los hechos.

Esta medida se sumó a otra que ese mismo año otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, exigiendo al Estado colombiano la protección del pueblo Siona, que nueve años atrás ya había sido declarado por la Corte Constitucional de Colombia (en el Auto 004) en riesgo de exterminio físico y cultural por el desplazamiento y las graves vulneraciones de sus derechos durante el conflicto armado.

Sobre los impactos generados por el ruido de los pozos y los descargues de agua contaminada con crudo que afectan la vida y espiritualidad de los Siona, Agenda Propia consultó vía correo electrónico a Geopark, sin obtener respuesta al cierre de la edición de esta historia el 21 de junio de 2023.

La conexión espiritual con la madre selva que tienen los Siona también se ha roto debido a que todavía no es seguro andar por varios lugares sagrados de su territorio porque se encuentran minas antipersonales y explosivos que la antigua guerrilla de las FARC y miembros de las fuerzas militares dejaron a su paso.

“Desde los años 2011 hasta el 2013 fuimos muy afectados porque sembraron muchas minas en sitios sagrados donde están nuestras plantas y a donde íbamos a recoger nuestros alimentos. Todo fue minado y eso hizo que estuviéramos aislados, confinados de no poder realizar nuestros rituales”, relata Alonso Eduardo Otávalo, coordinador de Territorio e integrante de los cuiracuas, los cuidadores o guardianes indígenas. El grupo está conformado por 45 hombres y mujeres de la comunidad.

“Hacia el fondo de la selva, en Puerto Silencio, todavía están las minas. Nuevamente los compañeros cuando van a trabajar se las encuentran, entonces, la situación es grave porque siguen apareciendo”, comenta Alonso. Ahí, en Puerto Silencio, hay otra casa de remedio. El cuiracua asegura que pese a que se han hecho limpiezas y desminados humanitarios en la orilla del río, todavía faltan lugares por lo que deben hacer los recorridos con cuidado.

La lideresa Adiela Jineth Mera Paz, de piel trigueña y estatura mediana, cubre su frente con un tejido de chaquiras coloridas y lleva un vestido de flores, tradicional de las mujeres de su pueblo. Ella es una de las seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— del resguardo que desde el 2018 se capacitaron para acompañar en las jornadas de desminado a los operadores de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y del programa Campaña Colombia contra Minas.

“Con las medidas cautelares que nos otorgan, hacemos ese acercamiento con las entidades para solicitar y mediar que nuestra misma gente se prepare y se capacite para realizar este trabajo dentro de nuestro territorio, para así mismo entender y entrelazar las conexiones que tenemos con el territorio y lo que sintió nuestra gente durante esas épocas”, relata Adiela. Cuando ella habla de “esas épocas” se refiere al conflicto armado entre el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC.

La muerte de la abuela Eloísa Payoguaje, quien en diciembre de 2012 pisó una mina cuando iba al río a pescar, es uno de los hechos que la comunidad recuerda con más dolor. Este caso hizo parte de las más de 45 denuncias que líderes, madres, médicos tradicionales y otras personas de la comunidad compartieron con la comisión estatal que visitó el resguardo Siona en 2017. Esa vez hicieron énfasis en cómo las minas han afectado su espiritualidad y su tranquilidad.

“Muere nuestra mayora que era una sabedora. Para nosotros un mayor es una escuela, entonces se fue una escuela con sus conocimientos”, son las palabras de Adiela al reconocer que la abuela Eloísa sabía mucho de la siembra en la selva y de las plantas medicinales. Es por ello que hoy día Adiela trabaja para proteger los saberes del territorio y del cuidado del agua, y lo hace de la mano de la Asociación de Mujeres Indígenas Chagra de la Vida, Asomi, del Putumayo, un colectivo de mujeres de la medicina ancestral de los pueblos Inga, Kamëntsá, Siona, Cofan, Murui y Coreguaje de los departamentos del Putumayo y Caquetá.

Adiela, quien también es cuiracua, sueña con que su comunidad no vuelva a ser confinada y espera andar segura por la selva y por los caminos que su pueblo comparte con animales como la danta, la boruga y el jaguar. “Para nosotras como mujeres es algo muy importante porque volvemos a sentir el territorio libre, es algo muy diferente que conlleva a seguir luchando por esta defensa territorial y protegidos desde la parte espiritual con nuestros mayores”, dice. 

Luego de la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, al territorio han llegado otros grupos criminales y  “el contexto digamos de miedo, de confinamiento, de desplazamiento, de reclutamiento, aún persiste", denuncia Mario Erazo Yaiguaje, gobernador del Resguardo.

Actualmente los grupos criminales que operan en la zona han limitado los horarios de movilidad a los indígenas, prohibiéndoles salir de sus casas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.

Estas restricciones afectan su seguridad alimentaria y la conexión con sus costumbres. “Nuestra cultura es ir de noche a pescar, a coger pescado con atarraya, en canoas, con linterna, ir a las playas y ya a esa hora no podemos, ya no podemos andar, tampoco para cazar, que se hace en las noches, y si salimos es un riesgo”, asegura el cuiracua Alonso, y recuerda que en las noches también es cuando hacen los rituales del yagé.

En 2021, la Defensoría del Pueblo de Colombia documentó que en el 2018 en Puerto Asís y otras regiones del Bajo Putumayo, disidentes del Frente 1 Carolina Ramírez de las FARC empezaron a disputar el territorio con el “Clan Sinaloa”, ahora “Comandos de la Frontera”, para mantener el “control sobre las economías ilícitas”. Recientemente, este Frente masacró a cuatro jóvenes indígenas que ya habían sido víctimas de reclutamiento forzado en Putumayo e hizo que el presidente Gustavo Petro suspendiera el alto al fuego con las disidencias en mayo de 2023.

De acuerdo con la Defensoría, la configuración armada en Putumayo se debe a que esa región tiene interconexión terrestre y fluvial con los departamentos colombianos de Nariño, Huila, Cauca y Caquetá, lo que facilita “el tránsito de armas, hombres (sic), establecimiento de zonas de retaguardia en el vecino país del Ecuador, y, sobre todo, el transporte y comercialización de la coca”. Una de esas rutas pasa cerca del Resguardo Buenavista.

En los últimos años también se ha presentado el reclutamiento de jóvenes indígenas Siona de ese Resguardo. El gobernador Mario denuncia que estos grupos les ofrecen dinero y se van engañados. “Como no hay alternativas, no hay soluciones en el propio territorio, pues un actor armado les ofrece dos millones de pesos mensuales (unos 500 dólares), se van, porque no tienen cómo apoyar la familia”, asegura.

Los Siona guardan en sus memorias el horror del largo conflicto armado. “Las Fuerzas Militares llegaron con la entrada de las petroleras. A principios de 1981 se identificó la presencia del Movimiento 19 de abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL); en 1985 frentes 48 y 38 de las FARC, así como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, reseña la Comisión de la Verdad nacida del acuerdo de paz de 2016, en su informe de 2022.

En otros tiempos, el cuidador del territorio era el jaguar. Ahora, son los cuiracuas, hombres y mujeres que cargan el bastón de chonta con un tejido en la parte superior con varias imágenes que representan a su resguardo, entre ellas, las casas del pensamiento y el jaguar.

“Tenemos un reglamento interno donde nos permiten desarrollar nuestras propias actividades y dinámicas de protección territorial y derechos humanos. Hacemos una gran labor”, asegura el gobernador Mario, al indicar que todo su trabajo está guiado bajo las orientaciones de los mayores, es decir, de los taitas y de las tomas de yagé.

Los líderes también han advertido que la apertura de la carretera La Rosa – La Alea, en Puerto Asís (Putumayo), para el servicio principalmente de las petroleras, ha dañado un cananguchal, ecosistema de palmas que, según sus relatos, alberga especies de animales y de flora necesarias para el equilibrio de la selva y para su pervivencia alimenticia y espiritual.

“El rompimiento del corredor biológico hizo que los animales se fueran, se desplazaran, por la deforestación, porque los animales ya no tienen sus pepas que es alimento para ellos y para nosotros como indígenas, también algunas plantas son medicinales”, agrega Mario, el gobernador del Resguardo.

La Alcaldía de Puerto Asís, a través de su Casa de Justicia, también denunció que la exploración petrolera realizada entre 2019 y 2020, que consistió en la explotación de materiales con dinamita, afectó a la flora y a la fauna en la vereda Piñuña Blanco y al resguardo Buenavista. 

“A raíz de ello se ha presentado mucho movimiento y desplazamiento de especies animales, como leopardos que no han regresado a su hábitat natural y que hoy día (2023) están afectando a los caseríos, especialmente a las especies menores que los campesinos tienen en su zona”, explicó Camilo Camilo Grijalba, coordinador de la Casa de Justicia.

Para él, este es un problema serio que se agrava porque la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), la autoridad ambiental en la región, tampoco ha logrado ingresar al sector por la situación de orden público y sólo han conseguido hacer “algunas actividades de control apoyadas por la Policía Ambiental y algunas acciones de un plan retorno para estas especies”, agrega el funcionario.

Proteger la espiritualidad y sus territorios se ha convertido en la lucha de los Siona. Saben que una manera de lograrlo es recuperando la tierra que fueron perdiendo a raíz de distintas bonanzas. En tiempos pasados los Siona vivían en grandes extensiones de selva en Colombia, Ecuador y Perú. “Todo empezó por la religión, el caucho, la quina y la madera. Luego, las grandes empresas petroleras, que abrieron caminos y por medio de esos ya llegó el tiempo de la gente del conflicto armado y nos desplazaron”, relata el gobernador Mario. 

Por ello, desde 2018, el pueblo inició la solicitud de la ampliación de su resguardo en 52 mil hectáreas. En 2020, la Unidad de Restitución de Tierras realizó la caracterización de las afectaciones territoriales y a la fecha de escritura de este artículo, el requerimiento se encontraba en etapa probatoria.

En los predios, las autoridades identificaron la presencia de doce familias del pueblo indígena Nasa y dos asentamientos campesinos. “Estos últimos, han arrasado indiscriminadamente con la vegetación de la selva, a fin de adecuar sus fincas y así destinarlas a la agricultura, la ganadería y a los cultivos ilícitos”, dice el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito.

Para el Gobernador indígena, el proceso judicial va muy lento mientras la deforestación y la pretensión de abrir otra carretera que atravesaría el área de ampliación sí avanzan rápidamente. Mario pide celeridad en las etapas judiciales.

En 2022 la deforestación en el municipio de Puerto Asís fue de 1.250 hectáreas, seis de estas en el resguardo Siona de Buenavista, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. La ministra colombiana de Medio Ambiente, Susana Muhamad reveló a los medios de comunicación que el Putumayo, ese mismo año, tuvo un incremento del 26 por ciento de deforestación. 

El jaguar es uno de los animales que ha ido perdiendo su hábitat natural por la tala de árboles, la apertura de carreteras y la siembra de pastos para ganadería. Además, también se le persigue para cazarlo y traficar de manera ilegal su piel y sus colmillos. Muy cerca del área de ampliación del resguardo en el municipio de Puerto Asís, en marzo de 2023, se reportó la muerte de uno de estos felinos, lo que causó mucho temor en las comunidades indígenas.

“El animal era monitoreado por Corpoamazonía, en el marco del proyecto de conservación de felinos silvestres del Putumayo”, informó en un comunicado la Corporación. El jaguar, conocido con el nombre común tigre real o tigre mariposo, se encuentra categorizado en un estado de conservación casi amenazado por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y en Colombia se le clasifica como vulnerable de acuerdo con la resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El jaguar, que representa la fuerza y el poder para las culturas indígenas, necesita cerca de 10 kilómetros cuadrados de selva o bosque para su subsistencia. Este espacio es hábitat de unas 65 especies de animales que, como explica el biólogo Mario Herney Chávez Acosta de Corpoamazonía, se convierten en su presa y alimento. Para la organización internacional WWF, proteger este felino —considerado el más grande de América— es fundamental porque regula las poblaciones y los ecosistemas, al ser el máximo depredador del continente. 

“Estudios en la Amazonía han determinado que en áreas protegidas y conservadas existen tres o cuatro jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. Pero, cuando el jaguar sale a zonas deforestadas y habitadas, se ha encontrado que pueden vivir tan solo dos en 100 kilómetros cuadrados”, añade Mario.

Pese a que en los últimos años ha sido difícil conectarse con el jaguar, de una forma espiritual, los médicos tradicionales Siona dicen que todavía tienen la “energía para poder sostener” a su pueblo con el poder del yagé. Desde sus casas de remedio, los taitas o los Yai Bain seguirán rezando y cantando para alegrar a los espíritus de la selva. “Por eso nosotros invocamos y cantamos al tigre, a la boa, al águila y al firmamento. Todos nosotros rogamos a esos espíritus, en la tierra, en el territorio que vienen acá, porque el yagé es el papá de la medicina, de la naturaleza”, dice el Taita Pablo, quien asegura que la manera de mantener el legado es compartir esta sabiduría a las y los jóvenes y a las niñas y los niños de la comunidad. 

Los Siona también esperan que los gobiernos tomen medidas para su protección, a lado y lado de la frontera, y que estas sean efectivas ante las graves amenazas de pérdida de la cultura y violaciones a sus derechos.

Nota. Esta historia fue realizada y editada por el medio independiente Agenda Propia en América Latina en coordinación con democraciaAbierta y con el apoyo del Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center.