Como enormes ballenas blancas de pico rojo varadas en un árido desierto, reposan en el suelo las tres aspas de un gigantesco aerogenerador en proceso de montaje en el corregimiento del Cabo de la Vela, en La Guajira colombiana. Miden 49 metros de largo cada una y forman parte de una de las 10 nuevas grandes turbinas de 78 metros de altura (equivalente a edificios de 18 plantas) que constituyen el primer parque eólico que se construye en Colombia en 17 años.

El parque, llamado Guajira I, propiedad de la hidroeléctrica Isagén, será vecino del parque de Jepírachi, propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM), inaugurado en 2004 y pionero de la energía eólica en Colombia. Hoy, sus desvencijadas turbinas, ya próximas al final de su vida útil, sueltan un aceite ennegrecido que mancha las torres, en franco contraste con su reclamo de ser fuente “limpia” de energía. Consultado sobre esto, EPM explicó que el desarrollo de ese parque fue un proyecto piloto “cuya finalidad fue conocer la tecnología, evaluar las bondades del recurso disponible e incursionar en el campo del relacionamiento con la comunidad Wayuu”.

En julio de 2021 estas aspas, fabricadas por Vestas, empresa danesa líder mundial en aerogeneradores, fueron desembarcadas con el resto de componentes en Puerto Brisa, con presencia del presidente colombiano, Iván Duque, quien anunciaba que con ese acto la región se convertía en “la puerta de entrada de las energías renovables en Colombia”. “Nosotros pasaremos como los líderes de América Latina en la transición energética”, añadió el presidente, visiblemente satisfecho.

La apuesta de un gobierno colombiano particularmente business-friendly por las renovables va de la mano de grandes inversiones asociadas a la industria eólica, que está viviendo un boom en todo el mundo en la carrera por conseguir la descarbonización de la economía para intentar frenar la crisis climática actual. El parque en construcción forma parte de un plan de 16 parques eólicos ya aprobados para La Guajira, algo que el Ministro de Energía colombiano Diego Mesa, en un video promocional posteado en Twitter, incluso vinculó a la extracción minera de cobre, níquel, litio, plomo, hierro y zinc. Sin esta minería, afirmó, “sería imposible la instalación y el funcionamiento de las turbinas eólicas”.

El plan energético que ha venido implementando el actual gobierno incluye, además del impulso a la minería, una fuerte reactivación del sector de los hidrocarburos, y ya ha adjudicado decenas de contratos de exploración y producción. Esto contrasta con la prisa que tiene la comunidad internacional por abandonar los combustibles fósiles si quiere evitar la extinción de la especie humana, como advirtió el dinosaurio de un video ambientalista que la ONU emitió antes de la COP26, celebrada a principios de noviembre en Glasgow.

Pero no todo el mundo piensa que la extinción es igual de inminente. Provocado por uno de los efectos colaterales de la lucha contra el cambio climático, ese no es un temor abstracto para las comunidades del pueblo indígena Wayuu del Cabo de la Vela y Media Luna, en el norte de La Guajira colombiana. “Nos vemos como en vía de extinción”, afirmó Nancy Gómez, una líder ambientalista indígena de la comunidad del Cabo de la Vela, después de reflexionar sobre el impacto que la llegada masiva de parques eólicos a la región va a significar para las comunidades indígenas que la habitan.

Nancy recuerda lo que ocurrió con comunidades hermanas cuando, hace más de 30 años, se inauguró la gigantesca mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, también en La Guajira, recientemente adquirida por la multinacional Glencore por 588 millones de dólares. Este megaproyecto de extracción minera es una referencia permanente en la región, puesto que sus impactos socio ambientales han sido muy polémicos a lo largo de su historia y sirven de ejemplo a la hora de imaginar lo que puede ocurrir con una nueva fiebre energética, en este caso la energía eólica.

La experiencia de Cerrejón dejó heridas y conflicto con el pueblo Wayuu. Vio cómo las compensaciones prometidas por la minera desaparecieron sin dejar apenas rastro mientras que los impactos negativos permanecen. Aún así, la minera se defiende diciendo que “cumplió con la implementación de Plan Inmediato de Mitigación de impactos, logrando un cumplimiento del 95,2 %”, según recogió DW en julio de este año.

Algo que hiere especialmente a los Wayuus es la agresión que perciben se realiza sobre un territorio al que están vinculados intrínsecamente y que alberga a sus ancestros, cuyo rol es central en la vida espiritual de estas comunidades. Nancy Gómez lamenta amargamente de lo que sucedió con una comunidad hermana, vecina de Cerrejón, que vio cómo la minera no respetó el cementerio ancestral y les obligó a desplazarlo, hecho que para ellos constituye una violación intolerable.

Las empresas eólicas se dan por satisfechas con los pactos a los que llegaron tras procesos de consulta previa que, no obstante, han sido muy cuestionados, entre otras cosas, por fragmentar comunidades que están íntimamente interconectadas, tal como recoge El viento del Este llega con revoluciones, un completísimo informe sobre las eólicas en La Guajira publicado en diciembre de 2019 por la fundación Indepaz. Las empresas actúan como si las compensaciones ofrecidas en forma de regalías lo arreglasen todo, desconociendo que la relación de los indígenas con el territorio es radicalmente distinta a la que tienen las sociedades urbanas, donde el territorio es un bien de uso, que se compra y se vende. Para los indígenas, eso no es así. El territorio es algo integral a la comunidad y a su propia naturaleza identitaria, que no se concibe sin él. Además, perciben que las eólicas vienen a violentar el viento, algo sagrado para la cosmogonía Wayuu, encarnado por Jouktai, la deidad del viento.

Nancy Gómez es muy pesimista con lo que está ocurriendo. Ella sostiene que, con la llegada de los grandes parques eólicos, ya no hay futuro para las comunidades Wayuu. “Nuestro territorio no tiene precio”- dice Nancy, “nos pueden dar todos los miles y miles y millones, que no llega a ser bien pagado. Nuestra riqueza está en la tierra. Nuestra riqueza está en el mar. Nuestra riqueza está en el aire. ¿Cómo vamos a despojarnos de lo que es nuestro? ¿Cómo vamos a permitir que vengan y nos engañen así nomás, hablándonos de desarrollo?”

Desde Bogotá o Medellín, la visión que las elites empresariales tienen de los “guajiros” está cargada de prejuicios racistas. Los consideran violentos, rebeldes, ignorantes y ladrones, y es fácil oír decir que si La Guajira está en ese estado miserable es porque los Wayuus se robaron todas las compensaciones que trajo Cerrejón, y que lo mismo ocurrirá con los parques eólicos. Lo cierto es que, mientras la región se muere de hambre, la vía del tren, que tiene más de 120 vagones y circula a lo largo de 150 km. transportando diariamente cerca de 108.000 toneladas de carbón hasta Puerto Bolívar, está en perfecto estado de funcionamiento.

Al lado de la vía del tren, la población vive en estado de pobreza extrema, comparable a algunos lugares del África más depauperada. La desnutrición infantil es elevada, hay hambre y sed, puesto que buena parte de La Guajira media y alta carece de agua. Tampoco hay tendido de corriente eléctrica, y las vías existentes están en un estado lamentable y se embarran hasta hacerse intransitables cuando llueve.

Ante esta situación de abandono, inexplicable en un país miembro de la OCDE, el gobierno ha intentado hacer algún esfuerzo por mitigar la falta de agua a través de su plan Guajira Azul, con el que espera acercarse al 49% de cobertura en un territorio donde, según reza el propio plan, “ la cobertura rural del líquido es del 4% en la alta Guajira, y las mujeres y niños recorren en promedio 7 kilómetros en búsqueda de agua de calidad deficiente y no apta para el consumo humano”. Y eso, como señala la investigadora Joanna Barney en un artículo reciente publicado por Indepaz “sin que una sola gota del recurso llegue por sí sola a ningún hogar”.

Todo indica que la implantación de los 16 parques previstos en La Guajira es ya imparable: la energía renovable es la apuesta estratégica para el futuro de la región latinoamericana, que espera que el 70% de la energía generada sea renovable para el 2030. Pero su despliegue se prevé conflictivo, tanto por los antecedentes vividos con Cerrejón, como por la evidente ausencia del Estado colombiano en buena parte de este territorio, especialmente crítica en la parte fronteriza con Venezuela. Allí, los vehículos de las empresas a menudo deben ser escoltados por el ejército, temerosos de sufrir asaltos y secuestros.

Pero a pesar de todos los problemas y conflictos con los pobladores Wayuus, los parques entrarán paulatinamente en funcionamiento en los próximos años. Lamentablemente, en un claro ejercicio de racismo ambiental, el respeto por el ecosistema existente y por sus habitantes es escaso. Por ejemplo, el implantar parques cerca de los cementerios sagrados de los indígenas es muy agresivo e irrespetuoso, como explica Wilmer Igurán, maestro etno-educador y miembro del clan de Uriana.

Ante la evidencia de las marcaciones que hizo una empresa a pocos metros del cementerio de la comunidad, Wilmer afirma que “cuando se molesta al difunto, él busca la manera de vengarse”. “Entonces” -continúa Wilmer, “nosotros no podríamos decirle (a esa empresa): no, no te va a pasar esto, porque eso no depende de nosotros, eso depende del agredido”. Preguntado sobre este tipo de mediciones, un portavoz de EPM afirmó que hay otros actores involucrados en la ecuación como son los contratistas que desarrollan las diferentes actividades de campo. Es posible que alguna vez haya ocurrido algún inconveniente con alguna comunidad, pero esto no puede ser generalizado”.

José Brugues Pushaina, líder de la comunidad Kashiworin, cuya pequeña ranchería está a menos de 200 metros del parque, no parece estar muy de acuerdo con esa afirmación y no ve el beneficio mutuo por ninguna parte. “Por lo que veo, esto se va a llenar de parques eólicos”- dice José. “Y eso es una tristeza, ver que nuestros paisanos, nuestros indígenas, se dejan engañar por una miseria, digámoslo así. (…) ya vamos para 20 años, ya se van a llevar los molinos y todavía estamos iguales. (…) Supuestamente, vienen a ayudar, pero qué va”. EPM sostiene que esto no es cierto y que “es necesario mencionar acciones como el abastecimiento de agua potable mediante la instalación de una planta desalinizadora, el aporte a la escolaridad de sus habitantes, sistema de transporte, apoyo a la pesca artesanal y un sin número de actividades que benefician al colectivo”.

Otro impacto documentado de las turbinas y de la infraestructura que necesitan para transportar la energía que generan está en la conservación de la biodiversidad y en las alternaciones que se producen en la flora y la fauna de los lugares en que se implantan. En el caso de la Guajira, están por ejemplo las aves migratorias, que verán alteradas sus rutas, pero también, especialmente, los murciélagos, cuyo sistema de navegación por ondas se ve seriamente afectado por las turbinas.

La mortandad en los parques eólicos es elevada entre estos mamíferos voladores que, en el caso de la Guajira, tienen además un papel central en el ecosistema, al ser los responsables de la polinización del cardón, la especie de cactus omnipresente en ese territorio y que es central a la supervivencia de los wayúus. Además, los murciélagos son portadores de una inmensa cantidad de virus, entre ellos los coronavirus. Si el ecosistema en que habitan se ve alterado por la actividad humana, aumenta la posibilidad de que los virus salten a los humanos, como sugiere la OMS que pudo ocurrir con el SARS-CoV-19, causante de la actual pandemia de Covid.

Las energía renovables forman parte de la solución a la crisis climática y deben ser implantadas de manera estratégica y sin dilación, pero esto debe hacerse teniendo muy en cuenta a los ecosistemas y a las poblaciones de los territorios afectados.

El caso de La Guajira colombiana es paradigmático: en los próximos años va a ser receptora de aerogeneradores de forma masiva, pero ni el gobierno ni las empresas parecen preocuparse sinceramente por lo que les vaya a suceder a muchas comunidades indígenas, que seguirán asistiendo impotentes a la llegada de esta infraestructura estratégica.

Los nuevos parques parecen obedecer al viejo modelo extractivista de Cerrejón, mientras las poblaciones no consiguen vislumbrar, a pesar de las generosas regalías prometidas, su salida de la pobreza extrema.