Líderes indígenas y habitantes del departamento de Vaupés cuentan que, a mediados de 2019, empleados de la empresa Waldrattung S.A.S., que se presenta como una multinacional alemana dedicada a proyectos de venta de bonos de carbono, reunieron a decenas de capitanes de varias comunidades del Gran Resguardo de ese departamento —el segundo resguardo más grande del país— en el coliseo de Mitú. En Colombia, los resguardos son entidades territoriales colectivas que pertenecen a comunidades indígenas.

Allí comenzaron a discutir las condiciones de un posible contrato para poner en marcha un proyecto del mercado de carbono, que les permitiría recibir ingresos a cambio de preservar el bosque tropical amazónico en su territorio indígena.

Pero allí no estaban todos los habitantes del resguardo, a quienes el proyecto debería involucrar para ver la luz. Líderes indígenas —que no son necesariamente los representantes legales o las autoridades de los resguardos— señalaron a esta alianza periodística que de lo único que se enteraron fue de lo que alcanzaron a escuchar desde afuera del coliseo. Insisten en que no han visto el contrato que firmaron ese día los capitanes —como se le conoce a los líderes de cada comunidad— con la empresa, cuyo representante es el abogado colombiano Helmuth Gallego. Sienten que no hay claridad sobre los alcances del proyecto.

“Llegaron, los reunieron y firmaron el acuerdo, no sabemos por cuántos años. No han pasado a socializar en nuestra zona; solo a recoger firmas, pero ni siquiera tenemos claro qué es lo que firma la gente”, cuenta un líder de una de las asociaciones indígenas del Vaupés, que pidió omitir su nombre por la sensibilidad del tema en el resguardo. Estas asociaciones son organizaciones en las que se agrupan las comunidades cercanas al casco urbano de Mitú.

El proyecto de Waldrattung comprende, según indica la misma empresa, la totalidad del resguardo, un territorio de 3,9 millones de hectáreas de selva, donde 19 pueblos indígenas como los desana, tukano, cubeo, pisamira, piratapuyo, barasano, wanano y piapoco conviven en un verdadero mosaico pluriétnico. Visto en el mapa, el proyecto ocupa un área significativa del departamento, desde el río Papunaua en el norte hasta los límites con Amazonas en el sur. Dentro de su extensión figuran la capital, Mitú, y Yavaraté, la nariz del mapa colombiano que se adentra en territorio brasileño.

En total, se trata de un área con ecosistemas de bosque tropical —que los ecólogos detallan como bosque denso alto de tierra firme— y algunos bosques inundables cercanos a ríos, según consta en el ‘documento de diseño de proyecto’ (o PDD) de Waldrattung, que aparece desde inicios de 2021 en el Renare, el portal del Ministerio de Ambiente donde se registran las iniciativas de mitigación al cambio climático. Aunque la empresa insiste en que el proyecto ocupa todo el resguardo, el área que aparece registrada en el Renare como “en formulación” es menor: aproximadamente unas 2,2 millones de hectáreas. Allí viven unas 19 900 personas repartidas en 155 comunidades que corresponden a 11 de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales indígenas (AATIs) del resguardo.

Esta no es la primera vez que Waldrattung llega a la Amazonía colombiana para proponer a las comunidades este tipo de proyectos. Su forma de hacerlo parece seguir un patrón, según la información recabada por la alianza periodística de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto, Clip y La Liga Contra el Silencio. Contactan a los capitanes y otros líderes indígenas, les proponen contratos para preservar el bosque y vender bonos de carbono durante lapsos que varían entre los 30 y los 100 años. Las condiciones, según organizaciones sociales y abogados, pueden poner en desventaja a los pobladores indígenas, encargados de proteger los bosques de sus territorios.

En total, existen 14 fichas de proyectos promovidos por Waldrattung en la plataforma Renare. Además del Gran Resguardo del Vaupés y otro con los Nukak, hay fichas para proyectos futuros en los resguardos amazónicos de Bachaco Buenavista, Bajo Río Guainía y Río Negro, Carrizal, Corocoro, Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari), Cumaral Guamuco, Laguna Niñal y Mirití Paraná, además del Unido U’wa en la cordillera de los Andes. La mayoría aparece como en una fase temprana de factibilidad o planeación. Cinco —incluidos Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro y Gran Resguardo del Vaupés (al que corresponden tres fichas distintas en el Renare)— figuran como en formulación, lo que significa que cuentan ya con contratos con las comunidades y documentos de diseño de proyecto, así como el respaldado de un estándar de certificación que los avala (en todos los casos con la metodología de la empresa colombiana Cercarbono). Aparentemente la empresa también buscó a otras comunidades amazónicas, como la de Taraira, en la punta sur del Vaupés que, según otra investigación periodística, declinó la oferta.

Estos proyectos buscan preservar bosques fundamentales para mitigar la crisis climática global, invirtiendo el dinero recaudado por la venta de bonos de carbono en las comunidades que los habitan. Los bonos son comprados por empresas que buscan neutralizar el impacto ambiental causado por su actividad productiva y cada uno de ellos suele compensar la emisión de una tonelada de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que propicia el cambio climático. En Colombia existen proyectos con comunidades afrodescendientes, campesinas y con resguardos indígenas. Estos últimos son los más buscados para estas iniciativas porque cuidan las zonas más extensas de selva del país.

Llamados Redd+, los proyectos tienen su origen en un mecanismo internacional creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reducir las emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques. En ese proceso buscan vincular a las comunidades con empresas, para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y protegen los ecosistemas que regulan el clima de todo el planeta. En Colombia, estos proyectos vienen creciendo rápidamente desde que, en 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos permitió a cualquier empresa comprar bonos y reducir el monto que deben pagar en el impuesto nacional al carbono por el uso de combustibles fósiles.

El más grande de estos proyectos Redd+, en el resguardo de Selva de Matavén entre Vichada y Guainía, fue señalado el año pasado por otra investigación periodística de estar usando una tasa de deforestación distinta a la oficial de Colombia para la Amazonia, por lo que estaría mostrando un riesgo de tala mayor a la realidad. Eso, por lo tanto, le permitiría inflar sus resultados.

Esta alianza periodística constató que Helmuth Gallego y su empresa han propuesto proyectos de bonos de carbono a comunidades indígenas en cuatro de los seis departamentos colombianos del bioma amazónico (Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas); así como en Vichada, en la Orinoquia, y Boyacá en los Andes. La empresa ha ofrecido contratos a comunidades que, independientemente de esos acuerdos, preservan más de 50 mil hectáreas de la Amazonía colombiana y la zona del piedemonte, en los límites de Arauca y Boyacá.

Como se puede ver en el mapa a continuación, la empresa ha intentado firmar contratos con resguardos que ocupan amplias extensiones de tierra, como el Nukak en Guaviare, el Mirití Paraná en Amazonas o el Alto Únuma en Vichada.

Waldrattung señala que tiene tres contratos con comunidades indígenas con amplio territorio, en los resguardos de Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro, otros con comunidades pequeñas, y continúa en conversaciones con varias más. Gallego, representante legal de la empresa, dice en entrevista con esta alianza que su compañía ha desistido de los proyectos con otros resguardos porque no lograron concretar los acuerdos tras iniciar conversaciones o se dieron cuenta que los indígenas habían firmado previamente con otras empresas de venta de carbono, y esto no es posible ya que no se puede vender dos veces una misma tonelada de carbono resultante de la misma deforestación evitada.

Algunos líderes indígenas de los departamentos adonde ha llegado Gallego señalan que nunca han visto los documentos firmados por otros líderes con Waldrattung. Miembros de varias organizaciones que han acompañado a las comunidades indígenas, y que prefieren no ser mencionadas con nombre propio por la sensibilidad del tema en el sector ambiental y porque puede dañar su interlocución con el Gobierno, dicen que quienes han negociado estos proyectos se niegan a mostrar los contratos por temor a ser demandados por la empresa. Según comentan, han escuchado que algunos contienen cláusulas de confidencialidad.

“Traen una mano de documentos que ni siquiera están en nuestra lengua. Las autoridades indígenas firmaron, pero ni siquiera saben qué. No tenemos copia del contrato”, señaló un líder de una de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales del resguardo indígena del Vaupés que se encuentran dentro del área del proyecto. Esta misma afirmación se repite en otros resguardos de la región amazónica y del Vichada.

El hecho de que un número significativo de miembros de la comunidad desconozcan las condiciones del proyecto, y de que no haya ninguna evidencia de que las consultas se hicieron, está en directa contradicción con las salvaguardas sociales y ambientales para proyectos Redd+, que nacieron en una cumbre de cambio climático de la ONU celebrada en Cancún en 2010. Colombia desarrolló una interpretación nacional detallada de estas salvaguardas, con reglas sobre el acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estipula que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada con la comunidad” y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control. En ninguna de las comunidades indígenas consultadas creen que estas reglas se hayan cumplido.

El Gran Resguardo del Vaupés no es la única comunidad donde hay señalamientos relacionados con Waldrattung. En julio de 2021, el líder indígena puinave Julián Moreno Cuiche envió una carta a la empresa auditora Verifit con quejas por algunas de las condiciones del contrato, firmado tres años atrás por Helmuth Gallego y Waldrattung con autoridades de su resguardo de la Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari), en el norte del departamento de Guainía.

“La mayoría de las comunidades y autoridades tradicionales no conocemos de vista ni el contenido del proyecto Redd+”, escribió Moreno, secretario general del resguardo, en una carta que copió a los Ministerios de Ambiente y de Interior, así como a la Defensoría del Pueblo. Entre las fallas que enumeró estaban que, según Moreno, el contrato “fue firmado sin el consentimiento ni aprobación por parte de las comunidades”; que no se socializó con toda la comunidad en una asamblea general y que, además, desconocían aspectos básicos como la duración del proyecto, la participación de las utilidades y la manera como se invertirían esos recursos. “Al parecer y por solo rumores, se dice que estamos obligados a cien años”, le redactó a las entidades —aunque la ficha del proyecto de Waldrattung en el Renare habla de 40 años—. En Guaviare, algunos líderes indígenas nukak señalan que la empresa les advirtió que no divulgaran el contrato, o de lo contrario se podrían enfrentar a demandas.

A pesar de esto, el único contrato que ha circulado entre varias organizaciones y expertos es el de Waldrattung —que a veces también escribe su nombre como Waldrettung: ‘cuidado del bosque’ en alemán— con los nukak. Este no contiene las cláusulas de confidencialidad denunciadas por las comunidades indígenas, y fue firmado por el líder Manuel García en nombre del Resguardo Nukak en Guaviare, del que era representante legal. Ese contrato, cuyo objeto era “diseñar, implementar y desarrollar proyectos Redd+”, se hizo por un “plazo no menor a 100 años”. Gallego dice que la empresa desistió de firmarlo, después de que el representante legal del resguardo ya lo había hecho porque encontraron a la comunidad dividida y el pueblo nukak —uno de los de más reciente contacto en Colombia— era nómada y eso complejizaba la operatividad de una iniciativa de conservación. “No se adaptaba a las necesidades de estos proyectos”, explicó.

Aun así, nadie da razón de en dónde se encuentra actualmente ese contrato donde ya está la firma del indígena. La comunidad nukak teme que la empresa pueda ejecutarlo y que ellos ni siquiera se enteren. Además de todo esto, las organizaciones y abogados especialistas en temas indígenas y ambientales resaltan posibles irregularidades en el contrato; entre ellas el objeto, el tiempo y las cláusulas que le dan el poder de decisión a la empresa y no a la comunidad indígena. Una fuente que trabaja en la zona, experta en consulta previa, señaló que las mismas condiciones de tiempo eran similares en otros contratos de la empresa, como el que firmó el representante legal del resguardo Mirití Paraná en Amazonas. Ante los reclamos de la comunidad en el departamento del Amazonas, que insistía en que nadie podía tomar decisiones por todo el resguardo, la empresa renunció a sus pretensiones.

Los bonos de carbono se crearon para proteger los bosques de la deforestación, pero también a las comunidades que los cuidan. Para Harold Rincón Ipuchima, indígena tikuna y secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), estos contratos deberían cumplir estándares que permitan a los resguardos —inalienables, imprescriptibles e inembargables, según la Constitución colombiana— conservar su gobernanza. “No puede pasar que las decisiones de los territorios queden sujetas a segundos o terceros, sino que sean del propio gobierno de las comunidades”, dice el líder indígena.

Entre las condiciones del contrato firmado por la comunidad nukak y que evidencia cómo se estructuraron los demás convenios de la empresa, está que Helmuth Gallego los asesore en la forma en que deben invertir los recursos por la venta de los bonos. Además, en el documento se lee que la empresa “puede negociar y celebrar cualquier tipo de contrato para la compra y venta de bonos de carbono (…) y cualquier tipo de documento que pudiera requerirse para tales propósitos y reciba el pago pactado por tales servicios”.

En la visión de la OPIAC, los indígenas no deberían ser considerados como meros beneficiarios, sino como socios, dado que el proyecto sería inviable sin su territorio. Aunque no tienen un monto mínimo de repartición de beneficios, la organización indígena insiste en que debería existir una relación equitativa entre ambas partes con una participación real de las comunidades en el proyecto, así como una transferencia gradual de las habilidades técnicas para manejarlos.

Esta realidad se complica por otro tema. Para la socióloga Aura María Puyana, excoordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán, en los contratos se considera a la comunidad indígena como un actor económico igual que una empresa, cuando hasta ahora están comprendiendo las dinámicas de ese negocio y los aspectos técnicos de los proyectos. Eso genera, dice, una asimetría para los indígenas en la negociación. “Son actores que apenas están entrando en conocimiento de estas dinámicas en el mercado de bonos de carbono”, afirma la socióloga.

Lo preocupante para las organizaciones indígenas y las autoridades tradicionales de los resguardos es la forma cómo se han tomado las decisiones de entrar en proyectos de bonos de carbono en muchas de esas comunidades y la forma cómo se han firmado los contratos con la empresa Waldrattung.

“Fue un momento muy duro. No hubo claridad, no hubo consultas. Solo llegaron a recoger firmas a las familias y ofreciéndoles dinero a los capitanes”, cuenta el líder de una asociación indígena del Gran Resguardo del Vaupés. Explica que esos momentos fueron confusos porque no sabían qué habían firmado y cuáles serían las condiciones de esa obligación contractual. Para ellos, solo había algo claro: se sintieron traicionados por los representantes de su resguardo y por la empresa que no socializó en qué consistía la venta de bonos de carbono.

Por su parte, Waldrattung señala que firmó el contrato con el Gran Resguardo del Vaupés en medio de una socialización que no ha sido fácil por la forma en que están organizados los pueblos que viven allí y por el tamaño del resguardo.

Las comunidades indígenas están protegidas por la Constitución del 91, que les permite tener su propia forma de gobierno. En el Vaupés, las comunidades indígenas crearon jurídicamente un consejo indígena al que nombraron Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios Indígenas del Vaupés (CRIVA) y que en la región simplemente es conocido como Gobierno Propio.

Gaia Amazonas, una de las ONG ambientales con mayor trayectoria en la Amazonía colombiana, y que viene asesorando jurídicamente a los indígenas, explica en su página web que este consejo debe proteger la forma en que se gobiernan estos pueblos en Colombia y la forma como se relacionan con el Estado.

Gallego llegó al Gran Resguardo y sus empleados recorrieron algunas comunidades recogiendo firmas para respaldar el contrato que iban a firmar con el Gobierno Propio. Lo que no tuvo en cuenta es que los representantes de los resguardos que aparecen en esta figura jurídica, según los estatutos de la organización indígena, no están facultados para firmar este contrato y tampoco cuentan con la representatividad de todas las comunidades que habitan el Gran Resguardo del Vaupés, según denunciaron varios líderes.

Un representante de una de las AATIs del resguardo señala que cuando se creó el Gobierno Propio, en los estatutos quedó registrado que las autoridades debían elegirse por todas las comunidades cada cuatro años, pero desde que obtuvieron la personería jurídica en 2015 nunca se ha convocado una nueva elección. El representante legal de Gobierno Propio y quien firmó el contrato con Waldrattung es el líder indígena cubeo Simón Valencia, quien es respetado en la región por haber sido uno de los primeros etnoeducadores. También es el padre de la actual representante a la Cámara del Partido de la U, Mónica Valencia.

Esta alianza investigativa contactó vía telefónica a Simón Valencia y le propuso una entrevista para que expusiera su versión de la historia. El líder aceptó, pero no volvió a contestar las llamadas en días posteriores. Algo similar ocurrió con su hija, la congresista Mónica Valencia, quien primero respondió vía Whatsapp que la firma del contrato le “pareció algo terrible” y que ella “estuvo en desacuerdo con el tema”. Sin embargo, no volvió a contestar nuestras llamadas.

A esto se suma que, para los expertos que acompañan a las comunidades en el fortalecimiento de su procesos organizativos, la capacidad de decisión recae sobre las autoridades locales de las comunidades, sea una oficina de gobierno o los consejos indígenas. Estos organismos cuentan con un representante legal, que sería el encargado de firmar cualquier contrato cuando la comunidad completa lo autorice.

En últimas, este caso subraya cómo hay interpretaciones jurídicas cruzadas sobre qué autoridad dentro de un resguardo amazónico está en capacidad legal de firmar uno de estos contratos con una empresa desarrolladora de proyectos Redd+ y cómo, en ausencia de una respuesta clara a esta pregunta, además de descontento al interior de las comunidades, puede haber un caldo de cultivo para pleitos ante la justicia.

El documento que firmaron los indígenas de Vaupés es un contrato de mandato; es decir, un tipo de vinculación contractual donde la empresa tiene la carga de ejecución. Sin embargo, según un abogado experto en tierras y comunidades indígenas que prefiere no publicar su nombre, al analizar lo que firmó el representante de los nukak, existen unas cláusulas en las cuales los indígenas tendrían responsabilidades como conseguir recursos económicos y técnicos para la venta de bonos de carbono. “Este tipo de contrato genera un desbalance porque el riesgo no lo está asumiendo una de las partes, sino que lo está trasladando al resguardo. Lo que da la impresión que el contrato fue construido por la empresa y no con participación activa y de asesoramiento del resguardo”, afirma el abogado.

De igual manera, el tiempo por el que se firmó el contrato, “no menor a cien años”, ha prendido las alarmas en el sector ambiental. “Es un contrato de por lo menos 10 generaciones, las cuales tendrían beneficios. Para una empresa es muy rentable y para una comunidad étnica, pero en términos contractuales es exagerado”, manifestó el abogado experto en temas indígenas.

Llama la atención que el contrato no dice cuándo empezarían a regir esos 100 años y, además se genera una cláusula condicional estipulada por la empresa. “Este término está supeditado a que se pueda desarrollar después de todas las negociaciones que se hagan de la venta de carbono. Entonces, los 100 años podrían prorrogarse hasta que hagan todas las conversaciones”, dice el abogado. En otras palabras, el contrato podría terminar superando los 100 años pactados.

Los indígenas también denuncian que la forma en que llegó la empresa Waldrattung generó conflictos en las comunidades, pues varios líderes señalaron a quienes firmaron los contratos de favorecerse en las negociaciones. “Es muy complicado porque la negociación es tan hermética con algunos líderes que comienzan los rumores de que les están dando dinero. Ha pasado con esta empresa y otras más que han llegado por aquí”, señala una funcionaria de una organización ambiental que trabaja en Guaviare y que prefiere no publicar su nombre.

Varios líderes de ese departamento y del departamento de Vaupés se refirieron a las tensiones que se viven dentro de las comunidades por estos señalamientos. “Varias empresas vienen a financiar reuniones, a compañeros que aspiran a convertirse en autoridades tradicionales, y eso se nota, porque llegan a hacer campaña ahora con mercados, ofreciendo aguardiente, dulces. Eso no se veía antes”, cuenta un líder de una asociación que hace parte del Gran Resguardo del Vaupés.

La competencia entre empresas para convencer a los indígenas está complicando la relación entre las comunidades. Líderes de un mismo resguardo han firmado contratos con diferentes empresas. El mismo Helmuth Gallego señala que representantes del resguardo Alto Únuma en Vichada firmaron un contrato con Waldrattung, tras haberlo hecho con otra empresa anteriormente.

Líderes del Gran Resguardo del Vaupés cuentan que empleados de otras empresas les han insistido en firmar nuevos contratos y han argumentado que podrían asesorarlos para invalidar los anteriores. Un representante de una de las comunidades insistió en que toda la situación está generando un fuerte conflicto. “Nos da mucho temor. No sabemos cómo va a terminar esto, si algún día va a reventar el problema. Si el Gobierno Propio insiste en que hay que ejecutar el proyecto en todo el Gran Resguardo con Waldrattung, pues ¿qué va a pasar con las otras empresas que han invertido mucha plata con otros líderes?”, señala un presidente de una asociación del resguardo.

El inmenso valor del bosque dentro del Gran Resguardo de Vaupés es evidente pues es un hecho que otras empresas también han buscado a otras de sus autoridades indígenas, distintas a las que acordaron con Waldrattung, para establecer proyectos similares en sus territorios. Una de ellas es la AATI del Río Pirá Paraná (ACAIPI), que queda justo al sur y que firmó un contrato con la Corporación Masbosques, una consultora de Medellín que tiene el respaldo del grupo empresarial Nutresa. Aunque el mapa contenido en el PDD del proyecto Redd+ de Waldrattung excluye esta área, su promotor Helmuth Gallego insistió a esta alianza periodística en que el contrato que firmó con el Gran Resguardo abarca la totalidad del territorio.

“Otras empresas sin moral empresarial están animando a las comunidades indígenas domiciliadas en el territorio del Resguardo en el que se ejecuta nuestro proyecto para que desconozcan al Consejo Mayor (Gobierno Propio) y ahora hagan proyectos Redd+ pequeños con cada una de esas empresas”, dijo el abogado Gallego.

Si eso fuera cierto, existiría un traslape que el Gobierno nacional, mediante la plataforma Renare, tendría que dirimir, ya que no pueden coincidir dos iniciativas de mitigación y bonos de carbono en el mismo lugar.

Gran parte de la dirigencia indígena insiste en que los proyectos de bonos de carbono son una buena oportunidad para apoyar a sus comunidades y preservar el bosque amazónico. Sin embargo, piensan que las empresas deben mejorar sus prácticas para que se respete la autonomía indígena y se les reconozca el trabajo ancestral de conservación ambiental. “Hay empresas que lo han hecho mejor que otras, que han venido con tiempo al territorio a socializar. Lo que ocurre es que llegan otras con plata y afán, sin respetar, sin reconocer nuestro conocimiento, la forma en que vivimos y tomamos decisiones”, explica un líder indígena del Vaupés.

Los líderes coinciden en que es clave que miembros de las comunidades se capaciten para que tengan más herramientas técnicas a la hora de negociar y ejecutar estos proyectos. “Si tuviéramos más abogados, más ingenieros ambientales, podríamos tener una participación más activa en las propuestas. Yo me he formado en el turismo y he podido crecer para apoyar a la comunidad, así también se puede hacer con este tema”, cuenta un joven líder del Vaupés que trabaja con proyectos de turismo sostenible.

La forma en que llegó Waldrattung, y la manera en que se están disputando estos proyectos con otras compañías, ha puesto a las comunidades en medio de una fuerte tensión. Los pueblos indígenas del país viven en difíciles condiciones de pobreza y han sido asediados por la violencia y más recientemente por la deforestación, por lo que sus condiciones de vulnerabilidad los están poniendo en una posición desigual en las negociaciones.

Todas las comunidades consultadas para este reportaje señalaron que se han sentido solas, sin ningún tipo de apoyo por parte de entidades oficiales en estas negociaciones con Waldrattung y otras empresas. Ante toda esta situación, ¿qué ha hecho el Estado para proteger los intereses de los pueblos indígenas y la selva amazónica? En el siguiente reportaje podrán conocer el rol que han tenido las entidades públicas en esta historia.

*Carbono opaco: Waldrattung y los bonos de la discordia es un proyecto colaborativo liderado por Rutas del Conflicto, en alianza con Mongabay Latam, La Liga contra el Silencio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que contó con el respaldo del Rainforest Journalism Fund del Centro Pulitzer. CLIP aportó reportería adicional y acompañamiento editorial gracias al respaldo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer.