El oficial no quiere pedir perdón a las familias de las 43 personas asesinadas en hechos en los que estuvo involucrado. Parga fue judicializado por su responsabilidad en los llamados falsos positivos, que son 3.512 homicidios cometidos por agentes del Estado en varias regiones del país durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El mayor Julio César Parga Rivas no pedirá disculpas. A nadie. No tiene por qué. Lo asegura en un breve diálogo telefónico que se dio repentinamente después de buscarlo durante varias semanas del mes de agosto de 2017. El mayor no quiere pedir perdón públicamente a los familiares ni a las víctimas pese a que aceptó su responsabilidad con el homicidio de 43 personas. No quiso hablar porque para él esos hechos ya son pasado. Prefirió guardar silencio justo por la época en que la señora Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, vino a Colombia por primera vez a indagar sobre los llamados “falsos positivos”, que son ejecuciones extrajudiciales.

Del otro lado de la línea telefónica se escuchó una voz serena. Amable. Por momentos se tornaba estremecedoramente fría, indiferente con los hechos pasados, como si no fuera responsable de nada. Fue inevitable no tratar de reconstruir su rostro mientras avanzaban los quince minutos de conversación. De golpe recordé la copia de una foto suya que había obtenido de un archivo judicial. La imagen es la de un hombre de 45 años. De contextura delgada. Mentón y hombros anchos. Su foto es difusa y cuesta descubrir nítidamente quién se encuentra a través de esas tonalidades blancas y negras. Su mirada al frente. Imperturbable, como la voz que me habla.

Diálogo telefónico con el mayor Julio César Parga Rivas

Agosto de 2017

—Andrés Córdoba: Quisiera abordar algunos temas de ejecuciones extrajudiciales ¿Tiene la disponibilidad para hacerlo?

—Mayor Parga Rivas: Me agrada saludarlo. En este momento... la verdad. Eso ya pasó. Yo no soy nadie para estar hablando de lo que ocurrió. Lo que tenía que decir ya lo dije a la Fiscalía, creo que son ellos los que tienen que contarle. Yo la verdad ya no miro para atrás. Ya pasó el tiempo. Ya llevo casi diez años y estoy en otro perfil ¿no?

Hace algunos años conocí el nombre del mayor. Se le mencionaba de manera intermitente en las largas conversaciones que tenía con familiares y amigos de las víctimas de “falsos positivos” de la ciudad de Popayán (Cauca); o con abogados que le hacían seguimiento a casos donde se le vinculaba por los mismos hechos, o con periodistas a los que buscaba incansablemente para indagar sobre el tema. Escuché que el mayor Parga Rivas autorizó la ejecución de tres misiones tácticas: Saturno 27, Orión 31 y Orestes 36, donde fueron asesinados cuatro jóvenes de la comuna siete de la capital caucana en zonas rurales del departamento de Córdoba. Viajaron cerca de mil kilómetros para encontrar la muerte.

Un patrón común que se repitió en otras regiones de Colombia. Personas llevadas a través de engaños o por la fuerza desde sus lugares de origen hacia otras tierras. Para quitarles la vida. Para presentarlas como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. La Coordinación-Colombia-Europa-Estados-Unidos, una plataforma de derechos humanos que integran 269 organizaciones a nivel nacional, registró 3.512 casos entre los años 2002 y 2010. Periodo de tiempo que duró el mandato del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, hoy senador del partido político Centro Democrático.

Un dato abultado que se puede quedar corto. No solo porque las cifras podrían aumentar, sino porque aún se desconocen los detalles de cómo se cometieron estos delitos, más allá de creer que fueron solamente soldados matando civiles. “Es la punta del iceberg”, fue la frase premonitoria que mencionó en el año 2009 Philip Alston, relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, después de conocer el emblemático caso de Soacha.

—Andrés Córdoba: Su relato es importante...

—Mayor Parga Rivas: Yo me puse a estudiar. Yo ya me gradué. Ya hago otras cosas, entonces, la verdad, ya no tengo nada que declararle a nadie. Ya me condenaron y sé que lo único que me toca es pasar un tiempo en la cárcel. Y eso es lo que estoy haciendo. El tiempo que estoy en la cárcel debo trabajar y estudiar. Si usted quiere seguir investigando más, vaya donde el juez de ejecución de penas que tiene mis casos. Yo, la verdad, no tengo nada más que decir y, respetuosamente, ya estoy en otro ambiente. Lo que pasó en el tiempo de la guerra, eso se quedó allá, y de ese tiempo para acá ya no me interesa hablar más. Mis culpas y mis errores ya se quedaron en el pasado. Yo soy otra persona. No tengo que darle más trascendencia a lo que ocurrió. Eso ya no hace parte de mi vida, la verdad.

El 8 de febrero de 2006 el entonces ministro de defensa Camilo Ospina, creó el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal de Córdoba, Gaula Córdoba, cuya misión era “contribuir a la lucha por la erradicación de las conductas que amenazaran y violentaran la libertad personal, a través de acciones de prevención, inteligencia, investigación y operativa, para el rescate y protección de las víctimas”. Su accionar se repartió entre 27 municipios del departamento de Córdoba; ocho del Urabá antioqueño y seis del Bajo Cauca antioqueño.

Se creó justo cuando el departamento de Córdoba y el país presenciaban las últimas desmovilizaciones paramilitares, que le daban cumplimiento al “Acuerdo de Santa Fé de Ralito para contribuir a la paz de Colombia”, después de que el 15 de julio de 2003, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, consiguiera que nueve comandantes asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo rmaran.

Meses después, según el séptimo reporte de la MAPP-OEA se comenzaron a dar situaciones de posibles rearmes y aparición de grupos armados que se presentaban como “una nueva generación del paramilitarismo”. Bandas que se alzaban en donde antes habían hecho presencia los bloques paramilitares. Aparecieron así Las Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos, entre otros grupos “liderados por jefes paramilitares que se habían salido temporalmente del proceso o habían conseguido huir, cuando vieron que el gobierno no les iba a cumplir el cielo prometido”, narra la periodista María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas.

A este contexto se le suma que un año antes, en el gobierno de Uribe Vélez, el Ministerio de Defensa expidió la Directiva Ministerial Permanente No 29 de 2005, con la cual se promovía el desarrollo de criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia, comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirviera para el desarrollo de labores de inteligencia y planeamiento de operaciones. Las compensaciones económicas iban desde 100 pesos por cada kilo de metralla incautado, hasta cinco mil millones por algún cabecilla. Los resultados no tardarían en darse.

—Andrés Córdoba: Hay hechos que deben aclararse...

—Mayor Parga Rivas: No tengo nada que aclararle a nadie. De pronto a Dios, cuando esté allá... que las cosas que se hicieron bien o se hicieron mal, pero ya. Eso no hace parte de mi vida. Me da pena no poderle ayudar. Pero sí le puedo colaborar en otras cosas. Yo estudié, yo soy profesional. Soy administrador de empresas, soy ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, tengo especialización, maestría, doctorado en medio ambiente. En eso sí le podría colaborar.

Después de la expedición de la Directiva 29, la presión para obtener resultados recayó sobre las líneas de mando de las unidades militares del Ejército Nacional. Algunos, para responder a estas exigencias y buscando otro tipo de bene cios, comenzaron a tejer una serie de alianzas que tendrían como resultados acciones criminales que estremecieron al país. El Grupo Gaula de Córdoba es un ejemplo de ello. Según el informe de Human Rights Watch “El rol de los altos mandos en falsos positivos”, entre 2006 y 2007 fue la unidad de la Decimoprimera B