El oficial no quiere pedir perdón a las familias de las 43 personas asesinadas en hechos en los que estuvo involucrado. Parga fue judicializado por su responsabilidad en los llamados falsos positivos, que son 3.512 homicidios cometidos por agentes del Estado en varias regiones del país durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El mayor Julio César Parga Rivas no pedirá disculpas. A nadie. No tiene por qué. Lo asegura en un breve diálogo telefónico que se dio repentinamente después de buscarlo durante varias semanas del mes de agosto de 2017. El mayor no quiere pedir perdón públicamente a los familiares ni a las víctimas pese a que aceptó su responsabilidad con el homicidio de 43 personas. No quiso hablar porque para él esos hechos ya son pasado. Prefirió guardar silencio justo por la época en que la señora Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, vino a Colombia por primera vez a indagar sobre los llamados “falsos positivos”, que son ejecuciones extrajudiciales.

Del otro lado de la línea telefónica se escuchó una voz serena. Amable. Por momentos se tornaba estremecedoramente fría, indiferente con los hechos pasados, como si no fuera responsable de nada. Fue inevitable no tratar de reconstruir su rostro mientras avanzaban los quince minutos de conversación. De golpe recordé la copia de una foto suya que había obtenido de un archivo judicial. La imagen es la de un hombre de 45 años. De contextura delgada. Mentón y hombros anchos. Su foto es difusa y cuesta descubrir nítidamente quién se encuentra a través de esas tonalidades blancas y negras. Su mirada al frente. Imperturbable, como la voz que me habla.

Diálogo telefónico con el mayor Julio César Parga Rivas

Agosto de 2017

—Andrés Córdoba: Quisiera abordar algunos temas de ejecuciones extrajudiciales ¿Tiene la disponibilidad para hacerlo?

—Mayor Parga Rivas: Me agrada saludarlo. En este momento... la verdad. Eso ya pasó. Yo no soy nadie para estar hablando de lo que ocurrió. Lo que tenía que decir ya lo dije a la Fiscalía, creo que son ellos los que tienen que contarle. Yo la verdad ya no miro para atrás. Ya pasó el tiempo. Ya llevo casi diez años y estoy en otro perfil ¿no?

Hace algunos años conocí el nombre del mayor. Se le mencionaba de manera intermitente en las largas conversaciones que tenía con familiares y amigos de las víctimas de “falsos positivos” de la ciudad de Popayán (Cauca); o con abogados que le hacían seguimiento a casos donde se le vinculaba por los mismos hechos, o con periodistas a los que buscaba incansablemente para indagar sobre el tema. Escuché que el mayor Parga Rivas autorizó la ejecución de tres misiones tácticas: Saturno 27, Orión 31 y Orestes 36, donde fueron asesinados cuatro jóvenes de la comuna siete de la capital caucana en zonas rurales del departamento de Córdoba. Viajaron cerca de mil kilómetros para encontrar la muerte.

Un patrón común que se repitió en otras regiones de Colombia. Personas llevadas a través de engaños o por la fuerza desde sus lugares de origen hacia otras tierras. Para quitarles la vida. Para presentarlas como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. La Coordinación-Colombia-Europa-Estados-Unidos, una plataforma de derechos humanos que integran 269 organizaciones a nivel nacional, registró 3.512 casos entre los años 2002 y 2010. Periodo de tiempo que duró el mandato del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, hoy senador del partido político Centro Democrático.

Un dato abultado que se puede quedar corto. No solo porque las cifras podrían aumentar, sino porque aún se desconocen los detalles de cómo se cometieron estos delitos, más allá de creer que fueron solamente soldados matando civiles. “Es la punta del iceberg”, fue la frase premonitoria que mencionó en el año 2009 Philip Alston, relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, después de conocer el emblemático caso de Soacha.

—Andrés Córdoba: Su relato es importante...

—Mayor Parga Rivas: Yo me puse a estudiar. Yo ya me gradué. Ya hago otras cosas, entonces, la verdad, ya no tengo nada que declararle a nadie. Ya me condenaron y sé que lo único que me toca es pasar un tiempo en la cárcel. Y eso es lo que estoy haciendo. El tiempo que estoy en la cárcel debo trabajar y estudiar. Si usted quiere seguir investigando más, vaya donde el juez de ejecución de penas que tiene mis casos. Yo, la verdad, no tengo nada más que decir y, respetuosamente, ya estoy en otro ambiente. Lo que pasó en el tiempo de la guerra, eso se quedó allá, y de ese tiempo para acá ya no me interesa hablar más. Mis culpas y mis errores ya se quedaron en el pasado. Yo soy otra persona. No tengo que darle más trascendencia a lo que ocurrió. Eso ya no hace parte de mi vida, la verdad.

El 8 de febrero de 2006 el entonces ministro de defensa Camilo Ospina, creó el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal de Córdoba, Gaula Córdoba, cuya misión era “contribuir a la lucha por la erradicación de las conductas que amenazaran y violentaran la libertad personal, a través de acciones de prevención, inteligencia, investigación y operativa, para el rescate y protección de las víctimas”. Su accionar se repartió entre 27 municipios del departamento de Córdoba; ocho del Urabá antioqueño y seis del Bajo Cauca antioqueño.

Se creó justo cuando el departamento de Córdoba y el país presenciaban las últimas desmovilizaciones paramilitares, que le daban cumplimiento al “Acuerdo de Santa Fé de Ralito para contribuir a la paz de Colombia”, después de que el 15 de julio de 2003, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, consiguiera que nueve comandantes asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo rmaran.

Meses después, según el séptimo reporte de la MAPP-OEA se comenzaron a dar situaciones de posibles rearmes y aparición de grupos armados que se presentaban como “una nueva generación del paramilitarismo”. Bandas que se alzaban en donde antes habían hecho presencia los bloques paramilitares. Aparecieron así Las Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos, entre otros grupos “liderados por jefes paramilitares que se habían salido temporalmente del proceso o habían conseguido huir, cuando vieron que el gobierno no les iba a cumplir el cielo prometido”, narra la periodista María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas.

A este contexto se le suma que un año antes, en el gobierno de Uribe Vélez, el Ministerio de Defensa expidió la Directiva Ministerial Permanente No 29 de 2005, con la cual se promovía el desarrollo de criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia, comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirviera para el desarrollo de labores de inteligencia y planeamiento de operaciones. Las compensaciones económicas iban desde 100 pesos por cada kilo de metralla incautado, hasta cinco mil millones por algún cabecilla. Los resultados no tardarían en darse.

—Andrés Córdoba: Hay hechos que deben aclararse...

—Mayor Parga Rivas: No tengo nada que aclararle a nadie. De pronto a Dios, cuando esté allá... que las cosas que se hicieron bien o se hicieron mal, pero ya. Eso no hace parte de mi vida. Me da pena no poderle ayudar. Pero sí le puedo colaborar en otras cosas. Yo estudié, yo soy profesional. Soy administrador de empresas, soy ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, tengo especialización, maestría, doctorado en medio ambiente. En eso sí le podría colaborar.

Después de la expedición de la Directiva 29, la presión para obtener resultados recayó sobre las líneas de mando de las unidades militares del Ejército Nacional. Algunos, para responder a estas exigencias y buscando otro tipo de bene cios, comenzaron a tejer una serie de alianzas que tendrían como resultados acciones criminales que estremecieron al país. El Grupo Gaula de Córdoba es un ejemplo de ello. Según el informe de Human Rights Watch “El rol de los altos mandos en falsos positivos”, entre 2006 y 2007 fue la unidad de la Decimoprimera Brigada que más bajas reportó: 52 “falsos positivos” en total.

Según las declaraciones del capitán Antonio Rozo Valbuena, quien hizo parte del Gaula de Córdoba desde su creación, durante el año 2006 las extorsiones en el departamento se habían disparado. “Como la política para medir operacionalmente a una unidad militar eran las muertes en combate, el mayor Oscar Alberto Acuña Arroyo, presionado y con los deseos de mostrar resultados, diseñó un plan para obtenerlos”, mencionó el 2 de febrero de 2012 en una indagatoria ante la Fiscalía.

Óscar Alberto Acuña, entonces comandante del Grupo Gaula Córdoba, se reunió con Jorge Elías Fontalvo, detective del extinto DAS; con Jesús David Cartagena, miembro de CTI; y con Antonio Rozo Valbuena, capitán del Gaula. La alianza surgió y la primera tarea no se hizo esperar. Acordaron que para dar las bajas debían recibir una noticia criminal, una denuncia que les permitiera amarrar las muertes en combate. No se permitieron más las capturas, desde ese momento solo se aceptarían bajas.

“Eso me lo dijeron Fontalvo y Cartagena. Ellos veri carían el lugar de los hechos antes de informar a las autoridades competentes para que realizaran el levantamiento de los cadáveres, de tal manera que tendrían tiempo para alterar la escena si fuese necesario, es decir, manipular los cuerpos o los elementos materiales probatorios”, declaró Rozo Valbuena.

Furia 19 fue una de las primeras misiones tácticas del Grupo Gaula de Córdoba que se llevaron a cabo para obtener estos resultados. Se realizó el 16 de agosto de 2006 en la vereda la Victoria del municipio de Montería. En ese momento se reportó la muerte de dos supuestos extorsionistas que luego serían identificados. Cartagena y Fontalvo verificaron que todo estuviera en orden y dieron el visto bueno para que la Policía Judicial del CTI y el Fiscal de turno llegaran a realizar el levantamiento. Las felicitaciones del mayor Acuña no se hicieron esperar. Todo había quedado dentro de la legalidad. La escena había quedado bien amarrada. “Así deben seguirse haciendo las bajas”, dijo Acuña.

—Andrés Córdoba: ¿Cuál es su situación hoy en día?

—Mayor Parga Rivas: Aquí en el centro de reclusión nos dan becas, capacitaciones de estudio y lo único que podemos hacer es estudiar todos los días. Y todos los días tenemos que trabajar. Tenemos proyectos productivos. Esa es mi vida, trabajar, porque mis hijos tienen que comer, tienen que ir a colegio. Me toca trabajar duro porque si no trabajo, ellos no comen.

—Andrés Córdoba: ¿Usted no fue desvinculado de las Fuerzas Militares?

—Mayor Parga Rivas: Toda la vida seré militar y tengo que comportarme como un militar. Obedecer órdenes, cumplir con un régimen interno que hay en el centro de reclusión. Levantarse temprano, hacer deporte, ir al desayuno, a la formación, ir a almorzar y así es todo el régimen que se tiene que cumplir, porque estamos sometidos a las leyes.

En diciembre de 2006 Julio César Parga Rivas asumió la comandancia del Grupo Gaula de Córdoba, que estaba en manos de Óscar Alberto Acuña. Las cosas no cambiaron con su arribo. Encontró en el capitán Antonio Rozo Valbuena un gran aliado para seguir reportando civiles como delincuentes muertos en combate. Bajo su mando, según información de la Fiscalía, el número de bajas aumentó. Durante el año 2007 se intensificaron las operaciones y misiones tácticas. Para esa misma época, Katia Jiménez, directora de la Unidad de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía en Montería, manifestaba ante los medios de comunicación su preocupación por la desaparición de 53 jóvenes. Muchos de ellos fueron hallados muertos.

Entre los años 2006 y 2007, según su hoja de vida militar, Parga obtuvo 39 felicitaciones por parte de los comandantes de la Décima Primera Brigada o Séptima División a la que pertenecía. Un logro que no había conseguido nunca desde el año 1993, cuando ganó su primera distinción dentro de las Fuerzas Armadas, al ser el primero en un campeonato de tiro.

No fue el único en obtener reconocimientos numerosos en tan poco tiempo. El capitán Rozo Valbuena acumuló 41 en estos dos años. ¿Los motivos? “Excelentes resultados de operaciones”, “criterio para el ejercicio de mando”, “obtención de resultados operacionales”, “coraje, arrojo, valentía, ímpetu, bravura, intrepidez demostradas en desarrollo de acciones contra el enemigo”, entre otras felicitaciones venidas de comandantes de Batallón, División y Grupo Gaula que reposan en los archivos militares.

Estas distinciones fueron producto de los resultados obtenidos a través de algunas Órdenes de Operaciones como Soberanía, Cascabel, Escorpión y Ébano, con las que se realizaron cerca de 25 misiones tácticas como Furia 19, Támesis, Minero, Mónaco 9, Júpiter 11, Apolo 22, Saturno 27, Orión 31 y Orestes 36, entre otras.

—Andrés Córdoba: Entiendo su posición y yo hago mi trabajo...

—Mayor Parga: Está bien. Yo no estoy enojado. ¿Por qué me voy a enojar? Ese es su trabajo y tiene que ser así...Yo soy una persona que viví en la guerra. Eso hace parte del pasado. Ya no quiero hablar de eso, porque ni me suma ni me quita ni me llena. No me llena a mí de orgullo. Fueron 24 años que estuve en la guerra y ya no hago parte más de ella. Además, la guerra en Colombia ya se acabó. Ahora yo hago parte es formándome para hacer lo que siempre hice, servirle a la sociedad.

—Andrés Córdoba: Sí...

—Mayor Parga Rivas: Ahora ya tengo que enseñarle a la comunidad cómo sembrar un árbol, cómo cuidarlo, cómo ser productivo. Sembrar un cultivo, agruparlos. Enseñarles un sistema de gestión, que sea de calidad, de ambiente... lo que sea. Ese es mi trabajo ahora.

Edwin Carlos Rodríguez, de Barranquilla, le dijo a su madre un 27 de abril que se iría a Valledupar a escoltar camiones. Yeison David Idrobo Hoyos y Enfrén Darío Chantre salieron juntos el 4 de septiembre desde Popayán hacia Córdoba para trabajar en una finca. “Primero ganarían 700 mil pesos mensuales. Después más que el Presidente”, les dijeron. Luis Fernando Herrera Tuirán no dijo nada. Se lo llevaron a la fuerza en una camioneta mientras tomaba con unos amigos al frente del bar El Goce, en

Sincelejo. La suerte para todos ese 2007 fue la misma: se convirtieron en “falsos positivos”.

—A usted se le sindica por homicidio agravado ¿Qué tiene que decir al respecto?— le preguntó un Fiscal al soldado profesional Moisés Cáceres Martínez en una indagatoria realizada en el mes de agosto de 2011.

—Eso no es cierto —respondió.

Según Cáceres, el comandante del Grupo Gaula ordenó que se hiciera registro a una propiedad en Chinú, Córdoba, pues su propietario al parecer era extorsionado. Así inició la Operación Ébano, Misión Táctica Júpiter 11. El resultado: tres personas muertas. ¿La explicación? “El teniente Rozo lanzó la proclama: “¡Somos el Grupo Gaula de Córdoba!”. De inmediato nos sorprendieron disparándonos. Tomamos la reacción inmediata. Muchos de los soldados dispararon. Yo tomé mi posición. Después todo quedó en silencio. A media noche hicimos registro y encontramos los cuerpos de los delincuentes (los llamamos así) porque estaban armados. Los que andaban con nosotros del CTI hicieron el levantamiento y los llevaron al pueblo de Chinú”.

Jorge Gabriel Herrera Tuirán recibió la noticia de que había unos cuerpos sin identi car en la Inspección de Policía de Sincelejo. Solo faltaba uno por identi car. A través de fotos descubrió que era su hermano Luis Fernando Herrera Tuirán, quien llevaba unos días desaparecido. Había muerto con Mauricio Antonio Ramírez y Jader Antonio Chávez. Dos hombres vestidos de negro se los llevaron a la fuerza en una camioneta blanca, una cuatro puertas de vidrios polarizados.

Mientras viajaba de Suárez (Cauca) hacia Popayán, Fredy Idrobo Hoyos solo pensaba en su hermano, Yeison. Pasó más de un año sin tener noticia de él. Trataba de buscar en su cabeza el recuerdo más reciente. La última vez que compartieron juntos, la última vez que lo vio en el barrio cuando le manifestó que solo quería ayudar a su madre. Viajaba pensando en llegar a la ciudad y buscar algún dato de él. Lo obtuvo. Mientras su madre descansaba en la noche del 10 de junio de 2008, alguien le susurró desde la puerta que daba hacia la calle la noticia que tanto habían temido: “Los encontraron. Están muertos”.

Ya han pasado 10 años desde la muerte del hermano de Fredy y tres amigos más que fueron asesinados por el Gaula de Córdoba. A pesar de la sentencia condenatoria contra Parga Rivas, él asegura que no ha escuchado ningún pronunciamiento por parte del Estado frente a esos casos. “Nosotros hemos seguido, pero es como si se nos hubieran llevado la mitad del corazón. Si ellos estuvieran aquí, todo sería distinto. Pero no queda más que seguir”, dijo.

Los soldados no participaban de lleno en todas las misiones. Moisés Cáceres confesó que pese a no ser parte de una de las misiones tácticas, tuvo que ir al sitio de los hechos por orden del mayor Parga.

—Por qué mani esta que tenían que declarar como si el combate fuera real ¿es que no lo fue? —preguntó el Fiscal a Cáceres.

—Había un mayor que nos daba las órdenes de decir si había combate y así no hubiera participado, tenía que decir que sí, porque en la Orden de Operación íbamos todos inscritos —dijo brevemente el soldado profesional en la indagatoria realizada en septiembre de 2012.

—¿Por qué razón su nombre y el de otras personas aparecen como intervinientes en un enfrentamiento y gastando munición sin que sea cierto, y que no coloquen el nombre de quienes supuestamente sí intervinieron? — continuó el interrogatorio.

—Para que se pensara que los hechos sí sucedieron. Por eso nos dijeron que teníamos que decir y declarar que sí hubo combate —contestó Moisés.

El Capitán Rozo Valbuena dijo que los soldados siempre fueron engaña- dos. “Fueron unos idiotas útiles para todos los procedimientos que realizamos en el año 2007, por eso señor Fiscal hago la salvedad que los soldados no tienen nada que ver en estos hechos”.

Después de que Moisés Cáceres diera sus declaraciones, pidió al Fiscal protección para él y su familia, pues su esposa recibía constantes llamadas para que se quedara callado.

—Andrés Córdoba: Hay muchas familias que no supieron nada de sus hijos. No le gustaría dar un mensaje, alguna voz que...

—Mayor Parga: No. Yo no tengo que mandarle mensajes a nadie. La verdad es que yo hice mi trabajo. De pronto... estuvo mal o bien hecho... Yo no tengo que ir a recriminar a nadie, si me ven como un héroe o si me ven como un asesino. Usted, por ejemplo, puede opinar lo que quiera de mí, y está bien. No le voy a recriminar nada. Cada uno en este mundo puede pensar lo que quiera. Y si quieren ver que yo les causé mucho daño y sus familias están sufriendo y padeciendo, si lo hubiera sabido antes, posiblemente no hubiera ocurrido nada. Pero como las cosas ya ocurrieron ya no puedo echar nada para atrás. No me puedo cortar la cabeza para devolver a las personas. No me puedo cortar las venas para que me vean sufriendo. Simplemente hice mi trabajo, lo que aprendí en la institución. Pelié, luché, traté de acertar. Hubo errores, cometimos errores y ya... la justicia tomó medidas, dijo que estaba mal... con mis palabras, quitándome la vida no voy a calmar el dolor de nadie. Entonces me toca seguir privado de la libertad y seguir cumpliendo con la ley para recobrarla en algún momento.

El manejo del dinero destinado para la realización de operaciones es otro detalle por aclarar. ¿Cuánto se gastaron y en qué? En la Misión Táctica Júpiter 11 el mayor Parga firmó el comprobante y el acta de pago de información por seis millones de pesos, dinero que provenía del rubro de Gastos Reservados del Gaula. Para la Fiscalía hubo una apropiación indebida del dinero, pues legalizaba las actas de pago de diferentes personas que nunca suministraron información.

Parga Rivas autorizó varias veces el uso de dinero de los Gastos Reservados para seguir con el desarrollo de las misiones. Por ejemplo, se pagaron cuatro millones de pesos según el Acta de Pago de Información 31, fechada el 20 de septiembre de 2007 “por concepto de información que condujo a la muerte en combate de 2 N.N, en desarrollo de la Misión Táctica antiextorsión Afrodita 26”. Esa misma cantidad se pagó para el desarrollo de la Misión Juno 13 bajo el acta 27. El 14 de junio de 2007, se autorizaron 3 millones y medio para Támesis 21.

En total se destinarían 87 millones de pesos para el supuesto pago de información, pero no fue así. El mismo mayor Parga en indagatoria ante la Fiscalía el primero de diciembre de 2011, aseguró que los gastos se hicieron para la compra de armas, “pagos a otras personas que supuestamente son los informantes y que en realidad eran sapos que tenían conocimiento del pago de recompensas. En muchos hechos estas personas nos llevaron a hacer diferentes operaciones en las cuales los gastos se hicieron fuera de la ley, es decir, legalizándolos como pago de informantes que en realidad no existieron”.

Según sus declaraciones, el dinero fue usado muchas veces antes de la realización de las misiones. Se daba la plata a los o ciales responsables de los operativos, como a los tenientes Rozo Valbuena y Wilmar Criollo Lucumí, para el desarrollo de cada una de ellas. “Es por eso que deduzco que pudo cometerse irregularidades en las operaciones. Acepto mi responsabilidad por peculado y mi conducta omisiva en lo sucedido en el desarrollo de estas”, dijo Parga.

—Andrés Córdoba: Fueron cerca de 45 asesinatos según la fiscalía y el juez, muchas familias en este tiempo de posconflicto, de reconciliación...

—Mayor Parga: No... es que para usted es asesinato. Esos nunca fueron asesinatos.

—Andrés Córdoba: ¿Entonces qué fueron?

—Mayor Parga: No... si usted cree que fueron asesinato... tranquilo. Está bien.

—Andrés Córdoba: Eso lo dicen la scalía y el juez... homicidios agravados.

—Mayor Parga: Por eso. Es que vuelvo y le digo una cosa. Usted me cuestiona a mí y me dice... si usted lo cree así, pues sígalo creyendo. No hay ningún problema. No pasa nada. Ni lo voy a recriminar. No, no. Está bien. Y si usted quiere que le repitan eso, vaya donde el juez y dígale: “repítame la sentencia y léamela” y él se la lee. Ellos le van a dar unas cosas particulares que de pronto usted quiere saber y escuchar. No va a pasar nada. Ni estoy en contra de nada, ni voy a refutar nada. Vuelvo y le digo, eso hace parte del pasado. Yo estoy en otro camino. Mi camino es cumplir la ley, cumplir las normas y cumplir un régimen.

El Grupo Gaula de Córdoba tejió en este periodo otra alianza: con bandas criminales. Muchas participaban en el desarrollo de las operaciones después de establecer contacto con las personas a cargo de los operativos. En la ejecución de la Misión Támesis 10, por ejemplo, se habla de la participación de dos sujetos: Luis Fernando Rosado, alias Tomate, y un desmovilizado de las AUC, el Pollo Lizcano.

—¿Qué sabe usted de la intervención de dichos individuos? —preguntó el Fiscal a Antonio Rozo Valbuena en indagatoria el 19 de agosto de 2011.

—El Pollo Lizcano era informante de nuestra Red de Cooperantes. Pertenecía a las Autodefensas. Tenía a cargo el municipio de Pueblo Nuevo, conocía todos los movimientos que se realizaban ahí o en sus alrededores. Tenía injerencia y control sobre la población —dijo el capitán.

La participación del Pollo Lizcano y de Tomate en Támesis 10, según Rozo Valbuena, la manejó el mayor Parga. De hecho, para esta misión el mayor le entregó cinco millones de pesos para el pago de información suministrada por Lizcano, y para la compra de un revólver que podría servir como comodín en caso de que las víctimas no llevaran armas.

La Red de Cooperantes, una apuesta de Álvaro Uribe Vélez que promovió la participación voluntaria de los ciudadanos para apoyar la lucha contra los grupos alzados en armas, se convirtió en esta zona del país en un grupo de delincuentes, cómplices de varios delitos. Además de estar conformada por personajes como Lizcano, contaba con miembros de las Fuerzas Militares retirados que terminaron vinculándose con otras organizaciones al margen de la ley. La Red de Cooperantes terminó realizando varias actividades para apoyar al Gaula y así cometer los “falsos positivos”.

En la indagatoria del 7 de junio de 2011, el mayor Parga afirmó que “los cooperantes, llevaban los tipos bajo engaño hasta el sitio de los hechos, y a la vez la patrulla estaba realizando una maniobra de búsqueda y provocación dentro de la misión, lo anterior para mostrar que la patrulla fue hos- tigada de diferentes sitios, para que hubiera una reacción y poder justificar la utilización de los fusiles y dar las bajas. Pero ese hostigamiento nunca existió, porque ya habíamos coordinado desde antes llevar las víctimas a ese sitio, es decir, que las víctimas iban a estar en sitio engañadas”.

La Red formulaba falsas denuncias sobre actividades irregulares que estuvieran cometiendo las víctimas para luego asesinarlas. Para llevar a cabo una operación debía existir una denuncia de la comunidad, por eso se apoyaban en ella para que buscaran a civiles y denunciaran. Los cooperantes “calentaban” el área. Hostigaban a la gente para generar una sensación de inseguridad en la zona.

La alianza entre miembros de las Fuerzas Militares y bandas criminales para la realización de “falsos positivos”, es algo que poco se menciona. Pero se puede evidenciar a través de los vínculos que el mayor Parga tenía con la organización Los Paisas. Según documentos de la Fiscalía, Parga colaboró en diferentes actividades relacionadas con el trá co de estupefacientes, trá co de armas, municiones, explosivos, conformación de grupos armados, homicidios, desapariciones y el transporte de dinero para el pago de nómi- nas de los grupos armados de la zona de injerencia.

Parga tenía su propio alias dentro de la organización: Ronald. Algunos audios de llamadas obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de las acciones que realizaba con Los Paisas. Por ejemplo, el primero de enero de 2008 le preguntan a Ronald por “Chamorro y todo el combo”. Ronald dice que están ahí todos listos para la misión. Dos días después, Ronald habla con alguien nombrado como “Elkin” para que llame a otras tres personas: “Chamorro”, “Mauri” y “Curita” y les diga que estén listos para que realicen “una misioncita por ahí”. Ese mismo día, Ronald le dice a “Julián” “que ya esos manes están en el diez, que ya hay tres y faltan dos, que los están esperando”. El 11 de enero del mismo año “Julián” le pregunta a Ronald si hay forma de que transporte papelería (dinero) de Medellín a Montería para pagarles a los muchachos de él.

—Andrés Córdoba: ¿cuál será su proyección ahora que salga?

—Mayor Parga Rivas: Yo soy profesional, yo estudié agronomía en la Universidad Abierta y a Distancia. Estudié en la Universidad Militar administración de empresas, contaduría y me gradué. Hice especialización en docencia universitaria, hice maestría en gestión ambiental, maestría en recursos humanos, estoy haciendo doctorado. Estoy estudiando para ponerme al servicio de la comunidad, cuando salga de acá lo pondré al servicios de la comunidad o donde me necesiten.

Pasaron varias semanas del mes de agosto hasta poder hablar brevemente con el mayor Parga Rivas, condenado a veinte años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Sorprende saber que por ahora no reconocerá nada, aunque es una de las personas que puede aclarar muchas cosas al país, para entender más este capítulo del con icto armado.

Al capitán Antonio Rozo Valbuena también intenté contactarlo. Él se encuentra vinculado con varios hechos por los cuales se condenó a Parga Rivas, pero ya no está detenido. Hace poco salió en libertad transitoria condicional, al acogerse a la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 de la Jurisdicción Especial para la Paz, por la cual se adoptan tratamientos penales especiales a los agentes del Estado señalados de cometer conductas punibles relacionadas con el conflicto armado. “Salió hace unos días. Dentro de su beneficio está que tiene que presentarse una vez al mes en cualquier unidad militar”, aseguró un teniente desde uno de los Centros de Reclusión Militar.

Aún hay mucho qué contar y varios fiscales del país lo saben. Pero también sienten incertidumbre alrededor de estos casos. Afirman que algunas investigaciones por “falsos positivos” les fueron pedidos para ser centralizados en Bogotá. No saben qué pasará con todas las que están adelantando.

Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional llegó Bogotá a mediados de septiembre para consultar de primera mano estos hechos. Vino a indagar sobre los expedientes judiciales de varios generales y coroneles activos y retirados implicados en estos casos. Su visita puede ser crucial para continuar dando pasos hacia la verdad y que permitan conocer a todo el país las entrañas de los “falsos positivos” que tanto dolor generaron en Colombia.

—Andrés Córdoba: Respeto su posición. No está en la obligación de hablar conmigo. Pero si quiere contarme algo este es mi número.

—Mayor Parga: Tranquilo... Mire, la vida lo único que le enseña a uno es que hay aciertos y desaciertos. Y en el momento que usted se golpea y se da contra la pared, no le queda el chichón para toda la vida. Cuando usted se cae, hay que levantarse en la vida y continuar. No solamente se hace daño una sola vez, sino que hay muchas personas que hacen daño todos los días y no por el hecho de que lo condenen es malo. La vida continúa y hay que seguir sirviendo. En unas formas acierta más que otras. Pero eso ya pasó, no hace parte sino la de la historia, eso nadie lo va a borrar, pero lo que estamos viviendo es ahora y ya. Hasta Luego.

Nota. Esta historia fue publicada en el libro Memorias: 12 historias que nos deja la guerra, de Consejo de Redacción y la Fundación Konrad Adenauer. Visita la versión digital del libro en el siguiente enlace: http://consejoderedaccion.org/webs/memorias12historias/