Un total de 189.000 hectáreas han sido entregadas a personas y comunidades cuyas tierras fueron despojadas o abandonadas forzosamente en el marco del conflicto armado en Colombia. La cifra hizo parte del más reciente informe de la Unidad de Restitución de Tierras, organismo que cumplió cinco años de funcionamiento en el país. A este dato se suma la recepción de 92.629 solicitudes de restitución, de las cuales 3.980 han sido resueltas en las 1.948 sentencias que se han adelantado.

Resultados que si bien representan avances en el periodo de aplicación de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) también han generado preocupaciones en cuanto a que de las 92.629 solicitudes más de la mitad de la reclamaciones han sido inadmitidas por la Unidad de Tierras.

A ello hay que agregar a que el proceso tan sólo ha llegado con resultados concretos en la zona norte del país, y no se ha extendido a regiones como el sur colombiano. Sin embargo se reconoce el mecanismo como un modelo de restablecimiento de derechos de las personas afectadas por el conflicto.

Sobre los retos de este programa considerado vital para una etapa de posacuerdo, Agenda Propia analizó el tema con la abogada y especialista en Derecho Constitucional, Angie Paola Botero Giraldo, quien actualmente se desempeña como investigadora en el área de Justicia Transicional y Restitución de Tierras en el centro de estudios Dejusticia. 

Una de las causas y consecuencias del conflicto armado es la concentración y despojo de tierras ¿Qué cifras de víctimas y hectáreas de tierra están siendo reclamadas? ¿Qué actores armados se adueñaron de esas tierras? 

Para iniciar no se tiene un número exacto de víctimas y hectáreas de tierras que fueron despojadas por el conflicto armado. Sin embargo la Unidad de Víctimas  tiene registradas a la fecha 8.092.394 víctimas y como víctimas del conflicto armado 7.809.143. Según las cifras de la Contraloría General de la República se estima que 537.503 familias sufrieron despojo o abandono forzado de sus tierras, que corresponde a casi 7.073.897 hectáreas . 

Como causa del conflicto armado muchas personas se desplazaron, concomitante a esta situación se iba dando el despojo de tierras. En casos como el de Córdoba quienes despojaron los predios fueron los paramilitares, casos como el de Sor Teresa Gómez y Jorge 40 en Magdalena, evidencian esta situación. Además, se dio la figura de testaferrato, es decir, las tierras figuran a nombres de terceros que fueron puestos por los paramilitares. 

En la mayoría de casos quienes propiciaron el desplazamiento fueron los paramilitares y se adueñaron de las tierras. Esta situación ocurrió en el centro y norte del país; por su parte las FARC generaron más desplazamientos que despojos de tierras. 

¿Qué balance se puede hacer frente a los cinco años de la Ley 1448 en el proceso de restitución de tierras?

La Ley de 1448 es la primera ley que reconoce a las víctimas del conflicto armado y busca restablecer sus derechos, por ejemplo mediante el proceso de restitución de tierras. El balance es positivo pues se ha venido avanzando en el restableciendo de los derechos de las víctimas de abandono forzado y despojo de tierras. No obstante, se debe tener en cuenta que este proceso se ha convertido en la ley agraria más importante del momento, pero no está llamada a resolver todos los problemas rurales del país, sino los que se presentaron en virtud del conflicto armado. Por ello, el proceso de restitución debe ir de la mano con el acceso a políticas sociales así como al acceso de Derechos económicos, sociales y culturares –DESC-.  

La ley busca revertir los efectos del despojo, teniendo en cuenta los altos índices de acumulación de la tierra que se intensificaron con el conflicto, pero el proceso de restitución no es una reforma agraria. En ese sentido se debe propender más bien por la materialización o el cumplimiento efectivo de la sentencia en donde se garantice el retorno de la población despojada en condiciones de dignidad y con el goce efectivo de sus derechos. 

La Unidad de Restitución de Tierras ha recibido más 92.000 solicitudes pero la mitad de las reclamaciones presentadas han sido inadmitidas ¿Qué está fallando o qué análisis se puede hacer al respecto?

Las inadmisiones de la Unidad de Restitución son preocupantes, pues esta cifra es muy alta. No se conocen las razones por las cuales la mitad de las solicitudes son inadmitidas, dado que el proceso de restitución es mixto, tiene una etapa administrativa y otra judicial; en la etapa administrativa a cargo de la Unidad se debe verificar que las personas cumplan con los requisitos establecidos por la ley para solicitar la restitución de sus tierras y es en la etapa judicial donde se establece si se tiene el derecho o no. 

El artículo 12 del decreto 4829 que reglamenta la ley 1448, establece que la exclusión de las solicitudes procede cuando: 1. No se cumple el requisito de temporalidad señalado en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, es decir, con hechos ocurridos a partir de enero de 1991; 2. Cuando la relación jurídica del solicitante con el predio no corresponde a alguna de las previstas en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011; 3. Cuando se establece que los hechos declarados por el solicitante no son ciertos; 4. Cuando los hechos que ocasionaron la pérdida del derecho o vínculo con el predio no correspondan con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, entre otros. 

La Unidad debe justificar las inadmisiones de acuerdo con los criterios que se acaban de señalar, pero en todo caso su labor no es determinar si se tiene el derecho o no (para ello está la etapa judicial) sino verificar si se cumplen con los requisitos, por lo tanto, las inadmisiones deben estar plenamente fundamentadas, pues esto trae como consecuencia la violación de derechos fundamentales, tales como acceso a la justicia y al debido proceso por parte de las víctimas. 

¿Qué logros y desaciertos se pueden destacar con relación a la finalidad de la ley?

Como logros más importantes se deben resaltar en términos generales la restitución de los derechos de las víctimas de abandono y despojo forzado, el seguimiento posfallo que realizan los jueces y magistrados con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas y la materialización de la sentencia, la titulación de los predios, el esfuerzo por lograr la articulación entre las instituciones del Estado, aunque hacen falta más avances en ese sentido. 

Para mejorar se requiere aplicar de una manera integral el enfoque diferencial de género, pues no se trata solo de realizar la titulaciones a nombre del hombre y la mujer, sino implementar medidas diferenciadas en todas las etapas de la restitución, tanto en la administrativa como en la judicial, de acuerdo con las necesidades propias de las mujeres, así como una mejor aplicación de los otros enfoques diferenciales. 

Se debe garantizar el retorno en condiciones dignas, esto implica que el acceso a derechos como la vivienda sea prioritarias y acorde a las necesidades de los territorios.

Se debe garantizar la seguridad de las víctimas, pues esta tarea no solo depende de la fuerza pública sino también se deben brindar medidas de protección efectivas e inmediatas por parte de la Unidad Nacional de protección. 

Igualmente es importante mejorar en la articulación y compromiso de las instituciones estatales involucradas en la restitución, esto permite que las órdenes de las sentencias se materialicen más fácilmente. 

En cuanto al tema de sentencias de restitución en territorios colectivos o étnicos ¿Qué análisis se puede hacer? ¿Hay avances o la Unidad debería seguir trabajando en este sentido?

La Unidad de restitución tiene una Dirección de Asuntos Étnicos –DAE-, que ha presentado las demandas de restitución de territorios colectivos, hasta el momento se han proferido tres sentencias que corresponden a la restitución de 123.000 hectáreas, de las 200.000 hectáreas restituidas hasta la fecha. Como se puede observar el despojo y abandono de los territorios étnicos fue a gran escala dada la extensión de la tierra, por ello se debe fortalecer el trabajo que realiza la DAE. Además se deben tener en cuenta los impactos diferenciados del conflicto armado para la población indígena y afrocolombiana, dado que para estas comunidades los impactos del conflicto fueron desproporcionados. 

Muchos de los territorios étnicos y colectivos tienen afectaciones mineras o de hidrocarburos, lo que hace necesario tomar todas las medidas necesarias para garantizar la restitución efectiva de estos territorios, sin embargo, es preocupante que al interior de la Unidad de Restitución se haya creado un grupo de Asuntos Minero Energéticos -AMEI-, quienes según se ha dicho están interfiriendo en las pretensiones relacionadas con los asuntos mineros con el fin de que los jueces no cancelen los títulos mineros, por ello, se debe fortalecer el trabajo que realiza la DAE, pues en estos territorios se están presentando el choque entre la política de restitución y las políticas de desarrollo, en donde deben prevalecer las primeras, dadas las condiciones de vulnerabilidad de estas poblaciones. 

¿Qué retos hay para los cinco años que quedan de vigencia de la ley?

El reto principal que tiene la política de restitución es adelantar y agotar las solicitudes que están pendientes en los territorios del norte del país e iniciar la restitución de tierras en el sur del país. Además se debe fortalecer la restitución para las comunidades étnicas. 

Por otro lado, la política de restitución debe articularse con el proceso de paz. En ese sentido es muy importante se logre el retorno y permanencia de las comunidades en los territorios restituidos, el goce efectivo a los DESC, la presencia del Estado en los territorios mediante infraestructura, educación, salud, vivienda, entre otros. El cierre de la brecha de desigualdad y pobreza entre la población rural y urbana.  

¿El país está preparado para una reforma rural integral que hace parte del primer punto de La Habana en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC?

Más allá de si el país está preparado o no, tiene que estarlo es su deber tras los compromisos pactados en La Habana (Cuba). Es importante tener en cuenta que el compromiso es de todas y todos, pues el cumplimiento de los acuerdos depende de las partes y de la sociedad en general, por ello, el garante más importante debe ser el Estado. 

Es preocupante que se acuerde en el proceso de paz una reforma rural y a la vez se promuevan leyes como las ZIDRES que disponen de 7.000.000 hectáreas para explotar por parte de las empresas, en territorios baldíos, dado que la tierra es un recurso finito, esta se requiere para realizar la reforma rural integral. Como primer paso el Estado debe realizar un inventario de baldíos, así como implementar el catastro multipropósito con el fin de saber quiénes son los propietarios de las tierras y la extensión de tierra con la que cuenta, además de la tributación que se pueda generar. 

¿Cuáles son los desafíos que tiene el país, el Estado, las víctimas para lograr el retorno a los territorios en un periodo de posconflicto o de posacuerdo?

Un desafío importante es recuperar la confianza en el Estado y las instituciones, es decir, el Estado debe hacer presencia en el territorio mediante la protección y garantía de acceso a los derechos fundamentales y DESC de las víctimas y de la población en general, si esto no sucede el conflicto social continuará y será muy difícil construir paz en los territorios. Es fundamental que el gobierno centre sus esfuerzos en la construcción de paz y no genere más conflictos prevaleciendo a sectores empresariales y mineros en los territorios.