Coreguaje: voces de un despojo

Por:
Edilma Prada Céspedes

Lejos de la sabana de Caquetá, los Coreguaje narran el éxodo brutal, silencioso e invisible que debieron emprender para salvar sus vidas. Recuerdan a sus muertos, abrazan a los vivos y luchan por volver a la tierra de donde brotaron.

Nos arrebataron nuestros líderes, creencias y vidas, pero no nos quitarán el sentir indígena y el amor por la selva, nuestra tierra. Hoy caminamos el territorio para perdonar y encontrar de nuevo la armonía.

Baniso’okaisiname mai ainare, mai kuasache name paivanare, jatani mai paichetani siamamu, pojuju mai pai chejare kuirame. Irumu nukakuime mai cheja kuasa oiju kabesuuñu chiini, mama pai jachere jñaañu chinnì.

Álvaro Piranga Gruz

 

A las seis de la tarde del 21 de octubre de 1981 el cielo de la Amazonía fue atravesado por un gigantesco pájaro metálico que antes del oscurecer descendió sobre las aguas del río Orteguaza, enclavado en las selvas del Caquetá. Era el avión de Aeropesca, con matrícula HK-388, que el M-19 había secuestrado en Medellín para transportar, desde La Guajira, 600 fusiles hasta esta zona del sur del país. Más de 150 guerrilleros ayudaron a trasladar el armamento en medio de la manigua. Muchos de ellos eran indígenas coreguaje, reclutados y entrenados por el M-19 para alimentar una guerra que cambiaría para siempre la vida de sus comunidades. Con la llegada de las armas, la región se convirtió en área estratégica para la confrontación.

Álvaro Piranga Cruz, actual consejero de comunicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, es un hombre trigueño, de piel dorada por el sol, fornido, de pelo negro y liso. Nació y se crió en el resguardo Aguanegra, en Milán, Caquetá. Hoy vive en Bogotá, tuvo que salir desplazado en 2006 de su territorio para salvaguardar su vida. Cuenta que la avioneta iba aterrizar en un caserío de nombre Granario, junto a una hacienda ganadera, que queda muy cerca de donde estaba preparada la pista de aterrizaje construida por los coreguaje. "El avión se demoró en salir de la costa [norte del país] le cogió la tarde y no alcanzó a ver la pista, por eso siguió río abajo, iba aterrizar en la playa, pero quedó finalmente en el río, cerca al resguardo de San Luis y de la base aérea de Tres Esquinas”, recuerda.

Germán Ibáñez Gutiérrez, un indígena de contextura delgada, bajo en estatura, ojos negros rasgados y un rostro visiblemente cansado por el paso de los años, es el actual gobernador del territorio Chaibajú, ubicado en Puerto Leguízamo, Putumayo. Dice que los coreguaje fueron preparados durante tres meses para recibir las armas. “Eran como seiscientas, cuatrocientas cajas de munición y bombas, unos tubos largos, con pepas grandes. Las recogimos entre blancos e indígenas y las sacamos en canoas, todo fue muy rápido. A las tres de la mañana ya nos habíamos ido hacia la selva. Y ahí empezó la guerra”, dice.

Para entonces los coreguaje eran una comunidad de aproximadamente dos mil indígenas que vivían en veintidós asentamientos o reservas pertenecientes a veinticuatro clanes sobre los ríos Orteguaza, Peneya, Consaya y Caquetá, en la jurisdicción de los municipios Milán y Solano. Los primeros nativos de esta etnia que arribaron al país, también conocidos como koreguajes, korebajü o coreguaxe, pertenecían a la familia lingüística tukano occidental. Se desplazaron desde territorios de Brasil hasta Vaupés y se ubicaron en la gran Amazonía colombiana.

Meses antes del aterrizaje del avión llegaron los guerrilleros del M-19. “Ellos nos recogieron. Fuimos unos ochenta de cada comunidad, hombres y mujeres. Yo estaba estudiando y me tocó ir. Fuimos a veredas donde nos enseñaron a manejar pistolas y fusiles, y hacer guardia. También nos metieron ideas revolucionarias (...) A mí me cambiaron el nombre, me llamaban Óscar. Yo hablaba mi dialecto y no entendía el castellano”, cuenta Germán, recostado sobre una hamaca dispuesta en su casa de madera ubicada en una zona inhóspita del territorio Chaibajú.

Menciona que en medio del adiestramiento, el M-19, grupo guerrillero que surgió en enero de 1974 con el asalto a la Quinta de Bolívar en Bogotá, les enseñó procesos políticos y liderazgo social, enmarcados en una lucha por la justicia, el respeto y la igualdad. Ideales que los pueblos indígenas de América Latina venían persiguiendo tras el exterminio que habían vivido desde el año 1600 con la colonización española, el adoctrinamiento católico, el genocidio por la explotación del caucho en la Amazonía, y la expansión ganadera; sucesos presentados entre los siglos XVI hasta nales del XX, que los fue arrinconado hasta reducirlos.

“Luego del entrenamiento volvimos a la comunidad por más gente. Era lo que nos ordenaban los comandantes “Julián” y “Ramírez”. Pensábamos que era bueno, no sabíamos lo que iba a suceder después”, relata Germán.

Antes de la guerra, en un día corriente en la comunidad Aguanegra, los hombres salían a pescar al amanecer. Al iniciar la mañana las mujeres labraban la chagra, -una zona de cultivo donde los coreguaje siembran yuca, maíz, piña, ají y plátano-, y atendían los quehaceres de sus casas, construcciones pequeñas hechas en madera y hojas de palma. Los abuelos y caciques maceraban la hoja de coca y preparaban el yagé para hacer los rituales de la palabra y la armonización que tradicionalmente celebran cuando cae el día. Los niños, los más pequeños, permanecían cerca de las cusmas o faldas de sus madres, y los más grandes jugaban en el río Orteguaza. En las tardes, tanto hombres como mujeres tejían, descansaban en hamacas colgadas en las entradas de los ranchos y se resguardaban del sol intenso y del calor humeante de la Amazonía. Las noches se compartían en grupo en la maloca. En ella discutían las actividades de la comunidad. Los abuelos mientras mambeaban coca, conversaban de la vida, cantaban y contaban las historias míticas de la boa, el tigre, la danta, el sol, la luna, el delfín rosado y la tierra. Los hombres, después de entrada la noche y luego de la toma del yagé, volvían al silencio del bosque, para cazar o para encontrarse con Makatañú, el espíritu que cuida los animales de la selva.

Eduardo Bolaños Piranga, de ojos negros, fornido y de piel trigueña, es el actual cacique del resguardo San Luis, ubicado en Milán, franja nororiental del Caquetá. Menciona que luego del aterrizaje del avión de Aeropesca, la tranquilidad en las comunidades cambió. Los militares torturaron a varios líderes, entre ellos a su padre, Aquiles Bolaños Piranga.

“El Ejército torturó a muchos compañeros para que contaran dónde estaba el armamento. Mi papá era líder de la comunidad y le amarraron las manos y los pies, y lo arrastraron hasta su casa”. También asegura que además del asedio de las tropas hacia los coreguaje, se registraron muchos combates muy cerca de los caseríos.

Las confrontaciones bélicas y los señalamientos permanentes a que fueron sometidos, motivó a los líderes indígenas a repensar su territorio y a tomar posiciones ante los armados. Los llevó a organizar, en diciembre de 1981, dos meses después de la llegada del avión, el primer congreso indígena de la zona, que dio paso a la creación del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá –Criomc. Esta organización social empezó con la participación de veintidós autoridades tradicionales y se inspiró del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC, uno de los movimientos de pueblos nativos con más fuerza en el país.

Álvaro, consejero de comunicaciones de la ONIC, reconoce que en la constitución del Criomc se adoptaron algunas ideas del M-19, las cuales fueron “recreadas a nuestra propia convicción ideológica indígena, pero lejos de las armas” y reitera que el principal propósito de la organización es la “lucha por la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía”. Principios con los que además buscaban la titulación de los resguardos y la educación propia.

Entre 1982 y 1989 los controles y la presencia de las fuerzas armadas del Estado en el Caquetá se hicieron más fuertes. La guerra en Colombia arreciaba con ataques terroristas en ciudades como Bogotá y Medellín, crímenes contra líderes políticos, despliegue de grupos guerrilleros como las Farc, el EPL y el ELN, y el aumento de bandas de narcotraficantes.

Germán Ibáñez, luego de estar siete años en el M-19, recuerda que decidió abandonar las las de esa guerrilla y esconder su fusil, para retornar a su territorio. Cuenta que tuvo que reconstruir nuevamente con anzas con sus compañeros, los coreguaje, pues dentro de los resguardos y tras el fortalecimiento del Criomc, se tomaron decisiones colectivas como la prohibición del uso de armas en el seno de las comunidades. “Cuando iba a volver, el Ejército me cogió tres días, me quitaron la ropa para ver cómo cargaba el fusil pero no me encontraron nada. Luego llegué a mi comunidad. Nunca más volví a usar armas”, recuerda Germán, gobernador de Chaibajú.

Las armas del episodio del avión de Aeropesca fueron entregadas en 1990 por el M-19 al gobierno del presidente Belisario Betancour, en medio de la rma de paz, luego de dieciseis años de insurgencia.

Opresión

Entre los años 1988 y 1989, y tras la salida del M-19, la guerrilla de las Farc se estableció en territorio de los coreguaje. Sobre la ribera del Orteguaza se ubicaron los frentes 14 y 15, y hacia la frontera con el Putumayo se desplegaron los frentes 48 y 49.

“Quedamos cercados. Ese cambio de las fuerzas guerrilleras, en comparación con el M-19, fue muy crítico porque ellos [las Farc] llegaron prácticamente a imponer- se a la fuerza, la gente tenía mucho más miedo. Entonces notamos que le quitaron autonomía a las comunidades, nos exigieron que teníamos que hacer parte de ellos, involucrándonos en las las. Se presentaron choques duros de la autonomía militar con la autonomía de los pueblos indígenas”, dice Álvaro, desde la emisora de la ONIC en Bogotá, al continuar con el relato de las vivencias de su comunidad en medio del conflicto armado.

“Se llevaron a nuestros jóvenes, reclutaron niños, sobre todo se llevaron muchas niñas, de cada comunidad dos o tres. A veces las Farc incentivaban con algunas cosas o engañaban, decían que daban plata o que le ayudaban a las familias, y con esa idea hacían campañas de vinculación”. Álvaro también comenta que se libró de ser reclutado gracias a su pronta participación en el comité del resguardo.

Las madres coreguaje sufrieron la partida obligada de sus compañeros e hijos. Yasmina Ibáñez, una mujer robusta, de piel cobriza y cabello lacio recogido en la espalda, carga sobre sus piernas a su hijo pequeño, mientras dice que en 1989 las Farc llegaron hasta su comunidad San Francisco y reclutaron a su esposo Hugo Gasca. En ese momento Yasmina, con tan solo 14 años, tenía tres meses de embarazo. “Él no quería irse con ellos”. Ella volvió a ver a su marido un año después, cuando las Farc le permitieron visitarla para ver al recién nacido. “Él dijo: yo no puedo volver, no me dejan volver; desde entonces no sabemos nada de él”.

Yasmina, quien actualmente vive en Puerto Leguízamo, asegura que su hijo mayor, quien tiene 28 años, ha buscado a su padre, en Caquetá, pero no ha logrado tener noticia alguna.

Las Farc también impusieron sus normas en la zona. Establecieron un estatuto interno y prohibieron la circulación en horas nocturnas. Los indígenas no podían caminar por la selva, ni por las veredas y mucho menos navegar por los ríos. “La cuestión más fuerte fue el control territorial, el indígena coreguaje está enseñado a andar y pescar de noche, a caminar por sus propias selvas”, pronuncia Álvaro, quien también recuerda que las Farc no permitieron que se hicieran ceremonias como la toma del yagé.

“Hubo persecución a los mayores espirituales; no podíamos hacer rituales, como las tomas de yagé porque supuestamente se distorsionaban las cosas o el pensamiento de ellos. Pero el mambeo de la coca ha sido permanente”. Álvaro agrega que esa fue una forma de desestabilizar la armonía de los indígenas.

El fortalecimiento de las Farc y las alianzas con grupos de narcotraficantes convirtió al territorio de los coreguaje en uno de los mayores productores de hojas de coca. El Orteguaza y sus afluentes fueron utilizados como rutas fluviales para la movilización de insumos para la producción de base de coca, combatientes y armas hacia Putumayo. “Fue muy fuerte la cuestión del narcotráfico, de la coca, hubo mucha plata en el Caquetá, incluyendo Milán y Solano, que fueron los centros y corredores. Muchas familias fueron obligadas a cultivar para sobrevivir”, cuenta Álvaro resignado.

La vida colectiva que caracterizaba a estos pueblos nativos empezó a cambiar. Las costumbres de las mingas o trabajos comunitarios fueron reemplazadas por la ambición al dinero, así lo menciona Álvaro quien dice que la coca hizo que la etnia, literalmente, se convirtiera en una comunidad rota. “Se presentó un choque con el pensamiento indígena, pues la gente ya no quería trabajar en la organización, comunitariamente, cada familia empezó a crear su fuente de ingreso a través de la coca; fue un momento que se salió de las manos de nuestra cosmovisión, ya no éramos nosotros”.

Silencio

Las voces de los líderes coreguaje fueron silenciadas. Eduardo, cacique de la comunidad de San Luis, asegura que el rechazo de los indígenas hacia las Farc y sus llamados a las autoridades estatales para evitar que su territorio se siguiera convirtiendo en un bastión del narcotráfico, desencadenaron una serie de muertes.

En 1993 las Farc asesinaron a Aquiles Bolaños Piranga, uno de los principales gobernantes nativos del resguardo de San Luis. “El 11 de septiembre estuvimos reunidos en comunidad toda la noche; debatimos, analizamos un plan de trabajo, pues estábamos en contra de la construcción de una pista clandestina para sacar coca, ya no queríamos más eso para nosotros. Luego de esa asamblea, las Farc citaron a mi padre Aquiles Bolaños. Él se fue hasta la inspección de San Antonio de Jetuchá, a reunirse con ellos, supuestamente para organizar un trabajo. Eso fue un domingo entre las diez y once de la mañana. Como al medio día, nos enteramos que habían asesinado a mi padre”, relata Eduardo con un dejo de tristeza. A su padre lo encontraron tirado en una calle del casco urbano.

Álvaro, quien para ese año era el secretario general del Criomc, mientras con pausa escribe en su libreta los nombres de cada una de las víctimas, para no olvidar, cuenta que luego de la muerte de Aquiles se activó un plan para aniquilar sistemáticamente al pueblo coreguaje, y señala a las Farc como los responsables de los crímenes de profesores, concejales y caciques.

“En 1994, asesinan al primer concejal indígena del pueblo, Luis Piranga Cruz, mi primo, en su propia comunidad, en el resguardo Erichá. Él también hacía parte del comité como Aquiles. Luego asesinan a Roque Piranga, que fue uno de los presidentes del Criomc; murió en San Antonio de Jetuchá, y ahí siguieron muertes selectivas hasta 1996, como la de Bernabé Piranga, un hijo suyo, también fue presidente del Criomc”.

Entre 1993 y 1997 el miedo se apoderó de los coreguaje. Vivían en medio de torturas, desapariciones y combates. Situación de la que no era ajena buena parte de la geografía nacional. En ese periodo la guerrilla se tomó varias poblaciones en Caquetá, Huila, Putumayo, Cauca y Nariño; emboscó y asaltó a unidades militares, se llevó a soldados como prisioneros de guerra y secuestró a políticos. Estos hechos se dieron de forma paralela con el accionar sangriento de paramilitares que se apoderaron de distintas zonas, entre ellos Caquetá.

“En mayo de 1997 se presentó la desaparición de un profesor y un promotor de salud del resguardo Puerto Naranjo, del municipio de Solano. Hicimos una investigación y logramos saber que ellos [las Farc] los tenían en la selva, y con la guardia indígena logramos rescatar al promotor de salud que se llama Fernando Gasca, él todavía vive, pero del profesor Óscar Camacho no se sabe nada, sigue desaparecido”, narra Álvaro. También recuerda que el 20 de julio de 1997 guerrilleros de las Farc asesinaron a los hermanos Valencia, en el sitio conocido como Campoalegre, en Milán.

Una de las tragedias más recordadas por los coreguaje es la masacre de siete líderes de la comunidad de San Luis. El hecho se presentó el 25 de julio de 1997. “Llegaron trece personas vestidas con uniformes de camuflado militar, y otras rodearon el caserío. Eran guerrilleros. Fue a las seis de la mañana. Al principio sacaron a todos de sus casas: mayores, hombres, mujeres y niños, los ubicaron en el centro de la comunidad al pie del palo de mango, separaron a las mujeres y los niños de los hombres. A ellos los colocaron boca abajo y los iban separando a quienes aparecían en un listado. Luego se los llevaron en la india a un sitio a trescientos metros de la comunidad, por el camino que conduce a la chagra y al cementerio. Ellos gritaban: vengan a salvarnos, Jakooo Raijuuu [en coreguaje: venga mamá]. Como a los cinco minutos se escucharon los disparos, ráfagas de fusil. Ahí los mataron”, cuenta Álvaro, mientras hace pausas silenciosas, como queriendo rendir homenaje póstumo a las víctimas de la masacre.

Los indígenas que murieron esa mañana fueron Dionisio Figueroa, el cacique de la comunidad; Silvio Piranga, excacique; Reimundo Figueroa y Leonardo Bolaños, coordinadores comunitarios; los profesores Égdar Camacho Bolaños y Abraham Figueroa, y el estudiante universitario Carlos Arturo Valencia.

Miriam Piranga, una mujer de contextura gruesa, ojos negros y cabellera larga, es profesora del colegio mama b~ue, en el resguardo de San Luis. En 1997 ella y su esposo, Carlos Valencia, estudiaban licenciatura en educación indígena en la Universidad de la Amazonía. “Yo estaba en otra comunidad cuando se presentó la masacre. Fuimos avisados de lo que pasó muy temprano. Nos dijeron que las Farc habían asesinado a Carlos, junto a varias autoridades tradicionales. Fue un momento horrible para todos. Después de eso me tocó luchar mucho para sacar adelante a mis cuatro hijos”.

Hoy todavía se escuchan versiones diversas de lo ocurrido. Las madres, viudas, huérfanos y la comunidad en general se preguntan ¿por qué fueron asesinados?, ¿cuál fue la razón? Veinte años después de la masacre esperan una respuesta.

“Antes de la masacre desaparecieron varios muchachos de la comunidad. Lo que decía la guerrilla era que existían informantes del Ejército y esa es una versión que para nosotros no es real. La guerrilla decía que se estaba conformando un grupo de paramilitarismo y esa es otra versión que también es descartada por los mismos indígenas; otros dicen que habían recibido recursos para comprar coca, lo cual también es descartado, pero un asunto que sí se alcanza a reconocer, es que hubo mucho desorden en esa comunidad de San Luis. Aprovechando el tema de la coca, la gente empezó a formar grupos de delincuencia común y hubo participación de indígenas, de chicos a los que les gustaba hacer esos desórdenes, pero las Farc se metió con las autoridades y luego se presentó la masacre”, comenta Álvaro.

La masacre para los coreguaje fue un hecho anunciado. “Incluso en la semana anterior, habían realizado tres citaciones a las autoridades tradicionales para que fueran a aclarar el desorden de la delincuencia. Los líderes por miedo no fueron, y ellos llegaron a la fuerza”.

Álvaro también recuerda que en noviembre de 1997, luego de que los indígenas le exigieron a las Farc respeto a la vida y a su autonomía territorial, firmaron con la guerrilla un “acuerdo humanitario”, en la inspección de Campoalegre Danubio, sobre el río Peneya. “Ese acuerdo se firmó con los comandantes del Frente 15 de las Farc. Yo mismo lo escribí a mano, yo mismo lo redacté junto con Constantino Figueroa, que un año después fue asesinado (1998), Bernabé Piranga, quien fue asesinado, y el coreguaje William Bolaños. También estaba el compañero Carlos Sánchez del CRIC, y de la ONIC, Jesualdo Fernández. Las Farc metieron su parte, sus reglas”.

En el documento quedaron consignados varios compromisos: los indígenas acordaron garantizar el orden en la comunidad y las Farc aceptaron reclutar indígenas solo de forma voluntaria, realizar enfrentamientos con el Ejército fuera del territorio de la comunidad y cesar el derramamiento de sangre del pueblo coreguaje.

Acuerdo que las Farc no cumplió, dice Álvaro “porque siguieron matando en medio de las conversaciones”. El documento, hojas escritas a puño y letra, todavía es conservado por Álvaro, como prueba histórica del sufrimiento de su pueblo.

De acuerdo con la ONIC, 65 líderes indígenas coreguaje fueron asesinados entre 1997 y 2000. El Gobierno Nacional, en 2009, en un informe publicado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, de la Vicepresidencia de la República, reseñó que a finales de la década de los noventa, se presentaron 10 asesinatos de sus integrantes, y entre 2000 y 2008 no murió ningún coreguaje a causa del conflicto armado.

En 1997 varias instituciones que acompañaban los procesos indígenas decidieron retirarse de la zona por presiones de la guerrilla. El profesor Pedro Tulio Marín Silva, lingüista de la Universidad Nacional de Colombia y quien lleva más de dos décadas investigando la mitología y lengua de los coreguaje, recuerda que los últimos años fueron tenebrosos y que todo pasó ante los ojos del Estado, de las ONG, de la iglesia y de las mismas universidades que no hicieron nada ante la barbarie que estaban viviendo los indígenas.

“Había un apetito voraz, capitalista, empresarios de la coca y los coreguaje se metieron a la fuerza en esa dinámica de la guerra, una guerra ajena; ellos no querían hacer parte, fueron obligados. Esa guerra les dejó pobreza, miseria, viudas y huérfanos (...) la comunidad quedó fragmentada, dividida, casi irreconciliable; todavía conservan esos dolores, muchos indígenas ven con desconfianza al Criomc, hay una gran separación entre la sabiduría tradicional de los ancianos y los jóvenes, hay un híbrido muy fuerte que los separa. Fue perverso lo que sucedió con los coreguaje”, dice el académico, quizás uno de los “blancos” u occidentales que más conoce a los coreguaje. En 2004 publicó el libro Mítica Korebajü, que había logrado construir gracias a los relatos e historias mitológicas narradas por los indígenas, algunos de ellos víctimas de la masacre.

Desarraigo

Entre 1998 y 2005 varias familias de los coreguaje decidieron desplazarse por las muertes y señalamientos que seguían padeciendo, y porque se iniciaron las fumigaciones con glifosato para acabar con grandes plantaciones de coca, lo que afectó los cultivos de pancoger que tenían sembrados en sus chagras. Las fumigaciones hacían parte del Plan Colombia, un programa del gobierno nacional apoyado por Estados Unidos para erradicar cultivos de uso ilícito. Pese a que en esos años soplaron vientos de paz, por las negociaciones entre el gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango (1998 - 2002) y las Farc en San Vicente del Caguán, el acoso armado en la comunidad de los coreguaje continuaba.

Reportes históricos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indican que en Caquetá, en el año 2000 había 26.603 hectáreas sembradas de hoja de coca, y entre los municipios con mayor concentración se encontraban Milán y Solano. A diciembre de 2006 se reportaron 4.967 hectáreas, cifra que bajó debido a los programas de fumigación y erradicación que implementó el gobierno a través del Plan Colombia.

Según los coreguaje, varias familias del resguardo El Diamante, del municipio de Solano, se desplazaron a Florencia, capital del Caquetá. Otro grupo tomó rumbo a Bogotá y Usme, en Cundinamarca. Del resguardo Puerto Naranjo, ubicado sobre el río Peneya se desplazaron al río Mecaya en el Putumayo. Y de la comunidad de San Francisco salió la familia Ibáñez, para Puerto Leguízamo.

Los Ibáñez llevan puestos sus trajes tradicionales, batas largas con cintillas de colores que bordean las mangas, el cuello y la parte inferior de los vestidos o cusmas. Lucen collares tejidos con plumas, conchas y semillas secas. Algunos de ellos están descalzos, sus pies son anchos y presentan grietas de tanto caminar por los territorios. Los hombres llevan coronas de plumas como símbolo de autoridad ante la comunidad. Y las mujeres tienen mochilas de bras naturales. Los Ibáñez, quienes actualmente viven en Puerto Leguízamo, en medio de un diálogo colectivo, cuentan la experiencia del desplazamiento y la lucha por conseguir un territorio digno para rehacer sus vidas.

En noviembre de 2003, el clan Ibáñez, un total de siete familias, conformado por cuarenta personas, decidió salir de la comunidad de San Francisco. Abandonaron sus tierras, debido a que perdieron varias hectáreas de cultivos de pancoger tras las fumigaciones con glifosato, y el asedio permanente de la guerrilla.

“Las Farc nos prohibieron ir a la chagra. No podíamos trabajar, ni sacar yuca, ni cazar de noche. Una vez no fuimos casi un mes a la chagra para traer la comida porque el territorio estaba en medio de combates. En la casa pasaban las balas [recrea con su voz el sonido de las detonaciones] muchas balas, habían soldados armados y andaban con aviones, eso fue muy feísimo”, dice Bertha Ibáñez, con esfuerzo al tratar de pronunciar bien el español, pues ella como los demás miembros de la familia conservan perfectamente la lengua materna indígena.

Los Ibáñez recuerdan que una noche de noviembre se acomodaron todos en un bote y navegaron río abajo por el Orteguaza. La travesía para alejarse de una guerra ajena duró quince días. También navegaron por aguas del río Caquetá hasta el río Putumayo, con destino a Puerto Leguízamo, zona fronteriza con Perú, donde actualmente residen. “Dejamos todo botado. Solo teníamos lo que llevábamos puesto. En el camino solo nos alimentamos de pescado, fueron quince días al sol y al agua, un recorrido duro. Salimos en noviembre y llegamos un diciembre”, recuerda Alfonsita Ibáñez.

A su turno María Veyanith Ibáñez relata que el día que llegaron a Leguízamo, la única opción que tenían era dormir en el parque central del pueblo. Allí duraron una semana. “No conocíamos a nadie, nos tocó dormir en la calle, aguantamos hambre. Luego fuimos a una invasión, nos acomodamos en carpas y ahí empezaron a colaborarnos con alimentos. A mi mamá por ser anciana le trajeron una camita”.

Silvia Ibáñez complementa que ante la Personería de Leguízamo presentaron la declaración de desplazados y que luego el gobierno les entregó un subsidio para pagar arriendo durante tres meses, después se asentaron en la invasión 19 de noviembre. “Después se olvidaron de nosotros. Nos tocó buscar solos, comenzamos a vender artesanía, fue duro sobrevivir sin chagra, todo se tenía que comprar”.

Por su parte, Fabián Ibáñez dice que con la ayuda de pobladores de Leguízamo lograron que les prestaran una hectárea de tierra, a orillas del río Putumayo, donde cultivaron yuca dulce y plátano, y así retomaron sus actividades tradicionales. “No hay guerrilla, acá nunca hubo pelea, logramos trabajar en la chagra, vender yuca, hacer fariña y casabe, alimentos tradicionales del pueblo coreguaje”, menciona.

Esta familia, tras un acuerdo en comodato con la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas del Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo, Acilapp, desde 2009 comparte territorio con los pueblos murui y quichua.

Los Ibáñez guardan las memorias de la violencia. Pronuncian los nombres de Floro Ibáñez y Delfín Valencia, asesinados en su territorio en Caquetá. Dicen que varias personas de su familia fueron reclutadas y otras están desaparecidas.

Esta historia de desplazamiento se suma a la experiencia que vivió Álvaro Piranga; él se vio obligado a abandonar su resguardo porque las Farc lo iban a matar. En 2006 era líder y director de la emisora Coreguaje Estéreo, que habían creado desde el Criomc en 2001 para difundir sus visiones y lógicas comunitarias; la emisora también se convirtió en uno de los canales para exigir respeto de los derechos humanos por parte de los armados que todavía tenían el control en la región.

Álvaro recuerda que en ese 2006 a la emisora empezaron a llegar guerrilleros. “De manera estratégica llevaban y traían música de ellos, decían: “compañero traemos música a ver si ustedes ponen a través de la emisora”, y cuando apagábamos sonaba otra sobre la resistencia revolucionaria. Un día llegaron y me dijeron: “el comandante manda a decir que si puede ir a formar nuestro personal, muchachos que les gusta hacer radio, nosotros le pagábamos”, yo les decía que no podía, les sacaba excusas, y un día regresaron tres guerrilleros, yo estaba en Milán y preguntaron: “dónde está el director de la emisora, lo necesitamos urgente, si no aparece pronto que desaparezca de la comunidad”, y la guardia me llamó a advertirme lo que pasaba”. A su regreso Álvaro se escondió en su casa, y luego con la ayuda de las religiosas del colegio huyó en un bote. Durante dos años se radicó en Florencia con su familia y, posteriormente, se fue a Bogotá.

La realidad es más crítica para los coreguaje que residen en las grandes ciudades. Quienes viven en Bogotá subsisten en condiciones precarias, casi que arrinconados en casas pequeñas y con el peligro de que su cultura se pierda en medio de las costumbres citadinas.

En la capital del país los coreguaje, 31 familias y 132 personas, residen en los sectores San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Humberto Figueroa Claros, antropólogo, de estatura baja, ojos negros y piel trigueña, es el actual gobernador del Cabildo Coreguaje, creado en 2015 en Bogotá. Con un tono de voz pausado, cuenta que la mayoría de los coreguaje que están en la ciudad, casi todos líderes, salieron de sus territorios por la persecución y amenazas de grupos armados, entre ellos las Farc.

Él era cacique de su comunidad y en 2005 abandonó el resguardo de Peña Roja del municipio de Solano. Recuerda que, en mayo de ese año, la guerrilla asesinó al profesor de la escuela, Óscar Alejandro Camacho, y al estudiante Enrique Vallejo Figueroa, por una supuesta vinculación con el Ejército. Ocho días después las Farc también estaban buscando a Humberto, al parecer para matarlo.

“Decían que Óscar era informante del Ejército, del batallón y eso fue mentira de la guerrilla, por eso lo asesinaron. También fue asesinado el estudiante. Nunca supimos dónde quedaron sus cuerpos. A los ocho días de la muerte de ellos, que eran familiares míos, salí desplazado porque decían que Óscar como que había mencionado mi nombre a la guerrilla, y por eso me estaban buscando para capturarme, para matarme. La comunidad supo que ellos habían sido asesinados porque la misma guerrilla lo informó en una reunión”, dice Humberto.

Para proteger su vida y la de su familia salió desplazado para Solano y luego se trasladó a Florencia; posteriormente, se asentó en Puerto Leguízamo y después llegó a Bogotá, donde ha mantenido su lucha en medio de la “selva de calles y de cemento”, como llama a la ciudad.

“La vida cambia. Se tiene que buscar medios de pervivir. Aquí los coreguajes trabajamos en construcción, artesanía y o cios varios. Todo es diferente porque no tenemos dónde ir a pescar, no tenemos dónde hacer la siembra de nuestra comida tradicional; nos complica vivir en una ciudad tan grande”. Humberto también menciona que los integrantes de su pueblo han logrado algunas oportunidades como estudiar en universidades y en el Sena, y de esa manera han buscado mejorar su situación y mantener los liderazgos.

El exterminio del pueblo coreguaje fue considerado como “una emergencia tan grave como invisible” por la Corte Constitucional en el Auto No. 004 de 2009, en el que le exige al Estado tomar medidas urgentes para la protección de esta comunidad y la de otros treinta pueblos originarios del país por el riesgo a desaparecer física y culturalmente a causa del conflicto armado interno.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, entre 1985 y julio de 2017, un total de 192.194 indígenas sufrieron diversas situaciones de violencia. De esa cifra 1.453 son nativos de Milán y Solano, Caquetá.

Esperanza

Eduardo Bolaños asegura que sus pensamientos siguen atados a los recuerdos de la muerte; a Miriam Piranga todavía le duele la pérdida de sus seres queridos; a Álvaro Piranga el miedo aún ronda sus pensamientos; y la familia Ibáñez aún vive de las añoranzas de su territorio. Los coreguaje tienen dolores que sanar y esperan hacerlo regresando a sus tradiciones y a la cotidianidad de la selva.

En su territorio, en Caquetá, volvieron a levantar las malocas o casas de pensamiento, que alguna vez fueron abandonadas por el terror de la guerra. Hoy hay doce malocas donde se reúnen hombres, mujeres y niños. Los indígenas son orientados por un médico tradicional para tomar yagé y limpiarse de los dolores del pasado; para curar las heridas del corazón, pero sobre todo para preparase para el perdón.

La dirigencia indígena del Criomc espera que las Farc, quienes en 2017 entregaron las armas en el marco del acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, reconozcan que cometieron actos atroces contra su pueblo, como la masacre ocurrida hace veinte años. “Hoy reclamamos que las Farc reconozcan que fue un error y que nos pidan perdón. Es un diálogo que está pendiente y en este momento estamos en aras de conversar”, pide Álvaro como un mecanismo de verdad y reparación colectiva que todavía no se ha cumplido para este pueblo.

“Lo que hay que hacer ahora es otorgarles un acto mínimo de autonomía respetando ese proceso del retorno al chamanismo, a la espiritualidad”, es la invitación que hace el profesor Pedro Marín, al celebrar que esta etnia recupere su maravillosa historia.

Los coreguaje, hoy aproximadamente 3.700 personas, quienes en su relato mítico se consideran hijos nacidos de la tierra, quieren volver a cantar y honrar a los que se fueron y acompañar a los que siguen el camino, a los sobrevivientes.

Nota. Esta historia fue publicada en el libro Memorias: 12 historias que nos deja la guerra, de Consejo de Redacción y la Fundación Konrad Adenauer. Visita la versión digital del libro en el siguiente enlace: http://consejoderedaccion.org/webs/memorias12historias/